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martes, 21 de abril de 2009

2006-2009: Oprobiosa impunidad militar: JORGE CARRASCO ARAIZAGA

2006-2009: Oprobiosa impunidad militar
http://www.la-verdad.com.mx/
* En los dos años y cuatro meses de gestión calderonista, la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos. La estrategia de movilizar a 45 mil elementos para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no sólo resultó fallida, sino que la institución se ha extralimitado en sus funciones al llevar a tribunales militares a civiles. Reportes de la CNDH revelan que 23 de las 52 recomendaciones del ombudsman nacional contra la Sedena en los últimos 20 años involucran a la actual administración.

En el gobierno de Calderón la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos
JORGE CARRASCO ARAIZAGA / PROCESO

MÉXICO, D.F., 18 DE ABRIL / Desde la época de la guerra sucia en México, el Ejército no había violado tanto los derechos humanos como en el gobierno de Felipe Calderón.

En apenas dos años y cuatro meses, la institución ha acumulado más de 2 mil quejas. El período más violento contra la población civil ha sido el primer trimestre de este año, según los 423 expedientes abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra militares.

Pero las violaciones tienen un agravante más: como ningún otro gobierno, el de Calderón ha sometido a cientos de civiles a tribunales castrenses. Tan sólo en sus dos primeros años, 484 casos que originalmente eran investigados por la vía civil pasaron a la justicia castrense.

Entre enero de 2007 y noviembre de 2008, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió 170 averiguaciones previas en las que las víctimas han sido civiles en actos violatorios cometidos por los propios militares.

Aunque el predominio en México del fuero militar ha sido cuestionado por varios países en la Organización de las Naciones Unidas, el Ejército ha dictado 41 sentencias en las que las víctimas han sido civiles: 32 condenatorias y nueve absolutorias.

Ante el creciente número de sentencias relacionadas con civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del Código de Justicia Militar y el alcance del fuero castrense.

Además, en junio próximo el gobierno de Calderón deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a la petición que en febrero pasado le hicieron varios países al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que el Estado mexicano revise el alcance de ese fuero.

El general Guillermo Galván Galván se convirtió ya en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en su historia reciente, como resultado del despliegue de 45 mil militares en calles y poblados del país para combatir el narcotráfico.

La tendencia al alza se elevó todavía más durante el primer trimestre este año. En ese período, la CNDH abrió 423 expedientes de queja, contra las mil 602 tramitadas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Es decir, de las 2 mil 25 quejas presentadas contra elementos de la institución castrense en este gobierno, el 20% ocurrieron entre enero y marzo pasados.

Mientras más presencia del Ejército hay en las calles, mayor es el número de violaciones a los derechos humanos. La demostración más clara es el Operativo Conjunto Chihuahua, al que Calderón decidió aumentar a 8 mil 500 el número de militares a finales de febrero.

Los reportes más recientes de la CNDH obtenidos por Proceso indican que Chihuahua fue el estado donde hubo más quejas contra la Sedena. De las 423, 97 se interpusieron en ese estado. Pero por frecuencia, la Comisión registró mil 262 hechos violatorios en todo el país tan sólo en el primer trimestre; la mayoría por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y robo.

Como en ningún otro sexenio desde el surgimiento de la CNDH en 1990, bajo el mando del general Galván la Defensa Nacional ha pasado a ser una de las principales instituciones investigadas por violaciones a esos derechos.

Las cifras del organismo indican que de las 52 recomendaciones recibidas por el Ejército en 20 años, 23 han ocurrido en el actual sexenio. Es decir, que en apenas dos años y cuatro meses, el 44% de todas las recomendaciones se han concentrado en el gobierno de Calderón.

Con más de tres años y medio aún de gobierno, Calderón supera a lo ocurrido en violaciones de militares a los derechos humanos durante la administración de su antecesor Vicente Fox y de los priistas Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, con el levantamiento zapatista de por medio.

El que más recomendaciones recibió una vez comprobadas las violaciones por parte de la CNDH fue el sexenio de Zedillo, con 14; le siguió el de Fox, con ocho; y en seguida el de Salinas, con siete. Con Calderón, tan sólo los expedientes abiertos contra la Sedena entre el 1 de enero y el 2 de abril pasados señalan que las 423 quejas habían derivado ya en cuatro recomendaciones.

Las violaciones, ocurridas prácticamente en todo el país y consideradas como uno de los efectos del combate al narcotráfico, así como las investigaciones de los militares sobre sus propios actos, empiezan a tener un costo social para el Ejército, que ha perdido aceptación entre la ciudadanía.



DESCRÉDITO


De acuerdo con la encuestadora Demotecnia, de María de las Heras, la confianza social en el Ejército mexicano ha decrecido. Aun cuando sigue siendo una institución con alta aceptación, en lo que va del gobierno de Calderón ha pasado de 83 a 72% de opinión favorable.

De los mil 262 hechos reportados durante el primer trimestre como violatorios, 219 fueron por incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias. Por frecuencia, le siguieron las detenciones arbitrarias en 213 casos; trato cruel, inhumano o degradante en 144 y robo de bienes en 107 ocasiones.

En 61 casos hubo retención ilegal; en 60 deterioro o destrucción ilegal de propiedad privada, en 59 uso arbitrario de la fuerza, en 45 incomunicación, en 41 omisión para hacer constar por escrito el acto de autoridad, en 40 detención sin orden judicial fuera de los casos de flagrancias y en 31 tardanza para presentar al detenido ante el Ministerio Público.

Salvo tres estados –Campeche, Colima y Guanajuato–, en todo el territorio se registraron abusos por parte del Ejército. Por frecuencia, en ese breve período las entidades con el mayor número de quejas fueron Chihuahua, con 97; Michoacán con 75, y Guerrero con 51.

Se trata de lugares con intensa actividad militar antinarco, pero también de estados, en el caso de las dos últimas, donde el Ejército ha sufrido graves ataques como emboscadas y decapitaciones de efectivos (Proceso 1678).

Con mediana frecuencia siguieron Durango, con 23; Sinaloa 19, Baja California 18, Oaxaca y Tamaulipas 17 cada uno, Tabasco 14, Distrito Federal 13, Coahuila 12 y Veracruz 10.

Después, Morelos con 7, Chiapas 6, Estado de México, Jalisco y Zacatecas, con 5 cada uno; Sonora 4; Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí, con 3; Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán con 2 cada uno; y Aguascalientes, Baja California Sur e Hidalgo, con uno por entidad. Esa clasificación da como resultado 421 casos, dos menos de los que la propia CNDH da como total de expedientes abiertos.

Por si la comisión de esos hechos no fuera grave, el propio Ejército se encarga de investigarlos, con lo que no sólo se viola la Constitución, sino que se abre la puerta a la impunidad, asegura Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Las propias cifras de la Sedena dan cuenta del amplio alcance que tiene la jurisdicción militar en casos donde hay civiles involucrados. Al igual que los datos de la CNDH, confirman que de manera creciente se ha aplicado el fuero militar a civiles durante este sexenio.

Mediante solicitudes de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sobre las actuaciones de la justicia militar entre 2000 y 2008, la Sedena confirma que el gobierno de Calderón ha hecho una extensa aplicación del fuero militar hacia civiles.

Con datos de la PJM, la institución asegura que en los dos primeros años de este sexenio, un total de 484 averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público federal o estatal han sido remitidas a la justicia militar, bajo la consideración de que la competencia corresponde a los tribunales castrenses.

En 2007 se registraron 103 declinaciones a favor del fuero militar, y en 2008 se elevó a 381 casos. De acuerdo con la información oficial, esa tendencia empezó a darse desde 2004. Entre ese año y 2006 se registraron 47 casos, muy lejos de los 484 de los dos primeros años del gobierno calderonista.

Según la PJM, sólo en una ocasión, durante 2008, la justicia militar le solicitó al Ministerio Público de la federación que declinara la competencia a favor del fuero de guerra, en aplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar.

En su respuesta, la Sedena asegura que entre 2007 y 2008 el Ministerio Público militar abrió 170 averiguaciones previas en las cuales las víctimas son civiles. La cifra tampoco tiene precedentes. Es poco más de 10 veces que las abiertas entre 2004 y 2006. En 2004 fueron 12; en 2005, dos, y en 2006, cuatro. De los años anteriores, la Sedena no dio información.

De esas averiguaciones, 12 han sido consignadas ante la justicia castrense por la PJM; 10 de ellas con Calderón. En el gobierno de Vicente Fox ocurrió en dos ocasiones, una en 2004 y otra en 2006.

Ha sido con los gobiernos del PAN en los que los tribunales militares han procesado casos relacionados con civiles, aprovechando lo establecido en 1933 en el Código de Justicia Militar, cuya constitucionalidad es cuestionada nacional e internacionalmente y que está por ser revisada en la Suprema Corte.

Más elevado es el número de sentencias dictadas por los juzgados militares y el Supremo Tribunal de Justicia Militar en casos en que las víctimas han sido civiles. Sin precisar los años, la Sedena dio a conocer que de diciembre de 2000 a noviembre de 2008 se han dictado 41 sentencias, de las cuales 32 han sido condenatorias.

En lo que atañe al delito contra las personas, la Sedena tiene registradas 39 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público militar. De ellas, 16 fueron en el gobierno de Fox y 23 en los dos primeros años de Calderón.



IMPUNIDAD

El artículo 330 del Código de Justicia Militar establece que el elemento del Ejército que use las armas de manera innecesaria contra cualquier persona, o que ejerza sin autorización cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo, será castigado con un año de prisión. Añade que si se causare daño “se estará al delito que resultare, cuando la pena que corresponda a éste sea mayor que la señalada (en ese artículo)”.

La información entregada por la Sedena también indica que entre 2004 y 2008, 10 averiguaciones previas han sido consignadas por el Ministerio Público militar por violación de ese artículo; ocho en la gestión de Calderón.

Además, durante el sexenio de Fox y los dos primeros años del actual se han dictado 10 sentencias también por violación de ese artículo. En el mismo período se dictaron ocho sentencias, pero la dependencia no precisa en qué años ocurrieron.

Las instrucciones de los casos no sólo son desconocidas por las víctimas o sus familiares, sino que se siguen a partir de las versiones de los militares responsables de los abusos.

Uno de esos casos que está documentado es el ocurrido el 18 de diciembre pasado durante un cateo realizado en la ciudad de Durango. A las 5:45 horas de ese día, el Ejército se equivocó y “reventó” el domicilio ubicado en la calle Lirio 114 del fraccionamiento Jardines de Durango. El error le costó a un civil, Adolfo Sifuentes Rodríguez, la pérdida del brazo derecho.

