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miércoles, 12 de marzo de 2008

VIDEO: MENSAJE JESUSA RODRIGUEZ MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL PETROLEO


http://video.google.es/

  • EL MOVIMIENTO YA "AMARRÓ" EN LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA
  • RECUERDEN QUE AQUEL QUE LLEVE VIOLENCIA EN LOS MÍTINES, ES UN PROVOCADOR ALIADO DE CALDERÓN
  • LA RECOMENDACIÓN FUNDAMENTAL ES IR PACÍFICAMENTE
  • EL MOVIMIENTO ES TOTALMENTE PACIFICO
  • TODOS AL ZOCALO CON AMLO EL 18 DE MARZO 2008, SIN VIOLENCIA.
  • NO SE DISTRAIGAN SI TOCAN LAS CAMPANAS DE CATEDRAL, TODOS ATENTOS A LOS ACTOS DE PROVOCACION PARA NO RESPONDER A ELLOS.
  • Y AQUEL QUE LE DE CORAJE, A VER CON QUE SE LO BAJA, SEAN INTELIGENTES.
  • DEFIENDAN CON DIGNIDAD AL PAIS Y VAMOS A CELEBRAR EL 18 DE MARZO CON ALEGRIA Y ENTUSIASMO.

http://lopezobradordvds.blogspot.com/
VIDEO VÍA SENDERO DEL PEJE
Kikka Roja

Ayer el PRD tomó la tribuna, hoy: Ruth Zalaveta pide la renuncia de Mouriño y Graco Ramirez pide arraigo de Oswaldo Machado Martínez pieza clave

AUDIO MOURIÑO EN CONFERNCIA DE PRENSA:
RECUERDEN QUE LOS CHUCHOS SON LOS FAVORITOS DEL PAN: JESUS ORTEGA Y RUTH ZAVALETA ( CHUCHOS GRUPILLO DEL PRD) ERAN O SON ALIADOS DE LOS PANISTAS. ¿QUE RAYOS LES PASA A LOS CHUCHOS? ¡mordiendo la mano que los alimenta!



  • Juan Camilo Mouriño debe renunciar: Ruth Zavaleta 11:28
  • El pesado expediente Mouriño
  • Gobierno federal indaga si Mouriño infringió ley
  • PRD en Senado exhibe más pruebas contra ‘Iván’
  • Investiga ya PGR el caso Mouriño
  • Apapachan a ‘Iván ’ en la Presidencia

  • Podcast. AUDIO DE Mouriño en conferencia de prensa
  • Editorial. Desgaste innecesario
  • Ricardo Alemán. Sí, mohína; pero también ilícito
  • Alfonso Zárate. ¿Tráfico de influencias o abuso de poder?
  • Bajo reserva. Los reflectores se mudaron en unas cuantas horas
  • Arturo Zárate Vite El Universal Ciudad de México Miércoles 12 de marzo de 2008

    12:47 El secretario de la Comisión de Energía del Senado, Graco Ramírez, solicitó el arraigo del ingeniero Oswaldo Machado Martínez, gerente de transporte terrestre de Pemex Refinación, porque en su opinión es un funcionario clave para aclarar los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño. Según el senador perredista, desde anoche recibió información de que están presionando a ese funcionario para que desaparezca o se vaya del país. Por ello, consideró que es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) actúe de inmediato y lo arraigue, para que proteja su vida y sea un testigo fundamental en este asunto. De acuerdo con Graco Ramírez, dicho funcionario tiene abundante información sobre los contratos que adjudicó Pemex a la empresa de la familia Mouriño. El senador también planteó que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, debería de renunciar para que no utilice el cargo en su favor y para librarse de la justicia. Por su parte, Santiago Creel, del PAN, sostuvo que deben ser la PGR y la Secretaría de la Función Pública las que lleven a cabo las investigaciones. mzro


    Kikka Roja

    Lucia Morett Declaración | ALVARO URIBE ASESINO DE MEXICANOS: prefiere una demanda que LIBERAR a Ingrid Betancourt

    ■ El fiscal general de Ecuador tomó la declaración a la estudiante mexicana en el hospital
    Los soldados colombianos remataron a gente herida o que se había rendido: Lucía Morett
    ■ La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos confía en que el gobierno mexicano actúe

    Blanche Petrich

    La estudiante mexicana Lucía Morett presentó ayer su primera declaración ministerial ante el fiscal general de Ecuador, William Pesantez, en el Hospital Militar de Quito, y dio testimonio de cómo los soldados colombianos que bombardearon el campamento de las FARC en la zona de Sucumbios –de donde se han rescatado, hasta ahora, los cadáveres de cinco mujeres y 17 hombres– remataron a heridos y a gente que se había rendido.Las otras dos sobrevivientes de la masacre, Doris Bohórquez y Martha Pérez, dos colombianas retenidas a la fuerza en el campamento para hacer el trabajo doméstico, ratificaron con sus declaraciones esa afirmación. “Los soldados les gritaban ríndanse, les vamos a respetar la vida, y una vez que se iban rindiendo, los iban matando”, sostuvo en entrevista el secretario general de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), Juan de Dios Parra. El jurista, que representa a las tres sobrevivientes en la demanda contra Colombia por acto de guerra ilegítimo, acto de invasión en el que se usaron bombas de fragmentación, aniquilamiento de heridos y abandono de lesionados en el lugar, entre otros delitos contra el derecho humanitario, expresó que la Aldhu y las organizaciones humanitarias ecuatorianas “aspiramos a tener el apoyo del gobierno mexicano”.

    Informó que, además de esta vía, se estudia la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, ya que se trató de un ataque militar contra un grupo de estudiantes mexicanos, todos civiles, que estaban de forma legal en Ecuador, donde sus actividades eran lícitas. “Claro que primero hay que derrotar esta etapa inicial del proceso en el que se pretendió culpar a las víctimas de ser guerrilleros y terroristas, como si eso justificara el hecho de que fueron masacrados.”

    –¿Qué expectativas tienen sobre el gobierno mexicano?

    –Todo país soberano debe proteger a sus nacionales fuera de sus fronteras. México lo ha hecho en el pasado con mucha energía, y esperamos que ahora no sea la excepción. Estos chicos eran estudiantes civiles que estaban legalmente aquí, sus actividades eran lícitas y así lo ha certificado la propia Fiscalía General. Por tanto, son víctimas de una masacre.

    “Las autoridades mexicanas determinarán qué hacer, pero nosotros sí vamos a recurrir la próxima semana al Ministerio Público en México y a las autoridades respectivas, en demanda de protección de su gente y de sus derechos. Si no lo hacen, será el pueblo mexicano el que juzgue esta conducta. Nosotros como sociedad civil latinoamericana no vamos a descansar hasta que estos crímenes sean castigados y no queden en la impunidad”, indicó. La Aldhu entregó a la fiscalía ecuatoriana toda la documentación que certifica que los jóvenes mexicanos entraron con visa de turismo por 40 días, en los que visitaron varias universidades y se entrevistaron con líderes sociales e indígenas. Además presentaron en el segundo Congreso Continental Bolivariano, en Quito, entre el 25 y 27 de febrero, una obra de teatro de la cual hay un video.“Ahí alguien les propuso ir a conocer un campamento de las FARC”, relató Parra, al referir el contenido de la diligencia de ayer en el Hospital Militar. “Les entusiasmó la idea, primero por curiosidad y luego porque algunos estaban trabajando su tesis sobre movimientos de América Latina.“El 28 de febrero fueron por tierra en autobús a Lago Agrio, que es la ciudad más cercana a la frontera.

    Llegaron el 29 por la mañana, dieron unas vueltas por la ciudad y ahí los contactó un hombre, un adulto de pocas palabras, vestido de civil, que los condujo en un vehículo unas dos horas, poco más. Luego los subieron a una lancha, fueron por un río y caminaron mucho tiempo hasta llegar al campamento clandestino de las FARC alrededor de las seis de la tarde del día 29.“Ahí los habría recibido una mujer que les señaló el lugar donde les dieron de comer y les asignaron los sitios para dormir. Al día siguiente iban a iniciar las entrevistas y las actividades, pero esa misma noche fue el bombardeo. ”Lucía Morett relató que el bombardeo fue en dos etapas. Ella quedó herida porque se protegió con una mochila. Explicó que después de unos minutos arribaron los soldados. Cinco de ellos la rodearon, la iluminaron, ella les decía que era mexicana, estudiante. Relató algún acoso sexual al que fue sometida. Más tarde llegó otra ola de efectivos colombianos, pero con otro uniforme, que se identificaron como policías. No la mataron, pero ella refiere que escuchaba ráfagas de disparos contra grupos de gente que estaba rendida o herida. Después la trasladaron a un sitio más alto, bajo un techo, porque ya estaba alto el sol. Y ahí la abandonaron. La joven tiene una herida de 10 centímetros de profundidad en un glúteo, infectada y de difícil cicatrización. Ha estado varias veces en el quirófano. Parra indicó que durante toda la diligencia de ayer ante el fiscal fue acompañada por el embajador y el cónsul de México. “Eso la reconfortó, porque hasta anoche estaba muy dolida, sentía que su embajada la había poco menos que abandonado.”

