26 de agosto de 2009
Alsea va por 950 millones
Ahora resulta que no serán 550 sino 950 los millones de pesos que recibirá la firma estelar de franquicias en México, Alsea, por concepto de devolución del IVA, al margen de recargos, actualizaciones y demás
La suma final podría, pues, incrementarse en 50 por ciento, lo que superaría las marcas existentes en materia de derrotas para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El último escándalo lo protagonizó la firma Jugos del Valle al ganarle a la dependencia un pleito por 950 millones de pesos, en este caso alegando que se le había obligado a cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como bebida refrescante, cuando sus productos debían catalogarse como alimentos, dado su valor nutricional.
Lo inaudito del caso es que hasta hoy, pese a ser una empresa pública, es decir, cotizar en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma que maneja las franquicias de Burguer King, Starbucks Coffe, Chilli’s y Domino’s Pizza, entre otras, mantiene la cifra como el secreto mejor guardado del mundo.
Peor aún, pese a que la última sentencia a su favor se emitió el 17 de julio pasado por un Tribunal Colegiado, hoy es el día en que dicha sentencia no se ha hecho pública.
Se diría que se trata de ocultar el pase mágico que permitió a la empresa saltar de un régimen de tasa exenta del tributo al consumo, lo que imposibilita la posibilidad de reclamos por devoluciones, a otra de tasa cero.
El documento, pues, abriría una cloaca, dejando al descubierto oscuras maniobras para favorecer intereses privados por encima de los de la nación.
Lo inaudito del caso es que sin conocer el fondo de éste, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el aserto de la firma beneficiada, ya le entregó parte del recurso.
Lo que para un particular cualquiera llega a tardar años, para la poderosa empresa requirió apenas unos días.
La truculencia de la historia se ubica desde su origen, dado que Alsea se apropió indebidamente de un amparo otorgado en 2002 a una firma de Tamaulipas a la que adquirió en su momento.
De acuerdo a la ley, los juicios de protección de la justicia son intransferibles, dada la individualidad con que se conceden.
Como recordará usted, el asunto se abrió hace siete años, cuando el Congreso aprobó una reforma al artículo 2-A de la Ley del IVA, que estableció una tasa de 15% para los establecimientos de comida rápida que ofrezcan alimentos para consumir en ellos, o para llevar.
La medida provocó una catarata de amparos, de los cuales sólo uno prosperó: el interpuesto por la firma de razón social Operadora Dubitam, cuya luz verde llegó en julio de 2003.
Lo inaudito del asunto es que el recurso de protección de la ley se otorgó por carambola, es decir, la firma lo ganó al no dictar el juez en tiempo y forma su resolución.
El caso es que Alsea compró a la firma, con lo que según ello tenía derecho a apoderarse del amparo, tras integrarla en dos empresas: Operadora de Franquicias Alsea y Operadora Yum.
Colocados, pues, una serie de reclamos en los juzgados en materia de devolución del tributo al consumo pagado a partir de julio de 2003, hete aquí que Alsea logró obtener en julio de 2005 la cantidad de 145 millones de pesos.
Sin embargo, dos años después el Servicio de Administración Tributaria paró la catarata, alegando que el amparo de Dubitam apuntaba a la posibilidad de estar exenta, no de cotizar tasa cero.
En el primer caso, no se justifica la devolución.
La pelea de Alsea, entonces era por 42 millones de pesos más, que según ello amparaba devoluciones de tributos enterados entre octubre y noviembre de 2006.
Ante el revés, la firma interpone un recurso de queja, alegando que al cierre de 2007 las devoluciones obligadas ascendían a poco más de 200 millones de pesos.
Analizado el caso en una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ésta se negó a entrar al fondo del asunto, regresándole el expediente al Tribunal Colegiado que revisaba una sentencia emitida en primera instancia.
Lo inaudito del caso es que en mayo pasado Alsea dio a conocer que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, consideró fundado su recurso de queja, además de revocar una sentencia del 20 de diciembre de 2007, dictada por el juez décimo de Distrito de Tampico.
La vía, pues, quedó abierta para la nueva sentencia, que llegaría el 17 de julio.
Por lo pronto, el asunto llega como papa caliente al Senado de la República, que en las próximas semanas estará dictando una serie de reformas a la ley que permite los amparos fiscales.
