GOBIERNO ESPURIO CALDERONISTA Y ULTRA DERECHA, LADRONES SAQUEADORES
- Maderas del Pueblo del Sureste denuncia arbitrariedades tras operativos de despeje
- Desalojos en Montes Azules, plan para ceder recursos a multinacionales: estudio
Los operativos de desalojo violento en las comunidades de Montes Azules, Chiapas, que al parecer no han concluido, “son parte de la estrategia global de ‘despeje’ del territorio de mayor biodiversidad, cubierta forestal y caudales de agua dulce no contaminada, del país y de Mesoamérica”, afirma la organización ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste. La estrategia de despeje y control territorial “de toda la Selva Lacandona, incluida la Reserva de la Biosfera diseñada desde 1998, se ha venido readecuando a las diversas coyunturas” de los sucesivos gobiernos federales, abunda el estudio Desalojos en Montes Azules: recursos estratégicos; soberanía nacional y derechos indígenas en juego.
El pasado 18 de agosto, el gobierno federal, en coordinación con el chiapaneco, instrumentó desalojos violentos en la porción centro-norte de Montes Azules, contra los poblados San Manuel (conocido por el gobierno como “Nuevo Salvador Allende”), San Pedro (oficialmente “El Inominado”), y la ranchería El Buen Samaritano, todos habitados por tzeltales, recuerda Maderas del Pueblo.
Como resultado de estos operativos “violatorios en su forma de instrumentación de los más elementales derechos humanos”, hay 33 personas confinadas de forma “absolutamente ilegal”, en locales particulares de la cabecera del municipio La Trinitaria habilitados como casa de seguridad, “así como seis hombres detenidos y consignados aceleradamente al penal El Amate”.
Objetivos frustrados
El estudio señala que el operativo contra San Pedro, poblado por presuntas bases zapatistas, “fracasó en sus objetivos de detener y desplazar a sus habitantes”, quienes a la llegada de los helicópteros policiacos huyeron a la montaña, “donde deben estar sobreviviendo en forma inhumana”.
Los desalojos, así como acciones previas de este tipo y las llamadas “reubicaciones, igualmente realizadas”, son “justificadas” por los gobiernos federal (Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y estatal con base en un “doble pretexto”. Por una parte, “el supuesto delito de despojo y daño en propiedad ajena, al calificar de invasores a todos los poblados tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales ubicados en la llamada Zona Lacandona y la reserva de la biósfera”. En segundo lugar, la acusación de “depredadores” que se imputa a estos poblados.
Sin negar la “necesaria conservación ecológica”, Maderas del Pueblo expone “que, si bien en la ranchería El Buen Samaritano se venían realizando continuos desmontes con fines ganaderos (motivo por el cual fue expulsado de la ARIC Independiente) no es de ninguna manera el caso de San Manuel y San Pedro. Y menos aún de otros ejidos amenazados”, como Salvador Allende, Nuevo Villaflores, Nuevo Limar, Corozal y Ojo de Agua la Pimienta, entre otros, “los cuales llevan a cabo ejemplares trabajos de ordenamiento ecológico comunitario y agroecología”. Maderas del Pueblo subraya un “paradójico” contraste. Las comunidades toleradas por el gobierno, y usadas junto con los lacandones de Lacanjá contra los demás poblados en la región, son “las zonas de mayor deterioro de vegetación y suelo de la selva”. Es decir, Frontera Corozal y Nueva Palestina, “donde la ganaderización se desarrolla aceleradamente bajo el impulso y complicidad oficial”. Del más reciente reparto de recursos, producto de las “indemnizaciones” por expropiaciones federales “que demagógica e irresponsablemente se han venido haciendo de forma individual, la mayoría del dinero recibido por los ‘subcomuneros’ se aplicó para la compra de ¡ganado!”