A pesar de que ante la opinión pública intentó negar los hechos, la comandancia de 10ª. Zona Militar, con sede en la capital del estado, reportó a la Sedena que efectivos militares acudieron al domicilio por una denuncia anónima según la cual se trataba de una casa de seguridad en la que se encontraban sicarios con los que se habían enfrentado el día previo.

El fraccionamiento, en efecto, había sido escenario de tres escaramuzas entre junio y diciembre de 2008. Pero el 18 de diciembre los militares arremetieron contra la casa a pesar de sólo encontraron a Sifuentes con una carabina 30-30 y que, según el reporte, disparó en dos ocasiones.

Todavía más grave es la mentira con la que el Ejército intentó deslindarse del asesinato de seis personas –cuatro civiles y dos militares– en el poblado Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.

No fue cualquier intento de engaño. Fue en la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público de la federación. La denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, está firmada por el teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, el sargento de infantería Juan José Camacho Vega y el cabo de infantería Antonio Rojas Reyes.

Según esa versión, los civiles intentaron huir en un vehículo cuando vieron a los militares, “por lo cual emprendimos su persecución, dándole alcance, emparejándonos y ordenándole al conductor detener la marcha”; “en lugar de obedecer – se lee en el documento– frenó repentinamente, escuchando en ese mismo instante disparos de arma de fuego”.

Debido a que dos de los civiles que viajaban en la camioneta quedaron vivos e iban desarmados, la versión inicial del Ejército se vino abajo. “Lamentaron que no nos hubieran matado a todos, pues de esa manera nos hubieran sembrado armas y droga para justificar su acción”, dijo Miguel Ángel Medina Medina, uno de los sobrevivientes, a Proceso (1641).

Descubierta la mentira, el Ejército anunció proceso penal contra cinco militares, entre ellos los firmantes de la denuncia. Sin embargo, el caso se quedó en la jurisdicción militar. Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón López Medina, una de las víctimas, se inconformó e interpuso un amparo para que el caso pase a la justicia civil.

Patrocinada por el Centro Pro y la organización no gubernamental Fundar, la viuda considera inconstitucional la extensión de la jurisdicción militar a casos en los que se encuentran involucradas personas que no pertenecen al Ejército (Proceso 1688).

La madre y la viuda de otras de las víctimas también apelaron a la protección de la justicia federal, pero el Juzgado Noveno de Distrito y el Cuarto Tribunal Colegiado, ambos con sede en Mazatlán, desecharon la demanda por “notoriamente improcedente” al tratarse de fuero militar.

En el primer caso, la demanda de amparo ya fue atraída por la Suprema Corte, a petición del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. El miércoles 1, la Primera Sala del máximo tribunal decidió atraer el recurso con el objetivo de fijar los alcances del artículo 13 de la Constitución y revisar la constitucionalidad del artículo 57 del Código Militar.

El artículo 13 constitucional ordena que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.

En caso de que los ministros decidan ir al fondo del asunto, la Corte determinará lo que debe entenderse por fuero militar, delitos y falta contra la disciplina militar, los límites jurisdiccionales de los tribunales militares y, por lo tanto, si ese artículo 57 está por encima de la Constitución, como alega Morales Rodríguez.

A partir de esa decisión, el Ejército cabildea en la Corte en un intento por convencer a los ministros de que dejen las cosas como están, tal y como lo advirtió el general Galván el 19 de febrero pasado, en el marco de las actividades del Día del Ejército:

“Para aquellas voces que claman por abolir el fuero de guerra, les decimos que éste es la jurisdicción donde se previene el quebrantamiento de la disciplina militar”. Según el alto mando, todos los abusos cometidos por el Ejército son castigados con “penas ejemplares”.
kikka-roja.blogspot.com/

Millones para gastos sin control: Daniel Lizárraga

Millones para gastos sin control / Fragmento del libro ''La corrupción azul''

Las ''raras compras'' del equipo de transición de Felipe Calderón Hinojosa

Daniel Lizárraga
http://www.yucatan.com.mx/

En una suerte de ritual de traspaso de potestades para ejercer la opacidad, y muy probablemente la corrupción, el último de los mandatarios del PRI, Ernesto Zedillo, donó al primer presidente panista, Vicente Fox, más de 24 millones de pesos en un fideicomiso privado, fondos cuyo destino se desconoce hasta ahora. En una replica casi de espejo, Felipe Calderón tuvo a su disposición 130 millones de pesos, que gastó en banquetes, edecanes, estudios de imagen… Estos hechos son exhibidos en La corrupción azul, trabajo de investigación con el cual su autor, Daniel Lizárraga, reportero de Proceso, ganó el Premio Debate organizado por Random House Mondadori. Con la autorización de esta casa editorial, reproducimos aquí partes del Capítulo XI del libro, el cual empezará a circular esta semana.

MÉXICO (Apro).-- El general Jesús Castillo chasqueó la lengua tras sorber una copa recién servida por alguno de los meseros del Oxo Tower Restaurant, uno de los sitios más afamados en Londres cuando se quiere celebrar algo especial. Sin embargo, este militar de rasgos indígenas con un mechón blanco en el negro copete estaba absolutamente solo. Nadie compartió con él la botella de vino tinto que seleccionó entre las más de 300 marcas existentes en ese sitio. La noche de ese sábado 28 de enero de 2007, desde su mesa, a través de un ventanal de 360 grados, pudo deleitarse con una vista inigualable del mítico río Támesis. Este restaurante fue construido en el octavo piso de un edificio que data de finales del siglo XIX, aún en la época victoriana, justo cuando transcurrieron algunas de las historias del detective más famoso del mundo, Sherlock Holmes.

Apenas un par de meses atrás —el 30 de noviembre de 2006— Felipe Calderón lo había nombrado jefe del Estado Mayor Presidencial, uno de los puestos más altos que puede alcanzarse dentro de la carrera de las armas en México. El anuncio se hizo ya por la noche de ese día, cuando podían contarse con los dedos de las manos las horas que faltaban para saber si el presidente electo rendiría protesta ante el Congreso de la Unión, superando las amenazas de no dejarlo pasar lanzadas por los legisladores fieles al líder opositor Andrés Manuel López Obrador .

Pero la incertidumbre sólo existió en las redacciones de los diarios o en la cabeza de los que exigieron el voto por voto tras las disputadas elecciones. El general de brigada diplomado del Estado Mayor Jesús Castillo no tenía dudas.

Durante semanas, a lo largo del período de transición gubernamental, junto con los jefes de inteligencia militar diseñó un operativo quirúrgico que logró meter y sacar a Felipe Calderón de San Lázaro sin que le tocaran un ojal, ni siquiera una uña de la mano derecha en la que luce la sortija matrimonial.

Un platillo fuerte para cenar servido dentro del Oxo Tower Restaurant puede costar entre 20 y 30 libras —entre 500 y 700 pesos—. Una botella de champaña va desde las 45 hasta las 300 libras —unos 7 mil pesos—. La capital británica es una de las ciudades más caras del mundo. Jesús Castillo cumplía entonces con su primera gira de trabajo por Europa acompañando a Felipe Calderón.

El sueldo de JC —como le llaman sus subalternos— es como una carta sin abrir dentro del sistema de transparencia, ya que los miembros del Estado Mayor no figuran en la nómina de Los Pinos ni tampoco aparecen en la información pública difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos oficiales son como una burbuja dentro de las Fuerzas Armadas. El investigador universitario José Luis Piñeiro los ha definido como “militares de terciopelo”.

A diferencia de sus antecesores, JC, un militar al que no se le dan las relaciones públicas, jamás se acerca a los secretarios. Nunca sonríe en público, al menos en las horas de trabajo. Se mantiene aislado, siempre hablando por teléfono, en su mundo. Tenso. Los escoltas de Calderón reciben sus instrucciones por medio del chícharo metido en sus oídos. Desconfía de todos. De un día para otro mandó retirar el estrado de los ventanales del salón Adolfo López Mateos.

El jefe del Estado Mayor en el último gobierno del PRI, Armando Tamayo, designó a JC como jefe de seguridad de Calderón hasta que el IFE terminó el cómputo de los votos en la elección del 2006. Pero esta repentina designación no significó mandar al general Castillo a presentarse ante el equipo del presidente electo en el desamparo o en la orfandad. Estaba ahí para cumplir órdenes y detrás de él, el peso de un cuerpo de militares formado desde 1824. No, no estaba allí para pedir que le dieran dinero ni armas.
Vigilancia millonaria

La mañana del viernes 22 de septiembre de 2006, mientras el aún mandatario Vicente Fox estaba de gira por Sonora y Calderón desahogaba una agenda privada, en la Secretaría de Hacienda recibieron un oficio enviado por la Presidencia para que liberaran 20 millones de pesos que serían entregados al Estado Mayor.

La Cámara de Diputados ya había aprobado antes un fondo de 150 millones para la transición. Ahora se trataba de entregar el dinero etiquetado para los militares.

La Cámara de Diputados aceptó entregar 20 millones de pesos más al Estado Mayor para que los utilizara sólo durante el periodo de transición, aun cuando ya le habían inyectado un presupuesto de 470 millones para que cumpliera con sus tareas durante todo 2006. Según su reglamento interno, bastaba con una orden de Vicente Fox para que el Estado Mayor protegiera a cualquier persona.

La Auditoría Superior de la Federación —organismo vinculado a la Cámara de Diputados— no incluyó a los militares en sus revisiones de la cuenta pública de 2006. A los legisladores nunca se les ocurrió pedir cuentas de lo que ellos mismos consintieron.

En 63 días, Jesús Castillo y los hombres bajo su mando derrocharon 91% de esos 20 millones de pesos. El día que Calderón logró rendir protesta ante el Congreso de la Unión, al Estado Mayor le restaban sólo un millón 605 mil 630 pesos con 2 centavos. No tuvieron topes ni techos en sus gastos. Ellos se auto vigilaron por medio de una auditoría practicada por su Contraloría y Ayudantía General. El reporte fue sin novedad en el frente.

Si resulta difícil encontrar algún país en el que se otorgue una bolsa de recursos públicos para el ganador de las elecciones, como si se tratase de la herencia del príncipe que va al trono, resulta prácticamente imposible ubicar, aun entre las naciones más poderosas, que se destine una partida especial para que una élite militar cuide al presidente electo.

