Ningún marino podrá disparar a civiles que logren evadir retenes

Ningún marino podrá disparar a civiles que logren evadir retenes
Personal de esa dependencia únicamente utilizará sus armas cuando esté en riesgo su vida; en caso contrario deberá disuadir a los presuntos delincuentes o comenzar una persecución para su captura

2009-10-16•M.P.

Revisión de elementos de la Armada en un puesto de control de Coyuca de Benítez, Guerrero, en julio pasado. Foto: Claudia Guadarrama

La Secretaría de Marina-Armada de México se convirtió en la primera dependencia federal en ordenar a su personal no disparar contra automóviles que no detengan su marcha en retenes o a embarcaciones que no obedezcan señales para una revisión en altamar. Sus elementos deberán emprender acciones disuasivas y disparar sólo si su vida está en peligro.

El titular de la institución, Mariano Francisco Saynez Mendoza, emitió la orden que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Armada de México, debido a la ausencia de un ordenamiento federal sobre el tema. La medida entrará en vigor a partir de hoy viernes, luego de que ayer se publicó en el Diario Oficial.

La regulación se debe, aclaró, a que la intervención de los marinos en asuntos de seguridad pública aumentó, debido al repunte de las actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Entre esas conductas delictivas destaca el tráfico ilegal de estupefacientes, psicotrópicos, personas y armas, la pesca ilegal, el contrabando y el robo de embarcaciones pesqueras, mientras a escala internacional se presentan actividades de narcotráfico, piratería y terrorismo.

Citando “instrumentos internacionales” suscritos por México, subrayó que el personal de la Armada podrá usar la fuerza en legítima defensa para hacer cumplir la ley, salvaguardar un bien jurídico o en ejercicio de un derecho , siempre que exista una “necesidad racional” en el medio empleado y dentro del principio de “proporcionalidad”.

Para ello estableció cinco niveles para el uso de la fuerza: presencia disuasiva, persuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de fuerza no letal y utilización de fuerza letal.

En el ordenamiento se precisa que las actividades disuasivas son aquellas acciones psicológicas, políticas, morales o militares capaces de obligar a un adversario a desistir de una intención, actividad delictiva o agresión.

Sin embargo, es claro al señalar que no se autoriza el uso de armas letales contra vehículos o personas que huyan o traten de huir de una inspección de carácter administrativo (puestos de control, acceso a instalaciones navales o estratégicas, inspecciones en altamar, recintos fiscales o portuarios y aeronaves, entre otros), a pesar de que existan sospechas fundadas de que se trata de presuntos delincuentes. En ese caso, el personal de la Secretaría de la Marina deberá limitarse a realizar la persecución física.

“En situaciones en que el conductor de un auto haga caso omiso a las indicaciones para detener su marcha en un puesto de control, solamente se podrán emplear armas letales en respuesta a una agresión armada que represente peligro inminente de lesiones graves o muerte, o cuando el presunto infractor intente colisionar con su vehículo al personal naval.

“En cualquier otra circunstancia, se intentará detener la marcha del vehículo empleando armamento incapacitante no letal, como trampas ponchallantas, procediendo a realizar la persecución física si la situación así lo permite.”

El secretario de Marina señaló también que cuando se emplee la fuerza se evitará en lo posible generar daños colaterales, por lo que la utilización de armas de fuego se hará sobre blancos identificados, salvaguardando la integridad de personas inocentes.

“Si se causan lesiones al infractor o a terceros se les dará asistencia inmediata, trasladándolos a un hospital con las medidas de seguridad pertinentes.”

- Claves

Contra Nacho Coronel

• Olga Cristina Lerma Lizárraga, quien forma parte de la estructura que dirige Ignacio Nacho Coronel en el cártel de Sinaloa, fue extraditada a Estados Unidos.

• De acuerdo con investigaciones de autoridades de ese país y de la Procuraduría General de la República, la mujer se encargaba de introducir cocaína a ese país, además de vigilar las casas de seguridad donde la organización delicitiva almacenaba narcóticos.

• Lerma Lizárraga será procesada por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud ante una Corte federal en el distrito oeste de Texas.
México • Rubén Mosso

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UNAM: está cerca una “crisis social”: José Narro

Pide el rector de la UNAM no perder la pluralidad ante los problemas
Advierte Narro que está cerca una “crisis social”

2009-10-16•Política

Foto: José Narro

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, dijo que en México la sociedad demanda respuestas a las dificultades del país y no problemas que nos dividan. “Tenemos pendientes temas de justicia social porque está cerca una crisis social, ya que existen muchos elementos para eso”, comentó.

En entrevista luego de presentar los proyectos para el festejo del centenario de la máxima casa de estudios, Narro pidió no perder la pluralidad ante los problemas como el que enfrentan el gobierno y el Sindicato Mexicano de Electricistas, “la pobreza de 50 millones de personas, los 6 millones de analfabetos, la enfermedad y falta de empleo”.

El rector indicó que hay muchos sectores del país enojados por una serie de cuestiones desafortunadas; “hay uno de cada cuatro estudiantes que sufren severamente los estragos de la pobreza, pero no sólo son los estudiantes los que están molestos, también muchos otros sectores”.

Durante su discurso en la presentación del programa para los festejos de la UNAM, expresó que se necesita una reivindicación de las cosas que definen así como a la UNAM, a todo el país. “Sé que hay problemas muy serios; sin embargo, vale la pena decirle a la sociedad como a los universitarios, que México tiene un futuro; una nación conformada por sus pueblos que necesita una reivindicación absoluta y un
sentido de unidad”.

México • Vania Dragonné

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Sigan mamando: Jairo Calixto Albarrán

Sigan mamando
Política cero
Jairo Calixto Albarrán

2009-10-16•Al Frente

Con estas palabras Maradona se refirió a sus críticos entre los medios de comunicación, quienes desde su punto de vista lo venían atormentado conforme la selección argentina de futbol fue acumulando pésimos resultados. Era como para no ser menos que La Volpe y El Vasco Aguirre.

Por supuesto, inmediatamente aparecieron las buenas conciencias que pegaron el grito en el cielo, como si las palabras del Pelusa —siempre pidiendo perdón para las damitas presentes— no palidecieran ante lo que se puede ver en la televisión mexicana en estos días en Guerra de chistes o El show de Platanito, que, sin duda, podrían hacer sonrojar a los chalanes de una vulcanizadora.

Sigan mamando fue lo que ha de haber dicho el Balloonboy, el niño que supuestamente iba solo en un dirigible atrayendo la atención de millones de telespectadores y que al final se supo que se había escondido en el garage de su casa, sin saber que había desatando así la histeria colectiva. No sé por qué me dio la impresión de que este show melodramático, con voladota noticiosa incluida, fue preparado por el gobierno calderónico para conformar una cortina de humo alrededor de la megamarcha del SME.

Como no funcionó lo de las pompas plastificadas de Alejandra Guzmán ni las resolución de la Tremenda Corte en el sentido de declarar a Ulises Ruin responsable de la represión en 2006 en Oaxaca (y es lógico, todo el mundo sabe que al final Jelipillo no va a tocar a Ulises ni con el pétalo de una toma de nota), pensaban que con el Balloonboy se distraería la atención del movimiento de los electricistas.

Pero casi nada funcionó (bueno, sí dolió la manera tan díscola con la que la góber de Yucatán repartió camionetas entre diputados verdes y priistas, en vez de rifarlas como la Gordillo), la marcha mostró mucho más musculatura de la que imaginaban el gobierno y los sospechosistas (¿será por eso que la iniciativa privada ofreció reclutar a los que hayan sido corridos para amortiguar el clamor popular, y luego de ver los apagones en CFEliz?) tendrán que replantear tesis y escenarios. Si pensaron que la cosa iba a ser tan fácil, están equivocados. Quizá se le apueste al desgaste, como es previsible, pero por vía de mientras, con la ocupación nada temporal de la compañía de luz y su liquidación, han conseguido lo imposible: unir a la izquierda mexicana, por lo regular condenada al sectarismo.

Pero hubo un golpe rudo, rudo, rudísimo al movimiento: Napito Gómez Urrutia, charro entre charros, desde Vancouver se declaró solidario con el SME.

Sigan mamando, sugiere el Diego.

www.twitter.com/jairocalixto
jairo.calixto@milenio.com
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Se fue la luz: Pablo Gómez

Se fue la luz
Acentos
Pablo Gómez

2009-10-16•Acentos

Según la ley, debe existir un organismo público, diferente de la CFE, que se encargue del servicio de electricidad en la zona centro. Sin embargo, después del sabadazo en el que Calderón extinguió el hasta entonces existente, ya no existe ninguno.

