LEY GESTAPO: Nueva izquierda Ruth Zavaleta Ineptos Y traidores CALDERONISTAS dentro del PRD

• RUTH ZAVALETA Y JESÚS ORTEGA SON UNOS MENTIROSOS,
• "AY AY AY, PRI Y PAN NOS METIERON UN ALBAZO: NO PODEMOS ESTAR CON EL PUEBLO QUE NOS DIO SU VOTO"
• PERO LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE MARRANOS ES RUTH ZAVALETA, PERO ESO SI, VIVEN DEL ERARIO, LA LEY GESTAPO ES UNA ABERRACIÓN Y LA MAMÁ DE ESA ABOMINACIÓN ES NUEVA IZQUIERDA
• HUBO MUCHAS LLAMADAS DE ATENCIÓN Y SIMPLEMENTE SE UNIERON AL PRIAN
• VENDIDOS, TRAIDORES A LA PATRIA, QUE NADIE VOTE POR JESÚS ORTEGA
• POR LA LEY GESTAPO Y LA REFORMA ENERGÉTICA, EXIJO LA DESTITUCIÓN DE RUTH ZAVALETA Y LA EXPULSIÓN DEL PARTIDO.

No tengo facultades para hacerlo, afirma la presidenta de la Cámara de Diputados Fracasa intento del PRD por regresar a comisiones minuta de reforma judicial Cuestionan legisladores que una fe de erratas enviada por el Senado no se discutió El proyecto de decreto entra al pleno en primera lectura; se votará el próximo martes Roberto Garduño y Enrique Méndez A pesar de la oposición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, que reprochó el contenido de la minuta sobre la reforma judicial enviada por el Senado, la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta Salgado, dio entrada en primera lectura a la minuta enviada por el Senado, con el propósito de que sea aprobada el martes próximo. En la última etapa de la sesión ordinaria celebrada ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Zavaleta anunció que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia le habían enviado el proyecto de decreto que reforma y adiciona varias disposiciones de la Constitución en materia de justicia penal, y por reglamento le correspondía dar entrada en primera lectura al documento, no obstante que ella también se opone al contenido del mismo. De inmediato, Andrés Lozano, representante perredista, solicitó la palabra para denunciar que someter a primera lectura la minuta constituía un acto ilegal, porque adolece de formulación y de procedimiento: “estamos ante un escenario en el que en lo oscurito, en la chicana legislativa, PRI y PAN hacen reformas a un dictamen, que no fueron discutidas en las comisiones y fueron integradas directamente al texto… en lo oscurito, sin que nos diéramos cuenta, pretendían incluir artículos transitorios que ni siquiera el Senado había enviado. Y más luces se vieron cuando la presidenta de esta cámara, el día martes, habiendo pasado la discusión, dio entrada a las 13:45 horas a una fe de erratas a la que se refería esa minuta. ¡Es la realidad! Pretenden violar el procedimiento legislativo. No les importa que sea un dictamen desaseado”. Con dureza, el legislador perredista emitió una serie de preguntas: ¿En qué parte de los antecedentes se refiere a esa supuesta corrección de la fe de erratas del dictamen? ¿En qué momento se informó a los diputados integrantes de las comisiones unidas que se estaba haciendo una fe de erratas, misma que no había llegado a la Cámara de Diputados? ¿Por qué, si es una fe de erratas, no se indicó en el momento de su discusión en comisiones? Por una simple y sencilla razón, insistió Lozano, porque saben que están fuera de procedimiento. Para replicar a su compañero de bancada, Ruth Zavaleta sustentó su determinación en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso. Sostuvo que la minuta se recibió formalmente por parte del Senado. El 19 de febrero se recibió la fe de erratas, “dándose cuenta de la misma a todos y cada uno de las diputadas y diputados”, y el 20 de febrero se recibió el dictamen en la mesa directiva, señaló. Aun así, Andrés Lozano insistió e intentó hacer entender al pleno que se cometía una ilegalidad, porque la objeción se centra en la naturaleza del dictamen, sobre todo en la fe de erratas del Senado, que entró cuatro horas después a la Cámara de Diputados. Para