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domingo, 14 de diciembre de 2014

DESAPARICIÓN FORZADA PRI: Normalistas: Iguala-Cocula-Taxco: el corredor de las desapariciones

DESAPARICIÓN FORZADA PRI: Normalistas: Iguala-Cocula-Taxco: el corredor de las desapariciones


  • Iguala-Cocula-Taxco: el corredor de las desapariciones

Proceso Marcela Turati 

Dedicado desde 2007 a apoyar a familias de desaparecidos en Guerrero, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) sostiene que la entidad está llena de fosas clandestinas. Los municipios de Iguala, Cocula y Taxco, asegura, son corredores mortales, y en la zona la descomposición no se inició con la desaparición de los normalistas el pasado 26 de septiembre, sino que ya se había hecho visible desde 2010.

Las investigaciones sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa han dejado al descubierto que los municipios de Iguala, Cocula y Taxco forman un corredor donde la desaparición de personas se ha convertido en una epidemia, sea por los secuestros extorsivos y las levas de jóvenes perpetrados por grupos delincuenciales, así como por las desapariciones forzadas cometidas por fuerzas públicas.

Por ese corredor pasa la mayoría de la goma de opio que baja de los municipios serranos de Guerrero e inunda de heroína el mercado estadunidense.


La zona se ha convertido en un germinadero de fosas clandestinas que desde el hallazgo de 55 cadáveres adentro de una mina de Taxco, en 2010, debió haber puesto en alerta a las autoridades.

La polémica noticia difundida hace tres semanas por la televisora France 24 sobre el presunto secuestro masivo de 30 estudiantes en julio de 2013 en una secundaria de Cocula –material que fue retirado de la red por el mismo medio europeo al no considerarlo suficientemente fundamentado– reavivó el interés por los plagios de ese tipo que se han registrado en los citados municipios desde antes del perpetrado contra los 43 normalistas.

César Miguel Peñaloza, alcalde de Cocula –el municipio donde supuestamente fueron asesinados los normalistas–, informa a Proceso que desde el 1 de octubre de 2012, cuando tomó posesión, ha enfrentado diversas crisis por la falta de seguridad. Apenas llevaba dos meses en el cargo y ya habían asesinado a su director de Seguridad Municipal, mientras que hombres armados a bordo de camionetas se paseaban por la localidad. Semanas después, dos de los policías que lo escoltaban resultaron heridos en un atentado contra él.

En marzo de 2013, en una misma jornada, 14 personas fueron secuestradas. Cuestionado sobre cuántas regresaron, contestó: “Desafortunadamente por el temor de que no regresen, muchos no denuncian y no tenemos conocimiento. Sabemos que por unos pidieron rescate, y a quienes dieron los liberaron”. Según el diario El Sur, sólo cinco regresaron.

En julio de 2013, un convoy de camionetas con unos 50 hombres armados recorrió la cabecera municipal y se llevó a 17 personas. Cuando el hecho se hizo público, el Ejército se instaló en el municipio por tres meses. Tampoco sabe precisar el alcalde cuántos regresaron; se dice que seis personas.

Hace tres semanas Peñaloza negó la versión acerca del presunto secuestro de 30 estudiantes de una secundaria, pero admitió que en 2013 hombres armados se llevaron a 31 personas en dos plagios distintos. Una de las desaparecidas el 1 de julio de ese año fue Berenice Naranjo Segura, de 19 años, quien iba en moto con su novio a que la maquillaran para su fiesta de graduación.

“Por unos minutos se toparon con ese convoy que andaba levantando gente, que se llevaron a más de 30 gentes en Cocula, pero no se hizo nada; no se dijo nada ante el temor de que nos hicieran algo”, comenta el alcalde.

Las familias de algunos de los desaparecidos durante los hechos referidos, las cuales se han reunido en la iglesia de San Gerardo para denunciar sus casos, señalan que durante los secuestros masivos la Policía Municipal no cuidó la ciudad y, más aún, permitió el paso a los hombres armados. Otras familias denunciaron que en mayo de 2010 integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala detuvieron y desaparecieron a seis jóvenes que sacaron del bar Cherries (Proceso 1984).

