De acuerdo con información dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el curso del año pasado el producto interno bruto del país (PIB) se contrajo 6.5 por ciento. Lo que esa cifra indica es que la crisis en curso ha sido la más grave desde que se tiene registro del PIB, pues superó incluso a la causada por el llamado "error de diciembre" en 1994, cuya responsabilidad se atribuye a los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, y que se tradujo en un decrecimiento económico de 6.2 por ciento.
En retrospectiva, resultan exasperantes la imprevisión y la arrogancia con las que el gobierno calderonista y su entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, desdeñaron en su momento la catástrofe que se cernía sobre México y que fue puntualmente advertida por diversos sectores políticos, sociales y académicos.
La coloquial respuesta del hoy titular del Banco de México a tales advertencias fue que, a diferencia de lo que había ocurrido en crisis anteriores, los quebrantos financieros que ya se vivían en Estados Unidos no habrían de traducirse, en nuestro país, en una pulmonía, sino a lo sumo, en "un catarrito".
Las cifras pueden resultar poco relevantes e inapreciables para los máximos responsables de adoptar decisiones en materia económica. Pero, en la cotidianeidad de millones de mexicanos, esa caída de 6.5 por ciento se ha traducido en desempleo, en una merma generalizada de los de por sí deprimidos niveles de vida y bienestar, en esperanzas fallidas, en desintegración social y familiar, y en hambre. Sin embargo, el gobierno mantuvo una actitud triunfalista e insensible incluso cuando la recesión ya se manifestaba en toda su crudeza e impactaba en todos los rubros del quehacer económico.
Hasta la fecha, el discurso oficial se empecina en afirmar que la crisis tuvo orígenes exclusivamente exógenos y, de esa forma, eludir toda responsabilidad por el drama social subsecuente. La realidad, sin embargo, es distinta: mientras en otros países las autoridades económicas se apresuraban a adoptar medidas contracíclicas para atenuar las peores implicaciones del desarreglo financiero mundial, el Ejecutivo federal, en el nuestro, operaba al revés: eliminaba los pocos mecanismos de protección a la economía familiar, abandonaba a su suerte a las pequeñas y medianas empresas, elevaba tarifas en proporciones injustificables e incrementaba impuestos de una manera que no podía sino alentar la caída del país en el pozo de la recesión.
El resultado de esa cadena de irresponsabilidades está ahora a la vista: por una parte, el gobierno calderonista ha logrado inscribir un récord negativo en la historia económica nacional y, en lo social, han aumentado en proporciones intolerables pobreza extrema, marginación, desempleo y desamparo. Todavía falta ver las consecuencias políticas de la ineptitud oficial en el manejo de la crisis, la cual, a pesar del inveterado optimismo que aún impera en las esferas de la administración pública, sigue provocando indeseables efectos en cadena: contracción del mercado interno, incremento del desempleo, pérdida de condiciones laborales, el paso de millones al sector informal y, a fin de cuentas, mayores cuotas de descontento, marginalidad, desaliento, cinismo social y criminalidad.
El factor que permite explicar la concatenación de errores en el manejo de la crisis es el acatamiento a rajatabla de una doctrina económica –el neoliberalismo– que evidenció, con la recesión mundial del año pasado, su agotamiento, inoperancia e inmoralidad intrínseca. A la luz de esta contracción trágica de la economía nacional, hoy más que nunca resulta imperativo demandar al gobierno federal que emprenda un viraje en el manejo de las finanzas públicas, que deje de orientarlas al beneficio de los grandes capitales y las ponga al servicio del bienestar de la mayoría de la población.
--------------En retrospectiva, resultan exasperantes la imprevisión y la arrogancia con las que el gobierno calderonista y su entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, desdeñaron en su momento la catástrofe que se cernía sobre México y que fue puntualmente advertida por diversos sectores políticos, sociales y académicos.
La coloquial respuesta del hoy titular del Banco de México a tales advertencias fue que, a diferencia de lo que había ocurrido en crisis anteriores, los quebrantos financieros que ya se vivían en Estados Unidos no habrían de traducirse, en nuestro país, en una pulmonía, sino a lo sumo, en "un catarrito".
Las cifras pueden resultar poco relevantes e inapreciables para los máximos responsables de adoptar decisiones en materia económica. Pero, en la cotidianeidad de millones de mexicanos, esa caída de 6.5 por ciento se ha traducido en desempleo, en una merma generalizada de los de por sí deprimidos niveles de vida y bienestar, en esperanzas fallidas, en desintegración social y familiar, y en hambre. Sin embargo, el gobierno mantuvo una actitud triunfalista e insensible incluso cuando la recesión ya se manifestaba en toda su crudeza e impactaba en todos los rubros del quehacer económico.