¿Se vale traspasar éstos como si fueran parte del inventario de una empresa en venta? ¿Se vale que las empresas reclamen un Impuesto al Valor Agregado que a fin de cuentas pagó el público consumidor? ¿Se vale reclamar con chicanas?
Balance general
El escándalo ronda en varias entidades federativas, ante la acusación del Fovissste de no haber enterado pagos retenidos previamente a los trabajadores, lo que constituye un fraude. Los recursos, según ello, fueron desviados hacia la operación.
Por lo pronto, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) está cancelando la escrituración de viviendas otorgadas a servidores públicos, al no cubrirse el monto global del crédito. Más allá, se están plantando facturas por concepto de intereses a los morosos, cuyo horizonte alcanza también a los municipios, y cuyo monto agrava la de suyo precaria situación financiera de éstos.
La mora coloca en tela de juicio la calidad crediticia otorgada al Fovissste por la calificadora estadounidense Standard & Poor’s, a cuya vera se logró realizar su primera bursatilización de créditos.
Contrato multimillonario
La noticia es que la Secretaría de la Función Pública investiga la legalidad de un contrato millonario otorgado por Petróleos Mexicanos (Pemex) a un despacho de abogados para entablar la defensa de la paraestatal frente al reclamo del consorcio coreano Comproca de una indemnización de 700 millones de dólares por “vicios ocultos” en el contrato para la reconfiguración y modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
El pleito lo perdió la empresa pública.
El contrato fue de 70 millones de pesos por tareas que según el órgano de supervisión las pudieron realizar los propios abogados de la paraestatal.
En aquel entonces el abogado general de Pemex era el hoy líder panista César Nava.
Castigan a Cablemás
La calificadora de deuda Fitch Rating le colocó una calidad crediticia de BB-, es decir, con posibilidad de incumplimiento, a la firma de televisión por cable Cablemás, dada su generación negativa de flujo, por más que le reconoce un programa agresivo de inversiones enfocado al desarrollo de su red.
La firma, como usted sabe, es filial de Televisa.
La evaluación se planteó en base a una emisión de Notas Senior por 175 millones de dólares que la compañía mantiene en el mercado, cuyo vencimiento llegará en 2015.
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Rechaza PRI impuesto de 2% al consumo
Ciudad de México (10 septiembre 2009).- El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados expresó su rechazo a la aplicación de un nuevo impuesto que grave los alimentos y las medicinas, como lo propuso el Presidente Felipe Calderón en el Paquete Económico 2010. Por medio de un documento, los legisladores del tricolor aseguran que la denominada Contribución para el Combate a la Pobreza no sólo es inflacionaria, sino que impactará en el poder adquisitivo de las familias más pobres.
"Por lo tanto, es altamente contradictorio que este nuevo impuesto se haya anunciado como una contribución para apoyar a los que menos tienen. El PRI se ha opuesto, y se opondrá, a gravar con IVA las medicinas y los alimentos, sea cual sea su nombre", aseguró la bancada. Según los priistas, el Presidente recurrió al "fácil recurso" de aumentar los impuestos con su propuesta de un nuevo tributo para gravar el consumo de todos los bienes y servicios. Para el tricolor, la Contribución para el Combate a la Pobreza tiene características económicas muy similares a las del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el análisis, los 237 legisladores priistas denunciaron la ausencia de un cambio de fondo en materia de impuestos, ya que aseguraron que la propuesta presidencial se limita a ajustar los parámetros de la estructura tributaria, con el único fin de elevar la recaudación, pero sin una simplificación.
Los diputados del Revolucionario Institucional criticaron de manera particular que el proyecto del Ejecutivo deje intactos los regímenes especiales y las inequidades que padecen las empresas en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR). "Esta omisión es altamente preocupante pues los gastos fiscales que ocasionan estas deficiencias estructurales en el ISR significan casi 2 puntos porcentuales del PIB, y más del doble de lo que se obtenga gravando con IVA las medicinas y los alimentos", denunciaron. La posición fue dada a conocer por el coordinador del tricolor, Francisco Rojas, quien advirtió que su partido emprenderá un profundo análisis del gasto corriente y de los regímenes fiscales, a fin de obtener los recursos que requieren las finanzas públicas. En entrevista, el legislador anunció que el PRI propondrá la creación de una comisión que analice los regímenes especiales.
kikka-roja.blogspot.com/
La suma final podría, pues, incrementarse en 50 por ciento, lo que superaría las marcas existentes en materia de derrotas para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El último escándalo lo protagonizó la firma Jugos del Valle al ganarle a la dependencia un pleito por 950 millones de pesos, en este caso alegando que se le había obligado a cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como bebida refrescante, cuando sus productos debían catalogarse como alimentos, dado su valor nutricional.
