Impuestos para cautivos, gasto para abusivos
14 de septiembre de 2009
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR SIEMPRE TIENE RAZÓN, LOS PRI-PANISTAS MACHUCHONES SIRVEN PARA DESTROZAR A MÉXICO.
LOS ANALISTAS OFICIALISTAS LOS SABEN MUY BIEN ¿Y AHORA DÓNDE ESCONDERÁN LA JETA?
A propósito de los impuestos, la gran mayoría de los mexicanos compartimos una misma percepción: en nuestro país sólo los contribuyentes cautivos pagamos nuestras contribuciones para que un puñado de sujetos abusivos se lo gasten todo y mal.
Con esta convicción observamos año con año el debate fiscal en el Congreso. Solemos hacerlo con la distancia que toma quien conoce el final de la historia. Otra vez serán los asalariados los que carguen con el costo del Estado, y una vez más, el dinero nuestro volverá a ser injusta e ineficazmente distribuido por el gobierno.
En México, menos impuestos pagan quienes mayor capacidad tienen de influir sobre el Estado. Prueba de ello es que de cada 10 pesos que gasta el gobierno, 6 los ponemos los asalariados, 3 pesos con 70 centavos las personas físicas con actividad empresarial (abogados, médicos, comerciantes por cuenta propia) y sólo 30 centavos provienen de la contribución de las empresas.
Siendo estas últimas las que mayor riqueza extraen de la economía mexicana, resulta injusto que gocen de tan paradisiaca protección, y tal cosa sólo se entiende por el enorme poder de chantaje y manipulación que los grandes corporativos empresariales ejercen sobre las autoridades.
En contraste, a penas si pintan en la discusión las preocupaciones de los asalariados. De ellos no depende el futuro de los burócratas ni el de los representantes populares, al menos así lo creen todavía unos y otros. De ahí que cada vez que en México se hable de emergencia fiscal, son los asalariados quienes deben correr para guarecerse; ya se sabe que sobre su cabeza caerán las coronas, sea por la muy gastada vía de los impuestos al consumo (IVA, IEPS) o por el camino del impuesto sobre la renta (ISR).
No se necesita un doctorado en ciencias para saber que el lugar donde en México se negocia el tema de los dineros públicos está secuestrado por intereses fuertes y muy robustamente orquestados. Aquí las autoridades y también los representantes populares sostienen una sólida alianza con la clase económica más pudiente. En cambio, el grueso de los ciudadanos permanece desprotegido y sin fuerza para incidir en la negociación.
Si esta estructura impositiva aparece como inmoral y también como ineficaz, del lado del gasto las cosas se ponen tanto o más graves. En esta parte de la ecuación es todavía más evidente y descarnada la movilización de influencia a la hora de ordenar las prioridades.
En la rebatinga presupuestal participan los gobernadores, las grandes corporaciones sindicales, los productores agropecuarios más ricos, las empresas de amplia talla, los despachos de cabildeo, los funcionarios públicos interesados, entre muchos otros actores cuyo comportamiento es poco transparente pero definitivo.
En el tema de la educación concurre, por ejemplo, el liderazgo magisterial encabezado por Elba Esther Gordillo. Se trata de uno de los sujetos políticos que con mayor autonomía suelen conseguir la satisfacción de sus ambiciones. Algo similar sucede en los sectores de la salud o en el energético. Las dirigencias de los sindicatos de Pemex, CFE, Luz y Fuerza o el IMSS son impresionantemente poderosas a la hora de jalar agua para su molino.
Otro ejemplo del sesgo en el gasto lo ofrece la partida presupuestal destinada al campo. Hasta hace muy poco, Procampo fue un programa confeccionado para el beneficio de los productores agrícolas más ricos. Durante los últimos tres lustros, ellos recibieron más de 100 mil millones de pesos de las arcas públicas. Transferencia directa de nuestros bolsillos a los suyos.
Este año en la negociación sobre la Ley de Ingresos y también sobre el presupuesto, podría haberse aspirado a colocar la eficiencia hacendaria por encima de éstos y otros intereses muy mezquinos.
El momento es grave según estamos todos enterados: un amplio sector de la población se ha sumado a la franja de pobreza, las exportaciones no alcanzan para remolcar la economía nacional, los recursos del petróleo se están agotando y las remesas han disminuido también.
Por todas estas razones podría haberse presentado una reforma fiscal de gran calado; una que volvería más equitativa la recaudación y más inteligente y eficaz el gasto.
Sin embargo, ha quedado claro que aún en los peores momentos somos incapaces de producir los cambios necesarios. Se ha propuesto afectar a los de siempre y proteger también a los de siempre. No importa si con ello el dinero público no alcanza, el poder adquisitivo de los consumidores decrece, el mercado interno no se desarrolla, y la inequidad se acentúa.
