Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA
Los Niveles del Secuestro. Hay estructuras tan poco dúctiles que para evolucionar requieren de crisis y la política mexicana pareciera ser una de ellas. Para algunos, es intolerable el secuestro al que por cuatro meses ha sometido la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a la capital de su Estado: escuelas cerradas, plantones en el centro, barricadas en las calles, cierre de oficinas de gobierno, toma de estaciones de radio, toque de queda, desquiciamiento de la actividad comercial y turística, etcétera. Sin embargo, más sorprendente resulta el secuestro que al nivel del Congreso de la Unión y del sistema político ha ejercido el PRI sobre el PAN al condicionar su cooperación con el nuevo gobierno panista a que se mantenga apretado el Nudo Gordiano en que se ha convertido el proceso político oaxaqueño, es decir, a que no se elimine al gobernador priista –Ulises Ruiz- que en ese Estado enfrenta una rebelión popular. Así, la posibilidad de aprovechar la crisis de Oaxaca para darle entrada a una etapa de modernización política en la entidad, está secuestrada porque la supuesta primera fuerza política nacional, el PAN, tiene un conflicto a fondo con la segunda fuerza, el PRD, y la tercera fuerza, el PRI, sólo apoyará a la primera en tanto en Oaxaca se sostenga a un gobernador inviable pero priista. El PRI ya sin proyecto histórico sustantivo (el último fue el del “liberalismo social” de Carlos Salinas), sin una dirigencia central fuerte y por ello en manos de sus 17 gobernadores que se desempeñan como una especie de directorio, simplemente se ha atrincherado para defender al colega oaxaqueño porque teme que la caída de Ulises Ruiz acelere el cobro de cuentas pendientes en otro lugar. Cada gobernador priista supone que si se entrega la plaza en Oaxaca no tardará en ponerse sitio a otra de las 16 restantes. Exageran, pero no desvarían. Así que al final todos han secuestrado a todos. Este círculo de lo absurdo no puede durar ad eternum, se tiene que romper por su eslabón más débil: el gobernador Ruiz o la APPO, ese movimiento social en que se ha convertido lo que originalmente fue sólo una protesta de maestros en la capital oaxaqueña.
La Transición Pendiente. Los esqueletos que tiene el PRI en sus closets y las cuentas pendientes que tiene con la sociedad que gobernó de manera autoritaria por tanto tiempo se han dado cita en Oaxaca pero hubieran podido hacerlo también en Veracruz o Puebla, por poner dos ejemplos conspicuos. Y es que no sólo en la antigua Antequera se ha pospuesto el cambio político que se dio a nivel nacional en el 2000, sino también en otros estados. Hoy Oaxaca acumula 77 años de dominio priista ininterrumpido pero la cifra hubiera podido llegar a los 81 años si Ulises Ruiz se hubiera podido mantener hasta el fin de su sexenio. Oaxaca hoy es un ejemplo extremo de autoritarismo subnacional, término que muy atinadamente fue el eje de una exposición hecha por Víctor Raúl Martínez en El Colegio de México para explicar la crisis política del Estado suriano. La raíz inmediata del problema está en la decisión del viejo partido de Estado de imponer como gobernadores de Oaxaca en 1998 y en 2004 a José Murat y a Ulises Ruiz, respectivamente. Se entregó entonces la vieja estructura autoritaria a dos apparatchik que tenían todos los defectos del viejo régimen -autoritarismo, arbitrariedad y corrupción- y ninguna de sus virtudes, si es que tuvo algunas.