    Ayer llegó a Quito la familia de Fernando Franco, y su cadáver fue identificado, así como el de Juan González del Castillo. Se espera para hoy el arribo de la familia de Verónica Natalia Velázquez Ramírez. La embajada mexicana también logró contactar a la familia de Soren Ulises Avilés, egresado del Instituto Politécnico Nacional.


    SRE: familiares de las víctimas pueden actuar “como consideren pertinente”
    Georgina Saldierna
    Padres de víctimas mexicanas demandarán a Colombia ante instancias internacionales
    Emir Olivares y agencias
    Los padres de los estudiantes mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC atacado en Ecuador anunciaron que demandarán internacionalmente a Colombia, pues consideraron estos hechos como una irrupción “genocida” y un “crimen de Estado”.
    Enérgica condena, pide el PRD
    Víctor Ballinas y Andrea Becerril

    Kikka Roja

    Mouriño no renuncia porque está en el poder, de pendejo se va, se caerían sus amigotes

    PERO, VAMOS A VER CÓMO LE HACE CALDERÓN PARA SEGUIR GOBERNANDO SU ESPURIATO. LA USURPACIÓN DE LA PRESIDENCIA MEXICANA ESTÁ "PRENDIDA CON ALFILERES", que tal que hay otros PANISTAS RATERAZOS enemigos de Calderón ZOPILOTEANDO, en la pelona de FECAL. Creo que vamos a ver traiciones amistosas... Digo, Mouriño dijo que las amas de casa telenoveleras "deben estar tranquilas"... ¡Hay espectáculo vergonzante pa´ rato!
    ■ Asegura que continúa como interlocutor del gobierno con las diversas fuerzas políticas
    No renuncio; “sigo firme” en el proyecto del Presidente: Mouriño
    ■ En conferencia de prensa en Bucareli anuncia que puso a disposición de PGR, SFP y Congreso copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004
    Fabiola Martínez

    Ampliar la imagen El secretario de Gobernación, al comparecer ayer ante los medios de comunicación Foto: Marco Peláez

    Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), dijo que no renunciará a su cargo y –por el contrario– aseguró que continúa como interlocutor del gobierno calderonista con “las diversas fuerzas políticas” del país.

    –¿Puede usted seguir siendo un secretario de Gobernación útil? –se le preguntó.

    –Por supuesto que puedo y sigo adelante en mis funciones (…) Los problemas de México son los mismos que existían antes de que todo esto iniciase. Y la responsabilidad que tenemos de resolverlos y la determinación que tenemos de hacerlo, la convicción con la que trabajamos, sigue siendo la misma (…) Sigo trabajando firme y hacia delante en el proyecto del Presidente y en el proyecto de México.

    Luego de que Andrés Manuel López Obrador diera a conocer (el 24 de febrero pasado) la existencia de contratos firmados entre Pemex y Transportes Especializados Ivancar (en el periodo en que Mouriño se desempeñaba simultáneamente como apoderado legal de esa empresa y funcionario público), el secretario de Gobernación anunció que puso ayer a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de las juntas de Coordinación Política del Congreso de la Unión copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004. El funcionario se presentó este martes ante los medios de comunicación acompañado por sus más cercanos colaboradores (incluidos subsecretarios, comisionada del Instituto Nacional de Migración y oficial mayor) para mostrar documentos acerca de la relación mercantil entre Pemex y la empresa propiedad de su familia. El espacio, en la sala de conferencias de la SG, prácticamente resultó insuficiente para dar cabida, al lado del podio, a los funcionarios que fueron a arropar a su jefe. Por novena ocasión (el 28 de febrero lo hizo en un mensaje de dos cuartillas, y una semana después en una entrevista para la televisión y seis para estaciones de radio) repitió que en su participación en la firma de contratos no hubo conflicto de intereses ni incurrió tampoco en tráfico de influencias. En entrevista para Televisa –el 6 de marzo pasado– aseguró que la firma de los contratos era “legal” y ética.

    Reiteró su versión con base en dos argumentos principales: que la empresa familiar celebra contratos con Pemex para el transporte de combustible, de manera ininterrumpida desde 1985, y que sus atribuciones como funcionario público no estaban relacionadas con la operación comercial de Pemex Refinación, ni con las actividades de transporte de la paraestatal.Señaló que las acusaciones por presunto tráfico de influencias son hechos infundados y tienen una clara intención política de quienes –dijo– prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública.

    “Quienes se sirven de esta información para crear una historia dolosa, lo hacen con evidente propósito político: pretenden evadir la discusión de los temas de fondo de este país y se empeñan en detener la marcha de un gobierno plenamente decidido a atender los asuntos más apremiantes de la sociedad”.Insistió en que nunca intervino, como servidor público, en acto alguno que representara un beneficio económico para él o su familia, de ahí que rechazó alguna violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o el Código Penal Federal. Agregó que no hay más contratos, además de los siete a los que hizo referencia ayer. Mouriño Terrazo se presentó ante la prensa con una carpeta blanca en la que, dijo, se encuentran los documentos que entregó a las dependencias y a los órganos de gobierno de las cámaras de Diputados y Senadores.Emitió, en 12 puntos, la explicación acerca del desarrollo contractual de Ivancar con Pemex, y repitió que esa información es transparente y, por ello, es pública para cualquier ciudadano que la requiera, a través de Transparencia (Mexicana) o el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. “Soy el principal interesado en aclarar estos hechos”, sostuvo. Señaló que hasta la fecha no ha sido presentada denuncia alguna ante las instancias competentes “y, sin embargo, quienes me acusan prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública, con una clara intención política”.

    En el México de las instituciones –agregó– corresponde a las autoridades determinar si una conducta constituye una infracción a la ley. En el oficio solicita al procurador Eduardo Medina Mora y al titular de la SFP, Salvador Vega, analicen los documentos “de acuerdo con sus atribuciones”, entre éstos los convenios para la prestación de servicio de transporte terrestre en los años 2000-2004.




    Mouriño signó cinco contratos con Pemex cuando fue legislador
    Fabiola Martínez
    El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) –en calidad de apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar (TEISA)– cinco contratos cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y dos más en calidad de funcionario de la Secretaría de Energía (SE), cuando el titular de esta dependencia era Felipe Calderón.
    Revienta AN crear comisión investigadora
    Enrique Méndez y Roberto Garduño
    Presenta Navarrete expediente sobre el conflicto de intereses
    Andrea Becerril y Víctor Ballinas
    Como parte de una estrategia diseñada desde que estuvo en la Oficina de la Presidencia para colocar a sus empresas en situación privilegiada y que pudieran beneficiarse de la pretendida privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, colocó a incondicionales en puestos claves de la paraestatal y otras dependencias, advirtió el coordinador perredista en el Senado, Carlos Navarrete.
    Mouriño, obligado a renunciar: diputados
    De la Redacción
    La determinación de Juan Camilo Mouriño de seguir al frente de la Secretaría de Gobernación provocó agrias críticas de diputados de PRD, PRI, PT y Convergencia. Señalaron que con el argumento de trabajar por México, el funcionario sólo muestra un desaforado interés por conservarse en el poder, y consideraron que su permanencia en el cargo terminará por afectar los intereses de su jefe, Felipe Calderón.
    Debe aplicarse juicio político
    Roberto Garduño y Enrique Méndez
    El gobierno, comprometido con la legalidad, afirma Calderón
    Claudia Herrera, Víctor Cardoso y Juan Antonio Zúñiga
    En el contexto de la polémica desatada por los presuntos negocios ilegales del secretario de Gobernación con Petróleos Mexicanos, el presidente Felipe Calderón declaró ayer que tiene un “enorme compromiso” con la legalidad y la seguridad del país.
    MOURIÑO AHORA CACIQUE LADRON DE TIERRAS DE CAMPESINOS

    Campeche, Cam., 11 de marzo. El Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata acusó al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de alentar, mediante empresas fantasmas, la compra de más de 120 mil hectáreas de ampliaciones forestales.


