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viernes, 16 de octubre de 2009

las guerras de Felipe Calderón: Damnificados de la valentía

Damnificados de la valentía
Víctor M. Quintana S.
Si las guerras salinistas contra Jonguitud y La Quina arrojaron como resultado final a Elba Esther y Romero Deschamps, Dios nos agarre confesados ante el resultado de las guerras calderonistas contra los sindicatos y el crimen organizado.

El esquema de la ofensiva de Salinas para legitimarse ha sido repetido, con su asesoría o por mimetismo de dictadorzuelo, por el afán también de legitimarse del actual inquilino de Los Pinos. Fuerte y seriamente cuestionado su triunfo electoral, Salinas asestó golpes decisivos a los caciques de los sindicatos de educación y petrolero para mostrar a la ciudadanía su afán de cambio desde la raíz, a la vez que dejar muy claro quién tenía el poder en la mano. Ya conocemos los resultados.

Aquí no podemos decir –parafraseando a Marx– que Calderón revive en tragicomedia lo que había sido una tragedia, porque lo que sufrimos es un deterioro al mínimo nivel de lo que ya era una tragicomedia. Ansioso de mostrar que sabe usar el poder que arrebató, Calderón se lanzó a una guerra más absurda y letal –15 mil muertos ya– que la de 1847. No contento con eso, la emprende ahora contra Luz y Fuerza del Centro y contra sindicatos como el SME, el de los mineros y vaya usted a saber cuántos más van a seguir.

Seguramente algún mercadólogo le dijo a Felipe que la valentía vende bien. Y a falta de los empleos que ofreció, a falta de la tranquilidad que garantizó, lleva ya casi tres años recetándonos solamente valentía. Bueno, si valentía se puede llamar a disparar decisiones que a uno mismo lo afectan poco y sin considerar sus consecuencias en el resto de la sociedad. Hágase mi valentía en los bueyes de mi compadre.

No sólo es el decidir por aparentar que se tienen el control y la valentía lo cuestionable en las guerras filipinas. Es asimismo dudosa la orientación no sesgada de dichas batallas. Tomemos por ejemplo la famosa guerra contra el crimen organizado: ¿realmente se combate por igual a todos los grupos delincuenciales? ¿Por qué entonces en Chihuahua más de 90 por ciento de las aprehensiones por parte de las fuerzas federales son de miembros de uno solo de los cárteles en disputa?

Lo mismo dice la sabiduría callejera de la ofensiva calderonista contra los sindicatos. Si con los arrestos que se emprende la cruzada contra el charrismo de Napoleón, o que se combate a la directiva del SME, que no apoyó el asalto a Los Pinos de quien desde ahí manda ahora, si con esos arrestos se persiguieran la antidemocracia, la corrupción, las aviadurías, de Elba Esther o Romero Deschamps, entonces sí estaríamos pensando que Calderón se comprometía y no lanzaba otro desplante el pasado primero de septiembre.

Porque se habla con hipocresía de las inmensidades monetarias con que se subsidia a Luz y Fuerza del Centro, y de su machacada ineficiencia, pero no se evalúa la eficiencia de una secretaría como la de Educación Pública, botín de la maestra y los suyos. O en el peso de la corrupción que lastra a Pemex más que el agotamiento de Cantarell. ¿Por qué no contempla ahora el implacable Lozano la terrible ineficiencia de su secretaría, la tardanza promedio de tres años para resolver un juicio en que un pobre anciano demanda que le devuelvan el dinero de su Afore?

¿Y los colaterales, como le llaman quienes conducen los operativos conjuntos a los efectos perversos de su cojo combate al crimen organizado? Habría que contar cuántos robos de vehículos, cuántos secuestros, cuántos asaltos a mano armada, cuántas extorsiones, cuántas violaciones a los derechos humanos padece la población inerme por cada presunto criminal que se encarcela. Así como habrá que contar los desempleados directos e indirectos, los echados a la calle en un momento en que lo que menos hay en ella es lo que más prometió Calderón en su campaña.

Así son las guerras de Felipe Calderón: guerras sesgadas en los adversarios que inventan. Guerras que tienen oligo-beneficiarios, como las organizaciones criminales no combatidas, o la empresa del triple play que aprovechará las líneas de transmisión de Luz y Fuerza del Centro. Guerras con pocos beneficiarios y miles de víctimas civiles, inocentes. Por ese camino, pronto el país entero será damnificado de su valentía.
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Claudia Sheinbaum Pardo: Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC

Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC
Claudia Sheinbaum Pardo
Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.

1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.

En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.

2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.

Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.

3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los privilegios de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.

4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.

5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.
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Helioflores: Hay modos


Alineación al centro

EL GORILA TOLETE PANISTA LOZANO ALARCON UN PATAN MUY AGRESIVO Y GROSERO, ARMA POLITICA DE LOS RATEROS EN EL GOBIERNO DE FACTO ESPURIO FELIPE CALDERON.
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es “benigna” Influenza A H1N1 gripa : Córdova

Influenza A H1N1 es “benigna”: Córdova
El secretario de Salud señaló que la influenza A es una enfermedad que “si bien es nueva, tiene similitud a la estacional, con la cual hemos vivido desde hace varios años”

Influenza A H1N1 es “benigna”: Córdova
DESECHOS. Jeringas que fueron utilizadas para la vacuna de la influenza son apiladas en un contenedor (Foto: AP )
JAJAJAJAAA SE LOS DIJE ES UNA PATRAÑA ARTIFICIAL
ahora resulta que quieren proteger su plan de pandemia que ya todo mundo sabe. SON GENOCIDAS LOS OLIGARCAS DE LA MEDICINA ¡¡ (NO SE DEJEN ENGAÑAR) EL VIRUS NO ES NUEVO Y ESTA SIENDO MANIPULADO, COMAN BIEN Y LAVENSE LAS MANOS SIEMPRE.
Ruth Rodríguez El Universal
Viernes 16 de octubre de 2009
ruth.rodriguez@eluniversal.com.mx

El secretario mexicano de Salud, José Ángel Córdova, aseguró ayer que la gripe A H1N1 es “benigna” y que su capacidad de contagio y mortalidad es similar a la gripe estacional, por lo que no debe haber motivo de alarma.

“La influenza AH1N1 es una enfermedad benigna, provocada por un virus ‘primo’ de la estacional”, señaló Córdova durante la inauguración del primer Congreso Internacional de Enfermería Retos y expectativas hacia la excelencia, en Jalisco.

El secretario señaló que la influenza A es una enfermedad que “si bien es nueva, tiene similitud a la estacional, con la cual hemos vivido desde hace varios años”.

En tanto, se informó que los contagios siguen a la alza en todo el país. En los últimos dos días se han registrado 2 mil 431 nuevos casos de personas contagiadas por el virus A H1N1 y cinco fallecimientos más, de acuerdo con el último reporte emitido por la Secretaría de Salud.

La cifra nacional, hasta el pasado 14 de octubre, es de 41 mil 920 casos confirmados y 260 muertos.

Desde septiembre y principios de octubre, los estados del centro y noroccidente registran el mayor incremento, entre los que destacan Nuevo León con 2 mil 413 casos; San Luis Potosí, mil 884 casos; Veracruz, mil 834; Tamaulipas, mil 884; Michoacán, mil 531; Sonora, mil 488 y Oaxaca, mil 482.

En el reporte del 12 de octubre, la cifra nacional era de 39 mil 489 casos confirmados y 255 muertos.

(Con información de EFE)

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El switch: Luis Javier Garrido

El switch
Luis Javier Garrido
La decisión del gobierno calderonista de asaltar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (10 de octubre) y decretar su desaparición (11 de octubre) como una vía para acelerar la privatización de la industria eléctrica del país y ofrecer pingües negocios a las mafias a las que se halla asociado se le ha revertido de inmediato, pues está poniendo en pie de lucha no tan sólo a los trabajadores electricistas y a múltiples sindicatos sino a amplios sectores de la nación que lo acusan de actuar en la más absoluta ilegalidad.

1. El decreto de Felipe Calderón ordenando la extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado en una edición especial del Diario Oficial de la Federación el domingo 11 (pp. 2-5), es un documento inconstitucional porque aun en el supuesto de que el espurio michoacano fuese gobernante legítimo del país, no tendría facultades para suprimir con su sola firma una entidad pública, creada como consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica del país el 27 de septiembre de 1960 y la reforma constitucional del 30 de diciembre de ese año, y regulada por un cúmulo de leyes federales, y no es tratando de fundamentarse en leyes secundarias anticonstitucionales como los panistas pueden salir del embrollo en el que se han metido.

2. La decisión atrabiliaria e ilegal del gobierno a la deriva que pretende encabezar el panista michoacano es, además de ética y jurídicamente inaceptable, por atentar contra los derechos de los más de 43 mil trabajadores a los que deja sin empleo, un acto de traición a la patria que vulnera los intereses fundamentales de la nación, ya que busca acelerar de manera anticonstitucional la privatización de una industria estratégica fundamental para un desarrollo soberano e independiente del país, y eso lo comprendieron los cientos de miles de manifestantes que desfilaron ayer 15 de octubre de la columna a la Independencia a la Plaza de la Constitución –en una marcha que superó todas las expectativas–, muchos de los cuales exigieron la remoción inmediata de Calderón, que no tiene otra propuesta de gobierno que la de violentar de continuo el orden fundamental de la República para satisfacer intereses espurios, y demandaron que sea sometido a juicio político.

