SARA LOVERA
MÉXICO D.F., 5 de noviembre (apro).- La madrugada del pasado 28 de octubre, "encapuchados" y usando armas de alto poder, asaltaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, (UABJO) llevándose equipo por 2 millones de pesos, luego de someter a los guardias. Una acción conectada con la existencia en la entidad de "exmercenarios" que incluso han amenazado a empresarios de la entidad.
Dos días después del asalto, documentos clasificados del archivo de George W. Bush, expresidente de Estados Unidos, revelaron que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, utilizó mercenarios para perseguir y someter a líderes y a la sociedad durante el conflicto de 2006, donde califican al gobernante de incapaz de dar una salida pacífica y negociada al conflicto que cobró al menos 26 muertes y provocó un conflicto que, según la opinión del gobierno estadounidense, "pudo incendiar al país".
Ambos hechos sucedieron dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró culpable a Ulises Ruiz de violaciones graves a las garantías individuales en Oaxaca, durante el conflicto magisterial de 2006.
El gobernador de Oaxaca fue responsable de violaciones graves ocurridas en esa entidad como los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a las garantías, a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información.
Los mercenarios y las fuerzas federales atacaron un 19 de noviembre a una marcha de mujeres con el uso de gases "picantes" y detuvo a 44 mujeres que fueron llevadas inopinadamente a una cárcel especial en el estado de Nayarit, donde algunas declararon abusos sexuales y maltratos; durante meses maestras, mujeres de la sociedad y de los pueblos indígenas fueron y son todavía, hostigadas por ese gobierno.
A pesar de todo ello, Ulises Ruiz se niega a renunciar y los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo protegen y cobijan, ante la posibilidad de un juicio político al que es acreedor, ello como un signo funesto en esta hora del país, donde menudean las denuncias de que los gobiernos mexicanos han fomentado la creación de grupos paramilitares, que hoy actúan en nombre de la persecución al crimen organizado.
En Oaxaca adicionalmente se libra una acometida social contra las modificaciones constitucionales en 16 entidades, para impedir la libertad de las mujeres a realizarse abortos legales y previstos en nuestras leyes desde el triunfo de la Revolución, cuyas fiestas centenarias se anuncian con bombos y platillos.
El panorama es inseguro y fatal. Hay una relación de hechos que no puede obviarse: gobierno autoritario, persecución de la protesta social que en Oaxaca escenificó algo cercano a una guerra civil; existen secuelas políticas y emocionales. Así recuerdan las mujeres de la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca (COMO); hay militantes que emigraron por temor a ser apresadas; otras no han podido equilibrar su vida y ahora está ahí la funesta beligerancia contra las libertades femeninas, como es la de la legal interrupción del embarazo.
Y Ulises Ruiz y sus protectores, bien gracias. De ello no es inocente el gobierno federal, presidido en 2006 por Vicente Fox, hoy a cargo de Felipe Calderón, que parece no estar implicado y tiene oídos sordos.
Mientas la declaración de la SCJN dice textual que la resolución sólo tiene carácter de recomendación, se le notificó al ejecutivo y a la Procuraduría General de la República, las autoridades federales podrán ignorarla o no. Inaudito.
Documentos desclasificados
De acuerdo con información del diario Milenio, los documentos desclasificados –sin conocer aquéllos que están en manos de la CIA- establecen que el gobierno de los Estados Unidos, estuvo alerta y dio seguimiento a la crisis social de Oaxaca en 2006.
Los cables obtenidos por dicho diario dejan en claro cuál fue la opinión del gobierno de Washington: Ulises Ruiz "usó mercenarios" para sostenerse en el poder; Elba Esther Gordillo quiso aprovechar el conflicto para su beneficio político personal y el gobierno federal se atemorizó ante el riesgo de un "estallido más amplio".
Relatan que en las primeras horas del 30 de octubre de 2006 un mensaje urgente fue enviado por la embajada de Estados Unidos a distintas oficinas en Washington, entre ellas la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, el Departamento de Seguridad Interna y los Comandos del Norte y el Sur del Pentágono.
El motivo de la comunicación: el inicio del fin de la revuelta oaxaqueña, la entrada de la Policía Federal Preventiva para retomar el control de Oaxaca y aplastar a la Asamblea Popular de los Pueblos (APPO).
"La crisis en Oaxaca ha alcanzado un nuevo nivel", se leía en el mensaje, marcado como "sensible" y con "prioridad 3959", argot empleado para definir documentos que sólo pueden ser vistos por los funcionarios de más alto nivel, dice la información publicada.
