Acentos
Marco Provencio
2009-11-06•Acentos
A juzgar por la menor cobertura que está teniendo la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, parecería que la sociedad ha quedado exhausta tras una discusión en materia de ingresos públicos más intensa que de costumbre. Será también que los llamados a una “convención nacional fiscal”, como lo han hecho los senadores del PRI, o a un “pacto por el empleo y el crecimiento”, como lo ha hecho el presidente Calderón, han restado atención a lo que debiera ser la parte medular de la discusión fiscal: ¿y todos esos 3.2 millones de millones (o sea, billones) de pesos de gasto neto total para el próximo año… para qué? ¿Para gastarlos en qué? ¿A favor de quién? ¿Por conducto de quién? ¿Con qué criterios? ¿Con qué resultados esperados? ¿Con qué reglas para auditarlos?
En los últimos años, el cambio en el balance de poder entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión ha sido evidente. Algunos dirán también que es un cambio que ha ido demasiado lejos y, por ende, ha sido contraproducente, al encadenar al país a un pasado que cada vez es más un ancla que un referente. Otro cambio en el balance de poder, tal vez menos evidente, es el cambio en los patrones de gasto público entre la Federación, los estados y los municipios. También aquí algunos dirán algo similar, que lo que inició como un catalizador del potencial de la Federación ha sido contraproducente por los excesos que ha generado. ¿Cuál es el sustento de esto?
Estudios recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad, el Imco, señalan cómo de 2001 a 2007 el gasto en servicios personales del gobierno federal creció 15% en términos reales (si se tomara el periodo 2003-2008 el crecimiento real en servicios personales sería de menos 0.5%). Para el mismo periodo que señala el Imco, el gasto en servicios personales de los gobiernos municipales ha crecido 29%, y 68% para gobiernos estatales, ambos en términos reales. Según la calificadora Fitch, a lo largo de esta década Quintana Roo, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Chihuahua, Chiapas, Veracruz, Puebla y Nuevo León destacan por tener una tasa media anual de crecimiento en servicios personales superior a 8% real, suficiente para duplicarse en menos de nueve años. ¿Cómo es posible esto?
De 2001 a 2008, el llamado “gasto federalizado” creció en términos reales (a pesos de hoy) de 553 a 958 mil millones de pesos, 73% más. De ahí que el propio Imco señale cómo es que los estados tuvieron un sobreejercicio, o una “bonanza no esperada”, como quiera llamársele, de 350 mil millones de pesos entre 2006 y 2009. ¿Y la calidad de ese gasto público? ¿Y sus resultados? ¿Y la transparencia alrededor del mismo? ¿Hay alguien que crea que San Luis Potosí o Quintana Roo, Chiapas o Puebla tienen niveles de transparencia y de control en el ejercicio de los recursos públicos aunque sea cercanamente similares a los que existen a nivel federal?
Que algunos estados han privilegiado el uso de recursos en inversión y obra pública sobre servicios personales también es evidente. Son los casos de Hidalgo, Querétaro o Tamaulipas, por señalar algunos. Hay otros, sin embargo, como Yucatán, Michoacán o, sobre todo, Tabasco, que son patéticos, con niveles raquíticos de inversión estatal pero bonanzas incomprensibles en servicios personales. ¿Cómo es que estos temas no son materia central de la discusión presupuestal?
A inicios de los 90 el gobierno federal era el responsable de ejercer poco más de dos terceras partes del total del gasto público en México. Hoy esa proporción anda algo por debajo de 40%. El tema, sin embargo, no es el monto, sino las características para administrar y vigilar el uso eficiente de los dineros públicos. El país no puede tener un modelo de desarrollo basado en 32 gobiernos estatales supuestamente fuertes ante una Federación débil, siendo la transparencia y eficiencia en el uso del recurso una obligación de ésta pero pasatiempo para aquéllos. Ese modelo sí tiene que cambiar.
Del otro lado.