Un Caso Extremo de Autoritarismo Subnacional. Cuando en el antiguo régimen los excesos de un gobernador dañaban la estabilidad, el presidente encontraba siempre y sin dificultad el modo de convencer al déspota local para que, sin resistencia ni aspavientos, dejara el puesto a un sustituto menos disfuncional. La excepción fue Ernesto Zedillo, cuyo menguado poder ya le impidió sacar a Roberto Madrazo de Tabasco tras unas elecciones que fueron un escándalo por inequitativas e ilegales. El precio que tuvo que pagar el PRI por la rebelión de Madrazo en 1995 se difirió, pero le fue cobrado el 2 de julio de este año, cuando ese personaje y su partido sufrieron una derrota espectacular en las urnas. Todo indica que el PRI tendrá que volver a pagar por haber originado y prolongado el desastre oaxaqueño, aunque el costo mayor corrió a cuenta de la sociedad oaxaqueña. El Entorno y el Proceso. Oaxaca, según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ocupa el penúltimo lugar entre los estados mexicanos en materia de desarrollo humano (IDH). Mientras en ciudad de México hay un IDH similar al de ciertos países europeos, el de Oaxaca se asemeja al de los Territorios Ocupados de Palestina. Y dentro de Oaxaca, la desigualdad es extrema. Así, mientras el municipio de Sta. María del Tule tiene un IDH del 0.86, el de Coicoyán de las Flores es de sólo 0.39. Guelatao tiene una educación similar a la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal en tanto que San Simón Zahuatlán o San Martín Peras se hermanan con la que prevalece en Burkina Faso o Sierra Leona, en África.
En una situación como la descrita, el haber entregado a Murat o a Ulises Ruiz un poder político que ya no estaba limitado por ninguna otra institución, fue una irresponsabilidad mayúscula. Un gobierno dividido y débil como el de Vicente Fox, carecía de los instrumentos y de la voluntad para poner alto a los abusos de gobernadores que, como prolongación del antiguo régimen, controlan absolutamente a su Legislativo, al Poder Judicial, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a los medios de comunicación (recuérdese el caso del periódico “Noticias”) y a un buen número de los poderes fácticos. Por tanto, no están sujetos al antiguo control presidencial, ni a la nueva división de poderes, ni al escrutinio de la opinión pública. En las condiciones anteriores, una pugna dentro de la clase política oaxaqueña –entre Murat y Ruiz- detonó otro conflicto que, aunque previsible, se salió de control: el ocasionado por el choque entre el Gobierno oaxaqueño y los profesores de la Sección 22 del SNTE que demandaban mejoras salariales vía la “rebonificación”. Un gobernador insensible y prepotente como Ruiz, pretendió utilizar ese conflicto para saldar cuentas con su predecesor y fue así que el 14 de junio se decidió usar a la policía local para acabar con el tradicional plantón magisterial en la capital. Cuando el intentó falló y la policía fue derrotada por los maestros (como antes ocurrió en Lázaro Cárdenas–Las Truchas, en Michoacán) el movimiento en vez de ser aplastado dio un salto cualitativo: otros actores de la sociedad agraviada se unieron a los maestros en contra del gobernador. Nació entonces la APPO, que hoy dice contar con 300 organizaciones y con un respaldo popular sin rival, como lo demostró con la marcha demandando la salida del gobernador y en la que participaron 600 u 800 mil personas -10 veces más que los 70 mil maestros con que cuenta de la Sección 22 del SNTE.
Para la APPO y los maestros, la renuncia o destitución de un gobernador tan ilegítimo como Ruiz es una exigencia mínima, pues si le dejan retornar temen que usará la fuerza para destruir a un liderazgo que, ahora, está acotado por una base radicalizada que no maneja y a la que debe rendir cuentas. ¿Un 68 en el 2006?. El autoritarismo subnacional buscó que la debilidad del nuevo gobierno panista obligara a Fox a que, en el último acto de su gobierno, usara la fuerza federal –la PFP y posiblemente a la Armada- para reeditar lo ocurrido este año en San Salvador Atenco: “imponer el Estado de Derecho” y restituir su poder al gobernador.