Mientras en México sigamos abusando de los asalariados y perdonando en sus responsabilidades a los grupos sociales más poderosos, el manejo de la hacienda pública tenderá recurrentemente hacia la mediocridad y el fracaso. Ya casi llegó el día en que el petróleo no estará ahí para rescatarnos de esta circunstancia. ¿Habrá que esperar hasta entonces para que se imponga la cordura o ni así presenciaremos la visita de esa señora?
Con esta convicción observamos año con año el debate fiscal en el Congreso. Solemos hacerlo con la distancia que toma quien conoce el final de la historia. Otra vez serán los asalariados los que carguen con el costo del Estado, y una vez más, el dinero nuestro volverá a ser injusta e ineficazmente distribuido por el gobierno.
En México, menos impuestos pagan quienes mayor capacidad tienen de influir sobre el Estado. Prueba de ello es que de cada 10 pesos que gasta el gobierno, 6 los ponemos los asalariados, 3 pesos con 70 centavos las personas físicas con actividad empresarial (abogados, médicos, comerciantes por cuenta propia) y sólo 30 centavos provienen de la contribución de las empresas.
Siendo estas últimas las que mayor riqueza extraen de la economía mexicana, resulta injusto que gocen de tan paradisiaca protección, y tal cosa sólo se entiende por el enorme poder de chantaje y manipulación que los grandes corporativos empresariales ejercen sobre las autoridades.
En contraste, a penas si pintan en la discusión las preocupaciones de los asalariados. De ellos no depende el futuro de los burócratas ni el de los representantes populares, al menos así lo creen todavía unos y otros. De ahí que cada vez que en México se hable de emergencia fiscal, son los asalariados quienes deben correr para guarecerse; ya se sabe que sobre su cabeza caerán las coronas, sea por la muy gastada vía de los impuestos al consumo (IVA, IEPS) o por el camino del impuesto sobre la renta (ISR).
No se necesita un doctorado en ciencias para saber que el lugar donde en México se negocia el tema de los dineros públicos está secuestrado por intereses fuertes y muy robustamente orquestados. Aquí las autoridades y también los representantes populares sostienen una sólida alianza con la clase económica más pudiente. En cambio, el grueso de los ciudadanos permanece desprotegido y sin fuerza para incidir en la negociación.
Si esta estructura impositiva aparece como inmoral y también como ineficaz, del lado del gasto las cosas se ponen tanto o más graves. En esta parte de la ecuación es todavía más evidente y descarnada la movilización de influencia a la hora de ordenar las prioridades.
En la rebatinga presupuestal participan los gobernadores, las grandes corporaciones sindicales, los productores agropecuarios más ricos, las empresas de amplia talla, los despachos de cabildeo, los funcionarios públicos interesados, entre muchos otros actores cuyo comportamiento es poco transparente pero definitivo.
En el tema de la educación concurre, por ejemplo, el liderazgo magisterial encabezado por Elba Esther Gordillo. Se trata de uno de los sujetos políticos que con mayor autonomía suelen conseguir la satisfacción de sus ambiciones. Algo similar sucede en los sectores de la salud o en el energético. Las dirigencias de los sindicatos de Pemex, CFE, Luz y Fuerza o el IMSS son impresionantemente poderosas a la hora de jalar agua para su molino.
Otro ejemplo del sesgo en el gasto lo ofrece la partida presupuestal destinada al campo. Hasta hace muy poco, Procampo fue un programa confeccionado para el beneficio de los productores agrícolas más ricos. Durante los últimos tres lustros, ellos recibieron más de 100 mil millones de pesos de las arcas públicas. Transferencia directa de nuestros bolsillos a los suyos.
Este año en la negociación sobre la Ley de Ingresos y también sobre el presupuesto, podría haberse aspirado a colocar la eficiencia hacendaria por encima de éstos y otros intereses muy mezquinos.
El momento es grave según estamos todos enterados: un amplio sector de la población se ha sumado a la franja de pobreza, las exportaciones no alcanzan para remolcar la economía nacional, los recursos del petróleo se están agotando y las remesas han disminuido también.
Por todas estas razones podría haberse presentado una reforma fiscal de gran calado; una que volvería más equitativa la recaudación y más inteligente y eficaz el gasto.
Sin embargo, ha quedado claro que aún en los peores momentos somos incapaces de producir los cambios necesarios. Se ha propuesto afectar a los de siempre y proteger también a los de siempre. No importa si con ello el dinero público no alcanza, el poder adquisitivo de los consumidores decrece, el mercado interno no se desarrolla, y la inequidad se acentúa.
Mientras en México sigamos abusando de los asalariados y perdonando en sus responsabilidades a los grupos sociales más poderosos, el manejo de la hacienda pública tenderá recurrentemente hacia la mediocridad y el fracaso. Ya casi llegó el día en que el petróleo no estará ahí para rescatarnos de esta circunstancia. ¿Habrá que esperar hasta entonces para que se imponga la cordura o ni así presenciaremos la visita de esa señora?
Analista político
kikka-roja.blogspot.com/