1. Las políticas de Calderón instauraron durante todos estos años un Estado de ilegalidad absoluta en el país, al hacer actuar al Ejército y a la Marina en violación a la Constitución, y al tolerar además sus abusos de poder. La explicación dada por él a Joaquín López Dóriga, el 25 de septiembre, afirmando que el 89 constitucional lo faculta para utilizar a las fuerzas armadas para la seguridad interior del país, la hizo por consiguiente con la intención de engañar a los mexicanos, pues no puede ignorar lo que se ha repetido hasta la saciedad y es que para ello debe previamente el Congreso votar una ley de suspensión de las garantías individuales conforme al artículo 29, ya que el 129 prohíbe expresamente en tiempos de paz toda actuación de este tipo de las fuerzas armadas, y el 21 da al Ministerio Público y a su policía la exclusividad en la investigación y persecución de los delitos.
2. Tales políticas han provocado en estos años una violación sistemática del gobierno panista a los derechos humanos, como lo han constatado dependencias de Naciones Unidas y múltiples organizaciones internacionales al señalarlo a escala internacional por innumerables actos de barbarie, desde homicidios hasta detenciones ilegales, allanamientos domiciliarios y vejaciones a la población, como nunca antes en la historia de México, en especial al utilizarse estas políticas para amedrentar al pueblo y a las organizaciones sociales y criminalizar la inconformidad. Son ya más de 3 mil los desaparecidos en el periodo calderonista, según reportaba La Jornada el 30 de agosto.
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