3. La movilización que se está incrementando en México no es hoy, por lo mismo, nada más en defensa de los trabajadores, de las organizaciones sindicales del país y en particular del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), o de los derechos de todos los mexicanos amenazados por un gobierno atrabiliario, que en su desesperación y fracaso da manotazos políticos sin respetar las leyes fundamentales del país, sin tener más argumento que la utilización de las fuerzas policiaco-militares, a las que recurre para todo, sino de la nación en su conjunto.

4. El decreto inconstitucional del 11 de octubre fue concebido por quienes urdieron hace tiempo la medida como una vía imprescindible para acelerar la privatización de la industria eléctrica de México, al permitirle al gobierno panista uncir la generación de energía eléctrica en el centro del país al esquema de corrupción creado en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de paso facilitarle eliminar al SME, opuesto a ella –dando así un paso más en el desmantelamiento del Estado nacional mexicano–, y fue asumido como suyo por Calderón al verlo también como un golpe político propagandístico que en su limitado entendimiento le permitiría levantar un poco su deteriorada imagen ante el capital trasnacional y los más fascistizados empresarios nacionales, y sin embargo todo se les está revirtiendo.

5. El aspecto más grave de lo que acontece es que a pesar de la vasta campaña de desinformación orquestada por Televisa y Tv Azteca, los mexicanos han entendido que la medida constituye también en lo político una agresión sin precedente a la organización obrera del país, al atacar a uno de los sindicatos más antiguos y emblemáticos de las luchas del México del siglo XX, al que se busca aplastar en el afán de trastocar por completo la estructuras económicas y sociales del país retrotrayéndonos a un esquema similar al existente en los años del porfiriato.

6. La electricidad fue entendida ya desde los años de la Revolución Mexicana como un recurso estratégico fundamental, y cuando tras décadas de luchas se logró la nacionalización de la industria eléctrica, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se entendió que se había logrado una conquista invaluable pues un switch clave del desarrollo nacional estaba en manos de los mexicanos, de ahí que las luchas de la Tendencia Democrática del SUTERM, y más tarde del SME, se opusieran a que se violaran las previsiones constitucionales.

7. El móvil atrás del decreto de extinción de Luz y Fuerza aparece claro ante todos, pues de lo que se trata es de beneficiar a las redes de corrupción de la clase política vinculadas a Salinas y a Calderón, señalados de manera insistente en los medios como los dos gobernantes más corruptos de los últimos tiempos. En el marco de la CFE se han creado mecanismos para entregar anticonstitucionalmente la industria eléctrica a corporaciones privadas extranjeras (principalmente las españolas Fenosa e Iberdrola Energía, la estadunidense Enron y la japonesa Mitsubishi) vinculadas a políticos del PRI y el PAN, contradiciéndose el principio sustentado en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que establecen que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, el área estratégica de la electricidad.

8. Los responsables de las posibles fallas de Luz y Fuerza del Centro no son los trabajadores, que de manera ejemplar han defendido a la empresa con su trabajo cotidiano y en múltiples conflictos, sino los políticos corruptos beneficiarios directos del poder político, y ahora del decreto, a los que la prensa cita una y mil veces, amigos todos de Salinas y Calderón: Fernando Canales Clariond, Ernesto Martens, Joseph-Marie Cordoba, Claudio X. González, Diego Fernández de Cevallos, los Mouriño, Antonio Lozano Gracia, Armando Salinas Torre y muchos más, los que ahora pretenden hacer el negocio del siglo con las redes de fibra óptica (Proceso, 1719).

9. La campaña calumniosa del gobierno contra los trabajadores, culpándolos de los malos manejos que han hecho los altos funcionarios de Luz y Fuerza del Centro, no hace más que pintar una vez más de cuerpo entero a Felipe Calderón, a quien su propio mentor y guía Carlos Castillo Peraza calificaba como inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y personas, según relata Julio Scherer en su reciente libro Secuestrados (Grijalbo, 2009), y a quien los mexicanos ya han puesto en su sitio –como se decía ayer en la marcha– como un enemigo de México.

10. La situación existente antes del 10 de octubre no podrá volver a ser la misma. La controversia constitucional que van a presentar los trabajadores electricistas va a situar una vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante su realidad, pero la controversia del pueblo frente al gobierno panista ya no tiene vuelta de hoja.
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Fallas en el decreto (de calderon): Miguel Ángel Rivera

Clase Política

Fallas en el decreto
Miguel Ángel Rivera
En muy poco tiempo el sector de desempleados podría aumentar, pero no con los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, sino con altos funcionarios que aconsejaron al presidente Felipe Calderón decretar la extinción de esa paraestatal.

Juristas de la Cámara de Diputados descubrieron fallas en la argumentación del gobierno federal y, en consecuencia, estiman que el gran golpe de la actual administración federal podría revertirse. Al menos, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) podría conservar la titularidad del contrato colectivo de trabajo, sea cual sea la nueva institución encargada del suministro eléctrico, pues aun con el cambio de razón social, las fuentes de trabajo no han desaparecido.

El diputado queretano Jesús Rodríguez, con estudios de posgrado en derecho, explicó que la fracción priísta en la Cámara de Diputados se negó a sumarse de inmediato a presentar la controversia constitucional por considerar que se hacía de forma apresurada y con pocas bases.

Por ello, en la sesión de ayer, a propuesta de Francisco Hernández Juárez, del PRD, se creó una comisión especial encargada de revisar la acción presidencial y determinar el mejor camino jurídico para proteger a los trabajadores, que son los menos responsables de este conflicto.

La cosecha

La perversa agresión del actual gobierno federal contra el sindicalismo democrático e independiente de México se manifiesta en su mayor crudeza con el atentado contra el SME, afirmó el exiliado dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, en un mensaje que envió a los participantes en la manifestación de ayer…

La revisión por la Suprema Corte de los sucesos violentos en Oaxaca carece de vinculación de carácter jurídico, destacó la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, al comentar las propuestas de iniciar un juicio político contra el mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz. A su vez, el coordinador de los diputados priístas, Francisco Rojas Gutiérrez, afirmó que evidentemente el gobernador de Oaxaca tiene la solidaridad de nuestra fracción y de todos los priístas…

En tanto, el senador oaxaqueño Adolfo Toledo calificó de preocupante que los ministros de la Suprema Corte se sujeten a intereses político-partidistas, al destacar que hubo quienes cambiaron totalmente su opinión de un día para otro...

El rector de la UNAM, José Narro, señaló que en México hay muchos pendientes y para avanzar lo primero que se debe hacer es atender el tema del cumplimiento real de los derechos sociales fundamentales…

El primer visitador Raúl Plascencia Villanueva, quien tiene el respaldo de 27 comisiones estatales para ser el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, propuso al Senado una reforma jurídica para fincar responsabilidades políticas y legales contra los servidores públicos que violen los derechos básicos del individuo y no limitarse, como ahora, a simples observaciones…

riverapaz@prodigy.net.mx

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México SA: Calderón hace 6 años, Obsesión por privatizar

México SA
  • Calderón hace 6 años
  • Obsesión por privatizar
  • ¿Para quién será el jugoso negocio?
Carlos Fernández-Vega
Dice el inquilino de Los Pinos y jilgueros que lo rodean que el decretazo en contra de Luz y Fuerza del Centro no tiene relación alguna con la privatización del sector eléctrico. Qué bueno que lo aclaren, porque es lo mismo que dijeron sus cuatro antecesores en la residencia oficial y a estas alturas el balance de tan rotunda negativa se traduce en que alrededor de 40 por ciento de la generación eléctrica en el país está en manos del capital privado, fundamentalmente trasnacional.

Que Felipe Calderón no busca la privatización del sector eléctrico es una verdad tan grande y contundente como aquella del presidente del empleo o su diagnóstico de la crisis (simple gripa o catarrito, como diría Carstens). ¿Será que en sólo seis años cambió de ideas, por mucho que los hechos demuestren lo contrario, y no quiere privatizar? Lo anterior, porque es increíble que el ahora inquilino de Los Pinos maneje otro concepto que el abiertamente planteado ante los senadores de la República el 17 de noviembre de 2003, como secretario de Energía en el gabinetazo de otro de los accidentes históricos que registra la política mexicana (léase Vicente Fox).

Como recordar es vivir, va lo que seis años atrás Calderón delineó como la política energética perfecta, misma que ahora, con el acelerador a fondo, intenta concretar a golpe de extinciones. ¿Qué dijo en aquel noviembre de 2003 ante los senadores?: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna. La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico, sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.

“A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de las inversiones privadas en el sector.

Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación, nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas, vale la pena resaltar que las inversiones anuales que el sector eléctrico requiere, representarían más de dos veces las erogaciones en el presupuesto para ciencia y tecnología, dos y media veces el programa de Oportunidades, tres veces o más de tres veces la atención a la población indígena.... Entonces, sí, su obsesión es privatizar.