Quienes avalaron este plan supusieron que el costo del empleo de la fuerza lo pagaría Fox a cambio de que el PRI de a Felipe Calderón el respaldo mínimo que necesita para arrancar su gobierno. Sin embargo, tal propuesta era muy imprudente, pues si el costo por reprimir a un movimiento estudiantil en 1968 lo han seguido pagando hasta hoy el PRI y sus instrumentos, un 68 en el 2006 saldría igual de caro. Una represión masiva y abierta en Oaxaca aceleraría al movimiento social de resistencia que ya está en marcha a nivel nacional como resultado del mal llevado proceso electoral de este año. Hay indicios de que la tentación del uso de la fuerza federal ya pasó, ojalá así sea. Conclusión. No hay salida fácil. Sin embargo, lo adecuado sería colocar ya a Ulises Ruiz Ortiz en el cesto de la basura histórica y acelerar el desmantelamiento de todos los autoritarismos subnacionales que aún subsisten, pues la alternativa es el estallido de nuevas crisis locales dentro de la gran crisis nacional que esta latente.
RESUMEN: “En Oaxaca, como en otros estados, sobrevive el antiguo régimen autoritario pero desbocado, pues ya no tiene el contrapeso presidencial del pasado.”
La Transición Pendiente. Los esqueletos que tiene el PRI en sus closets y las cuentas pendientes que tiene con la sociedad que gobernó de manera autoritaria por tanto tiempo se han dado cita en Oaxaca pero hubieran podido hacerlo también en Veracruz o Puebla, por poner dos ejemplos conspicuos. Y es que no sólo en la antigua Antequera se ha pospuesto el cambio político que se dio a nivel nacional en el 2000, sino también en otros estados. Hoy Oaxaca acumula 77 años de dominio priista ininterrumpido pero la cifra hubiera podido llegar a los 81 años si Ulises Ruiz se hubiera podido mantener hasta el fin de su sexenio. Oaxaca hoy es un ejemplo extremo de autoritarismo subnacional, término que muy atinadamente fue el eje de una exposición hecha por Víctor Raúl Martínez en El Colegio de México para explicar la crisis política del Estado suriano. La raíz inmediata del problema está en la decisión del viejo partido de Estado de imponer como gobernadores de Oaxaca en 1998 y en 2004 a José Murat y a Ulises Ruiz, respectivamente. Se entregó entonces la vieja estructura autoritaria a dos apparatchik que tenían todos los defectos del viejo régimen -autoritarismo, arbitrariedad y corrupción- y ninguna de sus virtudes, si es que tuvo algunas.
Un Caso Extremo de Autoritarismo Subnacional. Cuando en el antiguo régimen los excesos de un gobernador dañaban la estabilidad, el presidente encontraba siempre y sin dificultad el modo de convencer al déspota local para que, sin resistencia ni aspavientos, dejara el puesto a un sustituto menos disfuncional. La excepción fue Ernesto Zedillo, cuyo menguado poder ya le impidió sacar a Roberto Madrazo de Tabasco tras unas elecciones que fueron un escándalo por inequitativas e ilegales. El precio que tuvo que pagar el PRI por la rebelión de Madrazo en 1995 se difirió, pero le fue cobrado el 2 de julio de este año, cuando ese personaje y su partido sufrieron una derrota espectacular en las urnas. Todo indica que el PRI tendrá que volver a pagar por haber originado y prolongado el desastre oaxaqueño, aunque el costo mayor corrió a cuenta de la sociedad oaxaqueña. El Entorno y el Proceso. Oaxaca, según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ocupa el penúltimo lugar entre los estados mexicanos en materia de desarrollo humano (IDH). Mientras en ciudad de México hay un IDH similar al de ciertos países europeos, el de Oaxaca se asemeja al de los Territorios Ocupados de Palestina. Y dentro de Oaxaca, la desigualdad es extrema. Así, mientras el municipio de Sta. María del Tule tiene un IDH del 0.86, el de Coicoyán de las Flores es de sólo 0.39. Guelatao tiene una educación similar a la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal en tanto que San Simón Zahuatlán o San Martín Peras se hermanan con la que prevalece en Burkina Faso o Sierra Leona, en África.
