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Redes panistas con cargo al erario
Diciembre del 2001. En la 13 Asamblea Nacional del PAN Calderón levantó el brazo a Fox, pero también le exigió más panismo.
Para la operación de sus delegaciones federales en el 2010, el Ejecutivo pidió al Congreso 8 mil 368 millones de pesos
Ernesto Núñez REFORMA.COM
Ciudad de México (4 octubre 2009).- En marzo del 2001, el entonces diputado federal Felipe Calderón llegó a Los Pinos a hacer un airado reclamo. Acompañado del líder de su partido, Luis Felipe Bravo Mena, y del coordinador de los senadores panistas, Diego Fernández de Cevallos, Calderón acudió a la casa presidencial para pedir a Vicente Fox que depurara las delegaciones del gobierno federal en los estados.
A partir de esa reunión, el michoacano se convirtió en la voz de cientos de panistas que en aquel, el primer año del recién estrenado gobierno albiazul, comenzaron a detectar que las oficinas de representación de las secretarías de Estado seguían ocupadas por la estructura priista que durante años combatieron en sendas batallas electorales locales.
"Es entendible la irritación que genera que cargos públicos sigan siendo ocupados por funcionarios que no llegaron ahí por su capacidad, sino como pago a sus lealtades políticas con el viejo régimen, como es el caso de muchos delegados federales", escribió Calderón en un artículo publicado en Reforma el 16 de agosto del 2001.
Dos semanas después, en una reunión de diputados panistas, Calderón dejó que los miembros de su grupo parlamentario increparan abiertamente a Fox –en una encerrona de más de dos horas– sobre la presencia de priistas en las delegaciones.
Producto de esa reunión, Fox instruyó al entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, que revisara el tema con Bravo Mena, quien semanas después entregó una lista de 400 delegados que, según las dirigencias estatales del PAN, eran leales al tricolor y operaban en contra del gobierno federal.
En diciembre del 2001, Calderón aprovechó la 13 Asamblea Nacional del PAN para volver a exigirle más panismo a Fox, pero el tema siguió sin resolverse. En junio del 2002, en reunión del CEN panista, el michoacano y otros dirigentes reclamaron a Creel no haber atendido a cabalidad el tema de los delegados federales, pues de los 400 nombres de funcionarios indeseables entregados a Gobernación, se había sustituido a menos de 200.
Ya en agosto del 2005, como precandidato a la Presidencia, Calderón siguió usando el tema de los delegados para contrastarse respecto a Creel, y ofrecer a sus compañeros de partido un gobierno en el que sí tuvieran cabida los militantes del blanquiazul.
"Si llegamos al gobierno fue para llevar ahí nuestros principios, ideas, prácticas, y a nuestros cuadros", decía el entonces aspirante presidencial.
Seis años después de su primer reclamo a Fox por el tema de los delegados, el sueño de Felipe Calderón se hizo realidad.
A partir del 2007 el gobierno federal –y en particular las delegaciones federales– se han "empanizado", a grado tal que hoy el reclamo se da en sentido contrario: es el PRI el que se queja del uso político-electoral de esas oficinas y amenaza con desaparecerlas –o al menos reducirlas considerablemente– como parte de las medidas de austeridad que se aprueben en el Presupuesto de Egresos del 2010.
La red de Mouriño
En los primeros meses del gobierno de Calderón, por la Oficina de la Presidencia desfilaron miles de panistas que apoyaron la campaña del michoacano y que buscaban a Juan Camilo Mouriño para conseguir un empleo en el gobierno, un lugar en el Consejo Nacional del PAN o ambas cosas.
El 17 de abril del 2007, en reunión con el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, una docena de senadores panistas se quejó de que Mouriño mantuviera centralizado el nombramiento de los nuevos delegados federales.
Panistas asistentes a dicha reunión recuerdan que los principales reclamos vinieron de los senadores Felipe González y Rubén Camarillo, de Aguascalientes, y del chihuahuense Ramón Galindo, quienes se quejaron de que Mouriño no hubiera atendido sus propuestas para designar a los delegados.
Además, denunciaron que el jefe de la Oficina de la Presidencia había quitado a los secretarios de Estado la facultad de nombrar a sus representantes en los estados.