Y sobre la extinción de esta empresa pararestatal, un experto en la materia envía el siguiente apunte: “El gobierno federal argumenta que decidió desaparecer a Luz y Fuerza del Centro porque tuvo un déficit de 40 mil millones de pesos en 2008. Cabe preguntarse: ¿de dónde surgió ese déficit? La CFE le vendió a 1.20 pesos por kilovatio-hora un bloque de 40 teravatios-hora, cuando aquella paraestatal la compró a las productoras extranjeras en 80 centavos por KWH. Esta especulación significó para LFC un sobreprecio de 16 mil millones.

“En la ciudad de México existen varios miles de empresas en media tensión que se roban la energía, contratando personas para que alteren los medidores de electricidad. Con esta acción ilícita LFC dejó de percibir el año pasado 11 mil millones de pesos.

“A los más de 20 mil trabajadores jubilados que tiene LFC se les pagaron en 2008 cerca de 10 mil millones. El gobierno federal nunca quiso asimilar estos pasivos, sino hasta ahora que decretó la desaparición de esta empresa. La suma de estos tres conceptos resulta en 37 mil millones de pesos, que es similar al déficit de Luz y Fuerza del Centro: ¿será legal el argumento del gobierno federal para extinguir a LFC?

En 2008 la nómina de los más de 40 mil trabajadores activos de Luz y Fuerza del Centro fue de casi 15 mil millones de pesos. ¿Cómo es que el gobierno federal pretende indemnizarlos con 20 mil millones? De la plantilla laboral de LFC, casi 15 mil trabajadores se dedican a construir redes de distribución, líneas y subestaciones; los nuevos desarrollos urbanos cubren sus nóminas. ¿A quién le transferirá el gobierno federal este jugoso negocio? En la CFE las subestaciones y líneas son obras Pidiregas que ejecutan las trasnacionales, y las redes de distribución construidas por empresas particulares contratadas por los propios fraccionadores.

“El gobierno federal ha puesto a la CFE como el modelo a seguir para sustituir a LFC, y en muchos aspectos es válido. Sin embargo, por ejemplo en Acapulco los robos de energía en la zona hotelera son proporcionalmente más altos que en LFC. ¿Decretará el gobierno federal la extinción de esa zona de CFE? ¿Aceptará el Suterm esta decisión? Y en otras áreas energéticas, ¿qué hará con los robos en ductos de Pemex, y al consumidor en las estaciones de gasolina? (más de 40 mil millones de pesos anuales).

Es muy difícil defender al sindicato de LFC, que con su paternalismo ha propiciado la ineficiencia extrema, exceso de personal y corrupción; pero ese paternalismo ha sido tolerado por muchos años por la administración de la empresa y el gobierno federal. En particular, la crisis de sus áreas de atención al público, en las que se han negado a aceptar nuevas opciones para mejorar la calidad de servicio. Sin embargo, ¿ejercerá la misma acción correctiva el gobierno federal con los sindicatos de Pemex y de la SEP? (José Luis Apodaca Villarreal, japodaca@prodigy.net.mx).

Las rebanadas del pastel

En el gobierno de la creatividad, sorpresa tras sorpresa: ¿a quién adjudicó el paquete carretero del Pacífico Norte? ¡Milagro!: a Carlos Slim y su empresa Ideal, candidata a recibir los dineros de las Afore para infraestructura.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

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Astillero: Zócalo Lleno, sin AMLO en él: mega marcha del SME


Astillero
monero Camacho
  • Zócalo social
  • Lleno, sin AMLO en él
  • Madurez y participación
  • Apertura a transgénicos
Julio Hernández López
Foto
Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, acompañado del senador Graco Ramírez y de Benito Bahena, entre otros, ayer durante la marcha en protesta por la extinción de Luz y Fuerza del CentroFoto José Carlo González

A diferencia de los anteriores zócalos (electorales), el de ayer fue desbordado por una amalgama de movimientos e intereses sociales de diferente origen y destino, cuyos reclamos, textura y ánimos deberían generar replanteamiento de estrategias bélicas al gobierno federal golpista, cuya renuncia fue exigida ayer con insistencia nada acomedida. La valoración y dimensionamiento de la marcha de ayer puede hacerse sin caer en la tentación inducida de anexarla a las pretensiones o la fuerza personal de López Obrador, quien de manera calculada evitó llegar al templete, oficialmente atorado en la extrema retaguardia, deseoso en realidad de ceder el escenario a los trabajadores en lucha.

La gran movilización popular de ayer demuestra la falsedad de las versiones oficialistas que varios medios controlados difunden acerca de la impopularidad de la resistencia contra el más reciente de los caprichos del calderonismo húmedo. Pero no ha de ser en cuestión de números en donde un análisis ha de empantanarse (a la hora de redactar esta línea son las 20:18 y frente a un café con Internet inalámbrico en 16 de Septiembre siguen pasando grupos rumbo al Zócalo, eufóricos, ondeando banderas, coreando consignas, que van a una Plaza de la Constitución de la que una hora atrás se retiró este tecleador, cuando ya estaba llena). Lo importante de ayer es el grado de madurez y participación de segmentos progresistas y de izquierda que por primera vez han podido asomar con una visión de futuro y sin ropajes partidistas o electorales a la lucha abierta y masiva desde el fraude de 2006. Por ello ha sido posible ver grupos estudiantiles y juveniles en cantidades y alegría como no se había logrado tener en ningún momento de la lucha poselectoral. Por ello ayer hubo los errores y problemas naturales de toda organización social que empieza a definirse, desde los contingentes que sin esperar a la vanguardia oficial comenzaron a marchar rumbo al Zócalo, dejando muy atrás a los liderazgos oficiales y su formación protocolaria, hasta los discursos que tenían ese tono ajeno a la veneración de candidatos y a la lamentación obligatoria del pasado escamoteado (a las 20:26, un reportero internacionalista comunica a Astillero News que frente al Sheraton Alameda está pasando el último grupo de caminantes rumbo al Zócalo).

Lo sucedido ayer muestra que, en una realidad política tan polarizada, sólo tomando al pasado como referente de fuerza y convicción se podrá tejer con posibilidades de éxito el futuro. Dicho de otra manera: hoy se tiene la gran oportunidad de darle viabilidad, incluso electoral, incluso a AMLO, a un movimiento de resistencia al fraude, pero a condición de que sepa entender que el México actual requiere definiciones de lucha que van más allá de las personalidades fuertes y las proclamas repetitivas y que requiere más horizontalidad, más estructura y más pluralidad. Con sagacidad, López Obrador está haciendo todo lo posible para que la carga de animadversión y difamación que los medios oficialistas le tienen reservada para cada ocasión en que aparece en actos importantes no sea transferida al movimiento de defensa de los electricistas. Esa es una postura positiva. Con el agregado importante: la gran movilización dependió de instancias colectivas, de un trabajo de organización que aun teniendo como eje al líder Martín Esparza no podrá ser aplastado ni calumniado sólo a partir de un individuo. (Inteligente forma de López Obrador de hacerse más presente mediante la ausencia. En nombre de su movimiento habla Claudia Sheinbaum, luego de que los organizadores lo han pedido, pues la intención de los lopezobradoristas era que ni siquiera se produjera esa intervención. Porfirio Muñoz Ledo arenga e incendia, aunque en el propio templete hay quienes escuchan la oratoria del multipartidista con histórico escepticismo.)

Lo de ayer no fue una demostración de fuerza (músculo político, adelantaba un diario, como si de fisicoculturismo social se tratara) sino de razón y convicción. Podrían haber sido la mitad, y habrían sido muchos; podrían haber sido el doble, sin decisión y coraje, y habrían sido pocos. Fueron los justos, en nombre de muchos más. Tanto en la capital del país como en otras ciudades. Tanto en cuerpos presentes como en ánimos ausentes pero solidarios. Una jornada cívica de rechazo profundo a un gobierno (más allá de consideraciones sabidas de ilegitimidad), a sus acciones y su orientación. Hoy es un exceso recordar que Calderón es un espurio o un pelele; los hechos hacen innecesaria la insistencia verbal; la protesta de ayer hubiera sucedido en los mismos términos aun cuando se reconociera plenamente la legitimidad de Calderón. Y la sentencia de la plaza pública ni siquiera ve tanto hacia atrás: que renuncie, que se vaya, por lo que ha hecho y lo que previsiblemente seguirá haciendo: 2009 es el punto de partida, teniendo en cuenta 2006 pero entendiendo que éste es el año del quiebre, éste es el año del agravio generalizado que agudiza las conciencias y motiva la militancia. Así se articuló ayer la demanda generalizada de que se vaya el culpable de tantas desgracias, grito en el corazón de la patria que políticamente no es cosa menor en un país que según el propio rector de la UNAM está en riesgo de estallidos sociales (al final del mitin, Martín Esparza pide que Marcelo Ebrard sea mediador ante el gobierno federal que, dice el dirigente sindical, ya está dispuesto a abrir esa forma de negociación).