“El gobierno de Guerrero y los gobiernos municipales no sólo han sido omisos o indiferentes al problema. Cuando profundizamos la información hemos encontrado que ha habido conocimiento o intervención directa de los cuerpos policiacos en muchas desapariciones”, declara el coordinador de la organización Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, dedicada desde 2007 a apoyar a familias con desaparecidos en Guerrero.

Agentes del gobierno y ciudadanos han destapado al menos una veintena de fosas con restos humanos en Cocula e Iguala. El hecho evidencia que cualquier lugar podría convertirse en cementerio clandestino.

En mayo de 2013, en la colonia San Miguelito de Iguala –ubicada en la parte posterior del cerro de La Parota, donde en octubre fueron localizadas fosas con restos de 30 presuntos normalistas– ya habían sido desenterradas 33 osamentas.

En febrero de 2014, en el camino que conduce al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, fueron descubiertos 17 cuerpos. En el cerro de San Miguelito, en abril fueron halladas siete osamentas y en mayo otras nueve. Sin mayor trabajo de identificación, la procuraduría estatal envió los restos a la fosa común, donde vuelven a desaparecerlos sin identidad.

“Cada cuatro o cinco meses nos llega la petición de la procuraduría para que les asignemos ataúd (que dona el DIF)”, explicó Ernesto Lome Quezada, el encargado del Departamento Municipal de Panteones de Iguala.

Según su registro, 76 personas no identificadas y cuatro restos óseos han sido sepultados en una fosa común del cementerio municipal de Iguala entre el 26 de agosto de 2013 y el 12 de febrero de 2014 (precisamente durante la administración del perredista José Luis Abarca, quien gobernó dos años). Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos hechos por la procuraduría.

La descomposición en la zona no se destapó con la desaparición de los normalistas. Ya se había hecho visible desde 2010.

El pozo lleno de cuerpos

A inicios de 2010 los rancheros-mineros Juan Viveros y Nabor Baena encontraron un agujero en la pared de la boca donde respiraba la mina La Concha, en Taxco, hecho a golpes de marro. Ellos acostumbraban efectuar rondines por el cubo de concreto que resguardaba el túnel sellado. Cuando se acercaban percibían un tufo hediondo, y de inmediato rodeaban hacia otro destino. Un día –narraron a la reportera– vieron las paredes chorreadas con harta sangre.

–Nabor, ira, ¿y esa sangre, qué? –preguntó don Juan, quien el día de la entrevista vestía de campesino, machete al cinto.

–Quién sabe. Tirarían un animal –contestó su compañero de guardia, un hombre con pinta de obrero. Ambos querían espantar malos augurios, pero pronto notaron que con tierra habían querido borrar los rastros de sangre.

El respiradero sudaba el olor a muerto. Nadie decía nada. Un día vieron que el Ejército lo tenía acordonado: Protección Civil había recibido una llamada anónima informando que el pozo estaba lleno de cadáveres. La información rememoraba al famoso “Pozo Meléndez”, también de Guerrero, que durante la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta fue uno de los sitios de desaparición de disidentes políticos. Los cuerpos aún no son rescatados.

Uno de los entrevistados en 2010 agregó: “Nos dimos color de que este tiro salió premiado, que tenía almacén de gente”. Y así se descubrió que en el Pozo de Taxco había 55 cuerpos. Muchos de ellos habían fallecido con los ojos vendados, los brazos amarrados. Conservaban el rictus de quien fue torturado.

Tras el hallazgo del pozo, en mayo de 2010 comenzó un peregrinaje a la morgue de Taxco de decenas de familias, quienes preguntaban por algún familiar que tenían desaparecido con la esperanza de que su cuerpo hubiera sido arrojado a la mina.

Las paredes del pequeño cuarto que servía como morgue y las del Ministerio Público tenían decenas de carteles con letreros pidiendo datos sobre personas a las que se les había perdido la pista.

Una de las mamás que buscó a su hijo –Ludwig Hernández– entre las víctimas del pozo fue María de Jesús Cisneros Martínez, a quien desde el 23 de mayo de 2007 no se le ha dado respuesta en torno al paradero del joven. Aparentemente su delito fue haber denunciado a policías ministeriales que lo habían extorsionado.