Hasta la fecha, el discurso oficial se empecina en afirmar que la crisis tuvo orígenes exclusivamente exógenos y, de esa forma, eludir toda responsabilidad por el drama social subsecuente. La realidad, sin embargo, es distinta: mientras en otros países las autoridades económicas se apresuraban a adoptar medidas contracíclicas para atenuar las peores implicaciones del desarreglo financiero mundial, el Ejecutivo federal, en el nuestro, operaba al revés: eliminaba los pocos mecanismos de protección a la economía familiar, abandonaba a su suerte a las pequeñas y medianas empresas, elevaba tarifas en proporciones injustificables e incrementaba impuestos de una manera que no podía sino alentar la caída del país en el pozo de la recesión.
El resultado de esa cadena de irresponsabilidades está ahora a la vista: por una parte, el gobierno calderonista ha logrado inscribir un récord negativo en la historia económica nacional y, en lo social, han aumentado en proporciones intolerables pobreza extrema, marginación, desempleo y desamparo. Todavía falta ver las consecuencias políticas de la ineptitud oficial en el manejo de la crisis, la cual, a pesar del inveterado optimismo que aún impera en las esferas de la administración pública, sigue provocando indeseables efectos en cadena: contracción del mercado interno, incremento del desempleo, pérdida de condiciones laborales, el paso de millones al sector informal y, a fin de cuentas, mayores cuotas de descontento, marginalidad, desaliento, cinismo social y criminalidad.
El factor que permite explicar la concatenación de errores en el manejo de la crisis es el acatamiento a rajatabla de una doctrina económica –el neoliberalismo– que evidenció, con la recesión mundial del año pasado, su agotamiento, inoperancia e inmoralidad intrínseca. A la luz de esta contracción trágica de la economía nacional, hoy más que nunca resulta imperativo demandar al gobierno federal que emprenda un viraje en el manejo de las finanzas públicas, que deje de orientarlas al beneficio de los grandes capitales y las ponga al servicio del bienestar de la mayoría de la población.
- La contracción fue la mayor en 76 años; la economía retrocedió a la magnitud de 2006
- Se desploma el PIB 6.5%
- El decrecimiento superó al de 1995, cuando fue de 6.2 por ciento
- El sector industrial fue el más afectado, con un desplome de 7.3 por ciento; servicios bajó 6.6 y el agro mejoró 1.8: Inegi
Juan Antonio Zúñiga
Periódico La Jornada
Martes 23 de febrero de 2010, p. 20
La producción nacional de bienes y servicios tuvo una contracción anual de 6.5 por ciento durante 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con esto la dimensión de la economía mexicana retrocedió a una magnitud similar a la que tuvo en 2006.
De acuerdo con las cifras históricas del organismo, ésta es la mayor caída del producto interno bruto (PIB) en 76 años, después del desplome de la economía ocurrido en 1933. El decrecimiento económico del año pasado superó al de 1995, el cual fue de 6.2 por ciento.
Por grandes grupos de actividad, el sector industrial fue el más afectado en 2009, con un desplome anual de su producción de 7.3 por ciento; el valor generado por los servicios decreció 6.6 por ciento, mientras el reportado por el sector agropecuario se elevó 1.8 por ciento sobre el nivel observado en 2008, indicó el organismo.
Con la contracción del PIB en 2009, la tasa de crecimiento promedio anual de la economía mexicana en el primer trienio del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue negativa en 0.56 por ciento, en contraste con lo observado en periodos similares de los dos sexenios anteriores.
En los tres primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León la tasa de crecimiento anual de la economía mexicana fue de 2.2 por ciento; mientras entre 2001 y 2003, bajo la administración de Vicente Fox Quesada, el PIB se expandió 0.13 por ciento en promedio anual. Así, la actividad económica del país, medida a través del producto interno bruto, tuvo un crecimiento de 1.2 por ciento en promedio durante cada uno de los nueve años de gobiernos surgidos del Partido Acción Nacional.
El Inegi indicó que en el cuarto trimestre del año pasado el producto interno bruto reportó un descenso anual de 2.3 por ciento. Con esto la economía mexicana lleva ya cinco trimestres consecutivos en contracción. La recesión comenzó precisamente en el cuarto trimestre de 2008, cuando el PIB registró una caída anual de 1.1 por ciento, y ha sido la más larga de los últimos 14 años. La de 1995 transcurrió con resultados negativos durante cuatro trimestres consecutivos, periodo igual a la de 2001.
PIB y empleo
En 2009 el impacto de la caída del PIB sobre el empleo y la desocupación pareció menor al registrado en la crisis de 1995.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, entre el primero y el cuarto trimestres del año pasado un millón 619 mil 699 personas encontraron ocupación tanto en el sector formal como en el informal de la economía mexicana, cantidad no vista en periodos semejantes desde 2001, en que se cuenta con registros de esta encuesta.
La población desocupada se elevó en 217 mil 936 personas en el mismo periodo y el universo de individuos ocupados en actividades informales tuvo un incremento de 507 mil 449, según la ENOE. Por su parte, el Seguro Social indicó que en diciembre de 2009 había descendido en 33 mil 422 el número de trabajadores inscritos en este organismo respecto de los existentes en marzo de ese mismo año.