    Kikka Roja

    Fernando Siqueira: presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina

    • Entrevista a Fernando Siqueira, Director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras
    • Brasil busca recuperar el control de su petróleo
    • Empresas extranjeras se apropian de recursos, sostiene
    • Ante la presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina, el especialista dice que su país debe copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos. “Ahora más que nunca Pemex es un paradigma”, afirma
    Roberto González Amador e Israel Rodríguez

    Ampliar la imagen Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, acompañado de Murilo Marcato, delegado de la misma organización, en entrevista con La Jornada Foto: Carlos Ramos Mamahua
    Ampliar la imagen El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en una visita a la planta de gas de Cabiunas-Vitoria en Serra, en el estado de Espíritu Santo Foto: Ap
    Ampliar la imagen La decisión del gobierno brasileño de privatizar la industria petrolera en 1997 tuvo como componente fundamental “convencer” a la población, a través de los vehículos de comunicación de masas, que Brasil no podía solo, explicó Fernando Siqueira Foto: Carlos Ramos Mamahua

    Estados Unidos enfrenta una “difícil situación energética”, y la necesidad que tiene de lograr el control sobre los recursos petroleros de América Latina está detrás de las “enormes presiones” para privatizar los hidrocarburos en México y en otros países de la región. Habla Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (Aepet):“En realidad, Estados Unidos paga hoy 300 dólares por barril de petróleo: 100 dólares por el costo del crudo en el mercado y otros 200 derivados de los gastos en el aparato militar en Oriente Medio para garantizar el suministro desde esos yacimientos”.Crítico del proceso de privatización de Petróleos Brasileños (Petrobras), que se concretó en 1997, durante el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso –cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera–, Siqueira dice a La Jornada:“En la discusión sobre el tema energético, México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como un ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo, y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos, y ahora más que nunca Petróleos Mexicanos (Pemex) es un paradigma. Es necesario que Brasil recupere el control de su riqueza”.Fernando Siqueira y Murilio Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, forman parte del movimiento que ha renacido en Brasil para que el país recupere el control de su petróleo. La Aepet, fundada en 1961, está integrada por 5 mil empleados de nivel medio y superior de Petrobras, la mayoría en activo. Entre sus objetivos está defender la propiedad del Estado sobre el petróleo y el fortalecimiento de Petrobras como una empresa energética pública.De visita a México comentaron a La Jornada algunas de las experiencias del proceso de privatización del petróleo en su país. Entre ellas, la forma en que las empresas extranjeras penetraron los órganos de dirección de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), el órgano creado por el gobierno después de la apertura para coordinar la política petrolera, e incluso del intento –ya durante el gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva– de cambiar el nombre de la empresa por “Petrobrax”, bajo el argumento de su director de que “era más fácil de pronunciar para los inversionistas extranjeros”. También de la manera en que los promotores de la privatización invirtieron millones de dólares en pagar a periodistas y “analistas independientes” para que influyeran en la opinión pública en crear un clima favorable a la privatización.“La experiencia de Petrobras no fue buena ni para el país ni para la petrolera; se abrió a las compañías extranjeras que se convirtieron en propietarias del recurso natural. El gobierno tenía 87 por ciento de las acciones y ahora tiene sólo 40 por ciento. Las empresas participan en las licitaciones de lotes para explotar campos petroleros y se convierten en dueñas del terreno y del petróleo que encuentren, el cual pueden vender a quien deseen”.La privatización de Petrobras, asegura Siqueira, no llevó nuevas inversiones a Brasil. Tampoco aportó tecnología. “Las empresas extranjeras vinieron a Brasil a aprender, Petrobras era un líder tecnológico”, asegura.

    Debilitamiento premeditado

    A la vez que se transfería a firmas privadas, principalmente extranjeras, la propiedad sobre el petróleo, el Estado comenzó a perder los recursos de la renta petrolera.Explica Fernando Siqueira: las empresas privadas que participan en la explotación del petróleo brasileño pagan al gobierno una participación de 10 a 45 por ciento del precio a que vendan el crudo. La media internacional en cuanto al pago de contribuciones a los países propietarios del recurso, agrega, es de 84 por ciento del precio de venta. Es decir, las compañías que operan en el país sudamericano pagan al Estado la mitad de lo que se tributa en promedio internacional.Otra merma para el Estado, luego de la privatización impulsada por el régimen de Fernando Henrique Cardoso y continuada en el actual, tiene que ver con el valor de los lotes, que son las partes del territorio que se adjudican a las firmas privadas mediante licitación.Explican los expertos que el lote más costoso ha sido vendido por el gobierno brasileño a un precio de 300 millones de dólares. La firma que se lo adjudicó extraerá crudo por un monto equivalente a 8 mil millones de dólares durante la vida productiva del yacimiento.La privatización de Petróleos Brasileños en 1997 fue el punto culminante de un proceso de debilitamiento intencional de la empresa iniciado 20 años antes, explican. “Petrobras fue obligada a comprar petróleo a precios internacionales de 25 dólares por barril y venderlo en el mercado interno a 14 dólares; la diferencia era cubierta por la producción nacional y esto provocó que la empresa no tuviera recursos para invertir y se descapitalizara”, dice Siqueira.En 1994 ocurrió un intento de reforma a la Constitución brasileña para acabar con el monopolio del Estado sobre el control de los recursos naturales. “Se tergiversaban las cosas, diciendo que Petrobras era un monopolio, pero en realidad el monopolio era del Estado sobre el control de los recursos, y Petrobras sólo era la empresa encargada de poner en práctica la política estatal sobre petróleo”, añade.Había una creciente oposición a la privatización de Petrobras, que incluía al sindicato petrolero, entonces uno de los mayores del país, a empleados públicos de otros gremios, sindicatos de industria y organizaciones sociales. Cuenta que en 1995 el entonces presidente Henrique Cardoso emitió un decreto que prohibía a cualquier empleado público trasladarse a Brasilia, la capital federal y asiento de los poderes, a realizar cualquier protesta contra la decisión de abrir la empresa petrolera al capital privado, so pena de ser despedido. El objetivo, dice, era “quebrar” la resistencia a la política de apertura.Un año después fue enviada la ley para eliminar el control total del Estado sobre el petróleo y permitir a empresas extranjeras extraer y hacerse propietarias del crudo brasileño. Fue aprobada un año después, a la vez que se creaba una Agencia Nacional del Petróleo que, asegura, respondía a los intereses de las grandes trasnacionales a las que entregó “todo el conocimiento que Petrobras había acumulado en 55 años de investigación sobre los yacimientos de petróleo en el país”.

    Los modos de Halliburton

    Una vez aprobada la ley que privatizaba la propiedad del petróleo brasileño, se instrumentó en la empresa una política de jubilación anticipada, que redujo de 35 a 30 años los años laborados antes del pase a retiro. En este proceso, la plantilla laboral de Petrobras se redujo de 60 mil a 30 mil empleados, aunque el plan de los administradores era de mantener sólo 15 mil empleados.Una siguiente medida fue reconformar el consejo de administración de Petrobras, que hasta antes de la privatización estaba integrado por nueve miembros: seis directivos de la empresa y tres representantes de la sociedad.Con las modificaciones legales se incluyó a consejeros externos de nacionalidad brasileña que, dicen los entrevistados, representaban los intereses del sistema financiero internacional.A partir de esta reconformación del consejo se perdió control sobre las decisiones y el manejo de información estratégica. Un problema, desde su punto de vista, que llegó al extremo este año, cuando “se perdieron” tres discos duros robados a computadoras portátiles y que contenían la información sobre el gigantesco campo de Tupí, descubierto en diciembre pasado. Esos datos, como se ha publicado en la prensa brasileña y ahora recuerda el entrevistado, “aparecieron” en poder de Halliburton, la empresa propiedad del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.Se eliminó, además, al equipo de planeación de Petrobras y se compraron “activos podridos” en Argentina, pertenecientes a Repsol, firma que, dijo, “se sospecha es un brazo de la Shell usado por la petrolera anglo holandesa para eludir algunos controles a que están sujetas las mayores compañías energéticas del mundo”.Fernando Henrique Cardoso dejó la presidencia en 2003 con una deuda interna por el equivalente a 60 mil millones de dólares, aun cuando durante su gobierno fueron vendidos activos públicos por 160 mil millones de dólares. “Entregó al país en bancarrota”, señala Siqueira. Murilo Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, recuerda que una vez iniciado el proceso de privatización, que ha llevado a que 40 por ciento del capital de Petrobras esté colocado en bolsas de valores, desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, similar a Nafin en México) se buscó adquirir acciones de la compañía petrolera para asegurar que una parte permaneciera bajo control estatal. “El gobierno impidió que siguiera la compra de acciones del BNDES, e incluso los directivos del banco que la promovían fueron cesados”. Actualmente, ese banco tiene alrededor de 10 por ciento del capital de Petrobras.En cambio, se favoreció a las empresas privadas que compraban acciones de Petrobras a través de los mercados accionarios. Dice Marcato que en 1999 el estatuto de la empresa fue cambiado para permitir que su presidente fuera extranjero; en 2000 se vendió, a través de la bolsa, 18 por ciento de la participación estatal. Un porcentaje similar de acciones, también del gobierno, fue colocado en las bolsas en 2001. En total, 40 por ciento del capital de Petrobas fue vendido en la bolsa.