Según la ley, las relaciones de trabajo no se terminan por decreto presidencial, sino como consecuencia de actos convenidos o resoluciones jurisdiccionales.

Según la ley, un contrato colectivo de trabajo no se extingue por el simple cambio de denominación del patrón o por la sustitución del mismo.

Según la ley, el patrón sustituto es quien se hace cargo de los activos en funcionamiento de la empresa que se transforma o fusiona con otra y quien asume, por tanto, las relaciones laborales existentes con anterioridad. Es, digamos, la herencia laboral, que hasta ahora se había respetado, más o menos.

Todo lo anterior, inscrito en las leyes de México, ha sido borrado de un golpe por un individuo que se dice ser el presidente del empleo pero ha logrado correr a más de 50 mil trabajadores mediante un solo decreto.

Son los tiempos, diríase. Pero son, más bien, los actos realizados por un partido —el PAN— que, antes, demandó el respeto al Estado de derecho y que, hoy, se encarga de seguir desobedeciendo cuantas leyes puede. No es de extrañar que le apoye su maestro, el PRI.

Luz y Fuerza del Centro compraba la electricidad más cara que la tarifa a la que la vendía. Pero, además, la comercialización del servicio —llevar el fluido eléctrico— tiene un costo mucho mayor que la producción de la electricidad. Cuando el gobierno presenta su balance económico oculta esa realidad, como también omite decir que para manejar una red eléctrica obsoleta se requieren más trabajadores que si el gobierno hubiera invertido en la modernización de Luz y Fuerza.

Según Calderón, los electricistas tienen la responsabilidad de la obsolescencia de Luz y Fuerza, pero, según la ley y la realidad, ese organismo siempre estuvo dirigido por el gobierno. Su atraso técnico es responsabilidad de los gobernantes, quienes han demostrado carencia de interés por dotar a la vieja Compañía de Luz de las condiciones mínimas para prestar un servicio más o menos aceptable. Si la energía eléctrica no se suspende más frecuentemente es porque hemos tenido a unos trabajadores magos, que se las saben todas y arreglan cualquier desperfecto a pesar de que los cables y los transformadores ya cumplieron su vida útil hace décadas.

Algo odioso es criticar a un sindicato por haber logrado buenos salarios y prestaciones. Se supone, según varios medios de información, que los miembros del SME debieron haber tenido condiciones laborales tan deplorables como en muchas industrias donde ni sindicatos existen o están protegidas por los consabidos charros.

El señor Calderón ha aceptado pagar las jubilaciones. Luego, admite la vigencia del contrato colectivo y actúa como patrón sustituto. Todo esto no hace más que confirmar que, en efecto, el gobierno dice puras mentiras.

Además, la Secretaría de Hacienda está dispuesta a pagar a los trabajadores de Luz y Fuerza una liquidación copeteada, como diría Fox, a través de un bono de esquirolaje. ¿Desde cuándo es el patrón quien determina unilateralmente la cuantía de la indemnización de los obreros despedidos? ¿En qué parte del Presupuesto de Egresos se autorizó al Ejecutivo a pagar indemnizaciones mayores que las establecidas en la ley y el contrato de trabajo?

No hay ningún aspecto que sea legal en el sabadazo de Calderón. Todo ha sido una acción política, pero de la mala.

Por último, los “ahorros” de los que habla el gobierno son del todo demagógicos. Si las tarifas finales no aumentan, si los jubilados no se mueren todos al mismo tiempo, si la CFE no reduce sus tarifas como productor, si quienes se roban la luz —pobres y ricos—no dejan de hacerlo, si no se realiza la modernización, los “ahorros” serán tan mínimos que el saldo final de la operación sólo va a arrojar un daño político y social.

Bueno, para eso llegó Calderón a Los Pinos. ¿Para qué más?

pgomez@milenio.com
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2% impuesto antipobreza: El PRI no llega a acuerdo

La bancada, decidida a subir el ISR a 30% y autorizar el IEPS a telecomunicaciones
El PRI no llega a acuerdo sobre el impuesto antipobreza de 2%
Enrique Méndez y Roberto Garduño

LOS PRIISTAS ESTAN VIENDO LA MANERA DE NO SALIR RASPADOS Y OCULTAR SU TRAICIÓN AL PUEBLO DE MEXICO.
VAN A APROBAR LO QUE DIGA FECAL, PORQUE FECALITO ANDA MAS HISTÉRICO QUE UNA MENOPAUSICA SIN SU MEDICAMENTO. fecal esta furioso y está que bufa, ya acabó con todo el cuadro, y nadie puede levantar el tiradero.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continuará hoy con el análisis del paquete fiscal enviado por Felipe Calderón, al discutir el proyecto de dictamen de la Ley Federal de Derechos. Se prevé que el fin de semana resolverá el paquete de impuestos especiales, los gastos fiscales y el impuesto de 2 por ciento generalizado al consumo.

Sobre este gravamen el PRI todavía no llega a un acuerdo que resuelva las diferencias, pues persiste la presión de un grupo de gobernadores por votar a favor del cobro de 2 por ciento al consumo, pero también un importante sector de priístas insiste en que los estatutos del tricolor impiden avalar cualquier tributo sobre alimentos y medicinas.

Diputados priístas señalaron que la aprobación del supuesto impuesto antipobreza va cuesta arriba, porque el PRI no está dispuesto a cargar con el costo político de la medida, cuando están muy cerca las elecciones en Tabasco y Coahuila, y mucho menos en el proceso electoral de 2010.

La bancada priísta está decidida a incrementar de 28 a 30 por ciento el cobro del ISR a los trabajadores asalariados, y prepara una propuesta para autorizar la aplicación del IEPS en telecomunicaciones, aunque no de 4 por ciento como propuso Calderón, sino de entre 2 y 3 por ciento.

También se considera aplicar el impuesto especial al consumo de cerveza, a pesar de los intentos en contra del diputado priísta Benjamín Clariond, quien desde la tribuna cabildea a favor de las cerveceras y luego se reúne a comer con los representantes de los empresarios de ese sector en el restaurante Los Cristales.

Durante la sesión, la diputada priísta María Aguirre Maldonado solicitó a la Comisión de Hacienda que haga una revisión detallada del IETU, para que explique los resultados y el impacto real en la estructura económica del país.

Explicó que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, de enero a noviembre de 2008 –en su primer año de aplicación– el IETU recaudó 43 mil 960.6 millones de pesos, 36.9 menos de lo que se esperaba obtener, mientras en el actual ejercicio la perspectiva es de apenas 55 mil 408 millones de pesos.

Esto se debe, señaló, a que el IETU fue planteado para un escenario con crecimiento, inversión y empleo, pero la realidad actual es diferente, y lo único que ha generado este gravamen son problemas de flujo de efectivo en las empresas. No ha cumplido con su objetivo de recaudación y así lo demuestran los informes trimestrales de las finanzas públicas, destacó.

El secretario de la Comisión de Hacienda, el priísta David Penchyna, aseguró que su bancada avanza sólidamente en una propuesta económica y analiza las corridas financieras para incluirlas en el debate de este fin de semana.

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Limpia, Tláhuac Milpa Alta y Xochimilco: Ssa federal: no hay riesgo sanitario en el agua de tres delegaciones: LA PATRAÑAS DEL AGUA PARA ATACAR AL GDF

• Acuerda con el gobierno local coordinar trabajos para vigilar la calidad del líquido
• Recula la Ssa federal: no hay riesgo sanitario en el agua de tres delegaciones
• Las revisiones conjuntas sólo detectaron índices altos de cloración en algunas zonas
• LOS PANISTAS ATACAN ZONAS ESTRATEGICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
• VEN MUCHO EL HISTORY CHANNEL, deberian leer a JULIETA FIERRO cientifica mexicana.
  

Foto
El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, acompañado del titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y del delegado de Coyoacán, Raúl Flores, recorrió el laboratorio del SACM donde se analiza la calidad del líquido que llega al DFFoto Roberto García Ortiz
Ángeles Cruz Martínez

La Secretaría de Salud (Ssa) federal reconoció que no existe riesgo sanitario para los habitantes de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco por el agua que consumen. Así, dio marcha atrás en la información difundida el pasado 30 de septiembre por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre este tema, a partir de la cual se generó un nuevo enfrentamiento entre los gobiernos federal y capitalino.