Los detalles de las comunicaciones diplomáticas hacen notar los intereses de la Casa Blanca, no obstante señalan que "… Vicente Fox realmente nunca consideró remover a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca y señala que muchos en el gobierno federal temen que remover al gobernador sentaría un mal precedente. No quieren dar un enemigo común a los distintos grupos radicales de México".
Para pensar cómo nos ven, la nota periodística añade que una de las reflexiones establece que la llegada de la PFP literalmente salvó el pellejo al gobernador oaxaqueño. "Por el momento no queda claro qué tanta presión pueda ejercer todavía la APPO (…) pero queda claro que la intervención federal ha salvado a Ruiz, al limitar la autonomía de la APPO en Oaxaca", es decir la intervención a favor de Vicente Fox, al que dejó a salvo, también, la recomendación de la Suprema Corte de Justicia.
Por lo visto las secuelas serían aun graves el día de hoy. Empresarios de Oaxaca, han confiado a periodistas locales, cómo los "mercenarios" están actuando como "Zetas" amenazándolos y cobrándoles "rentas para darles seguridad".
Podría no estar lejos de estas versiones de la vida cotidiana la incursión en las instalaciones universitarias por "encapuchados" armados que siguen haciendo de las suyas. No se trata de la primera vez, según versiones de los grupos de mujeres y fuentes periodísticas. Lo grave es lo que sucede en la vida cotidiana, aún hoy, se viven momentos de temor, por un simple robo.
Una situación como ésta, a la que se niegan los prianistas a discutir y resolver, mientras asestan el golpe económico a la población trabajadora -los que pagan el ISR-, vuelven a poner en el centro la grave situación de confusión e ingobernabilidad que se vive en importantes sectores de la población mexicana.
Las revelaciones de los documentos desclasificados y las recomendaciones de la SCJN, en un país civilizado, en éste donde se habla del estado de Derecho, obligaría a juzgar a Ulises Ruiz, pero no, hoy los partidos políticos -todos- y como diría una amiga, los políticos de siempre, están ya enfrascados en el asunto de la sucesión gubernamental que en Oaxaca habrá de desarrollarse a partir de febrero de 2010, mientras los ojos y las palabras temerosas de las mujeres crecen.
Los cambios de la Constitución para darle derechos al feto, ya amenazan con encarcelar –como en Guanajuato- a las mujeres, verdaderas presas de conciencia, por interrumpirse un embarazo.
Hoy, nadie puede transitar tranquilamente por las calles y las plazas de Oaxaca, donde se recrudece el recuerdo de días aciagos, que se cerraron y permanecen sin justicia.
Dos días después del asalto, documentos clasificados del archivo de George W. Bush, expresidente de Estados Unidos, revelaron que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, utilizó mercenarios para perseguir y someter a líderes y a la sociedad durante el conflicto de 2006, donde califican al gobernante de incapaz de dar una salida pacífica y negociada al conflicto que cobró al menos 26 muertes y provocó un conflicto que, según la opinión del gobierno estadounidense, "pudo incendiar al país".
Ambos hechos sucedieron dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró culpable a Ulises Ruiz de violaciones graves a las garantías individuales en Oaxaca, durante el conflicto magisterial de 2006.
El gobernador de Oaxaca fue responsable de violaciones graves ocurridas en esa entidad como los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a las garantías, a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información.
Los mercenarios y las fuerzas federales atacaron un 19 de noviembre a una marcha de mujeres con el uso de gases "picantes" y detuvo a 44 mujeres que fueron llevadas inopinadamente a una cárcel especial en el estado de Nayarit, donde algunas declararon abusos sexuales y maltratos; durante meses maestras, mujeres de la sociedad y de los pueblos indígenas fueron y son todavía, hostigadas por ese gobierno.
A pesar de todo ello, Ulises Ruiz se niega a renunciar y los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo protegen y cobijan, ante la posibilidad de un juicio político al que es acreedor, ello como un signo funesto en esta hora del país, donde menudean las denuncias de que los gobiernos mexicanos han fomentado la creación de grupos paramilitares, que hoy actúan en nombre de la persecución al crimen organizado.
En Oaxaca adicionalmente se libra una acometida social contra las modificaciones constitucionales en 16 entidades, para impedir la libertad de las mujeres a realizarse abortos legales y previstos en nuestras leyes desde el triunfo de la Revolución, cuyas fiestas centenarias se anuncian con bombos y platillos.
El panorama es inseguro y fatal. Hay una relación de hechos que no puede obviarse: gobierno autoritario, persecución de la protesta social que en Oaxaca escenificó algo cercano a una guerra civil; existen secuelas políticas y emocionales. Así recuerdan las mujeres de la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca (COMO); hay militantes que emigraron por temor a ser apresadas; otras no han podido equilibrar su vida y ahora está ahí la funesta beligerancia contra las libertades femeninas, como es la de la legal interrupción del embarazo.
