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Los jueces lo desmienten
Jorge Carrasco Araizaga

A los jueces que llevan procesos federales no les gustó cómo “vendió” Felipe Calderón en Alemania la extradición de 15 personas solicitadas por la justicia de Estados Unidos. Con tal de aparecer como un paladín, dicen, el presidente tomó decisiones que aún no fundamenta jurídicamente y exageró los riesgos que corren los juzgadores.

Con las extradiciones como anzuelo, Felipe Calderón quiso cautivar a los inversionistas extranjeros; y lo intentó a costa del Poder Judicial de la Federación, del cual dijo en Alemania que está vulnerado por el dominio y voluntad de los jefes del narcotráfico. Pero la entrega de reos mexicanos a Estados Unidos sorprendió a los jueces que llevaban sus procesos. Hasta el pasado viernes 2 de febrero, dos semanas después de la extradición, varios juzgadores desconocían la resolución del Ejecutivo que permitió dicha entrega. Y contrario a lo asegurado por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, de que se daría protección especial a los jueces que llevan casos de narcotráfico, los juzgadores señalan: “En el caso de las extradiciones a Estados Unidos nosotros no fuimos los villanos, nosotros no autorizamos la entrega, así que no requerimos de medidas especiales”. Ante empresarios alemanes, con quienes se reunió en Berlín el 26 de enero pasado, al comienzo de su primera gira presidencial por Europa, Calderón presentó a los jueces federales y magistrados mexicanos como víctimas de “un problema endémico” derivado del narcotráfico. No reparó en magnificar un asunto que si bien los afectados reconocen que existe, aseguran que no es de las proporciones con las cuales lo presentó. Y se remiten a los datos: sólo se han registrado dos atentados: uno en Sinaloa, donde en 2001 fueron asesinados dos magistrados, y otro el año pasado, cuando fue ejecutado un juez federal adscrito al penal del Altiplano, antes La Palma y Almoloya, en el Estado de México.

Más aún, entre jueces y abogados existen dudas sobre la legalidad con la que actuó el gobierno federal para permitir “la extradición en paquete” de 15 personas acusadas por Estados Unidos de delincuencia organizada, principalmente de narcotráfico, y que se concretó el viernes 19 de enero. Una semana después Calderón se refirió por primera vez al tema. Lo hizo en la sede del Banco Alemán y ante empresarios de distintas empresas trasnacionales. Les aseguró que, “como ningún otro factor”, las extradiciones van a detonar nuevas posibilidades de inversión en México. Las entregas de reos decididas por su gobierno, argumentó el presidente mexicano, se debieron al control que aún ejercían los jefes del narcotráfico. Y expuso que se trataba de “un problema endémico: los líderes, los capos de la droga en México, que estaban en prisión y que tenían el control todavía sobre sus cárteles… estaban amenazando a jueces, fiscales, empresarios, ciudadanos, desde la prisión; incluso, habían ejecutado a varios jueces mexicanos… (Por eso), tomamos la decisión de extraditar a 15 capos del narcotráfico que demandaba la justicia de Estados Unidos”. Ese “argumento de venta” de Calderón en el extranjero no cayó bien entre jueces federales y abogados, quienes advierten que rechazarían la creación de jueces especializados en delincuencia organizada en caso de que el tema sea incluido en la reforma judicial que Calderón se comprometió a presentar el próximo mes, a más tardar.

Dudas sobre la legalidad

Los jueces de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal que llevan asuntos de narcotráfico han manifestado desde hace tiempo su resistencia a la creación de juzgados especializados en la materia, e incluso a recibir mayor protección de la que ya tienen. Uno de ellos, que llevaba el juicio de uno de los narcotraficantes extraditados por Calderón, asegura en entrevista: “La extradición fue más política que jurídica”, pues la manera en que se hizo abre muchas interrogantes. “En primer lugar –dice en sus oficinas dentro de un reclusorio capitalino–, es muy difícil que coincidan en un mismo tiempo 15 procesos penales de la misma materia, pues cada uno lleva su propio calendario”. Las extradiciones, continúa, debieron ocurrir una vez agotado el proceso penal en cada caso. “En el juicio que yo llevaba ni siquiera fui notificado por parte del Ministerio Público Federal. No conocí la resolución del Ejecutivo que permitió la extradición”. Además es probable que en algunos casos hubiera amparos en trámite o en otros aun se estuviera en el desahogo de las pruebas, pero ante un hecho consumado los abogados de los extraditados ya no pueden hacer nada, asegura. No es el único juzgador que se refiere a la anomalía. El juez primero de Distrito de Toluca, Mario Acevedo Cedillo, incluso emitió el 26 de enero un acuerdo para apercibir al Ejecutivo de que le informe sobre el paradero de dos de los extraditados, Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo, y su hermano Ismael, El Mayel, miembros del cártel de los hermanos Arellano Félix.