Luego del anuncio, la Ssa y el gobierno capitalino informaron que se llegó a un acuerdo para efectuar una reunión entre las áreas técnicas de la Secretaría de Salud local, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Cofepris, a fin de coordinar los trabajos de vigilancia de la calidad del agua.

Las dependencias reafirmaron que análisis bacteriológicos y de cloro hechos en las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco arrojaron que el agua suministrada en esas demarcaciones no representa un riesgo bacteriológico.

Los exámenes también detectaron, en algunas de las muestras tomadas, niveles de cloración por encima de la norma, sin que esto se traduzca en un riesgo para la población por los ajustes que se realizan continuamente a los niveles de cloro encontrados.

El acuerdo entre las dependencias incluye continuar con el fortalecimiento del sistema de vigilancia de la calidad del agua, compartir información de resultados de los análisis y datos epidemiológicos para garantizar un abastecimiento seguro del agua y la salud de la población.

Con base en muestras y análisis del agua realizadas en julio, la Cofepris aseguró que 8.4 por ciento del líquido en esas demarcaciones estaba contaminado con bacterias de heces fecales, a pesar de que el sistema cloraba el abastecimiento.

Apenas se dieron a conocer los resultados del análisis de la Cofepris, las autoridades del Distrito Federal los rechazaron y señalaron la responsabilidad en que incurría el organismo al no haber reportado de inmediato esos hallazgos.

Además del tiempo que había pasado desde la toma y el análisis de las muestras, la Cofepris omitió ponerse en contacto con las autoridades capitalinas antes de difundirlo a los medios de comunicación. Al día siguiente, Miguel Ángel Toscano, titular de la comisión, defendió el dictamen en diversas entrevistas.

Desde entonces no se le ha visto públicamente, ni tampoco acompañó al secretario de Salud, José Ángel Córdova, en su comparecencia del miércoles en la Cámara de Diputados, aunque estaba prevista su asistencia.

Aun así, la Cofepris refrendó los resultados de su estudio. Incluso tuvo el respaldo de Córdova Villalobos, quien también propuso realizar un trabajo conjunto entre los niveles federal y local para garantizar la calidad del agua en la capital del país. Después, el funcionario reconoció que el problema de la deficiente calidad del líquido es nacional y se debe atender con un monitoreo constante.

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las guerras de Felipe Calderón: Damnificados de la valentía

Damnificados de la valentía
Víctor M. Quintana S.

Si las guerras salinistas contra Jonguitud y La Quina arrojaron como resultado final a Elba Esther y Romero Deschamps, Dios nos agarre confesados ante el resultado de las guerras calderonistas contra los sindicatos y el crimen organizado.

El esquema de la ofensiva de Salinas para legitimarse ha sido repetido, con su asesoría o por mimetismo de dictadorzuelo, por el afán también de legitimarse del actual inquilino de Los Pinos. Fuerte y seriamente cuestionado su triunfo electoral, Salinas asestó golpes decisivos a los caciques de los sindicatos de educación y petrolero para mostrar a la ciudadanía su afán de cambio desde la raíz, a la vez que dejar muy claro quién tenía el poder en la mano. Ya conocemos los resultados.

Aquí no podemos decir –parafraseando a Marx– que Calderón revive en tragicomedia lo que había sido una tragedia, porque lo que sufrimos es un deterioro al mínimo nivel de lo que ya era una tragicomedia. Ansioso de mostrar que sabe usar el poder que arrebató, Calderón se lanzó a una guerra más absurda y letal –15 mil muertos ya– que la de 1847. No contento con eso, la emprende ahora contra Luz y Fuerza del Centro y contra sindicatos como el SME, el de los mineros y vaya usted a saber cuántos más van a seguir.

Seguramente algún mercadólogo le dijo a Felipe que la valentía vende bien. Y a falta de los empleos que ofreció, a falta de la tranquilidad que garantizó, lleva ya casi tres años recetándonos solamente valentía. Bueno, si valentía se puede llamar a disparar decisiones que a uno mismo lo afectan poco y sin considerar sus consecuencias en el resto de la sociedad. Hágase mi valentía en los bueyes de mi compadre.

No sólo es el decidir por aparentar que se tienen el control y la valentía lo cuestionable en las guerras filipinas. Es asimismo dudosa la orientación no sesgada de dichas batallas. Tomemos por ejemplo la famosa guerra contra el crimen organizado: ¿realmente se combate por igual a todos los grupos delincuenciales? ¿Por qué entonces en Chihuahua más de 90 por ciento de las aprehensiones por parte de las fuerzas federales son de miembros de uno solo de los cárteles en disputa?

Lo mismo dice la sabiduría callejera de la ofensiva calderonista contra los sindicatos. Si con los arrestos que se emprende la cruzada contra el charrismo de Napoleón, o que se combate a la directiva del SME, que no apoyó el asalto a Los Pinos de quien desde ahí manda ahora, si con esos arrestos se persiguieran la antidemocracia, la corrupción, las aviadurías, de Elba Esther o Romero Deschamps, entonces sí estaríamos pensando que Calderón se comprometía y no lanzaba otro desplante el pasado primero de septiembre.

Porque se habla con hipocresía de las inmensidades monetarias con que se subsidia a Luz y Fuerza del Centro, y de su machacada ineficiencia, pero no se evalúa la eficiencia de una secretaría como la de Educación Pública, botín de la maestra y los suyos. O en el peso de la corrupción que lastra a Pemex más que el agotamiento de Cantarell. ¿Por qué no contempla ahora el implacable Lozano la terrible ineficiencia de su secretaría, la tardanza promedio de tres años para resolver un juicio en que un pobre anciano demanda que le devuelvan el dinero de su Afore?

¿Y los colaterales, como le llaman quienes conducen los operativos conjuntos a los efectos perversos de su cojo combate al crimen organizado? Habría que contar cuántos robos de vehículos, cuántos secuestros, cuántos asaltos a mano armada, cuántas extorsiones, cuántas violaciones a los derechos humanos padece la población inerme por cada presunto criminal que se encarcela. Así como habrá que contar los desempleados directos e indirectos, los echados a la calle en un momento en que lo que menos hay en ella es lo que más prometió Calderón en su campaña.

Así son las guerras de Felipe Calderón: guerras sesgadas en los adversarios que inventan. Guerras que tienen oligo-beneficiarios, como las organizaciones criminales no combatidas, o la empresa del triple play que aprovechará las líneas de transmisión de Luz y Fuerza del Centro. Guerras con pocos beneficiarios y miles de víctimas civiles, inocentes. Por ese camino, pronto el país entero será damnificado de su valentía.

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Claudia Sheinbaum Pardo: Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC

Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC
Claudia Sheinbaum Pardo

Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.

1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.

En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.

2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.

Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.

3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los privilegios de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.

4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.

5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.

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Helioflores: Hay modos

EL GORILA TOLETE PANISTA LOZANO ALARCON UN PATAN MUY AGRESIVO Y GROSERO, ARMA POLITICA DE LOS RATEROS EN EL GOBIERNO DE FACTO ESPURIO FELIPE CALDERON.

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es “benigna” Influenza A H1N1 gripa : Córdova

Influenza A H1N1 es “benigna”: Córdova
El secretario de Salud señaló que la influenza A es una enfermedad que “si bien es nueva, tiene similitud a la estacional, con la cual hemos vivido desde hace varios años”

Influenza A H1N1 es “benigna”: Córdova
DESECHOS. Jeringas que fueron utilizadas para la vacuna de la influenza son apiladas en un contenedor (Foto: AP )

JAJAJAJAAA SE LOS DIJE ES UNA PATRAÑA ARTIFICIAL
ahora resulta que quieren proteger su plan de pandemia que ya todo mundo sabe. SON GENOCIDAS LOS OLIGARCAS DE LA MEDICINA ¡¡ (NO SE DEJEN ENGAÑAR) EL VIRUS NO ES NUEVO Y ESTA SIENDO MANIPULADO, COMAN BIEN Y LAVENSE LAS MANOS SIEMPRE.

Ruth Rodríguez El Universal
Viernes 16 de octubre de 2009
ruth.rodriguez@eluniversal.com.mx

El secretario mexicano de Salud, José Ángel Córdova, aseguró ayer que la gripe A H1N1 es “benigna” y que su capacidad de contagio y mortalidad es similar a la gripe estacional, por lo que no debe haber motivo de alarma.