Lo inaudito del caso es que hasta hoy, pese a ser una empresa pública, es decir, cotizar en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma que maneja las franquicias de Burguer King, Starbucks Coffe, Chilli’s y Domino’s Pizza, entre otras, mantiene la cifra como el secreto mejor guardado del mundo.
Peor aún, pese a que la última sentencia a su favor se emitió el 17 de julio pasado por un Tribunal Colegiado, hoy es el día en que dicha sentencia no se ha hecho pública.
Se diría que se trata de ocultar el pase mágico que permitió a la empresa saltar de un régimen de tasa exenta del tributo al consumo, lo que imposibilita la posibilidad de reclamos por devoluciones, a otra de tasa cero.
El documento, pues, abriría una cloaca, dejando al descubierto oscuras maniobras para favorecer intereses privados por encima de los de la nación.
Lo inaudito del caso es que sin conocer el fondo de éste, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el aserto de la firma beneficiada, ya le entregó parte del recurso.
Lo que para un particular cualquiera llega a tardar años, para la poderosa empresa requirió apenas unos días.
La truculencia de la historia se ubica desde su origen, dado que Alsea se apropió indebidamente de un amparo otorgado en 2002 a una firma de Tamaulipas a la que adquirió en su momento.
De acuerdo a la ley, los juicios de protección de la justicia son intransferibles, dada la individualidad con que se conceden.
Como recordará usted, el asunto se abrió hace siete años, cuando el Congreso aprobó una reforma al artículo 2-A de la Ley del IVA, que estableció una tasa de 15% para los establecimientos de comida rápida que ofrezcan alimentos para consumir en ellos, o para llevar.
La medida provocó una catarata de amparos, de los cuales sólo uno prosperó: el interpuesto por la firma de razón social Operadora Dubitam, cuya luz verde llegó en julio de 2003.
Lo inaudito del asunto es que el recurso de protección de la ley se otorgó por carambola, es decir, la firma lo ganó al no dictar el juez en tiempo y forma su resolución.
El caso es que Alsea compró a la firma, con lo que según ello tenía derecho a apoderarse del amparo, tras integrarla en dos empresas: Operadora de Franquicias Alsea y Operadora Yum.
Colocados, pues, una serie de reclamos en los juzgados en materia de devolución del tributo al consumo pagado a partir de julio de 2003, hete aquí que Alsea logró obtener en julio de 2005 la cantidad de 145 millones de pesos.
Sin embargo, dos años después el Servicio de Administración Tributaria paró la catarata, alegando que el amparo de Dubitam apuntaba a la posibilidad de estar exenta, no de cotizar tasa cero.
En el primer caso, no se justifica la devolución.
La pelea de Alsea, entonces era por 42 millones de pesos más, que según ello amparaba devoluciones de tributos enterados entre octubre y noviembre de 2006.
Ante el revés, la firma interpone un recurso de queja, alegando que al cierre de 2007 las devoluciones obligadas ascendían a poco más de 200 millones de pesos.
Analizado el caso en una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ésta se negó a entrar al fondo del asunto, regresándole el expediente al Tribunal Colegiado que revisaba una sentencia emitida en primera instancia.
Lo inaudito del caso es que en mayo pasado Alsea dio a conocer que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, consideró fundado su recurso de queja, además de revocar una sentencia del 20 de diciembre de 2007, dictada por el juez décimo de Distrito de Tampico.
La vía, pues, quedó abierta para la nueva sentencia, que llegaría el 17 de julio.
Por lo pronto, el asunto llega como papa caliente al Senado de la República, que en las próximas semanas estará dictando una serie de reformas a la ley que permite los amparos fiscales.
¿Se vale traspasar éstos como si fueran parte del inventario de una empresa en venta? ¿Se vale que las empresas reclamen un Impuesto al Valor Agregado que a fin de cuentas pagó el público consumidor? ¿Se vale reclamar con chicanas?
