editorial
Ayer, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño, puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las juntas de coordinación política de las dos cámaras legislativas y de “la opinión pública” un expediente con los siete contratos que firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) en calidad de apoderado legal de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, en tiempos en que desempeñaba los cargos de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del secretario de Energía y subsecretario de Electricidad. En conferencia de prensa, Mouriño emitió de nueva cuenta descalificaciones contra sus detractores y aseguró que convenios como los firmados por él son habitualmente otorgados en adjudicación directa por la paraestatal a diversos transportistas. Pocas horas después, la PGR, tras ser requerida por el propio Mouriño, anunció que, “a efecto de dar trámite al documento que presentó el citado licenciado”, iniciaba una averiguación previa “para esclarecer dichos hechos y determinar lo que en derecho corresponda”.
Por parte del coordinador del gabinete calderonista fue un nuevo paso en falso que, lejos de despejar las sospechas por su actuación, las robustece y extiende, mucho más allá del Palacio de Covián, al conjunto de la administración pública. Cabe preguntarse por qué el secretario de Gobernación esperó a que Andrés Manuel López Obrador y la bancada de Convergencia divulgaran otros cuatro nuevos contratos entre Pemex y las empresas de la familia Mouriño –adicionales a los que dio a conocer el dirigente opositor el pasado 24 de febrero– para convocar a la conferencia de prensa en la que ofreció tales documentos a la opinión pública, siendo que ésta ya los conocía; por qué tardó tanto tiempo en “cumplir con un deber como funcionario público y como ciudadano” y por qué eludió el punto principal del señalamiento, que no se refiere sólo a los beneficios que obtuvo con los contratos mencionados sino a su doble carácter de funcionario del sector energético y empresario del ramo petrolero. Lo dicho por el secretario de Gobernación ayer no es, pues, sino una repetición de gestos mediáticos ya efectuados anteriormente, que no van a atenuar la crisis política en la que ha sumido al gobierno federal.
Más allá de lo que Mouriño haga o deje de hacer para defender su posición, que no puede ser mucho, la reacción de la PGR da cabal cuenta de lo que se configura, desde ahora, en tono y en contenido, como un mero trámite de exculpación a petición del interesado, es decir, como un acto de simulación. Independientemente del servilismo hacia el investigado en el tono del boletín de prensa emitido por la dependencia, ésta debió investigar de oficio los presuntos delitos cometidos por Mouriño, cuyos indicios fueron divulgados hace más de dos semanas. Otro tanto puede achacarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Difícilmente ambas dependencias podrían apartarse de lo dicho por el sujeto a investigación –que es postura oficial del gobierno–, según la cual la divulgación de los contratos Ivancar-Pemex fue un acto “mezquino”, “inmoral” y “doloso” y una maniobra para “que a México le vaya mal”. Además de que el emisor de ese discurso sea el superior jerárquico de los titulares de la PGR y de la SFP, estas dependencias acusan un severo desprestigio por el faccionalismo y la parcialidad con que han sido usadas por el Ejecutivo en la presente administración y en el sexenio anterior: empleada, la primera, para golpear a las oposiciones políticas y sociales, para exculpar a funcionarios y allegados del foxismo sospechosos de desviar fondos y de enriquecerse a costa del erario, y para fabricar culpables a fin de dar la impresión de que se hacía algo significativo en el combate al crimen organizado; rebajada, la segunda, a defensoría de panistas y a sepulturera de investigaciones contra sospechosos de daño al patrimonio público. Al respecto, destacan el desfalco a Pemex en el que presuntamente se encuentran involucrados los hijos de Marta Sahagún o el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) operado por Carmen Segura Rangel, actual diputada local por Acción Nacional.
La única forma de dar credibilidad y transparencia a las pesquisas gubernamentales en torno a los negocios de Mouriño es que éste se retire del cargo, por lo menos durante el tiempo que tomen las investigaciones, a fin de no contaminarlas con la sospecha o la certeza de parcialidad. Esa sería la mejor contribución que podría hacer a sus correligionarios, a su jefe inmediato, a la transparencia en la administración pública, a una sociedad justificadamente escéptica y a las posibilidades –si es que aún quedan– de rescatar su carrera política.