“La influenza AH1N1 es una enfermedad benigna, provocada por un virus ‘primo’ de la estacional”, señaló Córdova durante la inauguración del primer Congreso Internacional de Enfermería Retos y expectativas hacia la excelencia, en Jalisco.

El secretario señaló que la influenza A es una enfermedad que “si bien es nueva, tiene similitud a la estacional, con la cual hemos vivido desde hace varios años”.

En tanto, se informó que los contagios siguen a la alza en todo el país. En los últimos dos días se han registrado 2 mil 431 nuevos casos de personas contagiadas por el virus A H1N1 y cinco fallecimientos más, de acuerdo con el último reporte emitido por la Secretaría de Salud.

La cifra nacional, hasta el pasado 14 de octubre, es de 41 mil 920 casos confirmados y 260 muertos.

Desde septiembre y principios de octubre, los estados del centro y noroccidente registran el mayor incremento, entre los que destacan Nuevo León con 2 mil 413 casos; San Luis Potosí, mil 884 casos; Veracruz, mil 834; Tamaulipas, mil 884; Michoacán, mil 531; Sonora, mil 488 y Oaxaca, mil 482.

En el reporte del 12 de octubre, la cifra nacional era de 39 mil 489 casos confirmados y 255 muertos.

(Con información de EFE)

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El switch: Luis Javier Garrido

El switch
Luis Javier Garrido

La decisión del gobierno calderonista de asaltar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (10 de octubre) y decretar su desaparición (11 de octubre) como una vía para acelerar la privatización de la industria eléctrica del país y ofrecer pingües negocios a las mafias a las que se halla asociado se le ha revertido de inmediato, pues está poniendo en pie de lucha no tan sólo a los trabajadores electricistas y a múltiples sindicatos sino a amplios sectores de la nación que lo acusan de actuar en la más absoluta ilegalidad.

1. El decreto de Felipe Calderón ordenando la extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado en una edición especial del Diario Oficial de la Federación el domingo 11 (pp. 2-5), es un documento inconstitucional porque aun en el supuesto de que el espurio michoacano fuese gobernante legítimo del país, no tendría facultades para suprimir con su sola firma una entidad pública, creada como consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica del país el 27 de septiembre de 1960 y la reforma constitucional del 30 de diciembre de ese año, y regulada por un cúmulo de leyes federales, y no es tratando de fundamentarse en leyes secundarias anticonstitucionales como los panistas pueden salir del embrollo en el que se han metido.

2. La decisión atrabiliaria e ilegal del gobierno a la deriva que pretende encabezar el panista michoacano es, además de ética y jurídicamente inaceptable, por atentar contra los derechos de los más de 43 mil trabajadores a los que deja sin empleo, un acto de traición a la patria que vulnera los intereses fundamentales de la nación, ya que busca acelerar de manera anticonstitucional la privatización de una industria estratégica fundamental para un desarrollo soberano e independiente del país, y eso lo comprendieron los cientos de miles de manifestantes que desfilaron ayer 15 de octubre de la columna a la Independencia a la Plaza de la Constitución –en una marcha que superó todas las expectativas–, muchos de los cuales exigieron la remoción inmediata de Calderón, que no tiene otra propuesta de gobierno que la de violentar de continuo el orden fundamental de la República para satisfacer intereses espurios, y demandaron que sea sometido a juicio político.

3. La movilización que se está incrementando en México no es hoy, por lo mismo, nada más en defensa de los trabajadores, de las organizaciones sindicales del país y en particular del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), o de los derechos de todos los mexicanos amenazados por un gobierno atrabiliario, que en su desesperación y fracaso da manotazos políticos sin respetar las leyes fundamentales del país, sin tener más argumento que la utilización de las fuerzas policiaco-militares, a las que recurre para todo, sino de la nación en su conjunto.

4. El decreto inconstitucional del 11 de octubre fue concebido por quienes urdieron hace tiempo la medida como una vía imprescindible para acelerar la privatización de la industria eléctrica de México, al permitirle al gobierno panista uncir la generación de energía eléctrica en el centro del país al esquema de corrupción creado en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de paso facilitarle eliminar al SME, opuesto a ella –dando así un paso más en el desmantelamiento del Estado nacional mexicano–, y fue asumido como suyo por Calderón al verlo también como un golpe político propagandístico que en su limitado entendimiento le permitiría levantar un poco su deteriorada imagen ante el capital trasnacional y los más fascistizados empresarios nacionales, y sin embargo todo se les está revirtiendo.

5. El aspecto más grave de lo que acontece es que a pesar de la vasta campaña de desinformación orquestada por Televisa y Tv Azteca, los mexicanos han entendido que la medida constituye también en lo político una agresión sin precedente a la organización obrera del país, al atacar a uno de los sindicatos más antiguos y emblemáticos de las luchas del México del siglo XX, al que se busca aplastar en el afán de trastocar por completo la estructuras económicas y sociales del país retrotrayéndonos a un esquema similar al existente en los años del porfiriato.

6. La electricidad fue entendida ya desde los años de la Revolución Mexicana como un recurso estratégico fundamental, y cuando tras décadas de luchas se logró la nacionalización de la industria eléctrica, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se entendió que se había logrado una conquista invaluable pues un switch clave del desarrollo nacional estaba en manos de los mexicanos, de ahí que las luchas de la Tendencia Democrática del SUTERM, y más tarde del SME, se opusieran a que se violaran las previsiones constitucionales.

7. El móvil atrás del decreto de extinción de Luz y Fuerza aparece claro ante todos, pues de lo que se trata es de beneficiar a las redes de corrupción de la clase política vinculadas a Salinas y a Calderón, señalados de manera insistente en los medios como los dos gobernantes más corruptos de los últimos tiempos. En el marco de la CFE se han creado mecanismos para entregar anticonstitucionalmente la industria eléctrica a corporaciones privadas extranjeras (principalmente las españolas Fenosa e Iberdrola Energía, la estadunidense Enron y la japonesa Mitsubishi) vinculadas a políticos del PRI y el PAN, contradiciéndose el principio sustentado en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que establecen que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, el área estratégica de la electricidad.

8. Los responsables de las posibles fallas de Luz y Fuerza del Centro no son los trabajadores, que de manera ejemplar han defendido a la empresa con su trabajo cotidiano y en múltiples conflictos, sino los políticos corruptos beneficiarios directos del poder político, y ahora del decreto, a los que la prensa cita una y mil veces, amigos todos de Salinas y Calderón: Fernando Canales Clariond, Ernesto Martens, Joseph-Marie Cordoba, Claudio X. González, Diego Fernández de Cevallos, los Mouriño, Antonio Lozano Gracia, Armando Salinas Torre y muchos más, los que ahora pretenden hacer el negocio del siglo con las redes de fibra óptica (Proceso, 1719).

9. La campaña calumniosa del gobierno contra los trabajadores, culpándolos de los malos manejos que han hecho los altos funcionarios de Luz y Fuerza del Centro, no hace más que pintar una vez más de cuerpo entero a Felipe Calderón, a quien su propio mentor y guía Carlos Castillo Peraza calificaba como inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y personas, según relata Julio Scherer en su reciente libro Secuestrados (Grijalbo, 2009), y a quien los mexicanos ya han puesto en su sitio –como se decía ayer en la marcha– como un enemigo de México.

10. La situación existente antes del 10 de octubre no podrá volver a ser la misma. La controversia constitucional que van a presentar los trabajadores electricistas va a situar una vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante su realidad, pero la controversia del pueblo frente al gobierno panista ya no tiene vuelta de hoja.

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Fallas en el decreto (de calderon): Miguel Ángel Rivera

Clase Política

Fallas en el decreto
Miguel Ángel Rivera

En muy poco tiempo el sector de desempleados podría aumentar, pero no con los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, sino con altos funcionarios que aconsejaron al presidente Felipe Calderón decretar la extinción de esa paraestatal.

Juristas de la Cámara de Diputados descubrieron fallas en la argumentación del gobierno federal y, en consecuencia, estiman que el gran golpe de la actual administración federal podría revertirse. Al menos, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) podría conservar la titularidad del contrato colectivo de trabajo, sea cual sea la nueva institución encargada del suministro eléctrico, pues aun con el cambio de razón social, las fuentes de trabajo no han desaparecido.

El diputado queretano Jesús Rodríguez, con estudios de posgrado en derecho, explicó que la fracción priísta en la Cámara de Diputados se negó a sumarse de inmediato a presentar la controversia constitucional por considerar que se hacía de forma apresurada y con pocas bases.