Balance general
El escándalo ronda en varias entidades federativas, ante la acusación del Fovissste de no haber enterado pagos retenidos previamente a los trabajadores, lo que constituye un fraude. Los recursos, según ello, fueron desviados hacia la operación.
Por lo pronto, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) está cancelando la escrituración de viviendas otorgadas a servidores públicos, al no cubrirse el monto global del crédito. Más allá, se están plantando facturas por concepto de intereses a los morosos, cuyo horizonte alcanza también a los municipios, y cuyo monto agrava la de suyo precaria situación financiera de éstos.
La mora coloca en tela de juicio la calidad crediticia otorgada al Fovissste por la calificadora estadounidense Standard & Poor’s, a cuya vera se logró realizar su primera bursatilización de créditos.
Contrato multimillonario
La noticia es que la Secretaría de la Función Pública investiga la legalidad de un contrato millonario otorgado por Petróleos Mexicanos (Pemex) a un despacho de abogados para entablar la defensa de la paraestatal frente al reclamo del consorcio coreano Comproca de una indemnización de 700 millones de dólares por “vicios ocultos” en el contrato para la reconfiguración y modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
El pleito lo perdió la empresa pública.
El contrato fue de 70 millones de pesos por tareas que según el órgano de supervisión las pudieron realizar los propios abogados de la paraestatal.
En aquel entonces el abogado general de Pemex era el hoy líder panista César Nava.
Castigan a Cablemás
La calificadora de deuda Fitch Rating le colocó una calidad crediticia de BB-, es decir, con posibilidad de incumplimiento, a la firma de televisión por cable Cablemás, dada su generación negativa de flujo, por más que le reconoce un programa agresivo de inversiones enfocado al desarrollo de su red.
La firma, como usted sabe, es filial de Televisa.
La evaluación se planteó en base a una emisión de Notas Senior por 175 millones de dólares que la compañía mantiene en el mercado, cuyo vencimiento llegará en 2015.
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Rechaza PRI impuesto de 2% al consumo
- La bancada priista en San Lázaro denunció la ausencia de un cambio de fondo en materia de impuestos en el Paquete Económico 2010.
- La bancada del PRI consideró que el Gobierno federal optó por el 'fácil recurso' de aumentar los impuestos, sin tocar regímenes especiales
Ciudad de México (10 septiembre 2009).- El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados expresó su rechazo a la aplicación de un nuevo impuesto que grave los alimentos y las medicinas, como lo propuso el Presidente Felipe Calderón en el Paquete Económico 2010. Por medio de un documento, los legisladores del tricolor aseguran que la denominada Contribución para el Combate a la Pobreza no sólo es inflacionaria, sino que impactará en el poder adquisitivo de las familias más pobres.
"Por lo tanto, es altamente contradictorio que este nuevo impuesto se haya anunciado como una contribución para apoyar a los que menos tienen. El PRI se ha opuesto, y se opondrá, a gravar con IVA las medicinas y los alimentos, sea cual sea su nombre", aseguró la bancada. Según los priistas, el Presidente recurrió al "fácil recurso" de aumentar los impuestos con su propuesta de un nuevo tributo para gravar el consumo de todos los bienes y servicios. Para el tricolor, la Contribución para el Combate a la Pobreza tiene características económicas muy similares a las del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el análisis, los 237 legisladores priistas denunciaron la ausencia de un cambio de fondo en materia de impuestos, ya que aseguraron que la propuesta presidencial se limita a ajustar los parámetros de la estructura tributaria, con el único fin de elevar la recaudación, pero sin una simplificación.
Los diputados del Revolucionario Institucional criticaron de manera particular que el proyecto del Ejecutivo deje intactos los regímenes especiales y las inequidades que padecen las empresas en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR). "Esta omisión es altamente preocupante pues los gastos fiscales que ocasionan estas deficiencias estructurales en el ISR significan casi 2 puntos porcentuales del PIB, y más del doble de lo que se obtenga gravando con IVA las medicinas y los alimentos", denunciaron. La posición fue dada a conocer por el coordinador del tricolor, Francisco Rojas, quien advirtió que su partido emprenderá un profundo análisis del gasto corriente y de los regímenes fiscales, a fin de obtener los recursos que requieren las finanzas públicas. En entrevista, el legislador anunció que el PRI propondrá la creación de una comisión que analice los regímenes especiales.
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