Aunque es público que fueron extraditados, el gobierno de Calderón no le había informado que los internos ya no estaban en el país, por lo que el juzgador no puede integrar el expediente, lo cual significa que para la justicia aún no hay constancia de las extradiciones. Es común que cuando un reo es trasladado a otro penal del país los jueces pidan a sus colegas exhortos para que les sea informada la situación del reo. En este caso los procesados fueron entregados a la justicia estadunidense, pero el gobierno de Calderón no les ha informado a los jueces. Si bien el Ejecutivo federal tiene la facultad de autorizar las extradiciones, hasta ahora en los juzgados consultados no hay un documento que las respalde; los jueces no conocen los motivos jurídicos de Calderón para entregar a los reos requeridos por Estados Unidos. Rafael Heredia Rubio, coordinador de la comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, asegura que no hay suficiente información para saber si las extradiciones fueron legales. “Hay que ver en cada caso si se agotaron los juicios previos, si había amparos en trámite, si había resoluciones que ya habían causado estado o de plano si se les madrugó a los jueces”. Llama la atención, añade, que se haya hecho “un paquete” de extraditados, pero ya no se puede hacer nada, pues es muy difícil que Estados Unidos los regrese, dice Heredia, quien fue consultor de la embajada de Estados Unidos cuando México y ese país negociaron el Tratado de Extradición en 1980.

Ante las dudas sobre el sustento legal de la entrega de los 15 reos mencionados, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados busca que comparezca nuevamente el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien estuvo ante los legisladores hace apenas dos semanas. El referido juez penal federal adscrito a la capital de la República rechaza que sea necesario proteger a los jueces que llevan casos de delincuencia organizada, en particular de narcotráfico, como afirmó Medina Mora al comparecer en la Cámara de Diputados, el 23 de enero. “El Estado mexicano ha tomado precauciones con respecto a la protección de jueces que ventilan estos procedimientos en los juzgados federales, determinaciones de fortalecimiento de la seguridad en los penales federales y ha ofrecido la colaboración para fortalecer la seguridad en los penales”, aseguró el procurador cuatro días después de las extradiciones.

Más riesgos que ventajas

En respuesta al planteamiento de Medina Mora, los jueces consultados aseguran que a pesar de haber autorizado extradiciones en otros momentos, no cuentan con protección especial. “No hay ánimo de preocupación. De mis colegas, nadie llega a trabajar con un gran aparato de seguridad”, dice el juez penal federal del Distrito Federal, quien también ha llevado casos de delincuencia organizada en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. Cuando hay alguna afectación, añade, se llama al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el organismo que administra y supervisa el trabajo de los juzgados y tribunales federales. El consejo actualmente está encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal, magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, asegura que entre ellos ni siquiera han discutido el aumento de la protección. “El trabajo de jueces y magistrados lleva implícito el riesgo, pero como asociación el tema no ha sido tratado. Tal vez algunos compañeros en lo individual lo han llevado al Consejo de la Judicatura o al circuito al que pertenecen. Nosotros no tenemos noticia de esto ni se nos ha requerido para llevar el tema a otras instancias”, declaró vía telefónica el magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca.

Otro juez penal federal que llevaba juicios de algunos de los extraditados por Calderón es todavía más claro: “Pedir más protección es tanto como si nosotros fuéramos los villanos. Nosotros no los extraditamos; es más, ni siquiera vimos la resolución que respaldara esa acción. Fue el Ejecutivo el que los entregó”. De acuerdo con la consejera del CJF, Elvia Díaz de León, hasta agosto de 2005 ese organismo tenía información de que “siete u ocho jueces y magistrados” habían sido amenazados por abogados de los delincuentes o por los mismos procesados. Justo un año después fue asesinado en Toluca el juez de Distrito René Nieto Contreras, responsable de numerosos casos relacionados con delincuencia organizada. Desde entonces el CJF no ha informado oficialmente de más amenazas. Incluso en respuesta a lo señalado por Medina Mora en el Congreso sobre las medidas de seguridad de los jueces, señaló: “La protección a los magistrados y jueces es permanente, no coyuntural”. En un comunicado emitido dos días después de la comparecencia del procurador, el organismo del Poder Judicial aseguró que a propósito de las extradiciones, “no ha recibido petición expresa por parte de algún juzgador para obtener protección o para solicitar licencia de portación de armas”. Y aprovechó para reiterar su rechazo a que se establezcan los llamados “jueces sin rostro”, por tratarse de una clandestinidad que ha mostrado su ineficacia en otros países y va en contra de la transparencia en la administración de la justicia.