Por ello, en la sesión de ayer, a propuesta de Francisco Hernández Juárez, del PRD, se creó una comisión especial encargada de revisar la acción presidencial y determinar el mejor camino jurídico para proteger a los trabajadores, que son los menos responsables de este conflicto.

La cosecha

La perversa agresión del actual gobierno federal contra el sindicalismo democrático e independiente de México se manifiesta en su mayor crudeza con el atentado contra el SME, afirmó el exiliado dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, en un mensaje que envió a los participantes en la manifestación de ayer…

La revisión por la Suprema Corte de los sucesos violentos en Oaxaca carece de vinculación de carácter jurídico, destacó la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, al comentar las propuestas de iniciar un juicio político contra el mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz. A su vez, el coordinador de los diputados priístas, Francisco Rojas Gutiérrez, afirmó que evidentemente el gobernador de Oaxaca tiene la solidaridad de nuestra fracción y de todos los priístas…

En tanto, el senador oaxaqueño Adolfo Toledo calificó de preocupante que los ministros de la Suprema Corte se sujeten a intereses político-partidistas, al destacar que hubo quienes cambiaron totalmente su opinión de un día para otro...

El rector de la UNAM, José Narro, señaló que en México hay muchos pendientes y para avanzar lo primero que se debe hacer es atender el tema del cumplimiento real de los derechos sociales fundamentales…

El primer visitador Raúl Plascencia Villanueva, quien tiene el respaldo de 27 comisiones estatales para ser el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, propuso al Senado una reforma jurídica para fincar responsabilidades políticas y legales contra los servidores públicos que violen los derechos básicos del individuo y no limitarse, como ahora, a simples observaciones…

riverapaz@prodigy.net.mx

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México SA: Calderón hace 6 años, Obsesión por privatizar

México SA

• Calderón hace 6 años
• Obsesión por privatizar
• ¿Para quién será el jugoso negocio?

Carlos Fernández-Vega

Dice el inquilino de Los Pinos y jilgueros que lo rodean que el decretazo en contra de Luz y Fuerza del Centro no tiene relación alguna con la privatización del sector eléctrico. Qué bueno que lo aclaren, porque es lo mismo que dijeron sus cuatro antecesores en la residencia oficial y a estas alturas el balance de tan rotunda negativa se traduce en que alrededor de 40 por ciento de la generación eléctrica en el país está en manos del capital privado, fundamentalmente trasnacional.

Que Felipe Calderón no busca la privatización del sector eléctrico es una verdad tan grande y contundente como aquella del presidente del empleo o su diagnóstico de la crisis (simple gripa o catarrito, como diría Carstens). ¿Será que en sólo seis años cambió de ideas, por mucho que los hechos demuestren lo contrario, y no quiere privatizar? Lo anterior, porque es increíble que el ahora inquilino de Los Pinos maneje otro concepto que el abiertamente planteado ante los senadores de la República el 17 de noviembre de 2003, como secretario de Energía en el gabinetazo de otro de los accidentes históricos que registra la política mexicana (léase Vicente Fox).

Como recordar es vivir, va lo que seis años atrás Calderón delineó como la política energética perfecta, misma que ahora, con el acelerador a fondo, intenta concretar a golpe de extinciones. ¿Qué dijo en aquel noviembre de 2003 ante los senadores?: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna. La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico, sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.

“A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de las inversiones privadas en el sector.

Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación, nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas, vale la pena resaltar que las inversiones anuales que el sector eléctrico requiere, representarían más de dos veces las erogaciones en el presupuesto para ciencia y tecnología, dos y media veces el programa de Oportunidades, tres veces o más de tres veces la atención a la población indígena.... Entonces, sí, su obsesión es privatizar.

Y sobre la extinción de esta empresa pararestatal, un experto en la materia envía el siguiente apunte: “El gobierno federal argumenta que decidió desaparecer a Luz y Fuerza del Centro porque tuvo un déficit de 40 mil millones de pesos en 2008. Cabe preguntarse: ¿de dónde surgió ese déficit? La CFE le vendió a 1.20 pesos por kilovatio-hora un bloque de 40 teravatios-hora, cuando aquella paraestatal la compró a las productoras extranjeras en 80 centavos por KWH. Esta especulación significó para LFC un sobreprecio de 16 mil millones.

“En la ciudad de México existen varios miles de empresas en media tensión que se roban la energía, contratando personas para que alteren los medidores de electricidad. Con esta acción ilícita LFC dejó de percibir el año pasado 11 mil millones de pesos.

“A los más de 20 mil trabajadores jubilados que tiene LFC se les pagaron en 2008 cerca de 10 mil millones. El gobierno federal nunca quiso asimilar estos pasivos, sino hasta ahora que decretó la desaparición de esta empresa. La suma de estos tres conceptos resulta en 37 mil millones de pesos, que es similar al déficit de Luz y Fuerza del Centro: ¿será legal el argumento del gobierno federal para extinguir a LFC?

En 2008 la nómina de los más de 40 mil trabajadores activos de Luz y Fuerza del Centro fue de casi 15 mil millones de pesos. ¿Cómo es que el gobierno federal pretende indemnizarlos con 20 mil millones? De la plantilla laboral de LFC, casi 15 mil trabajadores se dedican a construir redes de distribución, líneas y subestaciones; los nuevos desarrollos urbanos cubren sus nóminas. ¿A quién le transferirá el gobierno federal este jugoso negocio? En la CFE las subestaciones y líneas son obras Pidiregas que ejecutan las trasnacionales, y las redes de distribución construidas por empresas particulares contratadas por los propios fraccionadores.

“El gobierno federal ha puesto a la CFE como el modelo a seguir para sustituir a LFC, y en muchos aspectos es válido. Sin embargo, por ejemplo en Acapulco los robos de energía en la zona hotelera son proporcionalmente más altos que en LFC. ¿Decretará el gobierno federal la extinción de esa zona de CFE? ¿Aceptará el Suterm esta decisión? Y en otras áreas energéticas, ¿qué hará con los robos en ductos de Pemex, y al consumidor en las estaciones de gasolina? (más de 40 mil millones de pesos anuales).

Es muy difícil defender al sindicato de LFC, que con su paternalismo ha propiciado la ineficiencia extrema, exceso de personal y corrupción; pero ese paternalismo ha sido tolerado por muchos años por la administración de la empresa y el gobierno federal. En particular, la crisis de sus áreas de atención al público, en las que se han negado a aceptar nuevas opciones para mejorar la calidad de servicio. Sin embargo, ¿ejercerá la misma acción correctiva el gobierno federal con los sindicatos de Pemex y de la SEP? (José Luis Apodaca Villarreal, japodaca@prodigy.net.mx).

Las rebanadas del pastel

En el gobierno de la creatividad, sorpresa tras sorpresa: ¿a quién adjudicó el paquete carretero del Pacífico Norte? ¡Milagro!: a Carlos Slim y su empresa Ideal, candidata a recibir los dineros de las Afore para infraestructura.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

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Astillero: Zócalo Lleno, sin AMLO en él: mega marcha del SME

Astillero
monero Camacho

• Zócalo social
• Lleno, sin AMLO en él
• Madurez y participación
• Apertura a transgénicos

Julio Hernández López
Foto
Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, acompañado del senador Graco Ramírez y de Benito Bahena, entre otros, ayer durante la marcha en protesta por la extinción de Luz y Fuerza del CentroFoto José Carlo González

A diferencia de los anteriores zócalos (electorales), el de ayer fue desbordado por una amalgama de movimientos e intereses sociales de diferente origen y destino, cuyos reclamos, textura y ánimos deberían generar replanteamiento de estrategias bélicas al gobierno federal golpista, cuya renuncia fue exigida ayer con insistencia nada acomedida. La valoración y dimensionamiento de la marcha de ayer puede hacerse sin caer en la tentación inducida de anexarla a las pretensiones o la fuerza personal de López Obrador, quien de manera calculada evitó llegar al templete, oficialmente atorado en la extrema retaguardia, deseoso en realidad de ceder el escenario a los trabajadores en lucha.