secundar la postura de Lozano, su compañero Tonatiuh Bravo expuso que la queja no se trataba de una impugnación o un cuestionamiento al trámite otorgado por la presidencia a la minuta, sino para cuestionar la entrada tardía de la fe de erratas proveniente del Senado. “La petición, muy respetuosa a la mesa directiva, es que haciendo uso de sus atribuciones regrese a las comisiones (la minuta), con el propósito de que ésta se pueda dictaminar con posteridad a cuando fue recibida la fe de erratas, que proviene del Senado, y no con anterioridad. De esa manera las comisiones pueden subsanar el caso y en la próxima sesión puede darse cuenta de la primera lectura del mismo.” Zavaleta insistió en que no está en sus manos la atribución para regresar la minuta a comisiones, “toda vez que se recibió con todas las prebendas jurídicas”. En esos momentos, diputados de la corriente Nueva Izquierda del PRD desplegaron dos mantas plastificadas, de excelente manufactura, para dejar en claro su postura sobre dos temas sustanciales en momentos del proceso interno de elección de dirigencia: “Los diputados de Nueva Izquierda estamos en contra de la reforma judicial. No al allanamiento de morada; los diputados de Nueva Izquierda estamos en contra de la privatización de Pemex.” Vanos fueron los esfuerzos de los diputados perredistas que en el pasado periodo ordinario de sesiones aprobaron el dictamen y, meses después, al percatarse de su error, trataron de corregir el rumbo. Para despejar dudas de que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y parte de los legisladores de Alternativa conforman la mayoría de dos terceras partes que habrá de aprobar la reforma constitucional el martes próximo, se sometió a votación del pleno si la minuta se regresaba a comisiones. El resultado fue que 240 legisladores se pronunciaron en contra, por 126 en favor, del PRD, Convergencia y PT, así como seis abstenciones, entre ellas las de Marina Arvizu, Alfredo Ríos Camarena, José Murat, Mayra Peñuelos, Héctor Hugo Olivares Ventura y Lilia Merodio. En el Senado, el ombudsman nacional formula una severa crítica del proyecto La reforma judicial, “atrocidad” que alienta el gatopardismo: Soberanes De aprobarse, se convertirá en causa de numerosas violaciones a derechos humanos, advierte Víctor Ballinas y Andrea Becerril El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, advirtió ayer que la reforma en materia de justicia, próxima a aprobarse en la Cámara de Diputados, “es una atrocidad”, porque vulnera garantías fundamentales y lleva a la Constitución los arraigos y allanamientos, y además se rompe el principio de presunción de inocencia. Una vez que concluya el proceso legislativo y entre en vigor, “vamos a tener una situación de enorme preocupación y de violaciones a derechos humanos”, advirtió durante una reunión con senadores. Unos de los temas que “más nos han preocupado son los allanamientos, los cateos, el arraigo”, aseveró el ombudsman nacional ante legisladores de todas las fuerzas políticas. La reforma constitucional en la materia, insistió, “va a provocar violaciones a garantías fundamentales”. Con esos cambios, subrayó, se rompe “lo más sagrado”: el principio de inviolabilidad del domicilio, porque ahora cualquier policía va a poder entrar a una vivienda sólo porque presuma que adentro hay una situación que pone en peligro la vida de los residentes. “Esto, perdónenme, es una atrocidad”, expresó. Además, precisó, el arraigo de por sí es inconstitucional “y ahora, con la reforma, ya tendrá vida en la Carta Magna. Hay que ver cómo lo reglamentan, porque puede ser un arraigo de inocentes y, sin embargo, quedarán sometidos a pruebas iguales o peores que quienes están presos. Se rompe con el principio de presunción de inocencia. Tenemos que estar muy pendientes de la reglamentación que ustedes hagan: ¿va a ser una medida cautelar o se adelanta la