Mientras tanto, Felipe sigue dando golpes al interés popular. La gente marchaba y protestaba mientras él abría las puertas a los intereses trasnacionales en materia de transgénicos, al autorizar las primeras dos solicitudes para sembrar ese tipo de maíz. Greenpeace también necesita marchas de apoyo y resistencia ecológica. Por lo pronto, se abrieron las posibilidades de mesas de negociación, se desplegó una movilización equivalente o mayor a la de los mejores actos de López Obrador y revivió una izquierda y un movimiento social que la derecha calderonista consideraba doblegado. ¡Feliz fin de semana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

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Carrancá y Rivas y De Buen elaboran controversia contra extinción de LFC

  • El decreto del Ejecutivo violó el derecho laboral y la Ley Federal del Trabajo, afirman
  • Carrancá y Rivas y De Buen elaboran controversia contra extinción de LFC
  • También ignoró la potestad del Congreso de la Unión de legislar sobre energía eléctrica
Alfredo Méndez

Los reconocidos despachos jurídicos que encabezan el maestro emérito de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas, y el abogado laboralista Néstor de Buen Lozano, asumieron este jueves la defensa legal del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Martín Esparza (dirigente del SME) ya habló conmigo para que junto con el doctor De Buen encabecemos la defensa de los electricistas, mediante la elaboración de una controversia constitucional y la redacción de demandas de amparo para los trabajadores. Yo acepté, señaló Carrancá y Rivas, especialista en materia constitucional y amparo.

No tengo la menor duda de que con su decreto presidencial de extinción de LFC, Felipe Calderón violó normas laborales muy claras, al establecer la terminación de contratos individuales de trabajo sin pasar por los procedimientos que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT), por eso decidí apoyar al sindicato de electricistas, agregó De Buen, doctor en derecho.

Ambos indicaron que cuentan con 15 días hábiles para interponer la demanda de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y 30 para solicitar los amparos ante un juez federal en materia laboral.

En ambos casos los plazos empiezan a contar el siguiente día hábil después que se emitió el decreto presidencial de extinción; es decir, el pasado lunes.

Explicaron que se prevé que la demanda de controversia la presenten legisladores federales, o diputados de algún Congreso estatal afines al movimiento sindical o, incluso, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien ayer dijo que valora esa posibilidad.

En un primer análisis sobre los argumentos que formarán parte central de una controversia constitucional, y sobre los conceptos de violación de garantías que se incluirán en las demandas de amparo, ambos juristas, en entrevista con La Jornada, adelantaron que harán valer violaciones a varios artículos de la Carta Magna, fundamentalmente porque al decretar la liquidación de LFC Calderón rebasó sus atribuciones legales y pasó por encima de las facultades del Congreso de la Unión.

–¿Cuáles serán los conceptos de violación de garantías, y cuál el sustento para interponer la controversia constitucional? –se preguntó a Carrancá y Rivas.

–Consideramos que el decreto del Presidente pasó por alto la potestad del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque el artículo 73 constitucional, en su fracción X, faculta al Congreso para que legisle sobre energía eléctrica.

Nosotros manejamos el argumento de que el decreto entra en el terreno de esta materia, y ya que el Congreso tiene facultades para legislar en la especie, por lo menos debió haber sido consultado. El decreto presidencial, al haber violado esta fracción de un artículo de la Carta Magna, está desconociendo el origen de la vida jurídica de LFC y, algo más grave: al haber hecho esto afectó los derechos laborales de los trabajadores.

–¿Consideran ustedes que el decreto de extinción de LFC viola el artículo 123 constitucional, sobre el derecho al trabajo y previsión social?

–Por supuesto, porque los empleados de LFC tienen, con base en el artículo 5 de la Constitución, el derecho al trabajo, y nosotros entendemos que no es posible ejercer este derecho, sin la consecuencia del derecho de agruparse y asociarse para defender sus intereses, es decir, de sindicalizarse.

Por tanto, al violar la fracción X del 73 constitucional, se está violando el artículo 5 constitucional y el derecho laboral de los trabajadores, es decir, el 123 de la Carta Magna., destacó el maestro emérito de la UNAM.

Carrancá y Rivas explicó en qué consta la violación a las normas laborales: “el artículo 434 de la LFT considera que son causas de terminación de las relaciones laborales la incosteabilidad notoria de la explotación, en el caso de la energía eléctrica.

“Y el gobierno ha sostenido que LFC económicamente está agotado, por lo que es una causa de terminación de la relación de trabajo. Pero el siguiente artículo de la LFT (435), fracción III, dispone que si hay incosteabilidad, como lo cuentan en este caso, el patrón, previamente a la terminación de la relación laboral, deberá obtener autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Es claro que esto no lo hizo el presidente Calderón. Por tanto, hubo violación del derecho laboral, del sindicalismo, del artículo 123 constitucional y de la ley reglamentaria de éste, que es la LFT, destacó el jurista.

Néstor de Buen aclaró que si bien hay materia para que un juez conceda la suspensión del acto reclamado por la vía de amparo, estamos valorando si conviene solicitarla, toda vez que se trata de la demanda contra un hecho consumado. Serán demandas individuales por despido injustificado.

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Prosa automática: Juan Villoro

Prosa automática
Juan Villoro
16 Oct. 09

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LFC: repudio a la extinción, necesidad de diálogo

LFC: repudio a la extinción, necesidad de diálogo
lajornada
Decenas de miles de integrantes de organizaciones sindicales, campesinas, populares y estudiantiles del país se congregaron ayer en el Zócalo de la ciudad de México y manifestaron su repudio al asalto de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la posterior liquidación de la compañía, decretada en los primeros minutos del pasado domingo. Quedó de manifiesto así un rechazo contundente de dichos sectores a una medida que se consumó en forma por demás arbitraria, de espaldas a la sociedad y al margen de la legalidad: como han expresado distintos especialistas en temas jurídicos, la decisión de desaparecer LFC careció de bases, pues no existía amenaza de huelga ni el servicio estaba en riesgo, y para extinguirla con el argumento de su inviabilidad financiera habría sido necesario llevar a cabo un juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica, cosa que no sucedió.

Durante el mitin, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, anunció que, gracias a la intervención del Gobierno del Distrito Federal, la administración calderonista había accedido a establecer una mesa de diálogo a partir de hoy. Por la noche, el gobierno federal reiteró su disposición al diálogo y confirmó que hoy se instalará una mesa de negociación con el sindicato, pero precisó que ésta tendría por objeto explorar alternativas de reinserción laboral, así como para velar por el estricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores de LFC, con lo que dejó en claro que no pretende dar marcha atrás en la liquidación de la compañía.

Habría sido deseable, ante las expresiones de inconformidad social que ha detonado la decisión gubernamental, que las autoridades federales exhibieran una actitud más abierta y sensible a tales reclamos, y que procedieran, en consecuencia, a emprender un diálogo efectivo. En ese sentido, la respuesta del gobierno federal es desalentadora: los trabajadores del SME no piden alternativas de reinserción laboral sino la recuperación de sus puestos de trabajo y la derogación de un decreto que atenta, precisamente, contra el estricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Por añadidura, la supuesta disposición de la administración calderonista al diálogo se ve empañada por su persistencia en presentar a los trabajadores de la extinta compañía paraestatal como un sector privilegiado, ineficiente, beneficiado con prestaciones injustificables y oneroso para el país. Es necesario reiterarlo: contrario a lo que se afirma desde el discurso oficial, los trabajadores de esa empresa no constituyen una minoría privilegiada; su ingreso promedio asciende, como se informó ayer en este diario, a poco más de 6 mil pesos mensuales, monto que incluso se ubica por debajo de la media nacional.

No puede soslayarse que los empeños gubernamentales por denostar al SME tienen como telón de fondo un proyecto económico que preconiza el desmantelamiento de las conquistas y las asociaciones sindicales, incentiva la proliferación de mecanismos como el de la subcontratación, ha llevado el poder adquisitivo de los salarios a niveles raquíticos y destruido los mecanismos de bienestar social. A lo como puede verse, resulta inconcebible para la arrogancia tecnocrática que ha caracterizado a las recientes administraciones que los empleados cuenten con prerrogativas laborales favorables y que estén dispuestos a organizarse para defender sus puestos de trabajo.

En suma, cualquier diálogo que se establezca entre los empleados de LFC y las autoridades estará destinado al fracaso en la medida en que no sea precedido por una voluntad efectiva de las segundas para abandonar la campaña de linchamiento mediático que han emprendido en contra del SME, y reconocer de cara a la sociedad que los factores que derivaron en la difícil situación que atraviesa la compañía no son achacables por entero al sindicato, sino que se gestaron en los malos manejos administrativos de la empresa y en la astringencia presupuestaria que se le ha impuesto en las pasadas décadas. La circunstancia presente demanda que el Presidente y su gabinete demuestren voluntad política para escuchar los reclamos de un sector amplio de la ciudadanía, y que privilegie el diálogo y la política por encima del hostigamiento y la confrontación.
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jueves, 15 de octubre de 2009

México Dice millones de groserías diario:

Dice México millones de groserías diario
groserías
Por regiones, los mexicanos del norte y del centro tienen mayor propensión a decir groserías.

El sondeo reveló que los ciudadanos pertenecientes a los estratos altos dicen más malas palabras que los de estratos bajos

AP reforma.com
LOS PANISTAS CHINGAN A SU PUTA MADRE TODOS LOS DIAS.
PANISTAS PENDEJOS, CULEROS CULEADOS.

Ciudad de México (15 octubre 2009).- Más de mil 350 millones de vulgaridades salen a diario de las bocas de mexicanos, aunque éstos consideran que no son malhablados, según se desprende de una encuesta.