    El gran consumidor

    Los dirigentes de la Asociación de Ingenieros de Petrobras consideran que América Latina está sujeta a una mayor presión por parte del aparato industrial y militar de Estados Unidos, y de las grandes compañías petroleras que los abastecen, por el control del petróleo. Una presión que ha ido en aumento conforme el alza en la cotización del crudo llega a niveles que los expertos consideraban que ocurrirían después de 2010.Explica Siqueira: “El choque de precios previsto para 2010 está ocurriendo en 2008. Se anticipó porque los picos de producción se han caído y la demanda ha subido. La era del petróleo barato ya se terminó y ahora la previsión es que el barril alcance 180 dólares en 2015 y una cotización de 300 dólares en 2020”.En este contexto de precios cada vez más altos, Estados Unidos muestra una mayor avidez por petróleo. Ese país consume una cuarta parte de la producción mundial dentro de su territorio y casi otro tanto con sus instalaciones militares externas, señala el experto.Así, con reservas de 28 mil millones de barriles, Estados Unidos requiere 8 mil millones de barriles por año para su suministro interno y otros 7 mil millones de barriles para su aparato militar, “por lo que si no garantiza un suministro confiable, en dos años puede colapsar”.Agrega que el desarrollo de Estados Unidos está “montado” sobre la energía del petróleo, que es la materia prima de 3 mil productos que no son fácilmente sustituibles.“Estados Unidos está en una situación crítica. Consume 15 mil millones de barriles por año y tiene 28 mil millones en reserva. En ese país, cada coche consume 28 barriles (al año), una computadora tres barriles, y el promedio de consumo por habitante es de 25 barriles por año, en tanto que en los países de Europa es de 11 barriles por persona al año”, asevera.Una de las principales fuentes de abasto de petróleo para Estados Unidos es el Oriente Medio y en especial de Arabia Saudita. Según los entrevistados, el gasto militar estadunidense en esa región del mundo agrega un costo de 200 dólares por barril al precio del crudo, que ya tiene dos semanas arriba de 100 dólares. Para el aparato industrial y militar de Estados Unidos, el costo neto ha subido a 300 dólares por barril de crudo.“Aun cuando Arabia Saudita es un aliado muy fiel de Estados Unidos, no tiene la capacidad para abastecer y garantizar el suministro de crudo”, agrega Siqueira. Estados Unidos, asegura, se encuentra en una situación difícil de abasto de petróleo y para ellos es más fácil tratar de garantizar ese suministro en América Latina que invertir en Medio Oriente.“Ahora que la oferta de petróleo es prácticamente igual a la demanda, la lucha por el abasto y el control del crudo se intensifica”.

    Estrategia mediática

    La decisión del gobierno brasileño de privatizar su industria petrolera en 1997 tuvo un componente fundamental para asegurar su realización, cuenta el especialista. Fue “convencer” a la población, a través de los principales vehículos de comunicación de masas en el país, de que Brasil no podía solo.Relata: “la campaña en los medios de comunicación hacía llegar a los brasileños el mensaje, insistente, de que si no había apertura al capital privado no llegarían al país recursos externos necesarios para explotar el recurso, y entonces, se decía desde el gobierno, se tendrían que desviar recursos de los ramos de la salud, educación y seguridad. Se nos insistía en que no teníamos recursos ni experiencia, por lo que necesitábamos ayuda de las compañías y que no permitir esa ayuda sería ruin para el país”.Todas las afirmaciones para apoyar la privatización estaban sustentadas en mentiras, cuenta Siqueira. Fue una campaña muy bien elaborada y planeada, añade. Recuerda que la trasnacional Shell invirtió 100 millones de dólares para que especialistas y profesores escribieran artículos y aparecieran en los medios de comunicación para hablar a favor de la privatización. “Les daban espacios para defender la privatización, compraron conciencias de periodistas y académicos que después se volvieron célebres en los medios brasileños”.Relata que los promotores de la privatización ofrecían a profesores universitarios triplicarles el sueldo para que aceptaran escribir artículos y participar en foros para hablar a favor de la apertura de la empresa petrolera al capital privado.“Yo, como opositor a la privatización, realicé entonces visitas por todo el país para hablar sobre el tema. Y me llamó la atención cómo, sin importar la región de Brasil donde me encontrara, las preguntas de quienes me cuestionaban en los foros eran las mismas, como salidas del mismo sitio”.Los periódicos y los medios electrónicos lanzaron una campaña en la que argumentaban que la nacionalización de los recursos petroleros “era algo retrógrado y que la globalización era lo actual”. Se desplegaron informaciones subliminales para convencer a la población, dice.

    Recuperar el control

    En diciembre de 2007, Petrobras anunció el descubrimiento del campo petrolero Tupí, en el sureste del país, en la costa del océano Atlántico, un yacimiento que incrementará la reserva de crudo de Brasil a 80 mil millones de barriles, lo que convierte a ese país en poseedor de una riqueza comparable a la de mayores dueños de reservas: Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak y Venezuela.El descubrimiento de Tupí reavivó el debate nacionalista e infundió nuevos ánimos a un sector de la población que busca recuperar el control total de Brasil sobre sus recursos naturales. Una acción emprendida, entre otras organizaciones por la Aepet, ante un órgano autónomo de procuración de justicia, detuvo temporalmente una licitación de 41 campos cercanos a Tupí. Con este mandato judicial, el gobierno pospuso la venta de esos campos.“La enorme riqueza descubierta hace necesario que Brasil recupere el control sobre sus yacimientos. Como están las cosas ahora ese control no existe, porque las empresas privadas, de acuerdo con la ley vigente, son propietarias del crudo que extraen”, dice.En Brasil, asegura, ha crecido un nuevo sentimiento nacionalista que ha hecho suyo el lema “el petróleo es nuestro” –que fue una de las frases empleadas por Getulio Vargas, el presidente que nacionalizó el hidrocarburo en los años 50, quien tomó como ejemplo el decreto del presidente Lázaro Cárdenas de nacionalización en 1938.Añade que la privatización de Petrobras tuvo otras implicaciones. Dio éxito a la idea de los grupos que controlan política y económicamente a Estados Unidos de que se debe impedir que países potencialmente hegemónicos se desarrollen.“Antes de la privatización, en Brasil el 90 por ciento del desarrollo tecnológico se realizaba en empresas estatales, eso se perdió. Los países dominantes no quieren un competidor indeseable”.



    Kikka Roja

    Mouriño y el control de daños

    Mouriño y el control de daños
    editorial
    Ayer, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño, puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las juntas de coordinación política de las dos cámaras legislativas y de “la opinión pública” un expediente con los siete contratos que firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) en calidad de apoderado legal de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, en tiempos en que desempeñaba los cargos de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del secretario de Energía y subsecretario de Electricidad. En conferencia de prensa, Mouriño emitió de nueva cuenta descalificaciones contra sus detractores y aseguró que convenios como los firmados por él son habitualmente otorgados en adjudicación directa por la paraestatal a diversos transportistas. Pocas horas después, la PGR, tras ser requerida por el propio Mouriño, anunció que, “a efecto de dar trámite al documento que presentó el citado licenciado”, iniciaba una averiguación previa “para esclarecer dichos hechos y determinar lo que en derecho corresponda”.

    Por parte del coordinador del gabinete calderonista fue un nuevo paso en falso que, lejos de despejar las sospechas por su actuación, las robustece y extiende, mucho más allá del Palacio de Covián, al conjunto de la administración pública. Cabe preguntarse por qué el secretario de Gobernación esperó a que Andrés Manuel López Obrador y la bancada de Convergencia divulgaran otros cuatro nuevos contratos entre Pemex y las empresas de la familia Mouriño –adicionales a los que dio a conocer el dirigente opositor el pasado 24 de febrero– para convocar a la conferencia de prensa en la que ofreció tales documentos a la opinión pública, siendo que ésta ya los conocía; por qué tardó tanto tiempo en “cumplir con un deber como funcionario público y como ciudadano” y por qué eludió el punto principal del señalamiento, que no se refiere sólo a los beneficios que obtuvo con los contratos mencionados sino a su doble carácter de funcionario del sector energético y empresario del ramo petrolero. Lo dicho por el secretario de Gobernación ayer no es, pues, sino una repetición de gestos mediáticos ya efectuados anteriormente, que no van a atenuar la crisis política en la que ha sumido al gobierno federal.

    Más allá de lo que Mouriño haga o deje de hacer para defender su posición, que no puede ser mucho, la reacción de la PGR da cabal cuenta de lo que se configura, desde ahora, en tono y en contenido, como un mero trámite de exculpación a petición del interesado, es decir, como un acto de simulación. Independientemente del servilismo hacia el investigado en el tono del boletín de prensa emitido por la dependencia, ésta debió investigar de oficio los presuntos delitos cometidos por Mouriño, cuyos indicios fueron divulgados hace más de dos semanas. Otro tanto puede achacarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

    Difícilmente ambas dependencias podrían apartarse de lo dicho por el sujeto a investigación –que es postura oficial del gobierno–, según la cual la divulgación de los contratos Ivancar-Pemex fue un acto “mezquino”, “inmoral” y “doloso” y una maniobra para “que a México le vaya mal”. Además de que el emisor de ese discurso sea el superior jerárquico de los titulares de la PGR y de la SFP, estas dependencias acusan un severo desprestigio por el faccionalismo y la parcialidad con que han sido usadas por el Ejecutivo en la presente administración y en el sexenio anterior: empleada, la primera, para golpear a las oposiciones políticas y sociales, para exculpar a funcionarios y allegados del foxismo sospechosos de desviar fondos y de enriquecerse a costa del erario, y para fabricar culpables a fin de dar la impresión de que se hacía algo significativo en el combate al crimen organizado; rebajada, la segunda, a defensoría de panistas y a sepulturera de investigaciones contra sospechosos de daño al patrimonio público. Al respecto, destacan el desfalco a Pemex en el que presuntamente se encuentran involucrados los hijos de Marta Sahagún o el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) operado por Carmen Segura Rangel, actual diputada local por Acción Nacional.