prisión? Eso parecería”. Convocado por la Comisión del Distrito Federal del Senado, para exponer la situación de los penales en la capital del país y para que hablara sobre los mecanismos nacionales del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue el senador perredista René Arce quien le solicitó que diera su opinión sobre la reforma constitucional en materia de justicia, que ahora se debate en la Cámara de Diputados. La respuesta del titular de la CNDH provocó reacciones encontradas entre senadores de PAN y PRI. La presidenta de la Comisión del Distrito Federal, María de los Ángeles Moreno, le dijo a Soberanes Fernández que se ha dado una gran discusión entre intelectuales y abogados sobre la reforma en materia de justicia. Y le confió: “No fue sencillo el análisis, la discusión y la aprobación de esta reforma. Todos pensamos que hay una cuestión todavía pendiente, trascendente, que es la justicia. Pareciera de pronto que esa reforma aprobada por el Senado estuviera pensada para los suizos y no para policías y agentes del Ministerio Público como los que tenemos en México, los cuales requieren capacitación permanente para evitar que se produzcan nuevas violaciones a los derechos humanos”. La legisladora preguntó: “¿Qué hacer con la ley? Entiendo que la opinión de la CNDH es negativa, que hay una serie de cuestiones que quizás agraven la labor de ese órgano”. Soberanes Fernández le respondió que ante el incremento de la delincuencia se aumentan las penas. “No se combate a la delincuencia, suben las penas. De cada cien delitos se sancionan tres. Vivimos un engaño del Estado hacia la sociedad. Dicen en el gobierno: ‘sí estamos preocupados’. Es gatopardismo. La delincuencia sube, la sanción no se aplica y vivimos en el engaño”. Y abundó: “Se requiere una reforma penal de fondo: que vayan a la cárcel los que tengan que ir, no los campesinos a los que se les encuentra un rifle. Nos topamos con un narco que posee un arsenal y no va a prisión. No lo agarran. Resulta que sorprenden a un chino –Zhenli Ye Gon– con 205 millones de dólares en su casa y nadie se da cuenta. ¡Metió al país 20 toneladas de seudoefedrina! “Ese señor saca 3 o 4 millones de dólares y nadie se da cuenta. Y si uno quiere abrir una cuenta en el banco hay trámites, investigación. Vivimos en el país del nunca jamás. Se requiere una reforma penal de fondo, no querer curar el cáncer con un mejoralito. A la cárcel van los pobres; los delincuentes de cuello blanco no, porque pueden pagar”. El senador panista Ulises Ramírez Núñez reviró al ombudsman: “Hay riesgos con la reforma judicial, es cierto, pero hay que asumirlos. Si no lo hacemos el país se nos va de las manos”. Y señaló: “Yo participé en el análisis de esa reforma. El arraigo que se autoriza no tiene nada que ver con lo que se ha discutido. Se dice en la modificación constitucional que es una medida cautelar. Siempre deberá proceder un cateo y un allanamiento con una orden de un juez de control. No estamos pensando en abrir la puerta a la policía para cometer abusos”. La senadora priísta Moreno intervino: “Eso no quiere decir que coincidamos con todas las legislaciones que se aprueban por mayoría, sobre todo en los artículos que tratan de garantías individuales. Hemos vivido reformas de corte penal y no hemos visto mejoría en lo que se quiere combatir”. Respecto de las cárceles del Distrito Federal, Soberanes Fernández dijo que hay sobrepoblación y graves problemas de hacinamiento. El Reclusorio Norte presenta 190 por ciento de sobrepoblación; el Oriente, 123 por ciento, y el Sur, 69.5 por ciento. En los reclusorios Sur, Oriente y Norte se recibieron denuncias de golpes y maltrato, y “se observó a varios internos con huellas de lesiones. En cinco reclusorios de la ciudad de México se tuvo conocimiento de que a los presos considerados de alto riesgo se les mantiene encerrados las 24 horas del día”.

Kikka Roja