En el estudio "El mexicano y las groserías", que la empresa privada Consulta Mitofsky publicó en su sitio de internet, se señala que, cada mexicano, dice en promedio 20 groserías diarias, aunque cerca de uno de cada 10 asegura que no las necesita para comunicarse durante el día.

"Si las respuestas de los mexicanos se extrapolan buscando la incidencia nacional, tendríamos en el País más de mil 350 millones de malas palabras cada día o 500,000 millones al año", señaló Mitofsky.

La empresa aclaró que la extrapolación aplica para los mayores de 18 años, por lo que, de incluir a los niños, el número de groserías al día sería mayor.

México es un País con más de 107 millones de habitantes, de los cuales más de 65 millones son mayores de 18 años.

Mitofsky señaló que el concepto de "grosería" se refiere a "malas palabras" que cada persona calificó así a partir de su propio contexto.

"La misma palabra aplicada en distintos contextos y en dos momentos es vista de manera muy diferente", señaló.

La encuesta se realizó en viviendas del 24 al 28 de junio a mil adultos en todo el País. El margen de error es de 3.1 puntos porcentuales.

El sondeo encontró que, contrario al estereotipo en México, los ciudadanos pertenecientes a los estratos altos de la población manifiestan decir una mayor cantidad de malas palabras en comparación con los estratos bajos.

Por regiones, los mexicanos del norte y del centro tienen mayor propensión a decir groserías.

Quienes se consideran poco groseros dicen pronunciar nueve al día, mientras que los muy mal hablados pronuncian unas 42 groserías.
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LyFC: 'Disfrazan' militares de Policía Federal PF, Los soldados resguardan la subestación de la Colonia Doctores

'Disfrazan' militares de Policía Federal
militares
Militares que resguardan la subestación de la Colonia Doctores.
Foto: Leonardo Sánchez

Los soldados también realizan tareas de inteligencia, aseguraron fuentes militares

Luis Brito y Benito Jiménez REFORMA.COM

Ciudad de México (15 octubre 2009).- Elementos del Ejército custodian algunas instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) "disfrazados" de policías federales, corporación a cargo del operativo.

Fuentes militares revelaron que son 2 mil elementos de la Tercera Brigada y del Tercer Batallón de la Policía Militar, con base en los campos militares 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, y el Número Uno, respectivamente.

Explicaron que los soldados fueron incorporados el lunes al operativo para resguardar las cerca de 400 instalaciones de LFC, además que realizan trabajos de inteligencia sobre las movilizaciones de electricistas en el Distrito Federal, Hidalgo, Puebla y Morelos.

Personal de la Policía Federal confirmó que a los militares se les entregaron uniformes nuevos de las Fuerzas Federales de Apoyo, brazo operativo de la corporación, para pasar desapercibidos durante el resguardo de los inmuebles.

Aunque fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rechazaron la participación de militares en el operativo, durante un recorrido por distintas instalaciones bajo custodia de la Policía Federal, REFORMA observó efectivos calzando botas con las siglas de la Defensa Nacional (Sedena) y gorras nuevas sin el escudo de la corporación.

En el campamento de la desaparecida compañía en Belem de las Flores, en la Delegación Álvaro Obregón, tres elementos que custodiaban el acceso usaban botas con las siglas Sedena en el tacón, a diferencia de otros cinco policías federales con equipo antimotín, quienes portaban cascos negros.

El mismo caso se presentó en la subestación eléctrica de Avenida Pacífico, en la Delegación Coyoacán, en las instalaciones de Doctor Vértiz, en la Delegación Cuauhtémoc, así como en la oficina de Nezahualcóyotl, en la Colonia Evolución, varios elementos portaban las mismas botas y gorros azul marino sin escudo.

Como parte de su uniforme, los elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo usan botines negros de la marca estadounidense 5.11, adquiridos en 2008 por la SSP o botines de otras marcas comerciales que son adquiridos por ellos.

Apenas en septiembre, durante su comparecencia ante el Congreso, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna anunció que el 30 de junio concluyó el convenio que sostenían desde 1999 con la Sedena para el préstamo de militares a la corporación.

En ese año, para conformar al brazo operativo de la naciente PFP, el Gobierno federal tuvo que echar mano de los 4 mil 500 elementos de la Tercer Brigada de la Policía Militar mientras formaba los cuadros de la corporación.
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SCJN: Ulises Ruiz Violó garantías individuales: RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA EN OAXACA

SCJN ante Oaxaca: resolución y claroscuros
Lajornada.
Por mayoría –siete votos contra cuatro–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió señalar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y a otros funcionarios de su administración, como responsables de violaciones graves a las garantías individuales ocurridas durante el conflicto que se registró entre mayo de 2006 y enero de 2007 en la capital de esa entidad.

Es de saludar en primer lugar que la mayoría de los integrantes del máximo tribunal hayan rechazado la propuesta elaborada por el ministro Mariano Azuela, que señalaba que las vejaciones y los atropellos cometidos en el contexto de ese conflicto no eran imputables al mandatario oaxaqueño, sino a los mandos policiacos, y responsabilizaba a particulares por no haber atendido los ofrecimientos de los gobiernos estatal y federal para dialogar, y haber realizado, en cambio, marchas, bloqueos y tomas de edificios.

La determinación de la SCJN sienta, así, un precedente positivo al reconocer que el Ejecutivo estatal falló en su deber de proteger, con estricto apego a la ley y a las garantías individuales, los derechos de la población, y que con ello permitió la comisión de asesinatos, secuestros y otros delitos graves en contra del sector opositor, aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Por desgracia, no parece haber ahora, como tampoco hace tres años, capacidad y voluntad por parte de las autoridades correspondientes para establecer, en contra de los responsables, las sanciones penales y administrativas que amerita el caso. De hecho, la propia decisión de la SCJN por atraer el caso del conflicto oaxaqueño significó en su momento una muestra del vacío institucional que persiste en el país ante los quebrantos al estado de derecho.

Por añadidura, al responsabilizar a las autoridades estatales y no hacer lo propio con las federales –en este caso, con los gobiernos encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón–, los integrantes del máximo órgano de justicia del país incurren en un despropósito, habida cuenta de que la crisis que se gestó en la capital oaxaqueña a finales del sexenio pasado y principios del actual fue producto de una cadena de incapacidades que involucró a ambos niveles de gobierno, y que van de la torpeza y la lentitud que exhibieron para resolver un conflicto que en sus orígenes fue de carácter sindical, a la desmesura y falta de respeto a la ley con que intervinieron en él, provocando una oleada de violaciones a los derechos humanos.

Resulta desalentador, por lo demás, que esta resolución de la SCJN, al carecer de efectos penales, pueda no tener más consecuencia que la de asestar un nuevo golpe a la de por sí maltrecha imagen pública del gobernador oaxaqueño. En un momento en que prevalecen las tentaciones de criminalizar y reprimir las expresiones de disidencia política y los movimientos sociales, sería deseable que la definición de los magistrados tuviera mayores alcances y constituyera un ejemplo para el conjunto de las autoridades del país.

La resolución de la SCJN constituye, en suma, un avance parcial y con claroscuros en lo que respecta a la vigencia del estado de derecho y el combate a la impunidad.
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  • Ministros exculpan a Fox y funcionarios de su gabinete de los hechos de 2006 y 2007
  • Violó Ulises Ruiz garantías individuales durante el conflicto en Oaxaca: SCJN
Foto Intervención del ministro Genaro Góngora Pimentel durante la sesión de la Suprema Corte en la que se resolvió el caso OaxacaFoto Yazmín Ortega Cortés
Jesús Aranda

El gobernador Ulises Ruiz es responsable de violaciones graves de garantías individuales ocurridas en Oaxaca, resolvió ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por siete votos a cuatro.

Los ministros consideraron que el mandatario estatal no cumplió con su obligación de mantener el orden público y que su omisión derivó en desorden generalizado en la capital del estado y su zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007 y en julio de este último año.

En una sesión en la que algunos ministros cambiaron de opinión y votaron en contra de sus afirmaciones previas, el máximo tribunal rechazó por ocho votos a tres la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío de incluir al ex presidente Vicente Fox; a Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal, y a Carlos Abascal, quien fue titular de Gobernación, entre los culpables de permitir que la falta de gobernabilidad en la entidad diera lugar a acciones de particulares que derivaron en la afectación de derechos fundamentales.

Exentos de responsabilidad

También quedaron exentos de cualquier acusación el general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), actual diputado federal.

A su vez, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reprochó al mandatario oaxaqueño pretender trasladar el problema a la autoridad federal.

Ningún integrante del pleno apoyó a Silva Meza en su intención de responsabilizar también al presidente Felipe Calderón –argumentó que la violación de garantías continuó después del relevo presidencial–, y sólo hubo apoyo para agregar, entre las garantías individuales violentadas, el derecho a la información.

Quedaron en palabras también las intervenciones de ministros que afirmaron el pasado miércoles que las autoridades federales incurrieron en omisión al no atender a tiempo la petición del Ejecutivo y el Congreso oaxaqueños de apoyar a la fuerza pública local para resolver el conflicto social que se vivía.