En una situación como la descrita, el haber entregado a Murat o a Ulises Ruiz un poder político que ya no estaba limitado por ninguna otra institución, fue una irresponsabilidad mayúscula. Un gobierno dividido y débil como el de Vicente Fox, carecía de los instrumentos y de la voluntad para poner alto a los abusos de gobernadores que, como prolongación del antiguo régimen, controlan absolutamente a su Legislativo, al Poder Judicial, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a los medios de comunicación (recuérdese el caso del periódico “Noticias”) y a un buen número de los poderes fácticos. Por tanto, no están sujetos al antiguo control presidencial, ni a la nueva división de poderes, ni al escrutinio de la opinión pública. En las condiciones anteriores, una pugna dentro de la clase política oaxaqueña –entre Murat y Ruiz- detonó otro conflicto que, aunque previsible, se salió de control: el ocasionado por el choque entre el Gobierno oaxaqueño y los profesores de la Sección 22 del SNTE que demandaban mejoras salariales vía la “rebonificación”. Un gobernador insensible y prepotente como Ruiz, pretendió utilizar ese conflicto para saldar cuentas con su predecesor y fue así que el 14 de junio se decidió usar a la policía local para acabar con el tradicional plantón magisterial en la capital. Cuando el intentó falló y la policía fue derrotada por los maestros (como antes ocurrió en Lázaro Cárdenas–Las Truchas, en Michoacán) el movimiento en vez de ser aplastado dio un salto cualitativo: otros actores de la sociedad agraviada se unieron a los maestros en contra del gobernador. Nació entonces la APPO, que hoy dice contar con 300 organizaciones y con un respaldo popular sin rival, como lo demostró con la marcha demandando la salida del gobernador y en la que participaron 600 u 800 mil personas -10 veces más que los 70 mil maestros con que cuenta de la Sección 22 del SNTE.
Para la APPO y los maestros, la renuncia o destitución de un gobernador tan ilegítimo como Ruiz es una exigencia mínima, pues si le dejan retornar temen que usará la fuerza para destruir a un liderazgo que, ahora, está acotado por una base radicalizada que no maneja y a la que debe rendir cuentas. ¿Un 68 en el 2006?. El autoritarismo subnacional buscó que la debilidad del nuevo gobierno panista obligara a Fox a que, en el último acto de su gobierno, usara la fuerza federal –la PFP y posiblemente a la Armada- para reeditar lo ocurrido este año en San Salvador Atenco: “imponer el Estado de Derecho” y restituir su poder al gobernador.
Quienes avalaron este plan supusieron que el costo del empleo de la fuerza lo pagaría Fox a cambio de que el PRI de a Felipe Calderón el respaldo mínimo que necesita para arrancar su gobierno. Sin embargo, tal propuesta era muy imprudente, pues si el costo por reprimir a un movimiento estudiantil en 1968 lo han seguido pagando hasta hoy el PRI y sus instrumentos, un 68 en el 2006 saldría igual de caro. Una represión masiva y abierta en Oaxaca aceleraría al movimiento social de resistencia que ya está en marcha a nivel nacional como resultado del mal llevado proceso electoral de este año. Hay indicios de que la tentación del uso de la fuerza federal ya pasó, ojalá así sea. Conclusión. No hay salida fácil. Sin embargo, lo adecuado sería colocar ya a Ulises Ruiz Ortiz en el cesto de la basura histórica y acelerar el desmantelamiento de todos los autoritarismos subnacionales que aún subsisten, pues la alternativa es el estallido de nuevas crisis locales dentro de la gran crisis nacional que esta latente.
RESUMEN: “En Oaxaca, como en otros estados, sobrevive el antiguo régimen autoritario pero desbocado, pues ya no tiene el contrapeso presidencial del pasado.”
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