Ciudad de México (9 noviembre 2009).- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este lunes a trámite la controversia constitucional promovida por el Senado contra el Ejecutivo por permitir la participación de gobiernos extranjeros en el capital de bancos como Banamex.

El Ministro Juan Silva Meza dio un plazo de 30 días hábiles a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Presidencia de la República para responder la controversia constitucional, que la Corte no tiene plazo para resolver.

En la controversia presentada la semana pasada por Carlos Navarrete Ruiz, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, registrada con el número 106/2009, el Poder Legislativo reclama al Ejecutivo federal tres hechos.

El primer acto reclamado es el oficio 102-B-152 del 21de septiembre, firmado por Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda, en el que contesta un punto de acuerdo del Senado del 26 de marzo de 2009 y donde el funcionario reconoce como oficial un comunicado de prensa de la SHCP.

También impugna el Senado dicho comunicado con número 012/2009, con fecha 19 de marzo de 2009, así como 30 artículos de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la CNBV y la Ley Banco de México.

En la demanda de controversia los legisladores afirman que la SHCP se excedió en sus facultades, al interpretar la ley y permitir que gobiernos extranjeros tengan participación accionaria en bancos que operan en territorio nacional, como es el caso de Banamex.

De hecho, piden a los ministros reponer el orden constitucional, al sostener que la situación vigente viola también 10 artículos de la Carta Magna.

"Ordenar a los demandados que inicien de inmediato el trámite legal para que las acciones representativas de capital social que poseen los gobiernos o empresas gubernamentales extranjeras correspondientes sean transmitidas a quien por derecho correspondan, luego de las operaciones legales necesarias para su adquisición", pide el Senado en la controversia.

El ministro Silva señaló a la Cámara de Diputados como tercero interesado en el litigio y también le dio un plazo de 30 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga. Igualmente notificó a la PGR de su acuerdo de recepción de la controversia, para que exponga lo que a sus intereses sea conveniente.