Después de dos días de sesiones, en los que cada ministro fijó su postura sobre la investigación solicitada en 2006 por la Cámara de Diputados, el pleno resolvió con velocidad inusitada una investigación que duró año y medio y fue sintetizada en un proyecto de 923 cuartillas.

Los ministros sólo coincidieron en señalar que hubo violación generalizada de garantías.

La votación mayoritaria sólo responsabilizó a mandos policiacos estatales: al director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges.

También responsabilizó a policías locales y federales que incurrieron directamente en el uso excesivo de la fuerza en los operativos en que tomaron parte.

Ayer la voz discordante fue la del ministro Silva Meza, quien enfatizó que los hechos en Oaxaca pasarán a formar parte como páginas negras del libro de la historia de nuestro país.

Acusó a Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador general de la República, de haber mentido en el informe que entregó sobre los hechos, al aseverar que no habían participado agentes federales en tres cateos. También censuró al Ejército por negarse a informar los nombres y cargos de los soldados que participaron en los operativos, aun cuando estuvieran en calidad de comisionados en la PFP.

Infructuosamente, Silva Meza convocó a sus compañeros a reivindicar el derecho que tienen las víctimas a la reparación, para actuar en contra de los servidores públicos que hayan vulnerado sus garantías individuales.

Tampoco se sumaron a su exigencia de considerar violado el derecho a la verdad, “entendido como un mecanismo de reparación de derechos humanos, como una medida de no repetición.

Al estudiar el caso Oaxaca, a la luz de lo ocurrido en Atenco, podríamos concluir que estamos frente a una responsabilidad de Estado agravada, lo cual vuelve imposible exculpar a quienes estuvieron encargados del mando de las fuerzas federales en ambas ocasiones, dijo, y añadió que los dos casos, que fueron analizados por la Corte, sucedieron con pocos meses de diferencia; que en el ámbito federal involucra a varias autoridades: el mismo titular del Ejecutivo, el mismo secretario de Gobernación, el mismo titular de Seguridad Pública federal, el mismo procurador.

La resolución que señala la responsabilidad de Ruiz, aprobada por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero, será enviada, una vez que se redacte la versión final del dictamen, al presidente de la República, al Congreso, a los gobernadores, a los procuradores –incluido el General de la República– y a los titulares de Seguridad Pública federal, estatales y municipales.

La Suprema Corte ordenó también que la resolución se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca.

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SALARIO: 6 MIL PESOS AL MES trabajadores electricistas del SME

Se develan cifras oficiales
En LFC, salario promedio de $6 mil
Casi 20 mil miembros del SME, por debajo de ese ingreso mensual
Según reporte, se cumplieron 92% las metas de productividad
Si somos chafas, ¿por qué nos buscan para arreglar apagones?

  • Administraciones de LFC toleraron la baja calidad del servicio
  • Ir contra otros gremios sería autoritarismo, aduce Lozano
  • Liquidaciones: trabajador de base, $300 mil; de confianza, más de un millón
Foto
Expresiones del secretario del Trabajo, Javier Lozano, durante una conferencia en las oficinas de CFE de la colonia CuauhtémocFoto José Antonio López
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

Tras precisar que los trabajadores de base del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tendrán en promedio una liquidación de 305 mil pesos y los de confianza un millón 300 mil o un millón 800 mil –si cobran antes del 14 de noviembre–, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, aseguró que fueron las administraciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) las que concedieron, negociaron y toleraron falta de niveles y baja calidad y eficiencia del servicio.

En una conferencia de prensa inicialmente programada para dar a conocer los pormenores del proceso de liquidación a los trabajadores del SME, el funcionario fue cuestionado sobre por qué si se habla de excesos y privilegios de este gremio, no se mide igual a otras organizaciones sindicales como la de los petroleros, que tienen más prebendas.

Lozano reconoció que hay una serie de reclamos para que se actúe contra otros sindicatos y otros líderes gremiales, pero dijo que ello no se hará porque sería caer en tentaciones autoritarias.

–Usted habla de que el SME hacía peticiones millonarias en cada revisión contractual y salarial, pero también las hacen otros sindicatos, como el petrolero que lidera Carlos Romero Deschamps. ¿Contra ellos también se actuará?

–Hay que ver cuál es su aportación a la productividad y a la economía nacional…

El funcionario defendió además que el gobierno federal no va a medir igual a todos los sindicatos, porque no se puede hacer tabla rasa, e incluso anotó que hay que ver cuál es el costo-beneficio de cada gremio, de cada organización. Dijo que a LFC se le había querido liquidar desde otros sexenios y no se había logrado hacerlo.

Acerca del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que tiene el contrato colectivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), liderado por Víctor Fuentes –quien quedó al frente de la organización a la muerte de su tío Leonardo Rodríguez Alcaine–, el secretario Lozano aseguró que esta organización sí ha demostrado una enorme capacidad para ponerse de acuerdo con su administración.

En cuanto al proceso de liquidación, explicó que los trabajadores de base en promedio van a cobrar 305 mil pesos por finiquito o 435 mil pesos con la compensación incluida, si tramitan su pago antes del 14 de noviembre. En tanto, para los empleados de confianza, la liquidación será de un millón 300 mil pesos o un millón 800 mil, si apuran el proceso este mes.

Esto es porque el salario promedio de los trabajadores del SME es de 220 pesos diarios, es decir, 6 mil 600 pesos mensuales. Incluso, según cifras del sindicato, casi 20 mil trabajadores están debajo de ese promedio.

Otras categorías de trabajadores, como los transitorios, perciben 152 pesos diarios; la mayoría de oficinistas –depende del nivel– gana entre 180 y 260 pesos; un calculista de inspección obtiene 192.41 pesos; auxiliares, entre 109 y 139, y entre los más altos está el operador de subestación, que percibe 311 pesos al día.

Acompañado en esta conferencia de prensa por el director corporativo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Héctor Orozco, y el subsecretario del Trabajo, Alvaro Castro, Lozano explicó que los trabajadores del SME tienen un plazo de hasta dos años para cobrar liquidaciones a partir de la emisión del laudo de terminación de las relaciones colectivas de trabajo por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el próximo 30 de octubre.

Los funcionarios dijeron no tener el dato de con cuánto se va a liquidar al director de LFC, y tampoco señalaron los montos que se otorgarán a los altos mandos de la paraestatal, pero mencionaron que sí recibirán finiquito.

El secretario explicó que el plazo límite para recibir la compensación adicional es el 14 de noviembre, y confirmó que efectivamente, los que acudan primero a las oficinas de Luz y Fuerza del Centro por su liquidación, tendrán derecho de preferencia para ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad.

Según Javier Lozano Alarcón, los 44 mil trabajadores del sindicato que serán liquidados impactarán muy poco en la tasa de desocupación.

Por último, comentó que no acudió ante comisiones de la Cámara de Diputados porque nunca fui invitado a comparecer, y negó que él tenga algún interés en el negocio de fibra óptica, en que se ha mencionado a ex secretarios de Energía como Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens: El león cree que todos son de su condición; no tengo ningún interés en este tema y es falso que tenga una consultoría en la materia.

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Hubo avances en todas las áreas, según reporte sobre el acuerdo
SME y trabajadores cumplieron el convenio de productividad 92.17%

Fabiola Martínez y Patricia Muñoz

Los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) cumplieron 92.17 por ciento las metas del convenio de productividad firmado en marzo pasado entre la dirección general del organismo y el comité central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En el reporte más reciente sobre ese acuerdo bilateral, elaborado con cifras comparativas de enero a agosto pasado, se precisa que, excepto en servicios a cargo de la subdirección comercial, las otras áreas de LFC lograron porcentajes de cumplimiento de 90 y ciento por ciento, y algunas, como fábricas y talleres, reportan niveles superiores a las metas previstas.

Todos los indicadores, aun los que están bajo la meta programada, presentan avances sustanciales respecto de los resultados del primer trimestre de 2009.

Para el sindicato, la evolución del convenio se contrapone con el decreto presidencial –expedido el domingo pasado– para la extinción de LFC. La decisión de liquidar al organismo fue visceral para aniquilar al SME y hacer libremente sus negocios con la red de fibra óptica, aseguraron sindicalistas que participaron en la comisión mixta de productividad.

Es mentira que no quisimos negociar; los documentos, avalados por la empresa, muestran una clara mejoría en los procesos de trabajo, agregaron.

En la evolución de los indicadores se detalla, por ejemplo, que estructura soldada alcanzó 224 por ciento del rango estipulado como meta en el convenio, mientras reconexión de servicios cortados por falta de pago llegó a 160 por ciento.

En tanto, revisión del medidor a solicitud del cliente tuvo 120 por ciento; elaboración de metros cúbicos de concreto precolado, 124 por ciento; gabinetes tipo fraccionamiento de 23 kv y tiempo de restablecimiento de suministro individual, 116 por ciento.

El indicador tiempo de restablecimiento de suministro en circuito de media tensión reportó 113 por ciento, y costo de nómina entre costo de administración cumplió la meta al ciento por ciento.

En un nivel más bajo, con 71 por ciento de cumplimiento, se ubicaron cuatro de los 26 indicadores determinados en el convenio: servicios colectivos en baja tensión y servicios en baja y mediana tensión (71 por ciento), y costo por MVA en subestaciones (69 por ciento). El resultado más bajo respecto de las metas alcanzadas lo reporta conexión de servicios en media tensión, área perteneciente a la subdirección comercial.