El periodo de transición de Barack Obama en Estados Unidos fue de dos meses y 16 días. Los fondos públicos vigilados por el Congreso fueron de alrededor de 5 millones de dólares y no viajó al extranjero, a diferencia de Felipe Calderón.

En México, dos años antes, el Estado Mayor gastó casi por completo 20 millones de pesos —poco más de 2 millones de dólares al tipo de cambio de 2006— sólo para organizar giras, así como para cuidar las espaldas de Calderón.

Cuentas borrosas

A Calderón, a su estrecho círculo de colaboradores, a los invitados especiales y a los jefes militares les prepararon frecuentemente lomo esmedragal, una de las especialidades del restaurante El Lago, en cuyas mesas lo sirven acompañado de papas al vapor, col morada y salsa de queso cotija. Este sitio lo frecuentan los industriales y los ejecutivos. La diferencia es que mientras ellos pagaron con su billetera, el Estado Mayor utilizó recursos públicos.

Vallas en el centro histórico de Morelia. Vallas alrededor del principal cuartel de guerra calderonista. Calles cercadas alrededor del hotel Sheraton en la Ciudad de México. Guardias. Casquetes cortos. Vallas que llegan casi al pecho. Vallas que llegan a la cintura. Pines en las solapas con el escudo del Estado Mayor. Escoltas de casi dos metros. Detectores de metales. Revisiones. Seguridad. Calderón entre algodones.

Nueva Imagen, una empresa ubicada en el barrio de Tláhuac, fue contratada por el Estado Mayor para que colocara 500 vallas metálicas —equivalentes a mil metros lineales— en torno a los lugares visitados por Felipe Calderón durante su viaje por Monterrey los días 29 y 30 de octubre de 2006. Eso apareció en la factura 2980 por la que pagaron 149 mil 500 pesos. El precio incluyó 30 mil pesos de mudanza.

Pero esa visita nunca existió.

El 29 de octubre fue domingo; el equipo de transición no tuvo actividades públicas. Al siguiente día, Felipe Calderón estuvo en su despacho de la Ciudad de México. Nunca estuvo en Monterrey.

Una tarde fui a buscar las oficinas de Nueva Imagen. Para llegar a ella hay que tener a la mano un buen mapa y dos horas disponibles para sortear el tráfico de la Ciudad de México. En las facturas entregadas por el Estado Mayor apareció la siguiente dirección: Manuel M. Flores 79, colonia Zapotitlán.

A la mitad de la calle había un camión que tenía impreso sobre los costados un logotipo azulado con las siglas NI. Un grupo de jóvenes con playeras negras estampadas con el mismo dibujo bromeaban entre sí. Recargados sobre las bardas o sentados en las estrechas aceras parecía que esperaban algo, cualquier cosa. Frente a ellos, sobre un portón vetusto, descolorido, había sellos de clausura. La delegación Tláhuac impidió que la empresa siguiera operando. Los inspectores reportaron que carecía de permiso de apertura para giro comercial.

El Estado Mayor Presidencial formó parte de la cartera de clientes de Nueva Imagen desde el sexenio de Vicente Fox. Durante el periodo de transición siguieron trabajando con la burbuja verde olivo. En la factura 2972 se describió el alquiler de otras 350 vallas para enviarlas hasta Cancún, Quinta Roo, a fin de atender una gira programada para el 26 y 27 de octubre de 2006. Esos días Felipe Calderón estaba en Canadá.

Las facturas por el alquiler de vallas aparecieron firmadas por el teniente coronel Eduardo León Trawitz, subjefe de la Sección Quinta del Estado Mayor durante el gobierno foxista y coordinador de seguridad con Felipe Calderón, por un global de 495 mil 625 pesos.

El EMP entregó un resumen de gastos lleno de generalidades: “Diversos igual a 544 mil 724 pesos con 52 centavos”. Las miles de facturas estaban en desorden, en paquetes amarrados con ligas, dentro de una caja, sin algo que facilitara saber cómo gastaron en total 18 millones 394 mil 369 pesos entre el 27 de septiembre y el 30 de noviembre de 2006.

Delicatessen

Enterrados entre los paquetes de facturas, se asomó otro tipo de proveedores utilizados durante el cambio de gobierno. La carne, los pescados, las cremas, los quesos y los abarrotes en general los surtieron desde pequeños negocios dentro del mercado Martínez de la Torre, ubicado en la popular colonia Guerrero de la ciudad de México.
Abarrotes Los Gemelos ha ocupado durante algunos años el local 34, casi en una de las esquinas del mercado, cerca de la entrada al metro Guerrero. Una señora canosa, con lápiz sostenido detrás de la oreja, asomó la cara por detrás de latas y paquetes.

—¡Pásele, joven… qué le vamos a dar! —dijo, alisándose el mandil con las manos.

—¿Usted es proveedora del Estado Mayor? —pregunté al mismo tiempo que le mostraba una factura por 19 mil pesos.

—No… yo no. Bueno, alguna vez hubo algo pero fueron mis hijos, los gemelos, pero eso ya tiene tiempo. Ellos ya no trabajan.

—¿Pero la factura es de aquí?

—Sí, pero ellos ya no trabajan en esto.

—¿Los puedo encontrar por aquí?

—No… joven, ellos ya no trabajan; pero creo que sí, alguna vez nos compraron de la Presidencia.

—¿Cómo le hicieron?

—No sé.

—¿Cómo le hacían para atender pedidos tan grandes?

—Mis hijos son los que saben de eso.

—¿Fue una licitación?

—Creo que algo así por el estilo, pero yo no recuerdo bien. Si quiere otra información del mercado con mucho gusto le ayudo… ¿Va a llevar algo?

—No, gracias.

A nombre de Abarrotes Los Gemelos hubo 56 facturas en las cuales alguien escribió, arriba a la derecha, con letra de molde: “Vuelo”. El Estado Mayor Presidencial pagó por ellas 273 mil 600 pesos, sólo durante el periodo de transición.

Estas compras las adjudicaron al Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales. Entre el 4 y el 15 de noviembre alguien ordenó a este pequeño local 236 kilos de huevo.

En esos días, el presidente electo hizo una gira por Hermosillo y luego viajó a Estados Unidos y Canadá. Un par más de compras extrañas en ese local: 3 mil vasos para gelatina en 48 horas y 30 lotes de atún en 11 días.
Quienes hayan sido los jefes militares directamente encargados de manejar los 20 millones de pesos destinados para el cambio de gobierno —cuyos nombres no aparecieron en los archivos liberados por el IFAI— permitieron que esos recursos públicos incluso fueran utilizados para surtirse de pastillas de menta (40 paquetes), chicles (32 cajas), dulces para aclarar la garganta sabores miel y menta (90 paquetes), pistaches (50 lotes) y nuez de la India (50 paquetes).

No había semana, entre octubre y noviembre, que en Abarrotes Los Gemelos dejaran de entregar productos al Estado Mayor. Los números de serie de las facturas son continuos. Bolsas de plástico negras. Cajas de clamato. Aromatizantes para baños. Frituras. Chiles. Cajas de jugo Ades. Paquetes y paquetes de Ensure, un complemento alimenticio. Las papitas Pringles fueron sus favoritas. Dulces napolitanos. En un solo día surtieron 69 kilos de chorizo rojo vegetariano.

Dentro del mercado Martínez de la Torre no huele mal. En el pasillo donde venden carne fresca, del día, para llevar a casa, quienes atienden visten batas blancas. En el local marcado con el número 51 está otro de los proveedores del Estado Mayor Presidencial. Un hombre de piel blanca, rubio, que clavaba delicadamente un largo cuchillo en un trozo de carne. Cada rebanada la dejaba caer lentamente como si fuese un artesano. Sonreía.

El comisariato del Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales pagó a JR Carnicería y Tocinería 54 mil 465 pesos distribuidos en 13 pedidos.

El jueves 12 de octubre de 2006, cuando Felipe Calderón hizo una gira por Monterrey para presentar su Proyecto México 20-30, este pequeño negocio entregó a las puertas del hangar presidencial 83 kilos entre cecina de res, cecina adobada, lomo de cerdo y filete de res. Usualmente, un cuerpo de Guardias Presidenciales viajaba antes para tomar el control de los sitios. El equipo de transición y los invitados especiales llegaban después a bordo de los aviones oficiales. El TP-01 tiene 66 asientos y el TP-02 puede mover hasta 64 pasajeros.

A la mañana siguiente, Felipe Calderón decidió tomarse el día. Ese viernes sólo acudieron a la casa de transición en San Francisco 1220 algunos de sus colaboradores como Juan Camilo Mouriño, Ernesto Cordero y Eduardo Sojo. Al atardecer, ellos también se marcharon a descansar. Ese día se pagó una factura de la empresa JR Carnicería y Tocinería por 4 mil 672 pesos, luego de que presuntamente entregaron en el hangar 30 kilos de costilla de res y 25 de cecina de res para un vuelo.

Según puede interpretarse de las facturas, los jefes militares y los miembros de la cofradía calderonista tuvieron una especial debilidad por el queso. De otra manera quizá no se entendería que con una diferencia de sólo dos o tres días compraron constantemente a La Súper Carnicería La Dalia entre dos y cuatro kilos de queso holandés Baby Edam, queso español maduro, queso roquefort azul, queso manchego, queso norteño tipo sierra, queso Oaxaca, queso provolone y lomo canadiense, entre otros . “Vuelo”, pusieron en las facturas.

Súper Carnicería La Dalia vendió al Estado Mayor 95 kilos de jamón de pierna marca San Rafael entre el 23 y 25 de octubre de 2006. En cinco facturas les pagaron en total 28 mil 263 pesos.

Los recursos públicos alcanzaron para todo. A los militares encargados de velar por la seguridad de Felipe Calderón se les pagaron decenas de cafés de Starbucks, golosinas (mangongos, pica piñas y chamukitos) en las tiendas Oxxo, además de chicles y pastillas para el aliento. Algunas notas provinieron de la zona de las Águilas, la casa de la familia presidencial, o de Polanco, sitio predilecto para comer del equipo de transición coordinado por Juan Camilo Mouriño. Según el resumen hecho público por el Estado Mayor, al término del cambio de gobierno gastaron 4 millones 512 mil 581 pesos con 52 centavos en restaurantes y hospedajes. En estos paquetes de comprobantes emergieron cientos de formatos especiales por medio de los cuales pedían el reintegro de las propinas.

En esto no hicieron excepciones; lo mismo tramitaron la devolución de los 200 pesos que dejaron a los meseros del comedor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante una visita del presidente electo, que de cualquier pequeño negocio que les quedara de paso, así fueran 10 pesos.