Y Ulises Ruiz y sus protectores, bien gracias. De ello no es inocente el gobierno federal, presidido en 2006 por Vicente Fox, hoy a cargo de Felipe Calderón, que parece no estar implicado y tiene oídos sordos.
Mientas la declaración de la SCJN dice textual que la resolución sólo tiene carácter de recomendación, se le notificó al ejecutivo y a la Procuraduría General de la República, las autoridades federales podrán ignorarla o no. Inaudito.
Documentos desclasificados
De acuerdo con información del diario Milenio, los documentos desclasificados –sin conocer aquéllos que están en manos de la CIA- establecen que el gobierno de los Estados Unidos, estuvo alerta y dio seguimiento a la crisis social de Oaxaca en 2006.
Los cables obtenidos por dicho diario dejan en claro cuál fue la opinión del gobierno de Washington: Ulises Ruiz "usó mercenarios" para sostenerse en el poder; Elba Esther Gordillo quiso aprovechar el conflicto para su beneficio político personal y el gobierno federal se atemorizó ante el riesgo de un "estallido más amplio".
Relatan que en las primeras horas del 30 de octubre de 2006 un mensaje urgente fue enviado por la embajada de Estados Unidos a distintas oficinas en Washington, entre ellas la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, el Departamento de Seguridad Interna y los Comandos del Norte y el Sur del Pentágono.
El motivo de la comunicación: el inicio del fin de la revuelta oaxaqueña, la entrada de la Policía Federal Preventiva para retomar el control de Oaxaca y aplastar a la Asamblea Popular de los Pueblos (APPO).
"La crisis en Oaxaca ha alcanzado un nuevo nivel", se leía en el mensaje, marcado como "sensible" y con "prioridad 3959", argot empleado para definir documentos que sólo pueden ser vistos por los funcionarios de más alto nivel, dice la información publicada.
Los detalles de las comunicaciones diplomáticas hacen notar los intereses de la Casa Blanca, no obstante señalan que "… Vicente Fox realmente nunca consideró remover a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca y señala que muchos en el gobierno federal temen que remover al gobernador sentaría un mal precedente. No quieren dar un enemigo común a los distintos grupos radicales de México".
Para pensar cómo nos ven, la nota periodística añade que una de las reflexiones establece que la llegada de la PFP literalmente salvó el pellejo al gobernador oaxaqueño. "Por el momento no queda claro qué tanta presión pueda ejercer todavía la APPO (…) pero queda claro que la intervención federal ha salvado a Ruiz, al limitar la autonomía de la APPO en Oaxaca", es decir la intervención a favor de Vicente Fox, al que dejó a salvo, también, la recomendación de la Suprema Corte de Justicia.
Por lo visto las secuelas serían aun graves el día de hoy. Empresarios de Oaxaca, han confiado a periodistas locales, cómo los "mercenarios" están actuando como "Zetas" amenazándolos y cobrándoles "rentas para darles seguridad".
Podría no estar lejos de estas versiones de la vida cotidiana la incursión en las instalaciones universitarias por "encapuchados" armados que siguen haciendo de las suyas. No se trata de la primera vez, según versiones de los grupos de mujeres y fuentes periodísticas. Lo grave es lo que sucede en la vida cotidiana, aún hoy, se viven momentos de temor, por un simple robo.
Una situación como ésta, a la que se niegan los prianistas a discutir y resolver, mientras asestan el golpe económico a la población trabajadora -los que pagan el ISR-, vuelven a poner en el centro la grave situación de confusión e ingobernabilidad que se vive en importantes sectores de la población mexicana.
Las revelaciones de los documentos desclasificados y las recomendaciones de la SCJN, en un país civilizado, en éste donde se habla del estado de Derecho, obligaría a juzgar a Ulises Ruiz, pero no, hoy los partidos políticos -todos- y como diría una amiga, los políticos de siempre, están ya enfrascados en el asunto de la sucesión gubernamental que en Oaxaca habrá de desarrollarse a partir de febrero de 2010, mientras los ojos y las palabras temerosas de las mujeres crecen.
Los cambios de la Constitución para darle derechos al feto, ya amenazan con encarcelar –como en Guanajuato- a las mujeres, verdaderas presas de conciencia, por interrumpirse un embarazo.
Hoy, nadie puede transitar tranquilamente por las calles y las plazas de Oaxaca, donde se recrudece el recuerdo de días aciagos, que se cerraron y permanecen sin justicia.
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