    La única forma de dar credibilidad y transparencia a las pesquisas gubernamentales en torno a los negocios de Mouriño es que éste se retire del cargo, por lo menos durante el tiempo que tomen las investigaciones, a fin de no contaminarlas con la sospecha o la certeza de parcialidad. Esa sería la mejor contribución que podría hacer a sus correligionarios, a su jefe inmediato, a la transparencia en la administración pública, a una sociedad justificadamente escéptica y a las posibilidades –si es que aún quedan– de rescatar su carrera política.

    Por su parte, el calderonismo no puede seguir actuando en este caso como si se tratara de un problema mediático y de relaciones públicas, cuando en realidad es una severa crisis política. Tendría que empezar, pues, por desmentir al propio Mouriño, quien la describió como un mero empeño de los que “no quieren que México sea exitoso”, y por admitir que tal crisis existe.

    Kikka Roja

    martes, 11 de marzo de 2008

    Moneros | Rapé | VUELA VUELA

    |


    CHISTE SABIDURIA DE LOS NIÑOS
    Mamá mamá: había una vez un señor con las orejas tan grandes pero tan grandes, que un día hizo ZUUUM y salió volando



    Kikka Roja

    ASTILLERO : Gamboa defiende a su socio político


    Astillero
    Julio Hernández López
    Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

    Más negocios Mouriño
    Gamboa defiende a su socio político
    Tierras ejidales y electricidad eólica
    Parientes siguen ganando contratos

    1. Emilio Gamboa Patrón defiende a Juan Camilo Mouriño Terrazo (obstruyendo la posibilidad de abrir una comisión legislativa que investigue los evidentes actos de tráfico de influencias y de conflicto de intereses del madrileño-gallego-mexicano) porque ambos son socios en Yucatán. La gubernatura de la entidad fue entregada a la priísta Ivonne Ortega, en arreglo con Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, mediante maniobras de la Oficina de la Presidencia (formal) de la República que en su momento fueron denunciadas por el presidente del comité nacional panista, Manuel Espino, quien aseguró que de Los Pinos fueron enviados a la entidad peninsular operadores electorales que no tenían los mismos propósitos que el partido blanquiazul. La cesión de Yucatán fue operada por el analfabeto político Patricio Patrón Laviada, quien cerró el paso a la candidata natural a conservar al PAN en el poder, Ana Rosa Payán, y causó una división en el panismo que ayudó al PRI; el mandatario conocido como el Alto Vacío, Patrón Laviada, a pesar de estar metido en procesos judiciales por negocios con tierras ejidales en los que asoma el apellido Mouriño, fue premiado con la procuraduría para la defensa del medio ambiente (obviamente no sabe absolutamente nada del tema), desde donde podrá ayudar a los inversionistas españoles y mexicanos interesados en devastar la ecología para instalar desarrollos turísticos.

    2. Un proyecto en el que convergen los intereses asociados de Gamboa y Mouriño es el del corredor Mérida-Progreso, donde, con el expediente ya clásico de arrebatar tierras a ejidatarios, se han construido fraccionamientos de lujo y además se planeaba utilizar el puerto de Progreso para operaciones relacionadas con el negocio petrolero concesionado a empresas españolas y a grupos mexicanos, entre los que asoma la mano del banquero Roberto Hernández. El investigador y escritor José Luis Sierra ha publicado en http://mexicodesdeyucatan.blogspot.com que el gobierno encabezado por Patrón Laviada compró 400 hectáreas de origen ejidal a unos kilómetros de la costa de Progreso, para construir allí instalaciones dedicadas al manejo y almacenaje de carga que necesitaría una compañía española que administraría la Plataforma Logística de ese puerto yucateco. El negocio se frustró pero, asegura Sierra, de las 400 hectáreas expropiadas “se consideró una extensión de 20 hectáreas, localizadas en el ‘corazón’ de los patios y almacenes de esa plataforma para establecer allí el ‘recinto fiscal’. Esas 20 hectáreas (…) sí fueron vendidas y escrituradas, y es en ese terreno donde se construye ahora la empresa que fabricará los grandes ventiladores que se utilizan para producir electricidad por medio de corrientes de aire. Esa empresa también pertenece a la familia Mouriño (en coinversión con la firma española que aporta la tecnología; los Mouriño se encargarán de venderle los ‘molinos de viento’ a la CFE) y se instala en los terrenos de Paraíso (…) Los Mouriño son dueños de esas hectáreas porque ellos se habían asegurado la concesión del ‘recinto fiscal’ de la Plataforma Logística, gracias a sus buenas relaciones en el SAT. Estamos hablando de un negocito asegurado casi dos años antes de la realización física del proyecto. Así de grueso están las relaciones de los Mouriño en el ‘alto mando’ nacional… y eso que Juan Camilo no entraba todavía a Los Pinos ni era el secretario de Gobernación… ¡Que Dios nos coja confesados!”

    3. Llegan correos de Campeche, con nombres, apellidos y datos personales que, sin embargo, este tecleador mantendrá en reserva: “el suegro de Juan Camilo, Eduardo Escalante, sigue ganando concursos a nombre de las tres empresas que maneja: Constructora Escalante, Construcciones y Materiales Peninsulares y Grupo Constructor Patterson (ésta, de otro yerno; todas, SA de CV). El hijo del ingeniero y suegro llamado Carlos Escalante utiliza para hacer sus pillerías el nombre del hermano de Juan Camilo, que también se llama Carlos; ya los funcionarios de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones hablan burlonamente del negocio Carlos&Charly”. Otro lector informa: “Número de licitación federal 00009017-077-07, de fecha 25 de enero de 2008. Se concursa un tramo carretero y se dio la obra a un grupo que formaron cuatro constructoras: dos del suegro de Mouriño, Eduardo Escalante, y otra de su familiar político, Patterson, casado con Ana Escalante, quien maneja las finanzas del Congreso de Campeche. El grupo de la familia de Mouriño hizo una propuesta para la obra por 143 millones 543 mil pesos, y otros grupos, que perdieron, realizaron una oferta mucho menor. Cucsa, por ejemplo, propuso 136 millones, y Constructora Arjona, 134 millones 602 mil pesos”. Otro lector reporta sobre una licitación hecha por el gobierno estatal, la SEOPC/107/07, cuyo fallo se difundió el 30 de noviembre de 2007. Ganó una empresa del suegro de Mouriño. En el acta se dice que para asignar la obra no sólo se consideraron las mejores propuestas, sino “todas y cada una de las circunstancias” y el hecho de que la empresa seleccionada garantice “la ejecución de la obra”. Así, con esos discrecionales matices, la Constructora Escalante se quedó con el contrato por 60 millones 857 mil 709 pesos con 18 centavos para modificar el trazo de la carretera Ciudad del Carmen-Sabancuy, del kilómetro 227 más 745 al 83 más 233. Y, para cerrar el tema, desde Mexicali: “El cinismo proyectado a través de la televisión por Juan Camilo Mouriño la noche del pasado 6 es y será el principal argumento de justificación del comportamiento de los funcionarios que se dicen defensores del estado de derecho. En el noroeste del país suceden cosas parecidas, con el jugoso negocio de Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, donde se agigantan las ganancias del capital extranjero y de sus promotores, todo a costa de la soberanía y de la depredación del medio ambiente. Acá, el Mouriño que justifica los negocios se llama Ernesto Ruffo, quien fue gobernador de la entidad y hoy es senador suplente”. ¡Hasta mañana, con el drenaje profundo (de la política nacional) a revisión!



    Kikka Roja

    Crisis de gobierno CALDERONISTA

    Crisis de gobierno
    editorial
    En su calidad de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como coordinador de asesores del secretario de Energía, y en tanto que subsecretario de Electricidad, Juan Camilo Mouriño actuó en representación de una empresa de su familia para firmar contratos con Pemex, como reconoció recientemente él mismo. El que pueda hallarse, o no, una rendija legal para exonerar al actual secretario de Gobernación de los posibles delitos en que pudo incurrir (artículos 47 y 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículos 214 y 221 del Código Penal, entre otros), dependerá, en primer lugar, de la voluntad del gobierno del que forma parte, y de las bancadas priístas en las cámaras de Diputados y de Senadores, para esclarecer ésas y otras transacciones. En caso de que las pesquisas tengan lugar, y en tanto no culminen en el hallazgo de responsabilidades específicas, el funcionario estará protegido, en lo jurídico, por el principio de presunción de inocencia.