El convenio fue firmado en el contexto de la última revisión del contrato colectivo, con vigencia prevista de un año.

De acuerdo con los dirigentes del SME consultados, un sector de la base afiliada no estuvo de acuerdo con los términos del documento; sin embargo, en el primer corte, luego de cinco meses de que entró en vigor, el promedio ponderado al cierre de agosto superó 90 por ciento.

Por eso, consideran que la decisión intempestiva de dar por terminada la operación (y el contrato colectivo de trabajo entre LFC y SME) es cínica y sin escrúpulos, porque en el convenio se estipularon unidades de medida (días, horas, minutos, usuarios, kilogramos, kilómetros, etcétera), así como evaluaciones mensuales detalladas para cada área: distribución, comercial, fábricas y talleres, construcción, producción y finanzas.

Entre los aspectos evaluados, empresa y sindicato pusieron énfasis en los tiempos de restablecimiento del suministro de energía eléctrica, servicios de conexión y atención de inconformidades por alto consumo (94 por ciento de cumplimiento), al pasar de 6.87 a 5.7 días.

También incluyeron revisión del medidor a solicitud del cliente, reconexión de servicios suspendidos por falta de pago, atención de solicitudes para servicio en alta tensión y tiempo de interrupción por usuario, el cual pasó de 6.7 a 6 minutos.


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Lorenzo Meyer: Los spots que cambiaron una votación:

AGENDA CIUDADANA
Los spots que cambiaron una votación
Lorenzo Meyer
15 Oct. 09

La herencia del 2006 no es sólo la profundización de las grandes divisiones políticas sino el incentivo para ganar el 2012 vía la creación de un "pánico moral"

Heridas y cicatrices

Por sí mismos y en condiciones normales, dos spots televisivos no pueden dividir a una sociedad. Sin embargo, en condiciones de confrontación, distorsión informativa y debilidad institucional, sus efectos pueden ser demoledores y México es un ejemplo perfecto.

En la memoria política de los individuos y de las colectividades, los agravios pasados siempre dejan cicatrices; es inevitable y es parte del proceso de aprendizaje. Esas cicatrices -por ejemplo, la causada en la memoria colectiva mexicana por la guerra con Estados Unidos- forman parte de su historia, de su personalidad y, a veces, hasta de su orgullo o vergüenza pero no impiden su desarrollo normal. No obstante, cuando el agravio aún es herida abierta, entonces es un obstáculo para la convivencia normal y constructiva. Ése es todavía hoy el caso del proceso electoral del 2006 en México. Para la izquierda mexicana, o simplemente para aquellos que realmente se consideran comprometidos con los principios y objetivos de la democracia política, se van a requerir años y algo más para hacer de esa herida -la manera en que se llevó a cabo la campaña electoral y la forma en que se procesó la elección- una mera cicatriz. En cualquier caso, el evento y sus consecuencias quedarán registrados en la memoria histórica de nuestro proceso político de manera similar a lo ocurrido en 1988 en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, en el de Miguel Henríquez en 1952, en el de Juan Andrew Almazán en 1940 o de los acontecimientos potosinos de 1961 y 1991 en torno al movimiento democrático encabezado por el doctor Salvador Nava.


La historia como juez


A veces el paso del tiempo convierte los momentos traumáticos en historias que se refuerzan en su juicio. En otras ocasiones, los juicios son contradictorios, haciendo que la lucha se perpetúe. Lo publicado en torno a los eventos de 1968 es ejemplo de lo primero, y lo producido como resultado del levantamiento zapatista de 1994 lo es de lo segundo.

El humo y el polvo que produjo el choque electoral del 2006 aún no se asienta del todo pero lo ocurrido entonces ya está reflejándose en la página escrita. Por ejemplo, el libro de Luis Carlos Ugalde, Así lo viví, es un intento de justificación de lo ocurrido en el 2006. En contraste, 2006: hablan las actas: las debilidades de la autoridad electoral mexicana es la investigación de José Antonio Crespo sobre los resultados asentados en las actas electorales de la jornada de ese año -únicos documentos de acceso al público pero que de manera indirecta nos acercan a lo que pudo ser el resultado real de la elección. En este trabajo, Crespo contradice a Ugalde pero sin apoyar ni la posición del ganador -Felipe Calderón- ni la del principal perdedor -Andrés Manuel López Obrador (AMLO)-, sólo demuestra que, con los datos disponibles -las actas-, es imposible saber quién ganó y quién perdió en las urnas.

En este año acaba de aparecer otro trabajo, el de Javier Treviño Rangel, que ahonda en el análisis del 2006 por otra vía: la del examen y consecuencias del tipo de campaña electoral que se realizó entonces y cuya característica central fue la creación, mediante el uso de la televisión, de una atmósfera de miedo ante la posibilidad de que, como lo indicaba el grueso de las encuestas de opinión, triunfara la opción de izquierda encabezada por AMLO. El trabajo se titula "Pánico moral en las campañas electorales de 2006: la elaboración del 'peligro para México'", Foro Internacional (No. 197, Vol. XLIX, 2009 [3], pp. 638-689).

El punto de partida es claro: Vicente Fox como candidato pudo tomar el aeropuerto de Guanajuato, amenazar con no reconocer una derrota que fuera menor del 10 por ciento, exigir a Ernesto Zedillo no intervenir en la campaña electoral, llamar a su adversario "chaparro" o "mandilón" y al conjunto priista "tepocatas" o "víboras prietas" y amenazar con una movilización de panistas si los órganos electorales le atribuían a su adversario una victoria por un margen menor al 3 por ciento. Esta posición no fue motivo de escándalo. En contraste, cuando AMLO llamó "chachalaca" a Fox y le exigió no ser activo en la lucha electoral, se le vino el cielo encima y se le calificó de "peligro para México". ¿Por qué raseros tan distintos del electorado para actitudes políticas similares?


'Pánico moral'


El concepto de pánico moral (PM) es el instrumento que Treviño Rangel utiliza para explicar la exitosa construcción de AMLO como un "peligro para México". El concepto fue propuesto por Stanley Cohen y empleado para entender por qué ciertos tipos de músicos de Rock generaron temor sin fundamento en los sectores más conservadores de la sociedad británica en los 1960.

Los PM, señala Treviño, "emergen en las sociedades cuando un episodio, persona o grupo son definidos como una amenaza a ciertos valores o intereses sociales. Suponen un miedo irracional fuera de control [y] su naturaleza se presenta a través de los medios de manera estereotipada. Políticos, periodistas u otros actores interesados (obispos o empresarios) comienzan una cruzada moral, un despliegue de mecanismos de control social, para detener la amenaza. Expertos acreditados socialmente (editorialistas y académicos) emiten diagnósticos y distintas soluciones. Ulteriormente, el pánico desaparece dando paso a otros temas..." (pp. 644-645). Como se ve, hoy esto del PM está asociado a las actividades de los medios masivos de información, especialmente a la televisión, fuente del conocimiento político de más del 60 por ciento de la población.

Como muestran los indicadores -encuestas de opinión- citados por Treviño, desde 2000 hasta marzo de 2006, AMLO llevaba la delantera en la lucha por suceder a Fox en la Presidencia. Sin embargo, entre los días 12 y 18 de ese mes, sin que nada objetivo hubiera cambiado pero manipulando muy bien el calificativo de "chachalaca" que AMLO había usado contra Fox para exigirle que cesara en el uso ilegal de la Presidencia para fines partidistas, los calderonistas crearon un muy efectivo PM que terminó por reducir o anular la ventaja de AMLO.

El PM del 2006 se montó sobre ideas preestablecidas muy conservadoras, especialmente entre la clase media, y las reactivó con un par de spots de televisión (el de los ladrillos cayendo y el que vinculó a AMLO con Hugo Chávez, el mandatario venezolano y previamente demonizado) sin importar que las acusaciones contenidas en esos mensajes no fueran avaladas con algún tipo de sustento empírico.

Quienes manufacturaron y presentaron los spots contra AMLO sabían bien tres cosas que los estudios al respecto habían ya demostrado: a) la información negativa es más sobresaliente que la positiva, b) la retención de los eventos negativos es mayor que la de los positivos y c) el efecto de las campañas negativas se mantiene por más tiempo en el público. Esos mismos estudios también han demostrado que "el que pega primero pega dos veces", es decir, la evidencia disponible muestra que, en cualquier contienda electoral, los primeros spots negativos son los que tienen mayor influencia y, de hecho, quien primero ataca por esta vía marca la agenda posterior. La respuesta del atacado puede ser similar pero ya no tiene el mismo efecto en la imaginación colectiva. Este efecto irreversible de lo negativo inicial hace que si la autoridad electoral, el IFE en nuestro caso, decide obligar al atacante a retirar sus spots, esa decisión ya no tenga importancia, pues el efecto inicial, el que cuenta, ya operó.

Los efectos de la campaña del miedo en torno a AMLO fueron magnificados por un manejo premeditado de las noticias de la televisión, donde el marco en que se presentaba la información electoral había quedado establecido por las premisas y efectos de la campaña negativa. Era problema del acusado -de AMLO- demostrar que era inocente, que no era el monstruo en que se le había convertido, y eso le resultó imposible.


