Jose Antonio Crespo : COFIPE: la reforma insuficiente

Horizonte político José A. Crespo Cofipe: la reforma insuficiente Finalmente se publicó en el Diario Oficial el Cofipe reformado. La nueva norma electoral sufre el ataque simultáneo, por varios flancos, de sectores sociales de indudable peso político, como las agrupaciones empresariales y los grandes consorcios mediáticos. Pero también es atacada desde la izquierda obradorista, que ve en ella un ardid de la mancuerna PAN y PRI para comprometer al PRD a comportarse institucionalmente sin presuntamente ofrecerle nada sustantivo (apreciación inadecuada, a mi juicio). Una de las demandas más sentidas de la izquierda, en 2006, tuvo que ver con el sistema y las condiciones para realizar la apertura y el recuento de los paquetes electorales, como método con el fin de transparentar al máximo una elección dudosa. Parte de la izquierda se ha dado por satisfecha con esa demanda, en la ley electoral. Por ejemplo, Amalia García, uno de los mejores activos del PRD y actual gobernadora de Zacatecas, hace poco escribió: “Con la publicación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, nuestro país entra en una etapa diferente de la transición que se propone dar calidad a la democracia”. Y señala, entre sus principales avances, que “ahora se podrán realizar conteos voto por voto cuando los resultados electorales estén muy reñidos” (El Universal, 17/Ene/08). Tal creencia, que muchos dentro del PRD comparten, está distorsionada, es incompleta y engañosa, pues si bien es cierto que se hicieron agregados a la ley en torno a la apertura y el recuento de paquetes, esos son absolutamente insuficientes para clarificar, transparentar y dar plena certeza a una elección con un resultado cerrado, como la de 2006. He insistido varias veces en esa deficiencia de la ley, pero aporto nuevos elementos para que se perciban más claramente sus insuficiencias en este tema. El Cofipe, en su artículo 295-2, incorporó la posibilidad de que se abran y recuenten todos los paquetes electorales cuando la distancia entre primero y segundo lugares sea menor de 1% de la votación. Con lo cual parece satisfecha esa demanda en particular. Pero pocos se han percatado de que eso ocurre exclusivamente a nivel distrital, es decir, sólo en aquellos distritos legislativos (son 300) que caigan en dicha circunstancia. Pero da la casualidad que el vencedor no se define por el mayor número de distritos que gane, sino el que más votos obtenga a nivel nacional. Por lo cual, el nuevo agregado “favorable” al recuento y la revisión de paquetes electorales termina siendo una camisa de fuerza legal, que sólo permitiría hacer dicha revisión de manera sumamente limitada y, por tanto, insuficiente para las necesidades de transparencia, claridad y certeza. No lo prevé a nivel nacional, aun en caso de un resultado cerrado (como 0.56%, por ejemplo). Pero pongamos un caso que permita apreciar más claramente esta insuficiencia. Si la nueva normatividad hubiera estado vigente en 2006, ¿qué tanto se hubiera podido revisar, abrir y recontar? Pues muy poco, porque sólo ocho distritos, de los trescientos (2.5% del total), cayeron en el supuesto legal que hoy permite el recuento total. Se trata de los distritos 1 y 5 de Chiapas, el 2 de Chihuahua, el 6 de Hidalgo, el 14 del Estado de México, el 1 de Sinaloa y el 2 y el 15 de Veracruz. Esos distritos contienen poco más de un millón de votos, apenas 2.5% de la votación total. Parece insuficiente. Pero el asunto es aún peor, pues la ley señala que solamente el partido cuyo candidato haya ocupado el segundo lugar en ese distrito en particular podrá solicitar el recuento total. Sin embargo, puede ser que quien haya quedado en segundo sitio en algunos de los distritos con un resultado cerrado, sea el mismo que quedó en primer lugar en la votación total y no tenga el menor interés en que se haga un recuento total en ningún distrito (como no lo tuvo Calderón). Y también es posible que, quien ocupe el segundo lugar en otros distritos competidos, haya quedado en tercer sitio en la votación general y muy alejado de los dos punteros (como Roberto Madrazo) y no vea mayor ganancia en solicitar un recuento. Entonces, el candidato realmente interesado en que se haga un recuento amplio de paquetes, generalmente es quien ocupa el segundo lugar en el resultado nacional. Mas para solicitar ese recuento en los distritos competidos, debe ser quien ocupe también el segundo sitio en esos distritos disputados. De lo contrario (si ocupa el primero o el tercer lugares en esos distritos), no tendrá la facultad legal para solicitar el recuento en los reñidos. Por lo cual el número de distritos cuyo recuento total pueda solicitar serán muy pocos. ¿En cuántos distritos hubieran podido solicitar el PRD y sus aliados un recuento total de paquetes electorales en 2006? Solamente en tres (es decir, 1% del total de distritos): el 1 y el 5 de Chiapas y el 2 de Veracruz que, juntos, suman 359 mil sufragios, apenas 0.9% del total de votos emitidos nacionalmente. Con tan amplia revisión, ¿hubiera quedado clarificado el resultado final, con suficiente transparencia y certeza? Las dudas de los partidarios de López Obrador, ¿hubieran quedado debidamente despejadas? Evidentemente, no. Así pues, la nueva normatividad electoral no responde de manera adecuada al problema de incertidumbre y opacidad que se vivió en 2006. Cualquier partido que quede en segundo lugar podría ser el afectado, pero como el agraviado hace dos años fue el PRD, sorprende que esto le haya pasado de noche. Quizá porque sus pleitos internos absorben toda su atención. Como sea, convendría adecuar la ley electoral antes de 2012, a partir de los problemas detectados en 2006, para no volver a caer en el mismo bache de la suspicacia, la incertidumbre y la falta de transparencia.

Kikka Roja