. La organización Libertad de Información México (LIMAC) dio a conocer que esta demanda “llegó al exceso” de ahora a través de subterfugios que rayan en la ¡legalidad ir contra la Abogada Perla Gómez Gallardo, que gratuitamente a través de Libertad de Información México A. C. LIMAC ha llevado la causa “teniendo el riesgo de ir a la cárcel”

Por Desde Abajo

Pachuca.- La publicación del Libro: La Sosa Nostra: Gobierno y Porrismo coludidos en Hidalgo que documenta la historia de la Universidad Autónoma de Hidalgo a través de sus actores es la causa del litigio por la que el diputado federal del PRI Gerardo Sosa Castelán, “lleva retrasando su acusación por Daño Moral a través de diversas irregularidades procesales” en contra de los periodistas Alfredo Rivera Flores y Miguel Ángel Granados Chapa.

La organización Libertad de Información México (LIMAC) dio a conocer que esta demanda “llegó al exceso” de ahora a través de subterfugios que rayan en la ¡legalidad ir contra la Abogada Perla Gómez Gallardo, que gratuitamente a través de Libertad de Información México A. C. LIMAC ha llevado la causa “teniendo el riesgo de ir a la cárcel”

El caso que inició en agosto de 2004 ante el Juez 39 de lo civil Miguel Ángel Robles Villegas y su secretaria de acuerdos, Laura Alanís Monroy se sustenta en el presunto daño moral que sufrió el ahora Diputado Federal Gerardo Sosa Castelán por la publicación del libro La Sosa Nostra Gobierno y Porrismo coludidos en Hidalgo, de manera excesiva demandó a todos los que participaron incluyendo al que fotografió al periodista y escritor Alfredo Rivera, llama la atención la dilación en un juicio que pareciera no es del interés de Sosa terminar.

Limac explica que para que en México para que proceda el Daño Moral es necesario que se configuren dos situaciones: 1) Que el acto que presuntamente lo origina sea ilícito; 2) Que se cause un daño a la persona agraviada.

Ambos supuestos no se configuran en el caso que nos ocupa, pero indistintamente que lo anterior se hace valer en el procedimiento lo que preocupa no es propiamente la demanda que en sí misma ya es excesiva sino las múltiples irregularidades que se han presentado en la tramitación de la misma tales como:

“Se llevó más de 2 años en avisar a todas las partes a fin de que se presentaran a contestar su demanda ante el tribunal; Una y otra vez se retrasan los acuerdos en perjuicio del tiempo tramitación del juicio; Se desecharon pruebas relevantes por parte del Juez; Se aceptaron en cambio la prueba pericial en psicología en contra de los periodistas Alfredo Rivera Flores y Miguel Ángel Granados Chapa, para demostrar la supuesta intención de dañar, cuando eso es irrelevante en la causa que nos ocupa y atenta incluso a la dignidad de los demandados que acuden de buena fe”.

Además, se aceptó la impugnación de la firma de la Abogada no obstante que la misma la reconoció ante la autoridad.

Limac explica que ante todas las irregularidades se llevan 29 apelaciones ante la 8a Sala del Tribunal y la fecha tienen paralizado por la irregularidad procesal desde la número 14 lo que “entorpece el juicio”.

Limac solicitó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia magistrado Edgar Elías Azar tuviera en cuenta las irregularidades y lo excesivo de los tiempos en la tramitación del caso, sin que a la fecha se vean resultados en la supervisión que tiene de los casos.

  • Exigen su reinstalación, crear un ombudsman universitario y manejo claro de recursos
  • Catedráticos despedidos impulsan un proyecto para democratizar la UAEH
  • La casa de estudios, bajo control desde hace 20 años por el ex rector Gerardo Sosa Castelán
CARLOS CAMACHO CORRESPONSAL
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Plantón de catedráticas despedidas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en demanda de su reinstalación Foto Armando Loaiza/ Archivo

Pachuca, Hgo., 7 de marzo. El despido injustificado de tres catedráticos, por sus presuntas ideas "comunistas y de izquierda"; los abucheos de miles de jóvenes contra Roberto Madrazo Pintado, candidato presidencial de la Alianza por México, y los ajustes en los mandos de primer nivel en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), originaron un movimiento que pretende democratizar la casa de estudios, bajo control desde hace más de dos décadas del Grupo Universidad, que encabeza el precandidato a senador de la República por el PRI, Gerardo Sosa Castelán.

El 24 de enero pasado, la Coordinación de Encuentros con Universitarios del equipo de campaña de Madrazo Pintado organizó una reunión en el Lienzo Charro de Pachuca, al que fueron llevados con engaños unos 10 mil estudiantes, pues se les informó que acudirían a una reunión de la UAEH.