Efectos futuros


La campaña panista aprovechó bien la naturaleza conservadora de la sociedad mexicana y los grandes sedimentos que dejó la Guerra Fría. El PAN se mantuvo en el poder "haiga sido como haiga sido". Sin embargo, esa peculiar forma de revertir lo que parecía una victoria de la izquierda afectó a la endeble democracia mexicana; no la fortaleció, la debilitó.

Es seguro que la campaña del 2012 partirá de las lecciones que a todos dejó la de seis años antes. Nadie intentará darse el lujo de pretender ganar "por la buena". Ya están los incentivos para crear otros "pánicos morales". Todo permite suponer que dentro de tres años, y gracias a la herencia panista, de nuevo podrá ganar no el mejor a secas sino el mejor "apanicador" de los mexicanos.
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miércoles, 14 de octubre de 2009

Raúl Carrancá y Rivas: decreto inconstitucional liquidacion, Extinción LyFC Luz y Fuerza del centro

FELIPE CALDERÓN VIOLÓ LA CONSTITUCIÓN
Extinción de Luz y Fuerza Inconstitucional Raul Carranca y Rivas

http://www.youtube.com/watch?v=qQtmjQ8cDSs

druidajvc
DRUIDA EN RESISTENCIA
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“Dios, no Caín, el asesino de Abel”

“Dios, no Caín, el asesino de Abel”
El escritor portugués José Saramago vuelve a ocuparse de la religión en Caín, su nueva novela, que se publicará en octubre, en la que redime a su protagonista del asesinato de Abel y señala a Dios “como el autor intelectual al despreciar el sacrificio que Caín le había ofrecido”
El Universal Viernes 28 de agosto de 2009

MADRID (EFE).— El escritor portugués José Saramago vuelve a ocuparse de la religión en Caín, su nueva novela, que se publicará en octubre, en la que redime a su protagonista del asesinato de Abel y señala a Dios “como el autor intelectual al despreciar el sacrificio que Caín le había ofrecido”. Su editor en portugués, Zeferino Coelho, la llevará a la Feria del Libro de Francfort el próximo octubre y a finales de ese mes estará en las librerías de Portugal, América Latina y España. Será en Lisboa, en su presentación mundial, donde el Premio Nobel hable por primera vez de su nuevo libro. Pero desde su casa de la isla española de Lanzarote, donde pasa el verano y ya prepara las maletas para volver a Lisboa, explicó a EFE, a través del correo electrónico, que lo que nos ha querido decir con Caín es que “Dios no es de fiar. ¿Qué diablos de Dios es éste que, para enaltecer a Abel, desprecia a Caín?”.

No teme a la crucifixión

Casi veinte años después de su discutido libro El evangelio según Jesucristo, que fue vetado por el gobierno portugués para competir por el Premio Europeo de Literatura, el Nobel luso hace un irreverente, irónico y mordaz recorrido por diversos pasajes de la Biblia pero no teme que vuelvan a crucificarle. “Algunos tal vez lo harán -afirma Saramago-, pero el espectáculo será menos interesante. El Dios de los cristianos no es ese Jehová. Es más, los católicos no leen el Antiguo Testamento. Si los judíos reaccionan no me sorprenderé. Ya estoy habituado”, señala.

No obstante, añade el escritor: “Pero me resulta difícil comprender cómo el pueblo judío ha hecho del Antiguo Testamento su libro sagrado. Eso es un chorro de absurdos que un hombre solo sería incapaz de inventar. Fueron necesarias generaciones y generaciones para producir ese engendro”. José Saramago no considera este libro su particular y definitivo ajuste de cuentas con Dios -“las cuentas con Dios no son definitivas”, dice-, pero sí con los hombres que lo inventaron.

“Dios, el demonio, el bien, el mal, todo eso está en nuestra cabeza, no en el cielo o en el infierno, que también inventamos. No nos damos cuenta de que, habiendo inventado a Dios, inmediatamente nos esclavizamos a él”, señaló. Niega que la cercanía de la muerte, hace ahora un año debido a su enfermedad, le hiciera pensar más en Dios.

Tengo asumido que Dios no existe, por tanto no tuve que llamarlo en la gravísima situación en que me encontraba. Y si lo llamara, si de pronto él apareciera, ¿qué tendría que decirle o pedirle, que me prolongase la vida?”, se pregunta.

“No me salvó Dios”

Y continúa: “Moriremos cuando tengamos que morir. A mí me salvaron los médicos, me salvó Pilar (su esposa y traductora), me salvó el excelente corazón que tengo, a pesar de la edad. Lo demás es literatura, y de la peor”. Hace un año, el escritor sorprendió a sus lectores por la ironía y el humor que destilan las páginas de El viaje del elefante y ahora vuelve a las andadas con Caín. Para él es un misterio. “No fue deliberado ni premeditado, la ironía y el humor aparecen en las primeras líneas de ambos libros. Podía haberlo contrariado e imprimirle un tono solemne a la narrativa, pero lo que está me vino ofrecido en una bandeja de plata, sería una estupidez rechazarlo”, reflexiona. El escritor empezó a pensar en Caín hace muchos años, pero se puso a escribirlo en diciembre de 2008 y lo terminó en menos de cuatro meses. “Estaba en una especie de trance. Nunca me había sucedido, por lo menos con esta intensidad, con esta fuerza”, rememora.

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José Saramago acusa al Papa de "cinismo"

Saramago acusa al Papa de "cinismo"
  • El autor portugués considera que la Iglesia sólo busca el control de los cuerpos sin importarle el destino de las almas
  • Saramago acusa al Papa de "cinismo"
  • Hasta ahora, Saramago había sido un ateo "tranquilo"
  • Vargas Llosa y Saramago, reencuentro en Lanzarote 2009-10-05
  • Saramago pide que exista el derecho a disentir
  • Saramago apoya a prensa italiana 2009-09-16
  • Saramago apoya libertad de prensa en Italia 2009-09-15
  • Saramago se despide de lectores de blog 2009-09-01
  • Dios, no Caín, el asesino de Abel”
  • Saramago vuelve a escribir sobre religión en nuevo libro 2009-08-27
  • Saramago critica descargas de libros en internet 2009-06-25
EFE El Universal
Roma Miércoles 14 de octubre de 2009
12:02 El Premio Nobel de Literatura 1998 José Saramago ha acusado al papa Benedicto XVI de "cinismo" y ha dicho que a la "insolencia reaccionaria" de la Iglesia hay que responderle con la "insolencia de la inteligencia viva".

"Que Ratzinger tenga el valor de invocar a Dios para reforzar su neomedievalismo universal, a un Dios que jamás ha visto, con el que nunca se ha sentado a tomar un café, demuestra solamente el absoluto cinismo intelectual del personaje", dijo Saramago en un coloquio con el filósofo italiano Paolo Flores D`Arcais, que publica hoy Il Fatto Quotidiano, en coincidencia con su visita a Roma.

Saramago se encuentra hoy en la capital italiana para presentar su libro Los Cuadernos y reunirse con amigos italianos, como la Premio Nobel de Medicina 1986 Rita Levi Montalcini.

En su charla con Flores D`Arcais, Saramago aseguró que él es un ateo "tranquilo", pero que ahora está cambiando de idea.

"A las insolencias reaccionarias de la Iglesia católica hay que responder con la insolencia de la inteligencia viva, del buen sentido, de la palabra responsable. No podemos permitir que la verdad sea ofendida todos los días por presuntos representantes de Dios en la tierra a los que en realidad sólo interesa el poder", afirmó.

Según Saramago, a la Iglesia le importa pocos el destino de las almas y lo que siempre ha buscado es el control de sus cuerpos. "La razón -añadió- puede ser una moral, usémosla".

A la pregunta de si el escaso compromiso de escritores e intelectuales puede ser una de las causas de la crisis de la democracia, el escritor luso dijo que sí, pero que no sólo, ya que es toda la sociedad la que está en esas condiciones y ello lleva a una crisis de autoridad, de la familia, de las costumbres, una crisis moral en general.

Saramago advirtió que en Europa está creciendo el fascismo y se mostró convencido de que en los próximos años "atacará con fuerza", por lo que -señaló- "tenemos que prepararnos para afrontar el odio y la sed de venganza que los fascistas están alimentando".

"Aunque está claro que se presentarán con máscaras pseudo democráticas, algunas de las cuales circulan ya entre nosotros, no debemos dejarnos engañar", subrayó.

Antes de la estancia en Roma, Saramago ha estado, según dijo a Efe, en Milán, Turín, Alba y Pontedera, donde se reunió con sus lectores y donde criticó al primer ministro, Silvio Berlusconi.

En declaraciones al diario ex comunista L`Unita dijo que Berlusconi es la "enfermedad del país" y hoy en la charla con Flores D`Arcais dijo que lo que más caracteriza a la izquierda, en el plano internacional es su "falta de ideas".

La derecha, según Saramago, no necesita ideas para gobernar y ello se ve en Berlusconi "que no tiene ninguna", pero que la izquierda si no tiene ideas no tiene nada que ofrecer a los ciudadanos. La visita de Saramago a Roma se produce un día antes de que mañana salga a la venta su último libro, Caín, en el que vuelve a ocuparse de la religión.

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