La gran movilización popular de ayer demuestra la falsedad de las versiones oficialistas que varios medios controlados difunden acerca de la impopularidad de la resistencia contra el más reciente de los caprichos del calderonismo húmedo. Pero no ha de ser en cuestión de números en donde un análisis ha de empantanarse (a la hora de redactar esta línea son las 20:18 y frente a un café con Internet inalámbrico en 16 de Septiembre siguen pasando grupos rumbo al Zócalo, eufóricos, ondeando banderas, coreando consignas, que van a una Plaza de la Constitución de la que una hora atrás se retiró este tecleador, cuando ya estaba llena). Lo importante de ayer es el grado de madurez y participación de segmentos progresistas y de izquierda que por primera vez han podido asomar con una visión de futuro y sin ropajes partidistas o electorales a la lucha abierta y masiva desde el fraude de 2006. Por ello ha sido posible ver grupos estudiantiles y juveniles en cantidades y alegría como no se había logrado tener en ningún momento de la lucha poselectoral. Por ello ayer hubo los errores y problemas naturales de toda organización social que empieza a definirse, desde los contingentes que sin esperar a la vanguardia oficial comenzaron a marchar rumbo al Zócalo, dejando muy atrás a los liderazgos oficiales y su formación protocolaria, hasta los discursos que tenían ese tono ajeno a la veneración de candidatos y a la lamentación obligatoria del pasado escamoteado (a las 20:26, un reportero internacionalista comunica a Astillero News que frente al Sheraton Alameda está pasando el último grupo de caminantes rumbo al Zócalo).

Lo sucedido ayer muestra que, en una realidad política tan polarizada, sólo tomando al pasado como referente de fuerza y convicción se podrá tejer con posibilidades de éxito el futuro. Dicho de otra manera: hoy se tiene la gran oportunidad de darle viabilidad, incluso electoral, incluso a AMLO, a un movimiento de resistencia al fraude, pero a condición de que sepa entender que el México actual requiere definiciones de lucha que van más allá de las personalidades fuertes y las proclamas repetitivas y que requiere más horizontalidad, más estructura y más pluralidad. Con sagacidad, López Obrador está haciendo todo lo posible para que la carga de animadversión y difamación que los medios oficialistas le tienen reservada para cada ocasión en que aparece en actos importantes no sea transferida al movimiento de defensa de los electricistas. Esa es una postura positiva. Con el agregado importante: la gran movilización dependió de instancias colectivas, de un trabajo de organización que aun teniendo como eje al líder Martín Esparza no podrá ser aplastado ni calumniado sólo a partir de un individuo. (Inteligente forma de López Obrador de hacerse más presente mediante la ausencia. En nombre de su movimiento habla Claudia Sheinbaum, luego de que los organizadores lo han pedido, pues la intención de los lopezobradoristas era que ni siquiera se produjera esa intervención. Porfirio Muñoz Ledo arenga e incendia, aunque en el propio templete hay quienes escuchan la oratoria del multipartidista con histórico escepticismo.)

Lo de ayer no fue una demostración de fuerza (músculo político, adelantaba un diario, como si de fisicoculturismo social se tratara) sino de razón y convicción. Podrían haber sido la mitad, y habrían sido muchos; podrían haber sido el doble, sin decisión y coraje, y habrían sido pocos. Fueron los justos, en nombre de muchos más. Tanto en la capital del país como en otras ciudades. Tanto en cuerpos presentes como en ánimos ausentes pero solidarios. Una jornada cívica de rechazo profundo a un gobierno (más allá de consideraciones sabidas de ilegitimidad), a sus acciones y su orientación. Hoy es un exceso recordar que Calderón es un espurio o un pelele; los hechos hacen innecesaria la insistencia verbal; la protesta de ayer hubiera sucedido en los mismos términos aun cuando se reconociera plenamente la legitimidad de Calderón. Y la sentencia de la plaza pública ni siquiera ve tanto hacia atrás: que renuncie, que se vaya, por lo que ha hecho y lo que previsiblemente seguirá haciendo: 2009 es el punto de partida, teniendo en cuenta 2006 pero entendiendo que éste es el año del quiebre, éste es el año del agravio generalizado que agudiza las conciencias y motiva la militancia. Así se articuló ayer la demanda generalizada de que se vaya el culpable de tantas desgracias, grito en el corazón de la patria que políticamente no es cosa menor en un país que según el propio rector de la UNAM está en riesgo de estallidos sociales (al final del mitin, Martín Esparza pide que Marcelo Ebrard sea mediador ante el gobierno federal que, dice el dirigente sindical, ya está dispuesto a abrir esa forma de negociación).

Mientras tanto, Felipe sigue dando golpes al interés popular. La gente marchaba y protestaba mientras él abría las puertas a los intereses trasnacionales en materia de transgénicos, al autorizar las primeras dos solicitudes para sembrar ese tipo de maíz. Greenpeace también necesita marchas de apoyo y resistencia ecológica. Por lo pronto, se abrieron las posibilidades de mesas de negociación, se desplegó una movilización equivalente o mayor a la de los mejores actos de López Obrador y revivió una izquierda y un movimiento social que la derecha calderonista consideraba doblegado. ¡Feliz fin de semana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

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Carrancá y Rivas y De Buen elaboran controversia contra extinción de LFC

• El decreto del Ejecutivo violó el derecho laboral y la Ley Federal del Trabajo, afirman
• Carrancá y Rivas y De Buen elaboran controversia contra extinción de LFC
• También ignoró la potestad del Congreso de la Unión de legislar sobre energía eléctrica

Alfredo Méndez

Los reconocidos despachos jurídicos que encabezan el maestro emérito de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas, y el abogado laboralista Néstor de Buen Lozano, asumieron este jueves la defensa legal del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Martín Esparza (dirigente del SME) ya habló conmigo para que junto con el doctor De Buen encabecemos la defensa de los electricistas, mediante la elaboración de una controversia constitucional y la redacción de demandas de amparo para los trabajadores. Yo acepté, señaló Carrancá y Rivas, especialista en materia constitucional y amparo.

No tengo la menor duda de que con su decreto presidencial de extinción de LFC, Felipe Calderón violó normas laborales muy claras, al establecer la terminación de contratos individuales de trabajo sin pasar por los procedimientos que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT), por eso decidí apoyar al sindicato de electricistas, agregó De Buen, doctor en derecho.

Ambos indicaron que cuentan con 15 días hábiles para interponer la demanda de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y 30 para solicitar los amparos ante un juez federal en materia laboral.

En ambos casos los plazos empiezan a contar el siguiente día hábil después que se emitió el decreto presidencial de extinción; es decir, el pasado lunes.

Explicaron que se prevé que la demanda de controversia la presenten legisladores federales, o diputados de algún Congreso estatal afines al movimiento sindical o, incluso, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien ayer dijo que valora esa posibilidad.

En un primer análisis sobre los argumentos que formarán parte central de una controversia constitucional, y sobre los conceptos de violación de garantías que se incluirán en las demandas de amparo, ambos juristas, en entrevista con La Jornada, adelantaron que harán valer violaciones a varios artículos de la Carta Magna, fundamentalmente porque al decretar la liquidación de LFC Calderón rebasó sus atribuciones legales y pasó por encima de las facultades del Congreso de la Unión.

–¿Cuáles serán los conceptos de violación de garantías, y cuál el sustento para interponer la controversia constitucional? –se preguntó a Carrancá y Rivas.

–Consideramos que el decreto del Presidente pasó por alto la potestad del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque el artículo 73 constitucional, en su fracción X, faculta al Congreso para que legisle sobre energía eléctrica.

Nosotros manejamos el argumento de que el decreto entra en el terreno de esta materia, y ya que el Congreso tiene facultades para legislar en la especie, por lo menos debió haber sido consultado. El decreto presidencial, al haber violado esta fracción de un artículo de la Carta Magna, está desconociendo el origen de la vida jurídica de LFC y, algo más grave: al haber hecho esto afectó los derechos laborales de los trabajadores.

–¿Consideran ustedes que el decreto de extinción de LFC viola el artículo 123 constitucional, sobre el derecho al trabajo y previsión social?

–Por supuesto, porque los empleados de LFC tienen, con base en el artículo 5 de la Constitución, el derecho al trabajo, y nosotros entendemos que no es posible ejercer este derecho, sin la consecuencia del derecho de agruparse y asociarse para defender sus intereses, es decir, de sindicalizarse.

Por tanto, al violar la fracción X del 73 constitucional, se está violando el artículo 5 constitucional y el derecho laboral de los trabajadores, es decir, el 123 de la Carta Magna., destacó el maestro emérito de la UNAM.

Carrancá y Rivas explicó en qué consta la violación a las normas laborales: “el artículo 434 de la LFT considera que son causas de terminación de las relaciones laborales la incosteabilidad notoria de la explotación, en el caso de la energía eléctrica.

