- “Ciertos actores” tergiversan la verdad, advierten defensores de derechos humanos
- “Voceros oficiosos” pretenden desvirtuar la matanza de Acteal
Ante las versiones de “ciertos actores” que buscan tergiversar la verdad de los hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, cuando se perpetró una masacre que costó la vida a 45 personas, la mayoría mujeres y niños, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos manifestó ayer que ve con preocupación que esos escritos “buscan fomentar la impunidad de los responsables materiales e intelectuales, y eximir la responsabilidad directa del Estado en ese crimen de lesa humanidad”. Con ese tipo de “relatos” de voceros “oficiosos” del Estado se busca “permitir que los ataques sistemáticos contra la población civil se sigan perpetrando en el país, como ha ocurrido hasta ahora en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde se desplaza a comunidades indígenas, se tortura, se viola a mujeres y se cometen ejecuciones y desapariciones forzadas”. Las más de medio centenar de organizaciones que integran la red, advierten: “En Acteal se cometió una masacre, fue y sigue siendo un crimen de lesa humanidad que cortó la vida a 45 personas y sacude la conciencia de la humanidad entera”.
Subraya además –en un pronunciamiento emitido ayer, en su 34 asamblea ordinaria, efectuada en Guadalajara, Jalisco– que “la masacre de Acteal fue la muestra de lo que el Estado está dispuesto a hacer en la aplicación de la doctrina contrainsurgente contra la población”. La Red Todos los Derechos para Todos emitió el pronunciamiento Por la memoria y contra el olvido: Acteal, 10 años, en el cual pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “que tome una decisión pronto para la admisibilidad de este caso; con ello se atajará la impunidad y se contribuirá a evitar que nuevos hechos como éstos vuelvan a ocurrir”.
Asimismo, llamó a la sociedad civil nacional e internacional a que el próximo 22 de diciembre, fecha en que se cumple el décimo aniversario de esa matanza de indígenas, realice acciones públicas que fortalezcan la memoria por encima del olvido que el Estado, “por medio de voceros oficiosos, pretende imponernos”. El pronunciamiento se da en el contexto del artículo que publicó el escritor Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos, mismo sobre el cual diversas organizaciones civiles han señalado que el autor “busca maquillar y tergiversar los hechos registrados en Actel, donde se cometió una masacre”. Cabe recordar que el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsa), a raíz de la publicación del escrito de Aguilar Camín, advirtió que “en Acteal se cometió una masacre, los asesinatos cometidos ahí fueron un crimen de Estado, de lesa humanidad, así ha sido enjuiciado y se está juzgando en la CIDH, por lo que la sociedad mexicana aún está en espera de que el gobierno haga justicia a los familiares de los muertos y a los que quedaron heridos, ya que a una década de los hechos, los integrantes de Las Abejas siguen viviendo en condiciones de opresión y represión”.
Subraya además –en un pronunciamiento emitido ayer, en su 34 asamblea ordinaria, efectuada en Guadalajara, Jalisco– que “la masacre de Acteal fue la muestra de lo que el Estado está dispuesto a hacer en la aplicación de la doctrina contrainsurgente contra la población”. La Red Todos los Derechos para Todos emitió el pronunciamiento Por la memoria y contra el olvido: Acteal, 10 años, en el cual pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “que tome una decisión pronto para la admisibilidad de este caso; con ello se atajará la impunidad y se contribuirá a evitar que nuevos hechos como éstos vuelvan a ocurrir”.
Asimismo, llamó a la sociedad civil nacional e internacional a que el próximo 22 de diciembre, fecha en que se cumple el décimo aniversario de esa matanza de indígenas, realice acciones públicas que fortalezcan la memoria por encima del olvido que el Estado, “por medio de voceros oficiosos, pretende imponernos”. El pronunciamiento se da en el contexto del artículo que publicó el escritor Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos, mismo sobre el cual diversas organizaciones civiles han señalado que el autor “busca maquillar y tergiversar los hechos registrados en Actel, donde se cometió una masacre”. Cabe recordar que el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsa), a raíz de la publicación del escrito de Aguilar Camín, advirtió que “en Acteal se cometió una masacre, los asesinatos cometidos ahí fueron un crimen de Estado, de lesa humanidad, así ha sido enjuiciado y se está juzgando en la CIDH, por lo que la sociedad mexicana aún está en espera de que el gobierno haga justicia a los familiares de los muertos y a los que quedaron heridos, ya que a una década de los hechos, los integrantes de Las Abejas siguen viviendo en condiciones de opresión y represión”.