Ramírez Acuña tomó nota de las quejas, pero según las mismas fuentes, al final tuvo que admitir que el nombramiento de los delegados estaba dándose desde Los Pinos sin injerencia de la Segob.
Para ese entonces, el grupo de delegados panistas ya había sido colocado en las secretarías de Estado, principalmente en aquellas que manejan recursos para programas sociales, como Desarrollo Social, Agricultura y Reforma Agraria.
Según los senadores que se quejaron en la reunión ocurrida hace más de dos años, la colocación de los delegados se dio por medio de operadores calderonistas y colaboradores de Mouriño, como Abraham González, entonces subsecretario de Gobernación; Cuauhtémoc Cardona, entonces y ahora subsecretario de la Reforma Agraria, y Salvador Vega, entonces subsecretario de la Función Pública, con consentimiento de la mayoría de los secretarios de Estado.
Alberto Cárdenas, quien cuenta con su propio grupo dentro del PAN, encargó a su amigo y paisano, David Cuevas –ex alcalde de Puerto Vallarta– la coordinación de las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, desde las cuales se manejan los recursos del Procampo.
Actualmente, la Sagarpa cuenta con 33 delegaciones, cuatro de las cuales están vacantes. De las 29 plazas ocupadas, 21 lo están por miembros activos y adherentes de Acción Nacional.
Beatriz Zavala Peniche, primera secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Calderón, nombró como coordinadora de delegaciones a la ex diputada panista Miriam Arabian, y colocó a panistas en el 100 por ciento de esas oficinas.
A la fecha, sólo una de las 32 delegaciones de Sedesol no está encabezada por un panista, pues la plaza de Veracruz está vacante. Entre los delegados de Sedesol hay figuras importantes del panismo, como el jalisciense Felipe de Jesús Vicencio; el ex director del Instituto Nacional Indigenista Huberto Aldaz; el ex diputado sonorense Gustavo de Unanue, y el ex dirigente estatal de Zacatecas Ramón Padilla.
Paralelamente, dos instituciones dependientes de Sedesol también se llenaron de panistas: Liconsa y la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades.
Calderón nombró director de Liconsa al panista Jesús Galván, quien colocó a 25 de los 33 delegados con los que cuenta la institución sólo por su militancia panista.
Al programa Oportunidades llegó como coordinador nacional el panista poblano Neftalí Salvador Escobedo. Actualmente, de las 32 coordinaciones estatales del programa, nueve están vacantes, 19 son dirigidas por panistas y sólo cuatro por no panistas.
La Secretaría de la Reforma Agraria, al igual que Sedesol, cuenta con tres estructuras de delegados: la de la SRA como tal; la del Registro Agrario Nacional y la de la Procuraduría Agraria.
Encabezada por el panista Abelardo Escobar, la SRA es el centro de operaciones de uno de los principales colaboradores políticos del presidente Calderón: Cuauhtémoc Cardona, un panista bajacaliforniano que lo mismo sirvió a Calderón como enlace de los coordinadores estatales durante la campaña, que como subsecretario de Enlace Legislativo el año que Mouriño fue secretario de Gobernación o, más recientemente, como coordinador de la campaña del PAN en San Luis Potosí.
La SRA tiene 32 delegaciones, cuatro de ellas están vacantes; de las 28 restantes, 26 están encabezadas por panistas.
En la Procuraduría Agraria Calderón nombró como titular al panista michoacano e integrante de su corriente interna, Rocendo González Patiño. La Procuraduría tiene actualmente 29 delegados en los estados, de los cuales 26 son panistas.
Lo mismo ocurre en el Registro Agrario Nacional, que estaba dirigido hasta junio pasado por el panista guanajuatense Armando Rangel Hernández. De las 32 delegaciones, cuatro están vacantes y 24 son dirigidas por panistas.
En la misma lógica, el secretario del Medio Ambiente, Rafael Elvira, nombró desde el arranque de la administración a la panista Cecilia Laviada –que al igual que el secretario es cercana al grupo de Calderón– como coordinadora de delegaciones.