“Y el gobierno ha sostenido que LFC económicamente está agotado, por lo que es una causa de terminación de la relación de trabajo. Pero el siguiente artículo de la LFT (435), fracción III, dispone que si hay incosteabilidad, como lo cuentan en este caso, el patrón, previamente a la terminación de la relación laboral, deberá obtener autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Es claro que esto no lo hizo el presidente Calderón. Por tanto, hubo violación del derecho laboral, del sindicalismo, del artículo 123 constitucional y de la ley reglamentaria de éste, que es la LFT, destacó el jurista.

Néstor de Buen aclaró que si bien hay materia para que un juez conceda la suspensión del acto reclamado por la vía de amparo, estamos valorando si conviene solicitarla, toda vez que se trata de la demanda contra un hecho consumado. Serán demandas individuales por despido injustificado.

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Prosa automática: Juan Villoro

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Juan Villoro
16 Oct. 09

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LFC: repudio a la extinción, necesidad de diálogo

LFC: repudio a la extinción, necesidad de diálogo
lajornada

Decenas de miles de integrantes de organizaciones sindicales, campesinas, populares y estudiantiles del país se congregaron ayer en el Zócalo de la ciudad de México y manifestaron su repudio al asalto de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la posterior liquidación de la compañía, decretada en los primeros minutos del pasado domingo. Quedó de manifiesto así un rechazo contundente de dichos sectores a una medida que se consumó en forma por demás arbitraria, de espaldas a la sociedad y al margen de la legalidad: como han expresado distintos especialistas en temas jurídicos, la decisión de desaparecer LFC careció de bases, pues no existía amenaza de huelga ni el servicio estaba en riesgo, y para extinguirla con el argumento de su inviabilidad financiera habría sido necesario llevar a cabo un juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica, cosa que no sucedió.

Durante el mitin, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, anunció que, gracias a la intervención del Gobierno del Distrito Federal, la administración calderonista había accedido a establecer una mesa de diálogo a partir de hoy. Por la noche, el gobierno federal reiteró su disposición al diálogo y confirmó que hoy se instalará una mesa de negociación con el sindicato, pero precisó que ésta tendría por objeto explorar alternativas de reinserción laboral, así como para velar por el estricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores de LFC, con lo que dejó en claro que no pretende dar marcha atrás en la liquidación de la compañía.

Habría sido deseable, ante las expresiones de inconformidad social que ha detonado la decisión gubernamental, que las autoridades federales exhibieran una actitud más abierta y sensible a tales reclamos, y que procedieran, en consecuencia, a emprender un diálogo efectivo. En ese sentido, la respuesta del gobierno federal es desalentadora: los trabajadores del SME no piden alternativas de reinserción laboral sino la recuperación de sus puestos de trabajo y la derogación de un decreto que atenta, precisamente, contra el estricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Por añadidura, la supuesta disposición de la administración calderonista al diálogo se ve empañada por su persistencia en presentar a los trabajadores de la extinta compañía paraestatal como un sector privilegiado, ineficiente, beneficiado con prestaciones injustificables y oneroso para el país. Es necesario reiterarlo: contrario a lo que se afirma desde el discurso oficial, los trabajadores de esa empresa no constituyen una minoría privilegiada; su ingreso promedio asciende, como se informó ayer en este diario, a poco más de 6 mil pesos mensuales, monto que incluso se ubica por debajo de la media nacional.

No puede soslayarse que los empeños gubernamentales por denostar al SME tienen como telón de fondo un proyecto económico que preconiza el desmantelamiento de las conquistas y las asociaciones sindicales, incentiva la proliferación de mecanismos como el de la subcontratación, ha llevado el poder adquisitivo de los salarios a niveles raquíticos y destruido los mecanismos de bienestar social. A lo como puede verse, resulta inconcebible para la arrogancia tecnocrática que ha caracterizado a las recientes administraciones que los empleados cuenten con prerrogativas laborales favorables y que estén dispuestos a organizarse para defender sus puestos de trabajo.

En suma, cualquier diálogo que se establezca entre los empleados de LFC y las autoridades estará destinado al fracaso en la medida en que no sea precedido por una voluntad efectiva de las segundas para abandonar la campaña de linchamiento mediático que han emprendido en contra del SME, y reconocer de cara a la sociedad que los factores que derivaron en la difícil situación que atraviesa la compañía no son achacables por entero al sindicato, sino que se gestaron en los malos manejos administrativos de la empresa y en la astringencia presupuestaria que se le ha impuesto en las pasadas décadas. La circunstancia presente demanda que el Presidente y su gabinete demuestren voluntad política para escuchar los reclamos de un sector amplio de la ciudadanía, y que privilegie el diálogo y la política por encima del hostigamiento y la confrontación.

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México Dice millones de groserías diario:

Dice México millones de groserías diario
groserías
Por regiones, los mexicanos del norte y del centro tienen mayor propensión a decir groserías.

El sondeo reveló que los ciudadanos pertenecientes a los estratos altos dicen más malas palabras que los de estratos bajos

AP reforma.com

LOS PANISTAS CHINGAN A SU PUTA MADRE TODOS LOS DIAS.
PANISTAS PENDEJOS, CULEROS CULEADOS.

Ciudad de México (15 octubre 2009).- Más de mil 350 millones de vulgaridades salen a diario de las bocas de mexicanos, aunque éstos consideran que no son malhablados, según se desprende de una encuesta.

En el estudio "El mexicano y las groserías", que la empresa privada Consulta Mitofsky publicó en su sitio de internet, se señala que, cada mexicano, dice en promedio 20 groserías diarias, aunque cerca de uno de cada 10 asegura que no las necesita para comunicarse durante el día.

"Si las respuestas de los mexicanos se extrapolan buscando la incidencia nacional, tendríamos en el País más de mil 350 millones de malas palabras cada día o 500,000 millones al año", señaló Mitofsky.

La empresa aclaró que la extrapolación aplica para los mayores de 18 años, por lo que, de incluir a los niños, el número de groserías al día sería mayor.

México es un País con más de 107 millones de habitantes, de los cuales más de 65 millones son mayores de 18 años.

Mitofsky señaló que el concepto de "grosería" se refiere a "malas palabras" que cada persona calificó así a partir de su propio contexto.

"La misma palabra aplicada en distintos contextos y en dos momentos es vista de manera muy diferente", señaló.

La encuesta se realizó en viviendas del 24 al 28 de junio a mil adultos en todo el País. El margen de error es de 3.1 puntos porcentuales.

El sondeo encontró que, contrario al estereotipo en México, los ciudadanos pertenecientes a los estratos altos de la población manifiestan decir una mayor cantidad de malas palabras en comparación con los estratos bajos.

Por regiones, los mexicanos del norte y del centro tienen mayor propensión a decir groserías.

Quienes se consideran poco groseros dicen pronunciar nueve al día, mientras que los muy mal hablados pronuncian unas 42 groserías.

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LyFC: 'Disfrazan' militares de Policía Federal PF, Los soldados resguardan la subestación de la Colonia Doctores

'Disfrazan' militares de Policía Federal
militares
Militares que resguardan la subestación de la Colonia Doctores.
Foto: Leonardo Sánchez

Los soldados también realizan tareas de inteligencia, aseguraron fuentes militares

Luis Brito y Benito Jiménez REFORMA.COM

Ciudad de México (15 octubre 2009).- Elementos del Ejército custodian algunas instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) "disfrazados" de policías federales, corporación a cargo del operativo.

Fuentes militares revelaron que son 2 mil elementos de la Tercera Brigada y del Tercer Batallón de la Policía Militar, con base en los campos militares 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, y el Número Uno, respectivamente.

Explicaron que los soldados fueron incorporados el lunes al operativo para resguardar las cerca de 400 instalaciones de LFC, además que realizan trabajos de inteligencia sobre las movilizaciones de electricistas en el Distrito Federal, Hidalgo, Puebla y Morelos.

Personal de la Policía Federal confirmó que a los militares se les entregaron uniformes nuevos de las Fuerzas Federales de Apoyo, brazo operativo de la corporación, para pasar desapercibidos durante el resguardo de los inmuebles.

Aunque fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rechazaron la participación de militares en el operativo, durante un recorrido por distintas instalaciones bajo custodia de la Policía Federal, REFORMA observó efectivos calzando botas con las siglas de la Defensa Nacional (Sedena) y gorras nuevas sin el escudo de la corporación.