video 4 http://www.youtube.com/watch?v=8G9FhF4bKeU
ACTEAL:ESTRATEGIA DE MUERTE #1de5 Calderon-2007-capitalismo
ACTEAL:ESTRATEGIA DE MUERTE #2de5 Calderon-2007-capitalismo
ACTEAL:ESTRATEGIA DE MUERTE #3de5 Calderon-2007-capitalismo
ACTEAL:ESTRATEGIA DE MUERTE #5de5 Calderon-2007-capitalismo
http://www.youtube.com/watch?v=uwi4JsE5sYA
- Pueblos de Chiapas enfrentan otra embestida contrainsurgente: Pietro Ameglio
- Juegan intelectuales con concepciones distorsionadas de la masacre de Acteal
- La estrategia bélica tiene varios brazos armados que actúan en forma secuencial, dice
El analista Pietro Ameglio sostiene que “en semanas recientes hemos visto abierto otro frente bélico nacional, desde el espacio intelectual académico, de ataques sin fundamento empírico real, a partir, sobre todo, de Nexos y Letras Libres, de libros y publicaciones que llegan a la inmoralidad de ‘jugar’ con interpretaciones distorsionadas de Acteal, la mayor masacre –todavía ampliamente impune– cometida por los gobiernos federal y estatal de las décadas recientes. De ese tamaño es su grado de inhumanidad y perversión”. Investigador y pacifista, miembro de Latin American Council of Peace Reasearch (CLAIP) y Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Ameglio reflexiona sobre la situación prevaleciente en muchas comunidades zapatistas de Chiapas y el avance de una nueva embestida contrainsurgente disfrazada de conflictos agrarios. A la luz de lo ocurrido en Chenalhó hace una década, expresa alarma por ese súbito “frente bélico” desde el espacio intelectual para distorsionar la memoria de Acteal, a la vez que se renuevan mecanismos similares a los aplicados entonces. Llama la atención acerca de “la estrategia contrainsurgente hoy en Chiapas, articulada entre el Ejecutivo federal, las fuerzas armadas regulares e irregulares, el poder político y la policía estatal, con la complicidad de la ‘clase política local’ y nacional al servicio de los poderes económicos trasnacionales”.
Para el autor de Gandhi y la desobediencia civil, México hoy (2002), y miembro de la revista Ixtus, “la extrema gravedad de lo que se está implantando a marchas forzadas, hace posible una comparación con los ataques armados y legaloides contra los municipios autónomos y desplazados en 1998, cruelmente encabezados por Roberto Albores”. Con base en estudios recientes, apunta: “Esta estrategia de guerra tiene varios brazos-tentáculos armados que actúan simultánea o secuencialmente, bajo mandos unificados entre lo político, lo judicial y lo jurídico, la organización social y las fuerzas armadas militares y paramilitares. Uno de los primeros objetivos, evidenciado desde las propias promesas de campaña electoral de los políticos de todos los partidos nacionales, es despojar a las bases de apoyo zapatistas de las tierras recuperadas a partir de 1994”.
¿Cuál es la “táctica bélica” usada para ello?: “Control e invasión paramilitar de las tierras, reorganización y multiplicación de las bases militares de la zona con fuerzas especiales federales de distinto tipo, creación de figuras jurídicas de propiedad de la tierra donde en grandes extensiones de hectáreas se ‘desaparece’ a las bases de apoyo allí asentadas por años, y se ‘legalizan’ esos territorios en propiedad de organizaciones sociales aliadas al gobierno y a los caciques, con estructuras paralelas paramilitares. O sea, primero se invaden paramilitarmente las tierras de las bases de apoyo y después se ‘titulan legalmente’ como ejidos en la Procuraduría Agraria estatal”.