“Me sacaron la sangre y me dijeron (en la procuraduría) que cualquier cosa que hubiera nos iban a avisar. Nunca nos han llamado. Ojalá ahora vuelvan a sacarnos muestras para ver si nuestros hijos están entre los cuerpos que están sacando”, explica en entrevista.

La investigación de Tadeco

En un seguimiento periodístico realizado por Tadeco de 2005 hasta agosto de 2013, la agrupación detectó 460 denuncias acerca de personas desaparecidas en el estado y alrededor de 500 asesinatos extrajudiciales. Sólo sumó a ciudadanos sin indicios evidentes de su participación en el crimen organizado. El resto –quizá la mayoría– no fueron contabilizados.

“Si era descuartizado, quemado o decapitado, no lo registramos”, explica Monroy, el coordinador.

En la entrevista lo acompaña la señora Cisneros y la esposa y la hermana del señor Jesús Bello Moreno (desaparecido en diciembre de 2008), dispuestas a dar su testimonio. Detrás de ellas está una manta con una veintena de rostros de personas –hombres, en su mayoría– desaparecidas.

La organización tiene documentado el caso de seis jóvenes que en 2010 fueron detenidos por integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y de otros seis casos en los que los familiares huyeron por amenazas. También tiene el antecedente de una en Taxco que fue secuestrada y luego asesinada en Iguala. Aunque las familias han sido informadas de los secuestros masivos en Cocula, ninguna se ha animado a dar testimonio.

Según Monroy, los gobernadores Zeferino Torreblanca –en cuyo periodo ubica el inicio de la descomposición– y Ángel Aguirre mostraron indolencia ante las desapariciones.

“Desde 2007 señalamos la existencia de fosas, lo mismo en Iguala que en Taxco, y por ese menosprecio del gobierno no se nos escuchó”, comenta.

Y agrega: desde 2011 tres funcionarios han sido designados para investigar las desapariciones, pero ninguno consiguió resultados. El primero, el procurador Alberto López Rosas, citó a las familias para tomarles pruebas de ADN, pero luego de que dimitió en diciembre de 2011 por el asesinato de dos normalistas que bloqueaban la Autopista del Sol, las familias se enteraron de que nunca había procesado las muestras. Después se delegó el asunto a un encargado de oficina, y más tarde una fiscal cerró ésta con el argumento de la “falta de trabajo”.

Desde 2007 Tadeco ha registrado desa­pariciones en Iguala (“han sucedido muchas desapariciones o asesinatos en grupos, también de los casos más sangrientos”). En la mayoría de los casos las familias identificaban a los perpetradores como personas con uniformes oscuros, gorras y lentes de sol que viajaban en camionetas sin placas provistos de armas largas, y parecía gente con protección del Estado.

“Los desaparecidos de Cocula fueron desalojados de allá, porque hay muchas amenazas. Hay muchos ciudadanos que salieron de Guerrero por esta situación y no han dado su testimonio”, de acuerdo con el activista.

Fue hasta octubre pasado, luego del escándalo por la desaparición de los 43 normalistas, cuando el Congreso del estado desempolvó la propuesta de ley contra las desapariciones que las familias habían exigido año con año desde 1999.

A partir de la misma crisis se han destapado nuevos casos. El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa, recibió las denuncias por las desapariciones de nueve personas ocurridas en julio pasado en Iguala.

Las víctimas son los activistas Alberto Zaragoza Ocampo y Miguel Antonio Ángel Antolino Navarrete (el 2 de julio); el joven José Manuel Flores Taboada (el 15 de julio), a quien cinco hombres armados sacaron de su casa; así como Félix Aguirre Román, Gregoria Martínez Delgado, Ismael Aguirre Martínez, María Guadalupe Aranda Rabadán y Marino Aguirre Martínez (19 de julio), después de haber sido detenidos por la Policía Municipal, y Julio César Real Molina (19 de julio), cuando hombres armados lo subieron a una camioneta.

La búsqueda de los normalistas ha hecho común el hallazgo de fosas: al menos 11 han sido encontradas por el gobierno y más de una decena por los policías comunitarios que integran la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Proceso 1986) y las familias de las víctimas que siguen buscando por su cuenta y descubriendo nuevos restos.


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