    En el ámbito de la opinión pública, en cambio, las reacciones defensivas del secretario de Gobernación y de sus entornos institucionales, partidistas, parlamentarios y mediáticos, no han hecho más que alimentar una presunción de culpabilidad y de inmoralidad que se incrementa conforme se multiplican los intentos por blindarlo ante procesos administrativos, políticos y penales. Las sospechas se han expandido mucho más allá del movimiento lopezobradorista y han desembocado en una crisis de gobierno que se hará más profunda mientras más tiempo tarde en reconocerla el grupo en el poder.

    El propio Mouriño ha fallado en el fondo y en la forma de sus respuestas. Una vez divulgados los contratos que firmó en su doble calidad de funcionario público del sector energético y de apoderado de sus propias empresas del ramo de hidrocarburos, el secretario de Gobernación se limitó a ensayar, sin pruebas, una descalificación de su impugnador, y posteriormente, en vez de comparecer ante el conjunto de la opinión pública, se limitó a presentarse en algunos medios electrónicos –afectados, a su vez, en la percepción pública por su tendencia a favorecer al discurso oficial–, desde los que tampoco desvirtuó con documentos los señalamientos en su contra. En cambio, se exoneró a sí mismo y pidió a la sociedad creer que la divulgación de los contratos sospechosos es parte de “una apuesta por el fracaso de nuestro país”. Así, de paso, las réplicas del funcionario han sembrado dudas sobre su capacidad para ejercer en forma adecuada el cargo que ostenta y para manejar crisis que vayan más allá de las impugnaciones a su persona.

    De manera inexorable, la circunstancia por la que atraviesa el secretario de Gobernación genera severos impactos en el conjunto del Ejecutivo federal. La contundencia de los cuestionamientos a su paso por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Energía coloca a Mouriño ante el dilema de defenderse, en la forma que sea, o dedicarse a procurar una gobernabilidad que, paradójicamente, tiene uno de sus principales desafíos inmediatos en la situación del propio funcionario impugnado. Por añadidura, el estrecho colaborador del titular del Ejecutivo viene a ser, en su calidad de coordinador del gabinete presidencial (el que “tramita lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los secretarios de Estado” e “interviene en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por ley a otras dependencias del Ejecutivo”), el superior jerárquico de quienes tendrían que analizar sus posibles responsabilidades administrativas y penales: el procurador federal y el secretario de la Función Pública.

    Así, a menos de dos meses de su llegada al Palacio de Cobián, Juan Camilo Mouriño ha dejado de ser un activo y se ha convertido en un pesado lastre para el gobierno federal, cuyo titular tendría que evaluar la conveniencia de mantenerlo en un cargo para el que perdió buena parte de su margen de maniobra –particularmente como operador de la privatización petrolera eufemísticamente llamada “reforma energética”–, no sólo porque la Presidencia tendría que operar por sí misma, sin mediaciones ni parapetos políticos, en la resolución de difíciles conflictos, sino también porque las sospechas ciudadanas sobre la moralidad y la legalidad de los contratos de Mouriño se convertirían en percepciones de inmoralidad, opacidad e ilegalidad del Ejecutivo federal en su conjunto, y con ello se incrementaría gravemente el déficit de legitimidad que padece de origen la actual administración.

    Kikka Roja

    Eufrosina Cruz: Los caciques me quitaron el triunfo en la alcaldía de Quiegolani

    ■ La zapoteca Eufrosina Cruz denuncia que por su sexo le impiden ser candidata a alcaldesa
    Frenar discriminación a mujeres entre indígenas, piden a Calderón
    ■ La igualdad de género “duerme como niño en el rebozo de su madre”, asevera la quejosa
    ■ El mandatario presenta el programa Proigualdad; exige que usos y costumbres respeten derechos

    Claudia Herrera Beltrán (Enviada)

    Ampliar la imagen El presidente Felipe Calderón encabezó en Emiliano Zapata, Morelos, la celebración del Día Internacional de la Mujer. Lo acompañaron la cónyuge del gobernador de la entidad, Mayela Alemán (a su derecha), y su esposa, Margarita Zavala (a su izquierda) Foto: Notimex

    Emiliano Zapata, Mor., 10 de marzo. La zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza, a quien por ser mujer impidieron ser alcaldesa de Santa María Quiegolani, Oaxaca, demandó al presidente Felipe Calderón que las indígenas puedan votar y ser votadas, aunque advirtió que su causa no es la de los partidos políticos.“De hecho, siento un profundo temor cuando escucho a las legisladoras, a los líderes de partidos políticos, cuando afirman que hay que hacer algo para que se calle esta pobre mujer”, explicó la indígena ante el jefe del Ejecutivo.Invitada al templete por Calderón, la indígena se convirtió así en símbolo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que sirvió de contexto para anunciar el programa Proigualdad y la publicación del reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigor desde hace un año.Tras escuchar el testimonio de Cruz Mendoza, el michoacano anunció que hizo una adición de última hora a dicho reglamento, para que se hagan valer usos y costumbres en concordancia con el respeto a los derechos humanos. El panista estuvo acompañado por su esposa, Margarita Zavala, y por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien apenas hace una semana había criticado fuertemente la aprobación de la reforma judicial, impulsada por el Ejecutivo.Con un “gusto, felicidades, que estén bien”, Calderón saludó en principio a su esposa y a la del gobernador Marco Antonio Adame, Mayela Alemán, y luego presentó a la indígena como ejemplo de coraje y gallardía por enfrentase a un mundo “terriblemente machista, injusto, misógino”.

    Embestida caciquil

    Parada al lado de Calderón, Eufrosina leyó una carta donde relató que el 4 de noviembre compitió para ser presidenta municipal de Quiegolani bajo el régimen de usos y costumbres, pero los “caciques, el poder, la violencia, la intimidación y la intolerancia de los hombres del poder me arrebataron el triunfo que mis paisanos me habían concedido”.Al relatar su historia, aseguró que ser mujer y profesionista (es contadora) en Quiegolani “más que privilegio es delito y es casi un pecado”, lo que se extendió a autoridades electorales y al Congreso de Oaxaca, donde “ni los hombres ni las mujeres” creyeron que obtuvo la mayoría de votos pero le fueron anulados debido a su género.Tras remarcar que la CNDH acogió su reclamo, aseguró que la dignidad de la mujer y la equidad de género en las comunidades indígenas “duermen como un niño en el rebozo de su madre. Por favor, señor Presidente, ayúdenos a que ese niño despierte y viva en un mundo mejor, diferente al mío: que no vivan la pesadilla que nuestras abuelitas de Quiegolani han vivido”.Luego, sosteniendo unos alcaltraces, flores obsequiadas por la ex candidata a alcaldesa y que han sido el emblema de su lucha, Calderón ofreció hacer suya la causa de esta mujer y se hizo eco de la frase “¡no estás sola!”, que gritó un grupo de mujeres presentes en la ceremonia.Reconoció que no es fácil vivir dentro de una cultura que se aferra a valores, a costumbres, a prácticas machistas.Para luchar contra este problema, anunció que el nuevo Programa Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres se propone que todos los servicios y apoyos del gobierno federal beneficien a ambos sexos por igual.De las metas propuestas, destacó que para 2012 la legislación de todos los estados se actualice y recoja los mandatos de la citada ley, así como las convenciones internacionales suscritas por México.Otro proyecto es reducir por lo menos en 50 por ciento la discriminación de ingresos que padece el sexo femenino, así como en 30 por ciento los hogares encabezados por mujeres que viven en extrema pobreza y en al menos 70 por ciento el hostigamiento sexual en sus lugares de trabajo.



    Kikka Roja

    Al diablo con SUS instituciones ( SFP ): PRD el caso Mouriño a proceso alternativo

    Presentará el PRD contratos Pemex-IP al margen de la Constitución
    rosalía vergara

    * González Garza: entre los involucrados, César Nava

    México, D.F., 10 de marzo (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que este martes presentará ante el Congreso de la Unión, documentos que demuestran que Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió contratos al margen de la Constitución con empresas privadas, allegadas al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, dio a conocer que entre los presuntos implicados en la red de complicidades están el titular del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción, Karim Elías Bobadilla; el secretario particular del presidente, César Nava, quien fue director jurídico de Pemex y asesor jurídico de la Secretaría de Energía cuando fue encabezada por el mismo Calderón.

    Entrevistado antes de la reunión semanal que los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) sostienen con el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el diputado González Garza comentó que seguirán exigiendo que se realice una auditoría a Pemex y al sector energético, porque descubrieron que el titular del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción, Karim Elías Bobadilla, era el auditor o administrador de las empresas de Mouriño. Por su parte, el senador Ricardo Monreal afirmó que las pruebas que presentarán mañana martes, demuestran que funcionarios de Pemex y Mouriño incurrieron en delitos, además del tráfico de influencias, peculado y otros. “La estrategia del caso Mouriño va a continuar, quienes crean que ahí terminó se equivocan. Hay otros documentos que se están analizando para integrar las comisiones, vamos a insistir en eso, aún cuando el PRI se ha rajado prácticamente en conformar las comisiones”, advirtió el exgobernador de Zacatecas.