El general Jesús Castillo abandonó el Oxo Tower Restaurant poco antes de la media noche. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos de las personas que a lo lejos lo observaban. Unos mendrugos de pan sobre el mantel fueron el único rastro que dejó. Mientras algunos turistas se tomaban fotos en la terraza, a pesar del viento gélido que aún soplaba en la última semana de enero en Londres, el jefe del Estado Mayor Presidencial salió sin hacer ruido. Como una serpiente, se escabulló hasta los elevadores

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Salinas agita las aguas del PRI: Jenaro Villamil

Salinas agita las aguas del PRI
JENARO VILLAMIL
Tres grupos del PRI, encabezados por quienes muy probablemente se disputarán la candidatura a la Presidencia –Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto–, negociaron y presionaron para meter a los suyos en las listas de aspirantes a diputaciones plurinominales para las elecciones del 5 de julio. En la reunión realizada el 30 de marzo en Toluca se advirtió que el gobernador del Estado de México aspira al "carro completo" y que detrás de esos tres personajes hay una mano que, dicen, busca revancha, promueve alianzas y mece la cuna: la de Carlos Salinas.

Una tendencia quedó muy clara para los asistentes a la reunión de la Comisión Política Permanente del PRI en Toluca, el lunes 30 de marzo: La disputa por el poder en el partido está dominada por sólo tres grupos que encabezan la dirigente nacional, Beatriz Paredes; el líder de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones y, sobre todo, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, anfitrión en el cónclave. Y detrás de estos tres precandidatos, como el gran artífice de las alianzas, se halla el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que va por la revancha y la reivindicación, por lo menos en el seno del PRI.

"Ya no hay espacios para figuras políticas independientes", advierte la exdirigente nacional priista y exgobernadora de Yucatán Dulce María Sauri Riancho, uno de los cuadros políticos sacrificados en Toluca aunque contaba con el presunto apoyo de Beatriz Paredes. Entre los "pecados" de Sauri se contaron su distanciamiento de Salinas y la confrontación con la actual gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, apoyada por Peña Nieto y por el propio Salinas.

Sauri confirmó que durante la reunión en Toluca, Ortega Pacheco repartió entre los asistentes fotocopias de artículos de la propia Sauri, José Luis Sierra Villarreal, en la mayoría de los cuales se critica a Ortega Pacheco. El miércoles 8, en su blog www.yukatan-republik.com, Sierra escribió: "Qué triste que una mujer haya utilizado un recurso machista para descalificar a otra mujer… ¿Cuándo a un hombre se le ha cuestionado una posible candidatura, al cargo que sea, por los dichos, por las amistades, por los escritos o por la imagen pública de su esposa?"

Al igual que Sauri, quedaron fuera de las "listas" los exgobernadores que contendieron como precandidatos presidenciales en 2006: Manuel Ángel Núñez Soto, de Hidalgo; Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y Enrique Martínez y Martínez, de Coahuila. El argumento expresado para excluirlos fue que "ayudaron a perder a Roberto Madrazo" en ese año electoral.

Este es un extracto del reprotaje que publica la revista Proceso en su edición 1694 que empezó a circular este domingo 19 de abril.

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El infierno de una secuestrada: entre Los Zetas y la SIEDO...: Ricardo Ravelo

El infierno de una secuestrada: entre Los Zetas y la SIEDO...
RICARDO RAVELO
Una comerciante secuestrada en Nuevo Laredo durante dos semanas por sicarios de Los Zetas, en mayo de 2008, narra a Proceso el infierno que vivió. Asegura que sus captores contaban con el apoyo de la Policía Ministerial de la localidad. Dice que lo peor ocurrió cuando presentó su denuncia ante la SIEDO en la Ciudad de México, pues funcionarios de esa dependencia pretendieron comprar su silencio para detener las investigaciones.

La tarde del 8 de mayo de 2008 la señora Marta Reyes Martínez, quien se dedica al comercio, no quería regresar a su domicilio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin antes pasar, como de costumbre lo hacía, a comprar dólares en la casa de cambio Mi Banquito, donde ya era conocida desde hacía 20 años por Leopoldo Castañeda García, el dueño.
Oriunda del estado de Michoacán, con residencia en Texmelucan, Estado de México, Reyes Martínez había llegado a esa ciudad fronteriza acompañada de su hijo, un niño de 14 años que no habla y se le debe alimentar mediante mamilas.
Poco antes de la siete de la noche, su esposo, José Luis Carlos López Beltrán, la dejó en la casa de cambio, donde después de comprar los dólares –llevaba consigo unos 145 mil pesos– esperaría a las personas provenientes de Laredo, Texas, que le surtían perfumes, zapatos, chamarras y otros artículos que ella vende. Sin embargo, sus proveedores nunca llegaron.
Cuando salió del establecimiento fue secuestrada por agentes de la Policía Ministerial de Nuevo Laredo que –asegura– están coludidos con Los Zetas.
Entrevistada por Proceso el miércoles 15, Reyes Martínez narra la pesadilla que vivió en Nuevo Laredo durante los 15 días que permaneció atada de pies y manos en una casa de seguridad de Los Zetas que, según ella, operan con la protección de la policía y de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Asegura que elementos de esas dependencias le ofrecieron dinero para que se desista de su denuncia y del señalamiento que hizo contra tres miembros de Los Zetas a quienes reconoció como sus plagiarios.
Cuenta que el día de su secuestro sus proveedores se retrasaron y decidió no esperarlos. Cuando se despidió del dueño de la casa de cambio, éste le dijo que aguardara un momento. Y ocurrió algo inusual: le pidió un taxi para que la llevaran a su casa. Después de abordar el vehículo, Castañeda García le dijo al taxista: “Llévate a Martita, por favor, a su casa… Tú ya sabes…”
–¿Sintió miedo en ese momento? –se le pregunta.
–No. Tenía la certeza de que ya iba a mi casa. El taxista me preguntó si podía pasar a recoger a una persona que lo estaba esperando; le dije que sí y me senté a un lado de él.
–¿Qué pasó después?
–Pasamos por la persona y cuando se subió al coche empezó a hablar por radio. Hablaba en clave. Escuché que se refería a una persona o a un lugar, algo así como El Ocho. El vehículo avanzó y cruzamos varias calles. Le pedí al chofer que me dejara en un Oxxo, porque ahí iba yo a comprar la leche para mi hijo.
“Me dijo que no podía bajarme. Yo le pregunté por qué y comenzó a insultarme; me golpeó la cabeza y me jaló el bolso. Pensé que se trataba de un robo, y que eso sería todo.
“Durante el forcejeo llegó una patrulla y pensé que llegaba en mi auxilio, pero no fue así: me entregaron con los policías municipales de Nuevo Laredo. Me bajaron del taxi y me subieron a la patrulla. Uno de los agentes me golpeó y me puso un trapo negro en la cabeza; me despojaron de mi nextel y del dinero que llevaba. Sólo me quedé con un teléfono celular chiquito y planito que había guardado en la bolsa de mi pantalón de mezclilla.
“La patrulla comenzó a avanzar y logré observar que íbamos por el panteón Los Ángeles, entre callejones y brechas; llegamos a un lote baldío, donde había unas rampas de cemento. Ahí me sentaron. Yo seguía con la cara semitapada. Escuché que empezaron a llegar varios vehículos.
“Me ataron de pies y manos y entre varios hombres me aventaron a una camioneta que de inmediato emprendió la marcha. Mientras el vehículo avanzaba escuché que alguien decía ‘vete despacio porque por aquí andan los guachos’. Oí que llegamos a una casa porque se abrió un zaguán. Me levantaron y me dijeron: ‘no se mueva ni grite, porque le disparo’. Me bajaron y me metieron a un cuarto, donde me caí tres veces, hasta que me detuve en una cama o un sofá.
“Me caí porque tropezaba con pies y manos de otras personas que estaban secuestradas y tiradas en el piso. Al acomodarme en el sofá me comenzaron a golpear. Sentí que me jalaron mis arracadas y una esclavita de oro que traía puesta. También me sacaron mis anillos y me quitaron el reloj. Les pregunté por qué me tenían ahí y me respondían que no me podían contestar.”

Ejecución

La señora Reyes no tuvo duda, dice, de que aquella pesadilla era un secuestro. El 18 de mayo –10 días después del plagio perdió la noción del tiempo y “se me borraron las fechas”– sigilosamente sacó su teléfono celular y marcó el número telefónico de un amigo, cuyo nombre “prefiero omitir”, pero al que se refiere con el sobrenombre de Popeye.
Recuerda que en el cuarto donde estaba no había luz. Sólo escuchaba los diálogos y la música de fondo de una película que nunca terminaba. El volumen era muy alto. “Cuando me contestó mi amigo le dije que estaba en peligro, pero tuve que colgar porque una persona que estaba cerca de mí me dijo que no hablara, que eran Los Zetas quienes nos habían secuestrado. Al oír eso lo primero que pensé es que no saldría con vida de ahí, por lo que yo había escuchado de ellos en las noticias”.
En el momento en que la escucharon, uno de los centinelas de Los Zetas entró a la recámara y le preguntó con quien hablaba. Pero Reyes Martínez dice que después de la llamada “rompí mi celular y le dije a la persona que entró al cuarto que mi teléfono no servía”. Se tranquilizaron, recuerda, aunque escuché otra voz que, con tono de enojo, dijo: “Si vuelve a hablar sacas a la vieja para que la tablees”.
Tan pronto el custodio salió de la recámara, uno de los secuestrados, que gemía de dolor debido a que llevaba varios días esposado, “me sugirió que ya no hablara”. “La van a matar, señora”, me dijo.
–¿Qué le daban de comer?
–La mitad de un sándwich y un vaso de agua. Nada más me daban permiso de ir una vez al baño, por eso prefería no comer y beber poco líquido. Un día me interrogaron. Fue terrible. Me quitaron la venda del rostro y sólo me dejaron una playera negra sobre la cabeza, pero se me ocurrió levantar la cara y les ví el rostro a dos o tres de mis secuestradores. Se molestaron mucho y uno de ellos dijo: “Dale un pinche plomazo”. “¿Qué me ve?” –gritaba. “No lo vi, joven”, le dije.
Al verla en crisis, sus captores le preguntaron qué medicamentos tomaba, “porque les dije que yo estaba enferma, que padezco de cirrosis hepática. Me llevaron unas pastillas y comencé a tranquilizarme”.
Ese mismo día, Los Zetas dieron la orden de asesinar a una de las personas secuestradas, al que llamaban, según Reyes Martínez, El Camaleón, pues traía una figura de cocodrilo tatuada en la espalda; tenía como 27 años de edad, y estaba rasurado como militar.
–¿Usted vio cuando lo asesinaron?
–Sí, entre tres zetas lo ahorcaron. Fue espantoso. Yo pensé que me harían lo mismo. Luego arrastraron el cuerpo y ya no supe qué pasó
Mientras Reyes Martínez vivía esa pesadilla, su esposo, José Luis Carlos López Beltrán, llevaba varios días tratando de localizarla. Desesperado, acudió a la casa de cambio para preguntarle a Leopoldo Castañeda si sabía algo, y éste le respondió: “Ya te he dicho que la puse en un taxi, y que no supe más, qué quieres que haga”.
Atenazado por la angustia, López Beltrán –quien acompaña a su esposa durante la entrevista– cuenta que no tuvo más remedio que presentar una denuncia en Nuevo Laredo e informar a las autoridades que su mujer había desaparecido.
Entre el 20 y el 23 de mayo, Reyes Martínez fue liberada. Dice que no recuerda el día preciso porque estaba muy confundida. En horas de la madrugada la subieron a golpes a una camioneta para llevarla a un sitio oscuro en donde la abandonaron.
–¿Cómo fue su liberación? ¿Que le dijeron Los Zetas? ¿Como la trataron?
–Me dejaron en una colonia sin luz. Iba yo descalza. Uno de Los Zetas le decía a otro que ya le parara, que yo ya estaba grande, pero ese hombre me gritaba que si volteaba a verlos me iba a meter un plomazo.
“Yo le dije: ‘No, joven, le juro que no voy a voltear; es más, no voy a decir nada’. Y cuando me aventaron a un zacatal me dijeron que a temprana hora fuera yo a la Ministerial a retirar la denuncia que había puesto mi esposo. Caminé por ese terreno hasta que me encontré a unos señores y me llevaron a mi casa. Eran las siete de la mañana y sólo pensaba en regresar a la Ciudad de México.”