En el campamento de la desaparecida compañía en Belem de las Flores, en la Delegación Álvaro Obregón, tres elementos que custodiaban el acceso usaban botas con las siglas Sedena en el tacón, a diferencia de otros cinco policías federales con equipo antimotín, quienes portaban cascos negros.

El mismo caso se presentó en la subestación eléctrica de Avenida Pacífico, en la Delegación Coyoacán, en las instalaciones de Doctor Vértiz, en la Delegación Cuauhtémoc, así como en la oficina de Nezahualcóyotl, en la Colonia Evolución, varios elementos portaban las mismas botas y gorros azul marino sin escudo.

Como parte de su uniforme, los elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo usan botines negros de la marca estadounidense 5.11, adquiridos en 2008 por la SSP o botines de otras marcas comerciales que son adquiridos por ellos.

Apenas en septiembre, durante su comparecencia ante el Congreso, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna anunció que el 30 de junio concluyó el convenio que sostenían desde 1999 con la Sedena para el préstamo de militares a la corporación.

En ese año, para conformar al brazo operativo de la naciente PFP, el Gobierno federal tuvo que echar mano de los 4 mil 500 elementos de la Tercer Brigada de la Policía Militar mientras formaba los cuadros de la corporación.

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SCJN: Ulises Ruiz Violó garantías individuales: RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA EN OAXACA

SCJN ante Oaxaca: resolución y claroscuros
Lajornada.

Por mayoría –siete votos contra cuatro–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió señalar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y a otros funcionarios de su administración, como responsables de violaciones graves a las garantías individuales ocurridas durante el conflicto que se registró entre mayo de 2006 y enero de 2007 en la capital de esa entidad.

Es de saludar en primer lugar que la mayoría de los integrantes del máximo tribunal hayan rechazado la propuesta elaborada por el ministro Mariano Azuela, que señalaba que las vejaciones y los atropellos cometidos en el contexto de ese conflicto no eran imputables al mandatario oaxaqueño, sino a los mandos policiacos, y responsabilizaba a particulares por no haber atendido los ofrecimientos de los gobiernos estatal y federal para dialogar, y haber realizado, en cambio, marchas, bloqueos y tomas de edificios.

La determinación de la SCJN sienta, así, un precedente positivo al reconocer que el Ejecutivo estatal falló en su deber de proteger, con estricto apego a la ley y a las garantías individuales, los derechos de la población, y que con ello permitió la comisión de asesinatos, secuestros y otros delitos graves en contra del sector opositor, aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Por desgracia, no parece haber ahora, como tampoco hace tres años, capacidad y voluntad por parte de las autoridades correspondientes para establecer, en contra de los responsables, las sanciones penales y administrativas que amerita el caso. De hecho, la propia decisión de la SCJN por atraer el caso del conflicto oaxaqueño significó en su momento una muestra del vacío institucional que persiste en el país ante los quebrantos al estado de derecho.

Por añadidura, al responsabilizar a las autoridades estatales y no hacer lo propio con las federales –en este caso, con los gobiernos encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón–, los integrantes del máximo órgano de justicia del país incurren en un despropósito, habida cuenta de que la crisis que se gestó en la capital oaxaqueña a finales del sexenio pasado y principios del actual fue producto de una cadena de incapacidades que involucró a ambos niveles de gobierno, y que van de la torpeza y la lentitud que exhibieron para resolver un conflicto que en sus orígenes fue de carácter sindical, a la desmesura y falta de respeto a la ley con que intervinieron en él, provocando una oleada de violaciones a los derechos humanos.

Resulta desalentador, por lo demás, que esta resolución de la SCJN, al carecer de efectos penales, pueda no tener más consecuencia que la de asestar un nuevo golpe a la de por sí maltrecha imagen pública del gobernador oaxaqueño. En un momento en que prevalecen las tentaciones de criminalizar y reprimir las expresiones de disidencia política y los movimientos sociales, sería deseable que la definición de los magistrados tuviera mayores alcances y constituyera un ejemplo para el conjunto de las autoridades del país.

La resolución de la SCJN constituye, en suma, un avance parcial y con claroscuros en lo que respecta a la vigencia del estado de derecho y el combate a la impunidad.
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• Ministros exculpan a Fox y funcionarios de su gabinete de los hechos de 2006 y 2007
• Violó Ulises Ruiz garantías individuales durante el conflicto en Oaxaca: SCJN

Foto Intervención del ministro Genaro Góngora Pimentel durante la sesión de la Suprema Corte en la que se resolvió el caso OaxacaFoto Yazmín Ortega Cortés
Jesús Aranda

El gobernador Ulises Ruiz es responsable de violaciones graves de garantías individuales ocurridas en Oaxaca, resolvió ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por siete votos a cuatro.

Los ministros consideraron que el mandatario estatal no cumplió con su obligación de mantener el orden público y que su omisión derivó en desorden generalizado en la capital del estado y su zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007 y en julio de este último año.

En una sesión en la que algunos ministros cambiaron de opinión y votaron en contra de sus afirmaciones previas, el máximo tribunal rechazó por ocho votos a tres la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío de incluir al ex presidente Vicente Fox; a Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal, y a Carlos Abascal, quien fue titular de Gobernación, entre los culpables de permitir que la falta de gobernabilidad en la entidad diera lugar a acciones de particulares que derivaron en la afectación de derechos fundamentales.

Exentos de responsabilidad

También quedaron exentos de cualquier acusación el general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), actual diputado federal.

A su vez, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reprochó al mandatario oaxaqueño pretender trasladar el problema a la autoridad federal.

Ningún integrante del pleno apoyó a Silva Meza en su intención de responsabilizar también al presidente Felipe Calderón –argumentó que la violación de garantías continuó después del relevo presidencial–, y sólo hubo apoyo para agregar, entre las garantías individuales violentadas, el derecho a la información.

Quedaron en palabras también las intervenciones de ministros que afirmaron el pasado miércoles que las autoridades federales incurrieron en omisión al no atender a tiempo la petición del Ejecutivo y el Congreso oaxaqueños de apoyar a la fuerza pública local para resolver el conflicto social que se vivía.

Después de dos días de sesiones, en los que cada ministro fijó su postura sobre la investigación solicitada en 2006 por la Cámara de Diputados, el pleno resolvió con velocidad inusitada una investigación que duró año y medio y fue sintetizada en un proyecto de 923 cuartillas.

Los ministros sólo coincidieron en señalar que hubo violación generalizada de garantías.

La votación mayoritaria sólo responsabilizó a mandos policiacos estatales: al director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges.

También responsabilizó a policías locales y federales que incurrieron directamente en el uso excesivo de la fuerza en los operativos en que tomaron parte.

Ayer la voz discordante fue la del ministro Silva Meza, quien enfatizó que los hechos en Oaxaca pasarán a formar parte como páginas negras del libro de la historia de nuestro país.

Acusó a Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador general de la República, de haber mentido en el informe que entregó sobre los hechos, al aseverar que no habían participado agentes federales en tres cateos. También censuró al Ejército por negarse a informar los nombres y cargos de los soldados que participaron en los operativos, aun cuando estuvieran en calidad de comisionados en la PFP.

Infructuosamente, Silva Meza convocó a sus compañeros a reivindicar el derecho que tienen las víctimas a la reparación, para actuar en contra de los servidores públicos que hayan vulnerado sus garantías individuales.

Tampoco se sumaron a su exigencia de considerar violado el derecho a la verdad, “entendido como un mecanismo de reparación de derechos humanos, como una medida de no repetición.

Al estudiar el caso Oaxaca, a la luz de lo ocurrido en Atenco, podríamos concluir que estamos frente a una responsabilidad de Estado agravada, lo cual vuelve imposible exculpar a quienes estuvieron encargados del mando de las fuerzas federales en ambas ocasiones, dijo, y añadió que los dos casos, que fueron analizados por la Corte, sucedieron con pocos meses de diferencia; que en el ámbito federal involucra a varias autoridades: el mismo titular del Ejecutivo, el mismo secretario de Gobernación, el mismo titular de Seguridad Pública federal, el mismo procurador.

La resolución que señala la responsabilidad de Ruiz, aprobada por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero, será enviada, una vez que se redacte la versión final del dictamen, al presidente de la República, al Congreso, a los gobernadores, a los procuradores –incluido el General de la República– y a los titulares de Seguridad Pública federal, estatales y municipales.

La Suprema Corte ordenó también que la resolución se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca.

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