    “Todos los días surgen elementos de conducta ilegales, por lo cual pedimos se conformen las comisiones para que se deslinden responsabilidades y que el señor Mouriño renuncie o pida licencia. Son más contratos, más negocios y muy recientes”, dijo. Descartó presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República. Resaltó que estas conductas involucran a Mouriño no sólo como funcionario público sino como empresario “que es ilegal, inmoral y anti ético”. Comentó que reclamarán al PRI que se haya echado hacia atrás en investigar a Mouriño. “Tanto en la Junta de Coordinación Política y en el pleno solicitaremos que se concrete la comisión”, insistió.

    En ese tenor se pronunció Navarrete, quien sostuvo que la discusión se ha desviado de su petición para formar la comisión: “Nunca plantee investigar a una persona o a una empresa, plantee una investigación sobre Pemex y mañana sabré si la propuesta cuenta con más de 64 votos, con 4 partidos; o 34 votos, con tres partidos.”

    “Vamos a ver que más sale mañana… Hay una discusión fuerte sobre eso. Los expedientes voluminosos de Navarrete es una recopilación de cómo va el asunto, por supuesto que hay nuevas pruebas. Es una cosa eso… Una cosa absolutamente complicada porque en un asunto que en mi opinión tiene que ver con una preparación de este grupo para recibir lo que iba a ser la privatización de Pemex”, terció González Garza. Así mismo, Monreal destacó que se están armando la estrategia para el 18 de marzo y “todo queda subordinado a ese día”.

    En el mismo caso está el secretario particular del Presidente, señala
    SFP puede indagar de oficio al funcionario


    Georgina Saldierna
    El secretario de la Función Pública, Salvador Vega, señaló ayer que esta dependencia puede investigar de oficio al titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y al actual secretario particular del presidente, César Nava, por los señalamientos de tráfico de influencias que existen en su contra.Mientras, el dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez, volvió a defender a los dos funcionarios y resaltó que el blanquiazul confía en la honorabilidad de ambos. De hecho puntualizó que el PAN tiene confianza en la honestidad de los miembros del equipo presidencial. Luego de participar en una reunión de líderes locales panistas, el secretario de la Función Pública refirió que existe la posibilidad de que la dependencia a su cargo investigue por oficio a Mouriño y Nava, pero “sería importante” que los legisladores presentara su denuncia, mencionó. “Estamos esperando que lo hagan para proceder. Si vemos que no va a ocurrir así, entonces tomaremos una decisión al respecto”, subrayó.

    Salvador Vega dijo no saber cuánto tiempo esperará la queja de los diputados, pues “tenemos que ir viendo cómo se desenvuelve” el tema. Agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no está cerrada a ninguna investigación y, por el contrario, su actitud es permanecer abierta, especialmente en los señalamientos que hagan los legisladores en éste y otros casos para proceder.Germán Martínez insistió a su vez en la reforma energética y en que es necesario aprovechar la riqueza petrolera que hay en el fondo del mar.Sobre el cuestionado espot para promover cambios legislativos en la industria del crudo, manifestó que el anuncio es de Petróleos Mexicanos (Pemex) y todo lo relacionado con el promocional es asunto de los medios de comunicación.
    Presentará el PRD dos amparos si no se crea la comisión Mouriño

    Enrique Méndez
    El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados aseguró que si Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) se oponen a constituir una comisión especial que investigue al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se presentarán dos amparos: uno, de los 136 diputados que firmaron la solicitud, y otro de los coordinadores del Frente Amplio Progresista (FAP) que la entregaron en tribuna.

    “Mouriño no tiene para dónde hacerse. Él reconoció que firmó los contratos y la cámara debe investigar su legalidad”, dijo en entrevista Juan Guerra.

    La única manera de que el titular de Gobernación pudiera eludir su responsabilidad en el tráfico de influencias, dijo, es que, como prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, su jefe inmediato haya estado enterado de que firmó los contratos para el transporte de combustibles con Petróleos Mexicanos (Pemex) como apoderado de la empresa Transportes Especializados Ivancar. Sin embargo, refirió, Mouriño ha acotado que su jefe inmediato en la Secretaría de Energía, el actual presidente Felipe Calderón Hinojosa, no se enteró de las transacciones y entonces, aseguró, el secretario de Gobernación sí está involucrado en tráfico de influencias. Guerra señaló además que los contratos debieron tener el aval de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo entonces del ex diputado Francisco Barrio Terrazas, y por lo tanto el gobierno de Vicente Fox estaba enterado de que Mouriño Terrazo era beneficiado por Petróleos Mexicanos con contratos para la empresa familiar. El inciso XX del artículo 8 de la citada ley, abundó, establece que todo servidor público debe “abstenerse, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte”.

    Respecto de la comisión especial, solicitada el martes pasado por 136 diputados que firmaron en favor, afirmó que los coordinadores del PAN, Héctor Larios Córdova, y del PRI, Emilio Gamboa Patrón, no sólo pretenden proteger a Mouriño, sino conculcar el derecho que tienen las minorías parlamentarias consagrado en el tercer párrafo del artículo 93 constitucional. Dicho artículo señala que “las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal”. El legislador perredista resaltó que tanto Larios Córdova como Gamboa Patrón pretenden pasar por encima del ordenamiento constitucional, por lo que de persistir en su negativa de constituir la comisión se interpondrán los mencionados amparos.

    CESAR NAVA Y BUENO TORIO SON OTROS EMPRESARIOS LADRONES EN "LA TABLITA",
    QUE TAMBIEÉN PARTICIPARON EN EL FRAUDE ELECTORAL DEL 2006 CONTRA AMLO

    Kikka Roja

    Que siempre SI, comisión FOX y caso Mouriño: PRI doble TRINQUETE

    • Modifica el PRI su postura: el caso Mouriño, “impostergable”
    jesusa cervantes

    * En manos de la JCP de la Cámara baja, el futuro político del secretario de Gobernación

    * Comisión Fox viaja a El Tamarindillo

    México, D.F., 10 de marzo (apro).- En un vuelco de 180 grados, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados reconsideró su postura y ahora estimó “impostergable” la creación de una comisión especial que investigue la actuación del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en relación con los contratos que firmó con Pemex, siendo servidor público.

    Con base en los documentos difundidos por Andrés Manuel López Obrador, los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) propusieron la semana pasada la creación de una comisión legislativa que investigue si Mouriño incurrió en posible tráfico de influencias al firmar los contratos.

    Sin embargo, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, se mofó de la propuesta impulsada por el PRD, el PT y Convergencia. Argumentó que dicha propuesta “carecía de sustento legal” y que el PRI no era Ministerio Público.

    Sin embargo, este lunes su posición fue otra. En entrevista, declaró que su partido “no es tapadera” del secretario de Gobernación y confió en que este martes se avance en la creación de la nueva instancia.

    El vuelco de postura del PRI coincidió con la publicación de los resultados de una encuesta realizada por María de las Heras –esposa de César Augusto Santiago--, sobre el caso Mouriño. Según dicha encuesta, 85% de la población rechazó la actuación de Juan Camilo Mouriño.

    En la entrevista, Gamboa Patrón comentó que la Junta de Coordinación Política tomará una decisión este martes porque “este asunto ya es impostergable”.

    “No quiero hacer una defensa ni decir si esta bien o esta mal, quien debe ver esto son los abogados, y quien debe decir si se crea la comisión es la Junta de Coordinación Política (no Emilio Gamboa Patrón).

    “Les vuelvo a refrendar lo que dije, el PRI no será tapadera de nadie. Creemos y confiamos en la transparencia, en la rendición de cuentas”, subrayó.

    El coordinador del PRI insistió: “Reitero que no voy a ir con el Punto de Acuerdo inicial, con la comisión investigadora que pidió el Frente Amplio la semana pasada. Se los dije muy claramente. Estamos viendo ahorita la posibilidad de integrar una comisión, pero no sabemos cómo va a ir mañana. Mañana se va a ver en la Junta de Coordinación Política, estoy enterado que aproximadamente a la una o una y media, serán convocados los ocho grupos parlamentarios a la Junta de Coordinación y ahí veremos el tema.

    “No voy a ser “tapadera” de nadie, ni mi grupo parlamentario. Ustedes saben que socializo todo esto. Mañana tendré una plenaria con ellos, les voy a platicar en qué momento nos encontramos, qué se está discutiendo, qué se puede discutir, qué escenarios se pueden discutir en la Junta de Coordinación Política, y ellos también tienen que tomar una decisión.

    “La decisión no es del Coordinador del Grupo Parlamentario. Lo que nosotros queremos es transparencia y rendición de cuentas

    El priista evitó en todo momento emitir una opinión sobre los contratos que dio a conocer la revista Contralínea que dirige el periodista Miguel Badillo y que a la postre fueron reconocidos como reales por el propio Juan Camilo Mouriño.