La otra pesadilla

Horas después de haber sido liberada por Los Zetas, un grupo de agentes ministeriales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acudió al domicilio de Marta Reyes. Llevaban órdenes de presentarla para que retirara la denuncia contra Los Zetas, lo cual hizo porque, según afirma, así se lo pidió el comandante Adán Cervantes, policía judicial del estado de Tamaulipas adscrito al área de homicidios.
“Es mejor que retiren esa denuncia y no vuelvan más a Nuevo Laredo”, les dijo Cervantes a Marta y a su esposo. Después giró instrucciones a dos agentes de su confianza –uno de ellos de apellido Camacho– para que los llevaran a su departamento a sacar sus pertenencias (principalmente ropa) y luego los escoltaran hasta el kilómetro 26.
Luego, a bordo de un Chevy de su propiedad, la pareja viajó a la Ciudad de México y, tan pronto como llegaron, se trasladaron a su domicilio, en Texmelucan, Estado de México.
Unas semanas después, el señor López Beltrán, quien es camionero, tuvo que salir a buscar trabajo. Poco antes habían pensado en denunciar su caso ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En los primeros días de junio de 2008, Marta Reyes acudió a las instalaciones de la SIEDO. Dice que fue atendida por Gisela Morales Núñez, agente del Ministerio Público federal.
Ante ella narró todo lo ocurrido y, conforme recordaba detalles de su secuestro, los asentaba en la averiguación previa que se integró en la SIEDO. Morales Núñez no le proporcionó el número del expediente e incluso le recomendó que no contratara abogado porque ella sería su defensora.
La averiguación previa, según pudo confirmar Proceso, es la PGR/SIEDO/UEIS/198/2008, por el delito de secuestro.
Reyes Martínez comenta que nunca olvidó los rostros de Los Zetas que vio en la casa de seguridad donde la tuvieron secuestrada. Recuerda que el 15 de agosto de 2008, cuando veía la televisión, se sorprendió al ver un corte informativo que anunciaba la captura de varios integrantes del cártel del Golfo y de Los Zetas, todos ellos operadores de Heriberto Lazcano, El Lazca, en el Distrito Federal y en Tamaulipas.
“Cuando vi a esas personas, de inmediato las reconocí. Sus rostros nunca se me olvidaron, y acudí de inmediato a la SIEDO a declarar que algunos de los detenidos eran los mismos que me habían secuestrado.
El 16 de agosto la PGR dio a conocer la captura de varios miembros de Los Zetas, entre ellos, Alfredo Rangel Buendía, El L-46, quien controlaba las plazas del Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca. También fueron capturados varios miembros de su célula: Norberto Estévez, Alberto Velásquez, Francisco Cárdenas, Eduardo Villanueva, José Ramírez y Eduardo Gabriel Heder.
El agente del Ministerio Público Federal Braulio Robles Zúñiga citó a Reyes Martínez para que acudiera a reconocer a los detenidos. “Me puse muy mal cuando los vi, porque reconocí a tres de ellos: a Alfredo Rangel, Alberto Velásquez y a otro Zeta que habían detenido antes y que se apellida Bravo. Lo recuerdo porque es un hombre gordo que me golpeó”.
Para mantenerse en comunicación con la agente del MP Morales Núñez, Reyes Martínez adquirió un teléfono celular: “Sólo anoté el número en una libreta y pensé que si me llamaban sería la licenciada Morales o agentes de la SIEDO”.
Sin embargo, asegura que un día recibió llamada de una persona, que se identificó como “el licenciado Martínez, de la SIEDO”. Era sábado y me dijo que estaba acompañado de Julio Sánchez Iturbe, agente de la Policía Judicial del Distrito Federal adscrito a las oficinas ubicadas en la calle de Niños Héroes, a quien Reyes Martínez dice conocer de tiempo atrás.
El tal licenciado Martínez le pasó el teléfono a Sánchez Iturbe y éste le pidió a Marta que se vieran cuanto antes. “Yo dudé porque en la SIEDO no trabajan los sábados. Me citaron en el Wings del aeropuerto. Yo acudí con mis hijos. Mi hija se sentó en una mesa, a cierta distancia de donde estábamos, y filmó la charla con el teléfono celular.
“En el encuentro, la persona que se identificó como el licenciado Martínez, de la SIEDO, me ofreció 300 mil pesos a cambio de que no incriminara al zeta Alberto Velázquez Núñez, de quien me dijo era “como el hijo de Igor Labastida”, agente de la PFP asesinado el 26 de junio de 2008 por sus presuntas ligas con el narcotráfico.
–¿Usted confirmó que la persona que le ofreció el dinero era funcionario de la SIEDO? –se le pregunta.
–El lunes siguiente acudí a esa dependencia y denuncié todo ante la licenciada Gisela Morales. Dentro de las instalaciones vi al sujeto que me ofreció el dinero y en cuando se percató de que yo estaba en las oficinas se perdió. Yo le dije a la ministerio público que esa era la persona que me quiso sobornar; ella lo negó y dijo: “No, él no puede ser, está usted mal, señora”.
–¿Y qué pasó después?
–Le entregué el video para que viera a la persona que me citó para ofrecerme el dinero. Pedí que citaran al comandante Julio Sánchez Iturbe para que declarara sobre el ofrecimiento que me hizo ese licenciado, pero desde entonces ella (Gisela Morales) no ha citado a nadie. Mi expediente está guardado y mi caso parece que ya lo sepultaron, pues ya ni las llamadas me toma. Cuando no está de vacaciones me dicen que está ocupada, y así me han traído desde el año pasado.
El martes 14, un día antes de la entrevista con Proceso, Marta Reyes presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que narra su secuestro y acusa a los funcionarios de la SIEDO “por su falta de probidad, honestidad y seriedad, pues no es posible que la información confidencial que yo proporcioné haya sido revelada por las autoridades” de la PGR.
–¿Perdió la confianza en la SIEDO?
–Totalmente. Me siento desprotegida. Sé que me puede pasar algo porque esas personas (Los Zetas) están libres. Me han robado mi tranquilidad y sólo puedo tener un poco de sosiego cuando me encierro en mi casa, con las luces apagadas, para que nadie sepa que yo estoy ahí.Una comerciante secuestrada en Nuevo Laredo durante dos semanas por sicarios de Los Zetas, en mayo de 2008, narra a Proceso el infierno que vivió. Asegura que sus captores contaban con el apoyo de la Policía Ministerial de la localidad. Dice que lo peor ocurrió cuando presentó su denuncia ante la SIEDO en la Ciudad de México, pues funcionarios de esa dependencia pretendieron comprar su silencio para detener las investigaciones.

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PAN: intromisión presidencial: Alvaro Delgado

PAN: intromisión presidencial
ÁLVARO DELGADO
Además de burdas, las maniobras ejercidas desde la cúpula del PAN para bloquear a militantes incómodos en el proceso de elección de candidatos plurinominales a dipu-tados federales no tienen patente propia. De nueva cuenta, la mano del presidente Felipe Calderón está metida en los asuntos internos de ese partido. El caso de Chihuahua es emblemático. Ahí, donde hasta los muertos votaron, el acreditado intento de fraude en la elección de candidatos a diputados federales quiso acabar con las aspiraciones, por ejemplo, de Javier Corral.

El domingo 29 de marzo, día de la elección de candidatos plurinominales a diputados federales del PAN en Chihuahua, Federico Luna Villegas y Juan Gutiérrez Quimare fueron dos de los 49 militantes de Batopilas que depositaron su voto en la casilla instalada en ese municipio donde nació Manuel Gómez Morín, el fundador –hace siete décadas– de ese partido. Pero esta conducta cívica fue, en realidad, apócrifa: Ambos panistas están muertos desde hace meses, como lo acreditan sus respectivas actas de defunción. Y, además, los dos votos adulterados se sumaron a los de los otros 47 militantes para dar lugar a una de las casillas “zapato” en el proceso: Todos los sufragios a favor de Velia Aguilar y Arturo Urquidi, los precandidatos “oficiales”, y cero para los otros tres contendientes. “Lo que pasó en Batopilas es un escupitajo en la cara de Gómez Morín”, afirma Javier Corral Jurado, quien como precandidato logró demostrar que, además de ese municipio, también votaron otros dos muertos en Nonoava: Juan Guillermo García Macharigui y Susano García Arpista.