Por cierto, el llamado de los senadores del PRI genera alguna esperanza de que las cosas en materia fiscal puedan tener algún remedio. Sin embargo, se tendría que llevar a cabo una operación política mayúscula para retirar de su “Declaración de principios” el rechazo a la aplicación del IVA en alimentos y medicinas. Si el PRI quiere abanderar el futuro tiene que quitarse de muchos lastres de su pasado, empezando por los mentales.
mp@proa.structura.com.mxEn los últimos años, el cambio en el balance de poder entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión ha sido evidente. Algunos dirán también que es un cambio que ha ido demasiado lejos y, por ende, ha sido contraproducente, al encadenar al país a un pasado que cada vez es más un ancla que un referente. Otro cambio en el balance de poder, tal vez menos evidente, es el cambio en los patrones de gasto público entre la Federación, los estados y los municipios. También aquí algunos dirán algo similar, que lo que inició como un catalizador del potencial de la Federación ha sido contraproducente por los excesos que ha generado. ¿Cuál es el sustento de esto?
Estudios recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad, el Imco, señalan cómo de 2001 a 2007 el gasto en servicios personales del gobierno federal creció 15% en términos reales (si se tomara el periodo 2003-2008 el crecimiento real en servicios personales sería de menos 0.5%). Para el mismo periodo que señala el Imco, el gasto en servicios personales de los gobiernos municipales ha crecido 29%, y 68% para gobiernos estatales, ambos en términos reales. Según la calificadora Fitch, a lo largo de esta década Quintana Roo, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Chihuahua, Chiapas, Veracruz, Puebla y Nuevo León destacan por tener una tasa media anual de crecimiento en servicios personales superior a 8% real, suficiente para duplicarse en menos de nueve años. ¿Cómo es posible esto?
De 2001 a 2008, el llamado “gasto federalizado” creció en términos reales (a pesos de hoy) de 553 a 958 mil millones de pesos, 73% más. De ahí que el propio Imco señale cómo es que los estados tuvieron un sobreejercicio, o una “bonanza no esperada”, como quiera llamársele, de 350 mil millones de pesos entre 2006 y 2009. ¿Y la calidad de ese gasto público? ¿Y sus resultados? ¿Y la transparencia alrededor del mismo? ¿Hay alguien que crea que San Luis Potosí o Quintana Roo, Chiapas o Puebla tienen niveles de transparencia y de control en el ejercicio de los recursos públicos aunque sea cercanamente similares a los que existen a nivel federal?
Que algunos estados han privilegiado el uso de recursos en inversión y obra pública sobre servicios personales también es evidente. Son los casos de Hidalgo, Querétaro o Tamaulipas, por señalar algunos. Hay otros, sin embargo, como Yucatán, Michoacán o, sobre todo, Tabasco, que son patéticos, con niveles raquíticos de inversión estatal pero bonanzas incomprensibles en servicios personales. ¿Cómo es que estos temas no son materia central de la discusión presupuestal?
A inicios de los 90 el gobierno federal era el responsable de ejercer poco más de dos terceras partes del total del gasto público en México. Hoy esa proporción anda algo por debajo de 40%. El tema, sin embargo, no es el monto, sino las características para administrar y vigilar el uso eficiente de los dineros públicos. El país no puede tener un modelo de desarrollo basado en 32 gobiernos estatales supuestamente fuertes ante una Federación débil, siendo la transparencia y eficiencia en el uso del recurso una obligación de ésta pero pasatiempo para aquéllos. Ese modelo sí tiene que cambiar.
Del otro lado.
Por cierto, el llamado de los senadores del PRI genera alguna esperanza de que las cosas en materia fiscal puedan tener algún remedio. Sin embargo, se tendría que llevar a cabo una operación política mayúscula para retirar de su “Declaración de principios” el rechazo a la aplicación del IVA en alimentos y medicinas. Si el PRI quiere abanderar el futuro tiene que quitarse de muchos lastres de su pasado, empezando por los mentales.
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