- Postergan la discusión, ya que en los debates se hizo a un lado a los representantes
- Partidos frenan aprobación del IFE sobre publicidad de gobernantes
- “No se puede pretender interpretar la Constitución prácticamente sobre las rodillas”, afirman
Alonso Urrutia
Leonardo Valdés, titular del IFE, en busca de enmendar decisiones adelantadas Leonardo Valdés, titular del IFE, en busca de enmendar decisiones adelantadas Foto: Carlos Ramos
Debido a la oposición casi unánime de los partidos políticos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó postergar la aprobación de los lineamientos generales para regular la publicidad gubernamental y del Poder Legislativo. Con el argumento de que no se puede pretender interpretar la Constitución prácticamente sobre las rodillas, lograron que la mayoría de los consejeros aceptara la solicitud de postergar la discusión. Pasada la medianoche, la pretensión de los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar, Virgilio Andrade y Lourdes López de aprobar el documento fue frustrada luego de que seis consejeros asumieron como válidas las críticas de los representantes partidistas. El documento deberá ahora discutirse en comisiones, con la participación de los representantes partidistas que habían estado ausentes de los apresurados debates previos que sostuvieron sólo los consejeros. Andrade justificó la necesidad de aprobar el punto de acuerdo a la medianoche del viernes, con el argumento de que ese día vencía el plazo conferido por un artículo transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para que todos los gobernadores, alcaldes e incluso legisladores, retiraran toda su publicidad en espacios públicos.
Al respecto, el consejero presidente, Leonardo Valdés, informó que desde el pasado 12 de febrero había remitido cartas a gobernantes advirtiéndoles de esta disposición del Cofipe. Por lo que, dijo, si ese era el motivo de la premura, la actuación del IFE estaba saldada con estas cartas. Pocas veces los partidos se unen prácticamente de forma unánime contra alguna pretensión de los consejeros, como ocurrió la noche del viernes con el documento. Apenas lo presentó el consejero Gómez Alcántar, cuando el representante del PRI, Sebastián Lerdo de Tejada, pidió la palabra para arremeter contra las formas atropelladas con las que se quería aprobar.
Mas allá de los posibles méritos del documento, dijo, no se pueden plantear eventos inconexos sino procesos, en relación a que la medida estaba aislada. No se puede pretender interpretar la Constitución con tanta celeridad; nos acaban de entregar el documento hace apenas 20 minutos y quieren que ya se discuta. De inmediato pidió la palabra el panista Roberto Gil, para denunciar la abierta violación de normas con que se estrenaba Valdés como presidente: el artículo 12 del reglamento de sesiones indica que los documentos deben ser circulados junto con la convocatoria con 48 horas de anticipación en caso de sesiones extraordinarias. Sin duda, añadió, los consejeros lo discutieron muy intensamente, pero los representantes, añadió, lo acaban de conocer. “No es un tema menor darle contenido e interpretación a la Constitución para hacerlo de esa manera”.
Su correligionaria Dora Alicia Martínez incluso descalificó la pretensión de regular, con un punto de acuerdo, lo que es una tarea del legislador, pues, subrayó, esta regulación deberá derivar de las reformas a las 17 leyes que aún tiene por delante el Congreso de la Unión como parte de la reforma electoral. Se puede incurrir, dijo, en generar confusiones y violación a disposiciones legales estatales. Ante las críticas, sólo salió a defenderlo Andrade, quien señaló que el citado acuerdo pretende llenar el vacío legal que se puede generar hasta en tanto el Poder Legislativo realiza las reformas correspondientes.
Para entonces, el representante del Poder Legislativo de Nueva Alianza, Miguel Ángel Jiménez, se había unido a las descalificaciones y demandado una moción de orden para que el documento se discutiera conforme a los términos del reglamento, es decir, distribuido previamente. Sólo el representante perredista, Rafael Hernández, recordó el vencimiento del plazo para que sea retirada la publicidad gubernamental por lo que, de no aprobarse –ya para entonces la madrugada del sábado–, se mandaría una mala señal a los gobernadores que han abusado y le han dado la vuelta a la ley.
Reacio a aceptar la moción, Valdés finalmente admitió la solicitud de Nueva Alianza, y por mayoría clara, incluido su voto, se determinó devolver el documento para su discusión.
Al respecto, el consejero presidente, Leonardo Valdés, informó que desde el pasado 12 de febrero había remitido cartas a gobernantes advirtiéndoles de esta disposición del Cofipe. Por lo que, dijo, si ese era el motivo de la premura, la actuación del IFE estaba saldada con estas cartas. Pocas veces los partidos se unen prácticamente de forma unánime contra alguna pretensión de los consejeros, como ocurrió la noche del viernes con el documento. Apenas lo presentó el consejero Gómez Alcántar, cuando el representante del PRI, Sebastián Lerdo de Tejada, pidió la palabra para arremeter contra las formas atropelladas con las que se quería aprobar.
Mas allá de los posibles méritos del documento, dijo, no se pueden plantear eventos inconexos sino procesos, en relación a que la medida estaba aislada. No se puede pretender interpretar la Constitución con tanta celeridad; nos acaban de entregar el documento hace apenas 20 minutos y quieren que ya se discuta. De inmediato pidió la palabra el panista Roberto Gil, para denunciar la abierta violación de normas con que se estrenaba Valdés como presidente: el artículo 12 del reglamento de sesiones indica que los documentos deben ser circulados junto con la convocatoria con 48 horas de anticipación en caso de sesiones extraordinarias. Sin duda, añadió, los consejeros lo discutieron muy intensamente, pero los representantes, añadió, lo acaban de conocer. “No es un tema menor darle contenido e interpretación a la Constitución para hacerlo de esa manera”.
Su correligionaria Dora Alicia Martínez incluso descalificó la pretensión de regular, con un punto de acuerdo, lo que es una tarea del legislador, pues, subrayó, esta regulación deberá derivar de las reformas a las 17 leyes que aún tiene por delante el Congreso de la Unión como parte de la reforma electoral. Se puede incurrir, dijo, en generar confusiones y violación a disposiciones legales estatales. Ante las críticas, sólo salió a defenderlo Andrade, quien señaló que el citado acuerdo pretende llenar el vacío legal que se puede generar hasta en tanto el Poder Legislativo realiza las reformas correspondientes.
Para entonces, el representante del Poder Legislativo de Nueva Alianza, Miguel Ángel Jiménez, se había unido a las descalificaciones y demandado una moción de orden para que el documento se discutiera conforme a los términos del reglamento, es decir, distribuido previamente. Sólo el representante perredista, Rafael Hernández, recordó el vencimiento del plazo para que sea retirada la publicidad gubernamental por lo que, de no aprobarse –ya para entonces la madrugada del sábado–, se mandaría una mala señal a los gobernadores que han abusado y le han dado la vuelta a la ley.
Reacio a aceptar la moción, Valdés finalmente admitió la solicitud de Nueva Alianza, y por mayoría clara, incluido su voto, se determinó devolver el documento para su discusión.
Kikka Roja
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