Más aún: En Nonoava los militantes Agripina Lozano Hernández y Espiridión Larrea Carmona comparecieron ante un juez para asegurar que las boletas que recibieron estaban previamente cruzadas a favor de Urquidi, el candidato que –junto con Velia Aguilar– se benefició de las casillas “zapato” en cinco municipios. Sólo a partir de este fraude es que Velia Aguilar se colocó en primer lugar de la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) estatal, con 3 mil 305 votos, tres más que Corral y en tercer sitio se ubicó Urquidi. Detrás de ellos estaban Victoria Chavira, Sergio Pedro Holguín y Víctor Manuel Talamantes. Tal resultado fue transitorio: Ante las evidencias de fraude, la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del PAN anuló la casilla de Batopilas y el exlegislador se colocó como puntero para ser ubicado en el lugar ocho de la lista por la primera circunscripción, que le asegura la diputación federal.

Pero antes y después de la elección se produjeron hechos que acreditan que se impuso el “veto presidencial” de Felipe Calderón a Corral, operado por Germán Martínez, presidente del PAN, quien inclusive buscó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) anulara la elección, apenas el martes 14. Este episodio de Chihuahua, emblemático no sólo por haberse cometido en la tierra natal de Gómez Morín, sino porque en este estado hubo –en los ochenta– un movimiento democratizador, es apenas un episodio en los conflictos internos por la integración de las listas de candidatos a diputados federales, caracterizados por la imposición desde la cúpula. Pero, además, se acredita la intervención de Calderón en la integración de las listas de candidatos a diputados plurinominales, como se evidenció en la sesión del CEN: El alcalde de San Nicolás, Nuevo León, Zeferino Salgado Almaguer, confesó que las listas se hicieron “en Los Pinos”.

Veto presidencial

Una vez que se frustró la derrota de Corral en la elección y ante las evidencias del fraude, Martínez pretendió persuadirlo de no impugnar el proceso, con la promesa de que aun quedando en segundo lugar –y ubicado en el lugar número 14 de la lista– sería diputado. Frustrada esa maniobra, trató de que la CNE cambiara su dictamen para negar las acciones fraudulentas. Y cuando tampoco tuvo éxito, el presidente del PAN orquestó que el CEN anulara la elección, como lo propuso formalmente el senador con licencia Ulises Ramírez y lo secundaron Jordy Herrera, subsecretario de Energía; Eduardo Rosales, presidente del PAN en Jalisco, y Alejandro Vázquez Cuevas, diputado local de Veracruz, todos identificados con la facción de Calderón y Martínez. Ramírez –quien el viernes 17 lo nombró delegado del CEN en el Estado de México– dijo haber platicado con Gustavo Enrique Madero, coordinador de los senadores de PAN –quien no asistió a pesar de que forma parte de ese órgano–, quien le dijo que la elección había sido “un relajo” y que, por estar generando división, lo mejor era anularla.

“Él sabe de lo que está hablando. Yo propongo que mejor se cancele el proceso y se designe candidato y así no generamos división”, expuso Ramírez, expriista y transitorio coordinador de asesores de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación. Intervino Espino: “No estoy de acuerdo con el senador. Yo también soy de Chihuahua, vivo en Ciudad Juárez y todo este proceso lo viví de cerca. Y no hay división. Aquí no está el coordinador de los senadores para que ratifique lo que dice Ulises, pero eso no es verdad”. Luego de que Rosales, Herrera y Vázquez Cuevas avalaron la propuesta de Ramírez de anular la elección, pero además sancionar a Corral por hacer declaraciones públicas sobre el fraude, Espino insistió: “Veo tal euforia por defender la cancelación, lo cual me parece francamente absurdo, no tiene sentido en el partido, que ya estoy sospechando que son ciertas las versiones de que este es un veto presidencial. Espero que no, porque estaríamos traicionando al partido. Los Pinos no tienen nada que hacer en procesos internos.”

El senador Ricardo García Cervantes respaldó también a Corral: “Primero le formaron una coalición en contra, luego le hicieron una guerra sucia, no le pudieron ganar con votos y le hicieron trampa, ¿y ahora le van a anular el triunfo? ¡No estoy de acuerdo!”. Al final, y sometido a votación, se aprobó el dictamen que ubica a Corral en el primer lugar de la elección de Chihuahua y en el número 8 de la lista de candidatos plurinominales, que encabeza el empresario Manuel Clouthier, hijo del excandidato presidencial del mismo nombre. Consultado al respecto, vía telefónica, el senador García Cervantes afirma: “Se impuso el criterio de legalidad interna. Al corregirse las irregularidades se comprueba que él ganó”.
–¿Por qué pretendían anular la elección?
–No voy a opinar sobre lo que otros dijeron en una reunión privada. Simplemente esa fue mi intervención. De lo demás ahí está el resultado y es lo que importa.
Espino, por su parte, dice que, aunque con Corral ha tenido diferencias desde hace unos 20 años, se trata de la justicia: “No se deben tomar decisiones por fobias o filias. No sé si hubo veto presidencial, pero lo que sí sé es que hubo miembros del CEN que propusieron anular la elección”. Expone: “En el partido que por años luchó contra el fraude electoral, que denunció cuando votaban los muertos, ahora, cuando un panista denuncia un fraude y lo comprueba, lo quieren sancionar por haber hecho una denuncia pública. Eso es aberrante. Este año el PAN cumple 70 años de haber sido fundado y se hace un fraude en la tierra del fundador”.

Reflexiona: “Ya pasamos este trago amargo, afortunadamente se hizo lo justo y se pudo sobreponer la congruencia frente a un intento de traición a nosotros mismos”.
Según información obtenida por el reportero, la estrategia para evitar que Corral llegara a la diputación se urdió desde el inicio de la precampaña, pero se intensificó a partir de una reunión a la que convocó Martínez, el miércoles 11 de febrero, con Cruz Pérez Cuéllar, presidente estatal del PAN en Chihuahua, Carlos Borruel, alcalde capitalino y el senador Madero para que unieran fuerzas. Tan se tenía certeza de que el exsenador no triunfaría que Joaquín López Dóriga escribió en su columna, En privado, el 10 de febrero: “El que está firme para San Lázaro es Francisco Ramírez Acuña. No así Manuel Espino ni Javier Corral. Si no, al tiempo.”

Al respecto, Corral dice tener “muchos indicios” de que alguien, que no identifica, “alentó cerrarme el paso y que alguien, más allá de sus capacidades y de su eficacia real, le ofreció al duopolio de la televisión que yo no tenía ninguna posibilidad. Finalmente el panismo me ha vuelto a hacer candidato a diputado federal y esa es mi fuerza moral y política”.
–¿Logró vencer el “veto presidencial”?
–Sí, pero yo no he hablado de un veto presidencial. Esa versión fue reproducida por miembros y dirigentes del PAN en Chihuahua. La coalición de fuerzas que se conformó en mi contra se justificaba en el nombre de una petición, tanto del presidente del partido como del presidente de la República. En ambas instancias yo informé de tal bandera y ninguna de las dos quiso ni pudo deslindarse.

Asegura que informó, personalmente, al secretario particular de Calderón, Luis Felipe Bravo Mena: “En su nombre se enderezaba contra mí no sólo la guerra sucia, sino la coalición electoral entre Arturo Urquidi y Velia Aguilar, e incluso cómo se habían ofrecido como pago delegaciones federales a los precandidatos que se bajaran de esa contienda para darle mayor viabilidad a la coalición”. Sin embargo, aclara: “Ni del CEN ni de la Presidencia hubo deslinde alguno y eso tomó una fuerza inusitada entre el panismo, que no dudo que para muchos compañeros haya sido un elemento para no otorgarme su confianza. Lo cierto es que la mayoría del panismo sí lo hizo y para algunos ese hecho generó una repulsa, como todo exceso”. Adelanta que, ya como diputado, no se enfrentará a Calderón, como se dijo en la precampaña de Chihuahua: “Voy a ayudarle, a liberarlo del secuestro en que lo tiene el duopolio televisivo”.

Las listas en Los Pinos

El caso de Chihuahua, en efecto, es emblemático de la clara intervención de Calderón en la confección de las listas de candidatos a diputados plurinominales, como lo evidenció, en la sesión del CEN, el alcalde de San Nicolás, Nuevo León, Zeferino Salgado Almaguer, quien le reclamó a Martínez no haber incluido como candidato a quien se acordó. Expuso que él se había reunido varias veces en ese mismo salón para acordar la lista de candidatos y que, inclusive, la ocasión más reciente estuvo hasta las dos de la mañana. “Y por si fuera poco, todavía la revisamos en Los Pinos y ahí se acabó de amarrar”, expuso el panista conocido como El Chefo. Todos los miembros del CEN, casi 40, lo voltearon a ver y Martínez se movió incómodo en su asiento.
–A ver –intervino Manuel Espino–, por lo que acaba de decir El Chefo, estoy entendiendo, espero equivocarme, que esta lista se acordó en Los Pinos. Esto no es lo que piensa el PAN. El PAN siempre ha sostenido que el gobierno no puede tomar decisiones que corresponden al partido. Ante el estupor, continuó Espino: “Sería muy lamentable que viniéramos aquí a ratificar cosas que ya se acordaron con el gobierno y que corresponde acordarlas al CEN. Espero que no sea cierto, pero si es cierto, que se corrija y en lo que se corrige, Chefo, no seas imprudente”.

–Bueno, licenciado Espino –intervino el alcalde–, perdón si no son las formas, pero es la verdad.
–Presidente –insistió Espino–, corríjase eso. El PAN no puede estar avalando decisiones de cosas que ya se tomaron en Los Pinos.

Martínez evadió el tema de la intervención presidencial y, luego de reconocer que hubo un “error” en la propuesta del candidato, ordenó cambiar el nombre, como lo exigió Salgado, quien exclamó: “¡Sirvió decir la verdad!”.
Por ello, Espino afirma, en entrevista con el reportero, que se confirmó lo que él había anticipado, aunque recuerda que él dio un voto de confianza a la dirigencia después de que se anunció que el CEN haría las designaciones de candidatos y hasta ofreció una propuesta, por escrito, para tomar en cuenta a la militancia. “En las designaciones sí hubo amiguismo, compadrazgo, discriminación y segregación inexplicable de algunas personas, que solicitaron ser considerados, que no es mi caso, porque yo nunca lo solicité, y lo que entonces se genera es un enojo y de inconformidad muy normal.”