A pesar de esa definición del Poder Judicial, algunos juzgadores no descartan que el Ejecutivo insista, no tanto en la figura de los jueces sin rostro, como en la de los jueces especializados en delincuencia organizada. Aseguran que la PGR ya está preparada con una subprocuraduría y agentes del Ministerios Público especializados en el tema. La Agencia Federal de Investigaciones y la nueva policía única que se proyecta también. Pero en el caso de los jueces consideran que sería muy peligroso, pues los asuntos se concentrarían en dos o tres jueces, que serían más vulnerables. “Si el presidente está publicitando en el extranjero que los jueces estamos amenazados por el narcotráfico, es porque trae una propuesta bajo el brazo. Sólo esperamos que el Legislativo no apruebe la idea de los jueces especializados”, dijo el juez federal radicado en el Distrito Federal. Se trata de uno de los 18 jueces de Distrito de la capital que desde 2004 rechazaron el intento del gobierno de Vicente Fox de crear juzgados especializados en delincuencia organizada. En una posición conjunta poco común que plasmaron en un documento que no se hizo público pero al cual este semanario tuvo acceso, todos los jueces de Distrito dedicados a los asuntos penales federales en la capital del país expresaron la inconveniencia de la propuesta. Y la fundamentaron con cifras: “Los 18 juzgados de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en esta capital actualmente conocen de mil 150 asuntos en trámite, y de esos sólo 50 corresponden a delincuencia organizada”.

Eso se traduce, explicaron, en que cada juzgado tiene un promedio de 63 asuntos en trámite. De ellos, menos del 5%, es decir poco menos de tres son de delincuencia organizada. Los jueces aportaron otros datos contundentes: entre 2002 y 2003 a cada juzgado de este tipo se le solicitó, en promedio, sólo una orden de cateo por delincuencia organizada cada ocho meses y una petición de arraigo cada dos meses. Las cifras, dicen los jueces, no han variado significativamente desde entonces. “La problemática actual de la delincuencia organizada –dijeron en ese momento los jueces de Distrito–, al menos en los tribunales de esta ciudad capital, dista mucho de concentrarse en el narcotráfico.” Establecieron también que los delitos contra la salud son mejor atendidos en esta ciudad por los 18 juzgados de Distrito de lo que pudieran serlo en dos o tres juzgados de delincuencia organizada. El número de juzgados no podría ser mayor debido a los pocos casos de delincuencia organizada que llegan a los juzgados en relación con otros delitos. Concentrar esos asuntos, añadieron, automáticamente convertiría a los dos o tres titulares encargados de esos juzgados “en blanco específico e identificable de presiones y eventuales atentados, en lo personal, en su familia y en sus bienes. Por ende, se constituiría en un factor de tensión adicional que a cada momento comprometería la objetividad, imparcialidad e independencia con la que los juzgadores pudieran desempeñar su función”. Sobre la figura de los jueces sin rostro, dijeron: lo único que se lograría sería generar un vínculo de dependencia respecto de los cuerpos encargados de brindarles seguridad. Y si ésta proviene de los cuerpos policiales que dependen del Poder Ejecutivo y coadyuvan con el Ministerio Público, “auténticamente se convertiría en un factor de sospecha constante para quienes fueran inculpados y (para) sus defensores”.

Los jueces desecharon esa figura por el fracaso que tuvo en Italia, Perú y Colombia, donde a pesar del anonimato muchos de los juzgadores encargados de los casos de narcotráfico fueron asesinados, pero también por ser contraria al Estado democrático. Los juzgados especializados en delincuencia organizada, en los que existieran “jueces sin rostro” –dijeron–, son propios de los Estados autoritarios, pues “se configuraría un régimen jurisdiccional de excepción, con el consecuente retroceso que implica volver a los tribunales de naturaleza inquisitorial”.

Proceso No. 01579, 4 febrero 2007, pág 32.

Kikka Roja