La agresión cometida anteayer en esta capital en contra de la activista Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, exhibe en toda su crudeza el carácter fallido de la actual estrategia de seguridad pública; fortalece las sospechas de que en el país se desarrolla, a la par del paroxismo de violencia atribuible al narcotráfico y las medidas oficiales para combatirlo, una cacería contra activistas, luchadores sociales y defensores de derechos humanos, y exhibe la inoperancia de las autoridades de distintos niveles ante la vulnerabilidad en que se encuentran ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia, y la población en general.
Luego de ser baleada a las afueras de su domicilio en Ciudad Juárez, en diciembre pasado, la activista fue trasladada al Distrito Federal bajo custodia de la Procuraduría General de la República; sin embargo, según testimonios de familiares, Andrade se encontraba sin protección al momento de ser agredida con un arma blanca el pasado viernes. Ayer, tras recibir el alta médica, la activista juarense manifestó, por medio de su abogada, que evalúa dejar el país ante la probada incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para protegerla.
Luego de ser baleada a las afueras de su domicilio en Ciudad Juárez, en diciembre pasado, la activista fue trasladada al Distrito Federal bajo custodia de la Procuraduría General de la República; sin embargo, según testimonios de familiares, Andrade se encontraba sin protección al momento de ser agredida con un arma blanca el pasado viernes. Ayer, tras recibir el alta médica, la activista juarense manifestó, por medio de su abogada, que evalúa dejar el país ante la probada incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para protegerla.
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