“El rostro de la venganza”

Sin embargo, Espino muestra una carta que desde el miércoles 15 ha enviado a los militantes para apoyar a los candidatos. “Una vez pasada la elección, ya nos daremos tiempo para hacer un análisis crítico y reflexivo sobre el rumbo del partido. Este no es el momento. Este es el momento de que los panistas avancemos unidos para lograr que nuestro presidente, Felipe Calderón, cierre su sexenio acompañado de una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados por el bien de Acción Nacional y de México”.

En la misma carta, niega que haya habido un debate en el CEN y que, tras agotarse, se le negó la candidatura. “Tal cosa es falsa, se trata de una confusión mediática. No hubo tal debate”.

Y es que, la noche del martes 14, Notimex difundió una nota, publicada en el portal de El Universal, en la que se asegura que Espino no logró, “pese al debate que se dio en la sesión” del CEN, la candidatura a diputado. “Pese a los argumentos que presentó, la mayoría de los asistentes a la reunión no respaldaron el interés del exlíder nacional panista de llegar a la Cámara de Diputados.”

Espino acusa: “Es una nota prefabricada. Por versiones que recibí, esa nota la redactó Juan Ignacio Zavala y la envió a Notimex, la agencia noticiosa del gobierno, y de ahí la jala El Universal. Es una nota mentirosa. Mi lucha no es por una curul, por el amor de Dios.
–¿Usted no la solicitó?
–Jamás. Lo que dije desde enero es que no lo descartaba, pero no quería dar un paso en falso y que por eso quería hablar primero con Germán. Jamás me recibió. Por eso jamás me registré.
Niega, también, que allegados a él hayan sido incluidos en las candidaturas gracias a él, como Arturo García Portillo, Marcos Pérez Esquer, que fueron sus colaboradores, su compadre Bonifacio Herrera, Francisco Javier Salazar Sáenz o Gerardo de los Cobos, identificados como miembros de la organización ultraderechista El Yunque.
Corral, quien recuerda que con Espino ha tenido serias diferencias desde hace casi dos décadas en el PAN de Chihuahua, lamenta que el expresidente del PAN haya sido excluido como diputado federal. “Que de 89 designaciones plurinominales, con posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados que hizo el partido, no haya habido un solo espacio para el exjefe nacional que acompañó la victoria de Calderón, es un mensaje de enorme exclusión y tiene todo el rostro de una venganza”, afirma

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lunes, 20 de abril de 2009

México: Casi 3 millones de niños son víctimas de explotación laboral y sexual: CNDH

Casi 3 millones de infantes mexicanos son víctimas de explotación laboral y sexual: CNDH. Hay una "profunda fractura" entre el deber ser y la realidad, ya que en el país existe legislación al respecto, lamentó el ombudsman José Luis Soberanes.
¿Y TODAVÍA CREES QUE LA POBREZA ES MALA SUERTE?
EL ABUSO DE LOS OLIGARCAS, FABRICA POBRES,
LOS POBRES NO SON VULGARES COMO DICEN ENRIQUE KRAUSE Y LOS PANISTAS.
AMLO SIEMPRE TIENE RAZÓN, POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES, EDUCACIÓN, VIVIENDA, AGUA, MEDICINAS, ELLOS SON EL MOTOR DE MÉXICO. ¡QUE COMAN LOS QUE NOS DAN DE COMER!
Patricia Muñoz y Notimex Publicado: 20/04/2009 19:17

México, DF. Casi tres millones de niñas y niños mexicanos son víctimas de explotación laboral y sexual en el país, señaló el obmbudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, al participar en el Foro “Niñez Trabajadora en México” realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó que a pesar de las legislaciones hay una “fractura profunda entre el deber ser y la realidad” y que incluso cerca de 350 mil niños anualmente viajan solos o con sus padres para trabajar como jornaleros agrícolas, y en el peor de los casos en condiciones inaceptables.

En muchos de los casos, abundó, esas condiciones serían inaceptables inclusive para los adultos "como cuando realizan actividades de alto riesgo en circunstancias de explotación y al margen de cualquier consideración especial hacia su condición".

Por ello, consideró que deben analizarse las causas y condiciones de esta problemática para encontrar líneas de acción integrales e institucionales y que con la participación de la sociedad civil, México pueda garantizar a las niñas y los niños el efectivo ejercicio de sus derechos. Ante el titular del IIJ, Héctor Fix Fierro, los representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Susana Sottoli, y de la OIT para México y Cuba, Germán López Morales, dijo que el Estado mexicano tiene una inmensa y muy específica deuda con la niñez trabajadora. Los niños y las niñas, indicó, tienen derechos reconocidos por muy diversos instrumentos internacionales y por la legislación nacional, sin embargo el ejercicio de esos derechos se ve limitado por las carencias y privaciones. En el evento, Fix Fierro llamó la atención respecto del crecimiento del número de niños en esta situación.

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Rogelio Naranjo caricaturista mexicano Gana el Gran Premio de la quinta edición de World Press Cartoon

Naranjo triunfa en World Press Cartoon
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El caricaturista mexicano Rogelio Naranjo obtuvo ayer el Gran Premio de la quinta edición del World Press Cartoon, en el que también fueron galardonados dibujantes de España, Cuba y Brasil .
GANADORES
El Universal
Sábado 18 de abril de 2009
SINTRA, Portugal.— El caricaturista mexicano Rogelio Naranjo obtuvo ayer el Gran Premio de la quinta edición del World Press Cartoon, en el que también fueron galardonados dibujantes de España, Cuba y Brasil. Naranjo logró el premio por su caricatura titulada “En el mismo barco”, publicada en EL UNIVERSAL, el 17 de septiembre de 2008. El dibujo representa un bote a punto de hundirse, en el que se encuentran George Washington y un personaje representado por una calavera con sombrero. El Gran Premio está compuesto de 20 mil euros, y fue entregado por Fernando Seara, alcalde de Sintra, ciudad que, junto a otras, patrocina el certamen. En la misma categoría, el segundo premio fue para el holandés Tom Janseen, por su obra “Wall Street”; el tercero, para el serbio Toshow, por “Krisis ekonomi”. En el rubro Caricatura Personal, el primer premio fue para el portugués André Carrilho, con “Ahmadinejad”; el segundo, para el español Javier Carbajo, por un retrato de Sarkozy, y el tercero, para el brasileño Baptistao, por “Cortázar”. En Caricatura de Humor triunfó el cubano Osmani Simanca, con “Punk fish”; en segundo lugar, con un trabajo sin título, el húngaro Geza Halász; el tercero, el rumano conocido como Balaban. El jurado estuvo integrado por dibujantes de Finlandia, Francia, Cuba, EU y Portugal. El caricaturista portugués Antonio Antunes, director del certamen, informó que fueron recibidos 848 dibujos, de 428 autores de 72 países, y que, por primera vez, llegaron obras de artistas de Afganistán, Jordania, Letonia y Libia. (EFE)


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Gana Boligán Premio Nacional de Periodismo 2008: Caricaturista

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Gana Boligán Premio Nacional de Periodismo 2008
El colaborador de EL UNIVERSAL obtuvo el galardón en la categoría de caricatura. El Universal
Ciudad de México Lunes 20 de abril de 2009
18:21 El jurado calificador de la octava edición ciudadana del Premio Nacional de Periodismo dio a conocer que, entre los ganadores, en la categoría de caricatura, se encuentra Ángel Boligán, de EL UNIVERSAL. En tanto, en la de Transparencia y Acceso a la Información, Marco Lara, por la revista Transparencia y Corrupción, y en orientación y servidor a la sociedad, Miguel Ángel Chávez, de Día Siete.

Los miembros del jurado, entre los que se encuentra Denisse Dresser, como presidenta del mismo, Adriana Ochoa, Arcelia Becerra y Javier Corral, informaron que en noticia el ganador fue Jesús Martín Mendoza, de Radio Red; en reportaje Maria Antonieta Flores, de televisión la Universidad de Guadalajara; en crónica, Humberto Padgett de la revista Emeequis, y en entrevista, Rogelio Cárdenas, de El Financiero. En fotografía, Guillermo Canseco, de la revista Proceso, y premio a la trayectoria periodística, Carlos R. Melendez, del diario de Yucatán, entre otros. El Premio Nacional de Periodismo 2008 contó con la participación de mil 82 trabajos. El estímulo que se otorgarà a los ganadores consta de la escultura El Águila diseñada por el maestro Juan Soriano, 50 mil pesos y un diploma que serán entregados el lunes 11 de mayo en el Teatro de la Ciudad, Distrito Federal.

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Hombre vestido de mujer abusaba de pasajeras del Metro

David Mondragón Vargas, de 46 años de edad o Juan José Ortega Ontiveros: Hombre vestido de mujer abusaba de pasajeras del Metro
La detención de este hombre fue a consecuencia de la denuncia de una joven quien asegura fue abusada en tres ocasiones por el mismo hombre disfrazado de mujer

El Universal
Ciudad de México Lunes 20 de abril de 2009
19:55 La Procuraduría Capitalina detuvo a un hombre que presuntamente se disfrazaba de mujer para atacar a mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en los vagones exclusivos para damas donde las tocaba. La detención de este hombre fue a consecuencia de la denuncia de una joven quien asegura fue abusada en tres ocasiones por el mismo hombre disfrazado de mujer. El sujeto fue detenido en las escaleras de la estación Tacuba, cuando intentaba huir, después de ser descubierto. La afectada denunció que en horas "pico", abordó el convoy destinado para mujeres, en la estación Camarones de la Línea 7 del SCT Metro, y al quedar cerca de la puerta, sintió tocamientos en sus glúteos.

Al voltear para cerciorarse sobre la persona que se le acercó, se dio cuenta que se trataba de una señora; sin embargo, en el trayecto, antes de llegar a la estación Refinería, nuevamente le hizo tocamientos. Fue cuando observó directamente a la cara a la supuesta señora, y descubrió que se trataba de un hombre maquillado y con vestimenta de mujer. Antes de bajar en la estación Tacuba, el agresor la jaló de un brazo y nuevamente la tocó en sus genitales, lo que motivó que la joven solicitara apoyo a personal de seguridad de dicha terminal. Los guardianes ubicaron en las escaleras de salida a quien se identificó como Juan José Ortega Ontiveros, de 42 años de edad, cuando pretendía huir, por lo que fue detenido y presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales. Para evadir su responsabilidad en el ilícito, el detenido argumentó que al llegar a la empresa de radio localización, donde trabaja como ingeniero, dos sujetos lo amagaron y obligaron a subir a su propio vehículo, y vestirse de mujer. Dijo que logró librarse de los supuestos asaltantes y vestido de mujer, abordó el Metro. Sin embargo, las autoridades judiciales, afirman que la afectada lo identificó plenamente como la persona que en tres ocasiones la agredió sexualmente a bordo del Sistema de Transporte Colectivo. Ortega Ontiveros fue identificado por sus familiares como David Mondragón Vargas, de 46 años de edad, y confirmaron que es profesionista en ingeniería de Sistemas.