    Se limitó a decir que por el momento eso no es lo importante, sino la creación de la nueva comisión investigadora. “No soy abogado pero he consultado a abogados y hay interpretaciones. Pero no estamos en eso. Estamos en si se crea o no una comisión, en eso estamos y mañana se va a ver en la Junta de Coordinación Política”, reiteró.

    Adelantó que el PRI se encuentra redactando una propuesta para delimitar la nueva comisión y que será la noche del lunes cuando la tengan lista para este martes presentarla al resto de los partidos.

    --Las presiones aumentan, ¿usted cree que si funcione?, le preguntó un reportero.

    Gamboa Patrón respondió: “Si esto sirve para esclareces cosas, creo que es importante. Vamos a ver qué dice la Junta de Coordinación. La Junta no depende del PRI, son ocho coordinadores, como ustedes lo saben, y tienen voto”.

    El priista repitió en varias ocasiones que él y su partido están en favor de que se esclarezca el asunto de Juan Camilo Mouriño: “a favor de esclarecer todo lo que tenga duda las sociedad mexicana, ahorita hay duda del comportamiento de un funcionario que es el secretario de Gobernación Lo que queremos nosotros en el PRI es la transparencia, que se esclarezca. Si eso da para que se configure una comisión, lo trataremos mañana, y verán que el PRI, como se los dije, va a impulsar que haya claridad y transparencia”, subrayó.

    Aseguro que será la Junta la que defina la creación de la comisión indagatoria y desechó que su partido esté ayudando al PRD.

    --¿Ni a Mouriño?, se le pregunto.

    --Desde luego que no, menos, atajó.

    --¿El PRI va a ser el salvador de Mouriño?--

    --“Desde luego que no. Nosotros no somos salvadores de nadie. Somos diputados federales”.

    En tanto, el coordinador el PRD, Javier González Garza, confió en que este martes se conforme la nueva comisión y anticipó que ésta podría incluso tener un alcance mayor para supervisar los contratos que se firmaron en 2000 con otras paraestatales, como la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza.

    Comisión Fox viaja a El Tamarindillo, en Michoacán

    Por otro lado, la comisión especial que indaga el presunto enriquecimiento del expresidente Vicente Fox viajará el próximo miércoles a la bahía de El Tamarindillo, en la costa michoacana, para hablar con ejidatarios sobre el presunto despojo de que fueron objeto por parte del expresidente.

    En tanto, la Comisión especial que indaga el presunto enriquecimiento de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagun decidirá mañana la fecha en que citarán a comparecer al procurador General de la República, para que explique las razones por las cuales se sobreseyó la indagatoria que existía en esa instancia en contra de los hijos de Marta Sahagún de Fox.


    LOS PRIISTAS NADA MÁS SE ESTAN HACIENDO PENDEJOS, EL SABOTAJE ES LA VERDADERA INTENCIÓN.
    FALSARIOS HIPÓCRITAS, NADIE OLVIDA EL DESAFUERO.

    Kikka Roja

    PROCESO : Calderón: El autismo del cómplice

    Calderón: El autismo del cómplice
    Álvaro delgado

    México, D.F., 10 de marzo (apro).- Durante dos semanas, exactamente quince días a partir del 24 de febrero y hasta este martes 10, Felipe Calderón ha guardo silencio sobre las conductas confesas y constitutivas de delitos derivadas de la entrega de contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la empresa Ivancar, S.A. de C.V., propiedad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, el futuro exsecretario de Gobernación. El mismo día en que Andrés Manuel López Obrador acusó a Mouriño de ser un traficante de influencias y adelantó que presentaría documentos para probarlo, el domingo 24 de febrero, Calderón se hallaba en Iguala, Guerrero, en una ceremonia con motivo del Día de la Bandera, resguardado por un impresionante aparato de seguridad, muy mayor al que se vio, más tarde, cuando fue recibido como uno de los suyos en la sede de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Pero desde ese día, el autismo de Calderón sobre el escándalo del empresario Mouriño --que ha desesperado hasta a los habituales amanuenses del poder-- ha sido manifiesto. El martes fue a San Luis Potosí y se reunió con empresarios de México y Estados Unidos. El miércoles apenas salió de Los Pinos, donde encabezó dos actos públicos, y por la noche inauguró una exposición en el Museo de Antropología. El jueves estuvo en Querétaro, y fue durante esa gira que Mouriño se refirió, por primera vez, a los contratos de Pemex que firmó como apoderado legal de Ivancar, S.A., siendo ya diputado federal y funcionarios de la Secretaría de Energía, ambos tendiendo como jefe a… Felipe Calderón. Pero éste siguió mudo sobre un asunto que involucra no sólo al principal funcionario de su gobierno, sino a su delfín, quien precisamente la víspera de su fallida defensa desde Los Cabos, Baja California, bebió hasta muy tarde su bebida favorita, ron Matusalem, que explica por qué tenía barba crecida y vestía el mismo saco al día siguiente.

    El silencio de Calderón se mantuvo toda la semana, cuando ya era escándalo nacional, y aun el viernes 29, cuando se reunió con los gobernadores de la Conago en Campeche, justamente donde Mouriño y su clan instalaron el Grupo Energético del Sureste (GES), del que Ivancar, S.A. de C.V., es sólo una de las 80 empresas que lo integran y que se llamó así en honor al apelativo con el que los amigos y cómplices se refieren al funcionario: Iván.
    El sábado 1 y el domingo 2 de marzo Calderón descansó --¡nomás eso faltaba!-- y aguantó pronunciarse sobre el escándalo de Mouriño otro día y medio: El lunes, por la mañana, se congració con la iniciativa privada dándole los subsidios a los que es tan afecto --eso no es populismo-- y por la tarde dio el arranque de la colecta de la Cruz Roja. Antes de irse a una gira de toda la semana, primero a Centroamérica y luego a Dominicana, se reunió con empresarios de Canacintra y puso en marcha el operativo de Semana Santa. Y regresó a México, el fin de semana, para seguir en el limbo. El mutismo de Calderón es, sin embargo, muy elocuente. Tantas oportunidades para emitir una posición sobre un asunto tan delicado, que en cualquier democracia habría ya implicado una recomposición del gobierno, sólo obedece a un ánimo de encubrimiento.

    En efecto, Calderón colocó a Mouriño como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y por tanto es cómplice de las conductas ilegales y antiéticas que cometió para favorecer a las empresas de su propiedad, de las que se separó --según él mismo reconoció-- sólo hasta que ingresó a la Secretaría de Energía, en octubre del 2003.
    Calderón fue jefe de Mouriño en esa secretaría cuando se asignaron otros contratos de Pemex, cuyo abogado general era César Nava Vázquez, actual secretario particular de Calderón, quien precisamente era… presidente del Consejo de Administración de la paraestatal. Hay un dato exquisito: El funcionario que en representación de César Nava Vázquez hizo la revisión jurídica para el contrato de Pemex a Ivancar, S.A. de C.V., y cuya firma aparece al lado de Mouriño, es José Antonio Prado Carranza, amigo y compañero de la Universidad Panamericana de… César Nava. (Dicho sea de paso, ahora Prado Carranza es el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyo sindicato ha emplazado a huelga. Se trata del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al que, apenas este sábado, Mouriño identificó como un gremio con grandes “privilegios laborales” y que sostiene un “falso sentido nacionalista”. Sí, ya se sabe que murió Marx y se vino abajo el Muro del Berlín, pero los sindicatos, antes y después de esos acontecimientos, tenían y tienen un objetivo, si es que no se niegan a sí mismos: Luchar por mejores condiciones salariales y de vida de sus agremiados. Y lo del falso sentido nacionalista, queda mejor en el caso de Mouriño, confusa su auténtica nacionalidad.) El silencio de Calderón es, entonces, un recurso para ganar tiempo y liquidar el escándalo: Ha comenzado ya, y se hará más evidente en unos días, la estrategia de desaparecer de los medios el tema –particularmente de la radio y la televisión-- y sustituirlo por cualquier cosa, sobre todo la urgencia de “sacar el tesoro de aguas profundas”. En ése, como en cualquier otro asunto que tienen que ver con la corrupción y la impunidad, el PAN cuenta con un socio: El priismo en cualquiera de sus expresiones. Beatriz Paredes, Mario Marín, Ulises Ruiz, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones. Da lo mismo, porque cobran igual. Por eso el sonsonete de Germán Martínez de discutir los grandes temas, como la reforma energética y evadir el tráfico de influencias… en el sector energético. Como si fueran cosas separadas.

    Apuntes
    El Partido de la Revolución Democrática (PRD) puede constituirse en un gran apoyo para Calderón y Mouriño, así como para toda la derecha: Dar, el próximo domingo, el espectáculo esperado de trinquetes que ahogue, además, las acciones contra la privatización de Pemex el próximo 18 de marzo, cuando se conmemorará otro aniversario de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, cuyo hijo no ve intentos de privatización por ningún lado.


    Comentarios: delgado@proceso.com.mx


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