En el punto más grave de la recesión, en mayo de 2009, el número de trabajadores inscritos en el IMSS fue de 13 millones 868 mil 132. Pero en noviembre se había ampliado a 14 millones 192 mil 197 personas, lo cual implicó que en esos seis meses se crearon 324 mil 65 empleos en el sector formal y privado de la economía mexicana.
Al respecto, el ex subsecretario de Hacienda Francisco Suárez Dávila manifestó que "en ningún país del mundo, México incluido, se cae la economía y aumenta el empleo formal. Pero todos los empleos formales que se pierden hacen que la gente vaya a la informalidad o, en algunos casos, a empleos temporales".
Explicó: "No es posible que una economía caiga 6.5 por ciento y aumente el empleo formal en 2009. De hecho, las cifras oficiales reflejan, a pesar de sus imprecisiones, que el empleo formal cayó para cientos de miles de trabajadores. Cuando cae el empleo formal, por definición una parte se va al empleo informal. Una de las válvulas de escape de México ha sido precisamente, en los últimos años, generar trabajos informales", reconoció.
De acuerdo con las cifras históricas del organismo, ésta es la mayor caída del producto interno bruto (PIB) en 76 años, después del desplome de la economía ocurrido en 1933. El decrecimiento económico del año pasado superó al de 1995, el cual fue de 6.2 por ciento.
Por grandes grupos de actividad, el sector industrial fue el más afectado en 2009, con un desplome anual de su producción de 7.3 por ciento; el valor generado por los servicios decreció 6.6 por ciento, mientras el reportado por el sector agropecuario se elevó 1.8 por ciento sobre el nivel observado en 2008, indicó el organismo.
Con la contracción del PIB en 2009, la tasa de crecimiento promedio anual de la economía mexicana en el primer trienio del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue negativa en 0.56 por ciento, en contraste con lo observado en periodos similares de los dos sexenios anteriores.
En los tres primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León la tasa de crecimiento anual de la economía mexicana fue de 2.2 por ciento; mientras entre 2001 y 2003, bajo la administración de Vicente Fox Quesada, el PIB se expandió 0.13 por ciento en promedio anual. Así, la actividad económica del país, medida a través del producto interno bruto, tuvo un crecimiento de 1.2 por ciento en promedio durante cada uno de los nueve años de gobiernos surgidos del Partido Acción Nacional.
El Inegi indicó que en el cuarto trimestre del año pasado el producto interno bruto reportó un descenso anual de 2.3 por ciento. Con esto la economía mexicana lleva ya cinco trimestres consecutivos en contracción. La recesión comenzó precisamente en el cuarto trimestre de 2008, cuando el PIB registró una caída anual de 1.1 por ciento, y ha sido la más larga de los últimos 14 años. La de 1995 transcurrió con resultados negativos durante cuatro trimestres consecutivos, periodo igual a la de 2001.
PIB y empleo
En 2009 el impacto de la caída del PIB sobre el empleo y la desocupación pareció menor al registrado en la crisis de 1995.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, entre el primero y el cuarto trimestres del año pasado un millón 619 mil 699 personas encontraron ocupación tanto en el sector formal como en el informal de la economía mexicana, cantidad no vista en periodos semejantes desde 2001, en que se cuenta con registros de esta encuesta.
La población desocupada se elevó en 217 mil 936 personas en el mismo periodo y el universo de individuos ocupados en actividades informales tuvo un incremento de 507 mil 449, según la ENOE. Por su parte, el Seguro Social indicó que en diciembre de 2009 había descendido en 33 mil 422 el número de trabajadores inscritos en este organismo respecto de los existentes en marzo de ese mismo año.
En el punto más grave de la recesión, en mayo de 2009, el número de trabajadores inscritos en el IMSS fue de 13 millones 868 mil 132. Pero en noviembre se había ampliado a 14 millones 192 mil 197 personas, lo cual implicó que en esos seis meses se crearon 324 mil 65 empleos en el sector formal y privado de la economía mexicana.
Al respecto, el ex subsecretario de Hacienda Francisco Suárez Dávila manifestó que "en ningún país del mundo, México incluido, se cae la economía y aumenta el empleo formal. Pero todos los empleos formales que se pierden hacen que la gente vaya a la informalidad o, en algunos casos, a empleos temporales".
Explicó: "No es posible que una economía caiga 6.5 por ciento y aumente el empleo formal en 2009. De hecho, las cifras oficiales reflejan, a pesar de sus imprecisiones, que el empleo formal cayó para cientos de miles de trabajadores. Cuando cae el empleo formal, por definición una parte se va al empleo informal. Una de las válvulas de escape de México ha sido precisamente, en los últimos años, generar trabajos informales", reconoció.
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