La representación social integra el expediente por el delito de abuso sexual agravado, para resolver la situación legal del detenido y consignarlo a un juez penal del Reclusorio Preventivo Oriente. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) exhortó a las usuarias del Sistema de Transporte Colectivo Metro que hayan sido agredidas sexualmente por este individuo, lo identifiquen y denuncien en la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales, ubicada en la calle General Gabriel Hernández 56, primer piso, colonia Doctores, o a los teléfonos 53 46 81 10, 53 46 81 03, ó al Sistema de Emergencia 061.

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EL CINE EN CRISIS: Cinemex reportan caídas de hasta el 46%: 55 pesos la entrada

Cinemex enfrenta primer trimestre crítico
Según Nielsen, la asistencia en las principales salas de cines de México, que exhiben las películas más recientes en cartelera, reportan caídas de hasta el 46%
El Universal
Ciudad de México Lunes 20 de abril de 2009
A BAJAR EL PRECIO DE LA ENTRADA AL CINE: NO SE HAGAN... P, SI BIEN QUE GANAN MILLONES, BOLA DE RATAS.
17:11 La cadena de cines Cinemex inició el año de 2009 con un efecto adverso en el ánimo de los consumidores debido a la situación de crisis económica que estos días impera en México y el mundo. De acuerdo con Alma Rosa García Puig, directora general de Cinemex, dijo que de entre los meses de enero, febrero y marzo, el nivel de asistencia bajó debido, en gran medida, al efecto calendario: este 2009 Semana Santa cayó en abril y no en marzo como el año pasado. Según la agencia de investigación Nielsen, la asistencia en las principales salas de cines de México, que exhiben las películas más recientes en cartelera, reportan caídas de hasta el 46%. Del 9 al 12 de abril, la película "Rápidos y Furiosos" reportó en su segunda semana de exhibición una caída de 46%.; "Monstruos vs. Aliens" bajó 31% en la segunda semana de exhibición, de acuerdo con la consultoría Nielsen. En el evento donde Cinemex recibió el distintivo H, que otorga la Secretaría de Turismo como reconocimiento a la calidad y buen tratamiento de los alimentos, García Puig dijo que a la empresa le afectó la depreciación del peso: sus principales insumos llegaron a incrementar su precio hasta en un 40%. Ante ello, Cinemex respondió con una ligera alza en sus precios de taquilla, "de 53 pesos se pasó a 55 pesos", a decir de la directiva. Después de que Cinemex fue comprada por la otra cadena de cines MMCinemas, se trabaja actualmente en una integración de políticas corporativas y procedimientos administrativos. El cambio más notable se hizo sobre el logotipo de Cinemex, el cual cambió ligeramente su tipografía y se incorporará en todos los complejos de dicha cadena. García Puig dijo que la cadena de cines invertirá este año mil 500 millones de pesos con la idea de cerrar el año con más de 170 pantallas en operación, a la fecha la cadena cuenta con 105 pantallas. El distintivo H fue entregado a las salas Antara, Antara Platino, Parque Delta, Mundo E, Mundo E Platino, Interlomas y Santa Fe. El trabajo previo, para conseguir el distintivo, fue hecho entre Cinemex y la empresa Sprim México, firma de origen francés especializada en temas de salud y tecnología.

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México SA: El caso de Minera Cananea, de telenovela

México SA
  • El caso de Minera Cananea, de telenovela
  • En el siguiente capítulo, el gobierno, como parte del elenco, podría usar la represión para rescatar el negocio de Larrea y su Grupo México
Carlos Fernández-Vega
Foto
Mineros de Cananea en huelga suben a una camioneta estacionada afuera de la puerta tres, durante un cambio de guardia. Los obreros aseguran que no puede haber daños irremediables en la maquinaria dentro del socavón (argumento con el que les quieren rescindir el contrato), pues durante la huelga nunca se ha impedido el acceso a los equipos de seguridad de Grupo México, mediante la empresa Multi Servicios de Seguridad, la cual La Jornada confirmó que permanece en el interior de la minaFoto Ulises Gutiérrez

En el segundo sexenio al hilo de una sui géneris democracia de, para y por los empresarios (según puntual definición y aplicación del ideólogo Chente Fox), nada raro sería que el aparato represivo del gobierno calderonista dejara caer su peso sobre los mineros de Cananea para favorecer los intereses de uno de sus más nefastos mentores: Germán Larrea y su Grupo México.

Protegido por el inquilino de Los Pinos (el anterior y el actual), Larrea (heredero de El Azote, como era conocido su padre, Jorge, patriarca del negocio y la fortuna familiar, ahora marca Forbes) no quita el dedo del renglón: acabar con Napoleón Gómez Urrutia, otro heredero de la clase política mexicana, aunque entre las patas se lleve a miles de trabajadores mineros –en primera instancia los de Mexicana de Cananea– que sólo exigen mejores condiciones laborales y respeto al contrato colectivo en las muchas concesiones mineras que el gobierno federal ha otorgado a este nefasto personaje de la elite empresarial del país.

El pretexto para que la fuerza pública intervenga es lo de menos; para eso está el manto protector del gobierno calderonista y su operador, el pianista Lozano (también lo fueron monseñor Carlos Abascal y Francisco X. Salazar, el de Pasta de Conchos, con Fox). En el lado de Larrea también aparece involucrado otro empresario (un pollero marca Fobaproa) que despacha como gobernador de Sonora, Eduardo Bours. En fin, es la autoridad rompe huelgas que quiere rescatar el negocio a uno de los suyos, aunque destroce el estado de derecho y destruya a miles de mineros.

Larrea pretende acabar con el sindicato para cobrársela a Napito, pero no con el negocio. Exige que el gobierno calderonista, como antes al foxista, le quite de encima los estorbos, pero ni de lejos está en sus planes cerrar la fuente principal de su riqueza, cortesía del gobierno salinista. Minera de Cananea, según información del propio Grupo México, no sólo es uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo, con 80 años más de vida útil, sino que representa 64 por ciento de sus utilidades potenciales, medidas a través de las reservas de mineral que el consorcio tiene en territorio mexicano.

Aun así, no todo funcionó de acuerdo con el plan. Fallida la intentona legal (el supuesto laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) de dar por concluida las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea y el sindicato minero, Larrea y su Grupo México (con el ejército de ex funcionarios federales a su servicio) por enésima ocasión desempolva el asunto de los 55 millones de dólares de un fideicomiso, producto de la privatización del mayor yacimiento cuprífero del país (1990, con Carlos Salinas en Los Pinos), para que gentilmente la autoridad gire orden de aprehensión contra Gómez Urrutia, como probable responsable de la comisión dolosa de los delitos de administración fraudulenta.

Pues bien, retomó lo aquí publicado: cuando en 1989 el gobierno salinista echó el Ejército a los mineros, quebró la Compañía Minera de Cananea (posteriormente Mexicana de Cananea) y la privatizó (regaló) en favor de la familia Larrea –quiebra y privatización que, como tantas otras, fueron totalmente injustificadas–, los nuevos dueños aceptaron –como parte del contrato de venta– repartir el equivalente a 5 por ciento de las acciones entre los trabajadores que soportaron la represión, la quiebra y la desincorporación de una de las más ricas empresas del Estado.

Consolidada la privatización en favor de la familia Larrea (con Jorge Larrea, alias El Azote, a la cabeza, y desde 1999, con su heredero Germán Larrea Mota Velasco), el Grupo México sistemáticamente se negó a cumplir con el mencionado reparto. Pasó el tiempo (tanto como tres lustros) y la insistencia de los mineros quedó manifiesta año con año: que se nos pague, en líquido, el equivalente a ese 5 por ciento de las acciones. A la reiterada exigencia de los trabajadores, el consorcio privado machaconamente se negó a cumplir con el acuerdo, y para ello contó con el apoyo del Congreso sonorense, de los tribunales del Distrito Federal (los que ahora de nueva cuenta giran orden de aprehensión), del inquilino de Los Pinos en turno y de cualquier autoridad que se dejara convencer, al estilo de los Larrea.

Fue tal la insistencia de los mineros y la complacencia de las autoridades para con la famiglia –en el término más siciliano de la palabra–, que el 2 de abril de 2001 el consorcio minero –ya entronado Germán Larrea Mota Velasco– se dio el lujo de informar a sus accionistas e inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores que el reclamo de los trabajadores era cosa juzgada y que no le colmaran la paciencia.

Por medio de la BMV, la empresa oficialmente comunicó: “por sentencia dictada por unanimidad de votos, que surtió efectos el 27 de marzo de 2001, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del DF confirmó la improcedencia del juicio mercantil que promovió el Sindicato (minero) en contra de la subsidiaria de Grupo México en septiembre de 2000, reclamando el pago de 40 millones de dólares como supuesto valor actualizado del 5 por ciento de las acciones representativas del capital social de Cananea… El Sindicato reclamaba que el ofrecimiento que le hizo Cananea de entregarle, según (sic) el sindicato, el 5 por ciento de las acciones de esta última empresa, no se podía cumplir como supuestamente se propuso al momento en que la empresa adquirió en subasta judicial los activos de la sociedad quebrada Compañía Minera de Cananea, por lo que entonces debía de pagarle el supuesto valor actualizado de dichas acciones. En virtud de que tal demanda ya había sido intentada por el Sindicato en 1991 ante los tribunales del estado de Sonora, que confirmaron la improcedencia de la demanda (...), que quedó firme en la mencionada sentencia (...), por lo que se trataba de cosa juzgada (y) el juicio se dio por terminado”.

Cosa juzgada, pero el 25 de octubre de 2004 Grupo México informó que finalmente llegó a un acuerdo satisfactorio con el sindicato minero para la compra del 5 por ciento de su participación en Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea, monto que ascendía a 55 millones de dólares. Cinco años después, se mantiene el empate.

Las rebanadas del pastel

En esta telenovela, en la que el gobierno pertenece a uno de los elencos, las acusaciones y amparos vuelan de un lado al otro, de tal suerte que sólo hay que esperar el siguiente capítulo. Lamentablemente puede ser el de la represión.

cfvmexico_sa@hotmail.com y mexicosa@infinitum.com.mx

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