Actualmente, la Semarnat cuenta con 31 oficinas en los estados, tres de ellas están vacantes. De las 28 ocupadas, 23 son dirigidas por militantes panistas, que van desde la ex diputada federal tabasqueña Yolanda Cabal, hasta el ex maratonista Martín Bermúdez, delegado en Hidalgo.
Dos secretarías más destacan por el número de panistas enrolados como delegados federales: Economía y Trabajo.
En la primera, encabezada por Eduardo Sojo hasta agosto del 2008 y después por Gerardo Ruiz Mateos –ambos militantes panistas–, trabajan en total 74 militantes de Acción Nacional. 30 de ellos son delegados de la Secretaría de Economía, 16 son subdelegados y 28 son delegados de la Procuraduría Federal del Consumidor.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien aparece en el Registro Nacional de Miembros del PAN como "activo" desde el 19 de mayo del 2007, nombró a 29 panistas como delegados federales.
Otra institución que destaca por el número de delegados panistas es el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde su primer titular en este gobierno, Juan Molinar Horcasitas, colocó a 24 miembros del PAN, coordinados por su compañera en la bancada panista de la LIX Legislatura, Eloísa Talavera.
En menor proporción, los panistas también están presentes en la Secretaría de Educación Pública (12 titulares de las oficinas de apoyo a los Servicios Educativos son militantes); en la de Comunicaciones y Transportes (los jefes de los Centros SCT en 12 estados son panistas), y el ISSSTE (nueve delegados).
En la Secretaría de Relaciones Exteriores el PAN tiene sólo seis de los 39 delegados con los que cuenta la dependencia en los estados y la Zona Metropolitana; sin embargo, también son seis los delegados con rango de embajador del Servicio Exterior Mexicano en dicha estructura burocrática.
En el directorio de delegaciones foráneas de la Cancillería sobresale un nombre: Leonor Elizondo Torres, delegada en Durango, consejera nacional del PAN y hermana del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo.
El mundo al revés
El 4 de mayo del 2007, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes; los coordinadores parlamentarios, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, y 16 de los 17 gobernadores que entonces tenía el tricolor, acudieron a Los Pinos para reclamarle al Presidente el uso político de las delegaciones federales y exigirle que los funcionarios panistas no usaran cargos y recursos públicos electoralmente.
Según un boletín emitido por la Presidencia ese mismo día, en dicha reunión el Presidente se comprometió a atender el reclamo priista por la "profesionalización" de los delegados federales, y a revisar en un plazo máximo de 15 días los nombramientos hechos en los primeros meses de su administración.
Dicha revisión no ocurrió, y dos meses después el PRI hizo público un documento en el que señalaba la existencia de 416 delegaciones federales, con mil 344 funcionarios públicos, mayoritariamente panistas.
Una revisión de los directorios de la administración pública federal deja ver que actualmente cuentan con delegaciones federales nueve secretarías de Estado (Sedesol, SRA, Sagarpa, Semarnat, Economía, Trabajo, SCT, SEP y SRE), la PGR, el IMSS, el ISSSTE, la Profeco, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, Liconsa y el Programa Oportunidades.
En total, estas dependencias tienen 562 delegaciones, de las cuales 516 están ocupadas y 46 están vacantes. Al hacer un cruce entre los directorios del gobierno federal y el Registro Nacional de Miembros del PAN, se pudo verificar que 345 delegados son militantes activos o adherentes; es decir, 66.8 por ciento de los cargos.
Ante este panorama, el 21 de agosto del 2008, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, advertía: "será necesario que despoliticemos, despartidicemos buena parte de las delegaciones federales".
Un mes después, el PRI presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para establecer candados que impidan que las delegaciones sean encabezadas por liderazgos partidistas locales. La iniciativa no prosperó, pues ni siquiera ha sido discutida en el pleno.
Sin embargo, el tema de las delegaciones volvió a generar polémica después de las elecciones intermedias de julio, pero ya no por iniciativa del PRI, sino dentro de las filas panistas.
El 22 de julio, en una reunión de senadores del blanquiazul convocada para analizar las causas de su derrota, algunos legisladores se quejaron de las fallas de los delegados federales. La senadora Beatriz Zavala manifestó su enojo porque algunos delegados del gobierno federal operaron "disciplinados bajo las órdenes de los gobernadores priistas".