Al saber que estaban en un mitin político y se les ofreció a cambio un refresco, un paste (empanada típica hidalguense), el día libre y un punto extra en sus materias, comenzaron a lanzar gritos de rechazo al tabasqueño y a gritar "¡Peje, Peje, Peje!", en alusión a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia).

De este hecho se responsabilizó directamente a Sosa Castelán, en ese momento todavía presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, cargo al que renunció el pasado jueves para participar en el proceso interno de selección del candidato a senador de la República.

Semanas antes, injustificadamente, el investigador Pablo Vargas González era echado de su cubículo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU) de la UAEH, luego de 22 años de trabajo ininterrumpido, lo que derivó en varias denuncias laborales y hasta una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

Más adelante, otros dos catedráticos fueron suspendidos por su presunta participación en movimientos y partidos opuestos al PRI. Tania Meza, hija de Roberto Meza García, participante en la lucha magisterial de la década de 1970 para derrocar al grupo caciquil de Vanguardia Revolucionaria, encabezado por Carlos Jonguitud Barrios, fue suspendida de su cátedra en el área de ciencias de la comunicación.

Después, Tonatiuh Herrera Gutiérrez, coordinador en Hidalgo de las Redes Ciudadanas de apoyo a López Obrador, también fue separado de su cátedra.

Los tres sumaron sus protestas, y en una conferencia de prensa frente a la puerta principal de la rectoría, manifestaron su inconformidad y presentaron el documento con una propuesta de congreso de reforma universitaria de la UAEH para el periodo 2006-2018.

Exigieron la "restitución justa, digna y transparente de los tres académicos destituidos del ICSHU"; crear la figura de ombudsman universitario "el cual se encargue de orientar y resolver las violaciones que en un futuro pudiesen cometerse en nuestra casa de estudios".

También solicitaron "que la elección de las principales instancias de representación universitaria se haga mediante el voto de la comunidad universitaria; reactivar y fortalecer el blindaje del programa institucional de investigación, cancelado en 2005; transparencia absoluta en el manejo de los recursos económicos, con lo cual se evitarán las redes clientelares y el desvío monetario para el financiamiento de proyectos ajenos a la universidad".

Al mismo tiempo, comenzaron a circular en institutos y escuelas preparatorias copias de un panfleto atribuido a la Primera Coordinación de la Conferencia Universitaria Independiente, fechado el 7 de febrero y en el que se criticó al Grupo Universidad; al rector de la UAEH, Luis Gil Borja; al director del ICSHU, Adolfo Pontigo Loyola, responsable de los despidos de los académicos, y a Sosa Castelán, "cacique, traficante y delincuente", a quien se definió como "el dueño" de la universidad.

A principios de este mes fue retirado de su cargo el secretario general de la UAEH, Enrique Macedo Ortiz, quien luego de más de dos décadas de amistad con el ex rector Sosa Castelán, se confrontó con él y fue separado de su cargo. Su lugar es ocupado por Marco Antonio Alfaro.

A Sosa Castelán se le atribuye la década más conflictiva de la universidad, durante los años 70, según documenta el libro La Sosa Nostra, de Alfredo Rivera Flores, que le valió una demanda penal por presunto daño moral.

Aunque para muchos pachuqueños hay certeza de que aquellos tiempos, durante el gobierno de Guillermo Rossell de la Lama el denominado Grupo Universidad, que encabeza todavía Sosa Castelán, cometió atropellos y agresiones a la sociedad.

Se dieron el lujo hasta de tener su propia discoteca (Keops), administrada por la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, que controlaba a los comités estudiantiles y hasta al rector, como en ese entonces Juan Manuel Menes Llaguno, quien de pronto se "enfermó" y pidió licencia al cargo para que de esa forma lo sustituyera Sosa Castelán.

Sólo que un día después de su solicitud de licencia y de anunciar que se realizaría unos estudios minuciosos, Menes Llaguno apareció en las cámaras del canal 3 de televisión en Pachuca, haciendo comentarios como cronista del estado.

En Hidalgo es un secreto a voces que quien realmente controla a la UAEH es Sosa Castelán, quien colocó regidor en el ayuntamiento de Pachuca al dirigente estudiantil de la universidad, Cristian Guevara, e intentó sin éxito, hacer alcalde de Tulancingo a su hermano Damián Sosa Castelán; ahora pretende postularlo como candidato a diputado federal.

El PRD, durante una conferencia de prensa la víspera de la visita de López Obrador a Pachuca, el miércoles anterior, se pronunció en favor de la democratización de la universidad, e invitó a los jóvenes estudiantes a sumarse al movimiento que encabeza el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal para llegar a la Presidencia de la República.

Hoy, Sosa Castelán se enfrenta al descrédito histórico y en sus pretensiones políticas a quien se enfrentó durante su gobierno, Jesús Murillo Karam, quien encabeza la lista de precandidatos al Senado de la República.