El “ejemplo mayor”, señala, “está en la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), a la cual es obligatorio afiliarse, que recibe enormes fondos económicos públicos y controla con sus miembros incluso presidencias municipales, sobre todo en la zona norte y de las cañadas. Esta organización ha ido convirtiéndose en el ‘basurero’ donde se reciclan los miembros de otros grupos paramilitares anteriores, como Paz y Justicia y Máscara Roja”.
Como complemento, “el gobierno construye carreteras sin ninguna consulta comunitaria, se destruyen los sembradíos y se fracturan comunidades al servicio del Plan Puebla-Panamá y el turismo de gran escala, sin ningún beneficio social para los pueblos. Esta etapa de guerra muy agresiva mata, apresa y tortura, despoja de sus tierras y fuente de vida a indígenas zapatistas y de otros grupos afines; despoja a las comunidades de sus recursos naturales y fuente de sustento ancestrales para ‘regalarlos’ al capital trasnacional; polariza y fractura las relaciones comunitarias indígenas vigilando a la población autónoma y atacando a mano armada a una parte de ella; rediseña la geografía regional con construcciones del gran capital, carreteras y presencia militar”. El reciclamiento, en fin, de estrategias oficiales que se han visto en el pasado y ya se sabe a lo que pueden conducir.
Para el autor de Gandhi y la desobediencia civil, México hoy (2002), y miembro de la revista Ixtus, “la extrema gravedad de lo que se está implantando a marchas forzadas, hace posible una comparación con los ataques armados y legaloides contra los municipios autónomos y desplazados en 1998, cruelmente encabezados por Roberto Albores”. Con base en estudios recientes, apunta: “Esta estrategia de guerra tiene varios brazos-tentáculos armados que actúan simultánea o secuencialmente, bajo mandos unificados entre lo político, lo judicial y lo jurídico, la organización social y las fuerzas armadas militares y paramilitares. Uno de los primeros objetivos, evidenciado desde las propias promesas de campaña electoral de los políticos de todos los partidos nacionales, es despojar a las bases de apoyo zapatistas de las tierras recuperadas a partir de 1994”.
¿Cuál es la “táctica bélica” usada para ello?: “Control e invasión paramilitar de las tierras, reorganización y multiplicación de las bases militares de la zona con fuerzas especiales federales de distinto tipo, creación de figuras jurídicas de propiedad de la tierra donde en grandes extensiones de hectáreas se ‘desaparece’ a las bases de apoyo allí asentadas por años, y se ‘legalizan’ esos territorios en propiedad de organizaciones sociales aliadas al gobierno y a los caciques, con estructuras paralelas paramilitares. O sea, primero se invaden paramilitarmente las tierras de las bases de apoyo y después se ‘titulan legalmente’ como ejidos en la Procuraduría Agraria estatal”.
El “ejemplo mayor”, señala, “está en la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), a la cual es obligatorio afiliarse, que recibe enormes fondos económicos públicos y controla con sus miembros incluso presidencias municipales, sobre todo en la zona norte y de las cañadas. Esta organización ha ido convirtiéndose en el ‘basurero’ donde se reciclan los miembros de otros grupos paramilitares anteriores, como Paz y Justicia y Máscara Roja”.
Como complemento, “el gobierno construye carreteras sin ninguna consulta comunitaria, se destruyen los sembradíos y se fracturan comunidades al servicio del Plan Puebla-Panamá y el turismo de gran escala, sin ningún beneficio social para los pueblos. Esta etapa de guerra muy agresiva mata, apresa y tortura, despoja de sus tierras y fuente de vida a indígenas zapatistas y de otros grupos afines; despoja a las comunidades de sus recursos naturales y fuente de sustento ancestrales para ‘regalarlos’ al capital trasnacional; polariza y fractura las relaciones comunitarias indígenas vigilando a la población autónoma y atacando a mano armada a una parte de ella; rediseña la geografía regional con construcciones del gran capital, carreteras y presencia militar”. El reciclamiento, en fin, de estrategias oficiales que se han visto en el pasado y ya se sabe a lo que pueden conducir.
Kikka Roja
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