El 12 de septiembre el tema surgió en la sesión del Consejo Nacional del PAN en la que se dieron a conocer las conclusiones de la Comisión de Reflexión en torno a los Resultados Electorales del 5 de julio. Según una nota publicada en Reforma el 13 de septiembre, la titular del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, se refirió al papel de los delegados federales y sugirió que se definiera qué acciones se les puede exigir para favorecer al partido sin que violen la ley.
Más recursos, más sueldos
La polémica mayor en torno a las delegaciones federales está por venir en las próximas semanas, durante la discusión del Paquete Económico del 2010, según adelantó la senadora perredista Minerva Hernández el pasado 22 de septiembre, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
"¿Por qué no se pensó en suprimir delegaciones federales, en lugar de suprimir la Secretaría de Turismo o la Reforma Agraria? ¿Cuál es el costo del mantenimiento de las delegaciones federales en las entidades, que no sólo duplican funciones, sino también muchas de ellas se dedican a hacer trabajo partidario a través de sus delegados?", cuestionó la perredista.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010, el Ejecutivo propone al Congreso destinar 8 mil 368 millones de pesos a los salarios y gastos de operación de las delegaciones federales, sólo de nueve secretarías de Estado y la PGR.
El documento no especifica cuánto se destinaría para las delegaciones de otras siete dependencias (Profeco, Liconsa, Oportunidades, RAN, Procuraduría Agraria, IMSS e ISSSTE).
Una comparación del proyecto 2010 con el Presupuesto 2009 deja ver que el Ejecutivo sugiere una disminución del 8 por ciento en el gasto operativo de las delegaciones, pues el año pasado esas mismas dependencias proyectaron 9 mil 155 millones de pesos.
Sin embargo, los 8 mil 368 millones de pesos que se pretenden gastar en el 2010 superan el ahorro que según Hacienda se conseguiría al desaparecer las secretarías de la Función Pública, Turismo y Reforma Agraria, calculado en 6 mil 500 millones de pesos.
Un análisis de las partidas que el gobierno pretende destinar a delegaciones federales el próximo año deja ver que la Sedesol erogará 530.9 millones de pesos en sus 32 delegaciones, lo que implica un incremento de 9 millones respecto al año anterior.
El proyecto de PEF 2010 indica que desde las delegaciones de Sedesol se ejercerán casi 4 mil millones de pesos en programas de subsidios, una práctica que hoy el PRI y sus gobernadores censuran en su carácter de oposición.
Otro dato que llama la atención en el proyecto de Presupuesto 2010 es que la SRA, aunque está en vías de desaparición, contempla un gasto de 167.5 millones de pesos para sueldos y operación de sus 32 delegaciones.
La cifra, sin embargo, parece menor frente al gasto que pretende hacer la Sagarpa, que supera los 2 mil 400 millones de pesos, lo que la convierte en la dependencia que absorberá el mayor gasto en este rubro. Sólo en salarios de su delegación en Chiapas, por ejemplo, se presupuestaron 134.8 millones de pesos.
La secretaría con el mayor incremento en el gasto en delegaciones es Relaciones Exteriores, cuyas oficinas en los estados absorberían un gasto de 121.3 millones de pesos, 43 millones más que lo ejercido en el 2009.
Otro dato que revisarán los legisladores antes de aprobar la propuesta del Ejecutivo son los salarios destinados a esta estructura burocrática que da cobijo a ex alcaldes, ex diputados, ex dirigentes estatales, consejeros nacionales panistas y, en el peor de los casos, amigos o familiares de prominentes calderonistas.
Los delegados mejor pagados son los de la PGR, con sueldos netos mensuales de 125 mil pesos, aunque en esa dependencia no hay un solo panista.
Entre las estructuras completamente "empanizadas", Sedesol es la que mejor pagados tiene a sus delegados, con salarios que van de los 63 mil 859 a 87 mil 844 pesos netos al mes.
En Sagarpa, el sueldo de los delegados está homologado en 65 mil 201 pesos al mes; lo mismo ocurre en la Secretaría del Trabajo (63 mil 872 pesos mensuales), Economía (63 mil 894 pesos), Medio Ambiente (72 mil 830 pesos) y Educación Pública (97 mil 412 pesos).
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