Por su parte, el calderonismo no puede seguir actuando en este caso como si se tratara de un problema mediático y de relaciones públicas, cuando en realidad es una severa crisis política. Tendría que empezar, pues, por desmentir al propio Mouriño, quien la describió como un mero empeño de los que “no quieren que México sea exitoso”, y por admitir que tal crisis existe.
Kikka Roja
Por parte del coordinador del gabinete calderonista fue un nuevo paso en falso que, lejos de despejar las sospechas por su actuación, las robustece y extiende, mucho más allá del Palacio de Covián, al conjunto de la administración pública. Cabe preguntarse por qué el secretario de Gobernación esperó a que Andrés Manuel López Obrador y la bancada de Convergencia divulgaran otros cuatro nuevos contratos entre Pemex y las empresas de la familia Mouriño –adicionales a los que dio a conocer el dirigente opositor el pasado 24 de febrero– para convocar a la conferencia de prensa en la que ofreció tales documentos a la opinión pública, siendo que ésta ya los conocía; por qué tardó tanto tiempo en “cumplir con un deber como funcionario público y como ciudadano” y por qué eludió el punto principal del señalamiento, que no se refiere sólo a los beneficios que obtuvo con los contratos mencionados sino a su doble carácter de funcionario del sector energético y empresario del ramo petrolero. Lo dicho por el secretario de Gobernación ayer no es, pues, sino una repetición de gestos mediáticos ya efectuados anteriormente, que no van a atenuar la crisis política en la que ha sumido al gobierno federal.
Más allá de lo que Mouriño haga o deje de hacer para defender su posición, que no puede ser mucho, la reacción de la PGR da cabal cuenta de lo que se configura, desde ahora, en tono y en contenido, como un mero trámite de exculpación a petición del interesado, es decir, como un acto de simulación. Independientemente del servilismo hacia el investigado en el tono del boletín de prensa emitido por la dependencia, ésta debió investigar de oficio los presuntos delitos cometidos por Mouriño, cuyos indicios fueron divulgados hace más de dos semanas. Otro tanto puede achacarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Difícilmente ambas dependencias podrían apartarse de lo dicho por el sujeto a investigación –que es postura oficial del gobierno–, según la cual la divulgación de los contratos Ivancar-Pemex fue un acto “mezquino”, “inmoral” y “doloso” y una maniobra para “que a México le vaya mal”. Además de que el emisor de ese discurso sea el superior jerárquico de los titulares de la PGR y de la SFP, estas dependencias acusan un severo desprestigio por el faccionalismo y la parcialidad con que han sido usadas por el Ejecutivo en la presente administración y en el sexenio anterior: empleada, la primera, para golpear a las oposiciones políticas y sociales, para exculpar a funcionarios y allegados del foxismo sospechosos de desviar fondos y de enriquecerse a costa del erario, y para fabricar culpables a fin de dar la impresión de que se hacía algo significativo en el combate al crimen organizado; rebajada, la segunda, a defensoría de panistas y a sepulturera de investigaciones contra sospechosos de daño al patrimonio público. Al respecto, destacan el desfalco a Pemex en el que presuntamente se encuentran involucrados los hijos de Marta Sahagún o el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) operado por Carmen Segura Rangel, actual diputada local por Acción Nacional.
La única forma de dar credibilidad y transparencia a las pesquisas gubernamentales en torno a los negocios de Mouriño es que éste se retire del cargo, por lo menos durante el tiempo que tomen las investigaciones, a fin de no contaminarlas con la sospecha o la certeza de parcialidad. Esa sería la mejor contribución que podría hacer a sus correligionarios, a su jefe inmediato, a la transparencia en la administración pública, a una sociedad justificadamente escéptica y a las posibilidades –si es que aún quedan– de rescatar su carrera política.
Por su parte, el calderonismo no puede seguir actuando en este caso como si se tratara de un problema mediático y de relaciones públicas, cuando en realidad es una severa crisis política. Tendría que empezar, pues, por desmentir al propio Mouriño, quien la describió como un mero empeño de los que “no quieren que México sea exitoso”, y por admitir que tal crisis existe.
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