La estrategia de despeje y control territorial, “disfrazada de un filantrópico ‘beneficio de la humanidad’, responde a intereses corporativos multinacionales en la ‘conservación ecológica’ con fines de apropiación, mercantilización y multimillonario lucro de los valiosos y estratégicos recursos naturales de esta y otras regiones indígenas y campesinas del país”. Biodiversidad, cubierta forestal y agua son algunos de los recursos ambicionados por empresas de los sectores biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis, Bimbo); farmacéutico (Pharmacia, Bayer, Pfizer, Adventis); automotor y petrolero (Ford, General Motors, Shell, Federación Internacional Automotriz); embotelladoras (Coca-Cola, Nestlé, Pepsi Cola), y minero (Cemex), “varias de las cuales tienen ya presencia directa o indirecta en la selva Lacandona”.
Kikka Roja
El pasado 18 de agosto, el gobierno federal, en coordinación con el chiapaneco, instrumentó desalojos violentos en la porción centro-norte de Montes Azules, contra los poblados San Manuel (conocido por el gobierno como “Nuevo Salvador Allende”), San Pedro (oficialmente “El Inominado”), y la ranchería El Buen Samaritano, todos habitados por tzeltales, recuerda Maderas del Pueblo.
Como resultado de estos operativos “violatorios en su forma de instrumentación de los más elementales derechos humanos”, hay 33 personas confinadas de forma “absolutamente ilegal”, en locales particulares de la cabecera del municipio La Trinitaria habilitados como casa de seguridad, “así como seis hombres detenidos y consignados aceleradamente al penal El Amate”.
Objetivos frustrados
El estudio señala que el operativo contra San Pedro, poblado por presuntas bases zapatistas, “fracasó en sus objetivos de detener y desplazar a sus habitantes”, quienes a la llegada de los helicópteros policiacos huyeron a la montaña, “donde deben estar sobreviviendo en forma inhumana”.
Los desalojos, así como acciones previas de este tipo y las llamadas “reubicaciones, igualmente realizadas”, son “justificadas” por los gobiernos federal (Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y estatal con base en un “doble pretexto”. Por una parte, “el supuesto delito de despojo y daño en propiedad ajena, al calificar de invasores a todos los poblados tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales ubicados en la llamada Zona Lacandona y la reserva de la biósfera”. En segundo lugar, la acusación de “depredadores” que se imputa a estos poblados.
Sin negar la “necesaria conservación ecológica”, Maderas del Pueblo expone “que, si bien en la ranchería El Buen Samaritano se venían realizando continuos desmontes con fines ganaderos (motivo por el cual fue expulsado de la ARIC Independiente) no es de ninguna manera el caso de San Manuel y San Pedro. Y menos aún de otros ejidos amenazados”, como Salvador Allende, Nuevo Villaflores, Nuevo Limar, Corozal y Ojo de Agua la Pimienta, entre otros, “los cuales llevan a cabo ejemplares trabajos de ordenamiento ecológico comunitario y agroecología”. Maderas del Pueblo subraya un “paradójico” contraste. Las comunidades toleradas por el gobierno, y usadas junto con los lacandones de Lacanjá contra los demás poblados en la región, son “las zonas de mayor deterioro de vegetación y suelo de la selva”. Es decir, Frontera Corozal y Nueva Palestina, “donde la ganaderización se desarrolla aceleradamente bajo el impulso y complicidad oficial”. Del más reciente reparto de recursos, producto de las “indemnizaciones” por expropiaciones federales “que demagógica e irresponsablemente se han venido haciendo de forma individual, la mayoría del dinero recibido por los ‘subcomuneros’ se aplicó para la compra de ¡ganado!”
La estrategia de despeje y control territorial, “disfrazada de un filantrópico ‘beneficio de la humanidad’, responde a intereses corporativos multinacionales en la ‘conservación ecológica’ con fines de apropiación, mercantilización y multimillonario lucro de los valiosos y estratégicos recursos naturales de esta y otras regiones indígenas y campesinas del país”. Biodiversidad, cubierta forestal y agua son algunos de los recursos ambicionados por empresas de los sectores biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis, Bimbo); farmacéutico (Pharmacia, Bayer, Pfizer, Adventis); automotor y petrolero (Ford, General Motors, Shell, Federación Internacional Automotriz); embotelladoras (Coca-Cola, Nestlé, Pepsi Cola), y minero (Cemex), “varias de las cuales tienen ya presencia directa o indirecta en la selva Lacandona”.
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