Información y democracia
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“La lucha por abrir el espectro radioeléctrico a la pluralidad democrática aún está por darse. Y todo indica que será ‘La madre de todas las batallas’ ”La joven democracia mexicana en vez de cumplir con condiciones indispensables para consolidarse y avanzar, muestra ya signos de retroceso. Indicadores significativos de la marcha atrás en materia democrática hay varios. El más reciente se tiene en la manera y resultado de la elección del presidente y de un par de consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). Al final, los legisladores no se ciñeron a sus propias reglas: eligieron no a quienes habían obtenido las mejores notas en un muy peculiar examen al que se sometieron a los candidatos, sino a tres que estaban entre los que no sobresalieron -¡lugares 21, 31 y 35 de un total de 39!- pero que satisfacían las agendas particulares de los partidos. Es evidente que lo realmente importante de ese proceso no fue recuperar la calidad y autoridad del IFE sino asegurar para los partidos el control de una institución cuya esencia debe ser la independencia. Otro indicador reciente de un retroceso en materia de consolidación de nuestra vida democrática y plural, es el silenciamiento al que sigue sometida la conductora de radio y televisión, Carmen Aristegui. Su ejemplo muestra cómo uno de los miembros del duopolio de la televisión –en este caso, Televisa y su socio español en la radio, PRISA- está en posibilidad de controlar la difusión de noticias en detrimento de la diversidad política.
Silenciar. El “caso Aristegui” se ha convertido en símbolo de lo que está mal en esa área tan vital para el acceso del ciudadano a una pluralidad de fuentes de información en materia política. Lo que le sucede a Carmen –su exclusión de la radio donde su independencia molestó a la empresa que la contrató, no obstante su alto rating- muestra las consecuencias de una ausencia de pluralidad en los medios electrónicos. De acuerdo con una encuesta nacional de Parametría, levantada entre el 26 y el 27 de enero, el 48% de las personas encuestadas sabía de la existencia de Carmen Aristegui, y de éstas el 71% tenía una opinión positiva de la comunicadora. No fue por razones de mercado que su contrato dejó de renovarse. De los encuestados que sabían quién era Aristegui, sólo el 9% se había enterado que “W Radio” la había dejado fuera del aire a partir del 4 del mes pasado. Y eso no es todo; a pesar de que para entonces la afectada y muchos comentaristas habían dejado en claro que el programa “Hoy por Hoy” había desaparecido de “W Radio” por una decisión de los directivos de esa organización, apenas la mitad lo sabía. La otra mitad suponía que lo había hecho por razones personales. La desinformación en torno al “caso Aristegui” que detectó esta encuesta es todo un indicador del problema que aquí se está discutiendo. Debe resaltarse que la falta de conocimiento del público en torno al caso se explica por la falta de pluralismo en la información. Quienes cerraron las puertas de la radio a Carmen son también los mismos que dominan la televisión abierta –fuente principal o única de información política para la mayoría de los mexicanos. Ninguna de las dos cadenas de televisión que constituyen el duopolio mexicano en este campo se interesó en dar al público información y análisis al respecto. El resultado final es que los censores tuvieron éxito en reducir al máximo el impacto de su historia de censura, lo que habla muy mal del estado que guarda nuestra pluralidad de información.
El Significado de Fondo. Al abordar el tema de la censura y la información o cualquiera otro de igual importancia política, conviene empezar recurriendo a los clásicos. En este caso, es particularmente apropiado echar mano de Robert A. Dahl, un notable politólogo norteamericano, autor del libro On Democracy, (New Have, Yale University Press, 2000). Dahl, al examinar los requisitos para el buen funcionamiento de una democracia contemporánea, encuentra que son seis los momentos e instituciones indispensables: 1) la elección de los responsables de la toma de decisiones del Estado, 2) que esas elecciones sean libres, equitativas y frecuentes, 3) libertad y autonomía de asociación de los ciudadanos, 4) un concepto de ciudadanía incluyente, 5) libertad de expresión y 6) fuentes alternativas de información. Estas dos últimas instancias son las que interesan para el caso que nos ocupa. Resulta que, en la práctica, la libertad de expresión está condicionada precisamente por el sexto elemento de la lista: las fuentes alternativas de información. Justamente por lo cerrado del círculo que domina los medios de información, es que Carmen hoy no puede ejercer su libertad de seleccionar, analizar y difundir las noticias –libertad que le ha permitido lograr el alto grado de popularidad que revela la encuesta citada- para los ciudadanos que la habían preferido a ella por sobre otros. Por tanto, también fue vulnerado el derecho de los ciudadanos a tener la información que buscan.
Volvamos a Dahl. Para él, la libertad de expresión tiene que ver con el derecho de cualquier ciudadano a emitir sin represalias opiniones políticas críticas tanto de funcionarios públicos como del Gobierno, el régimen, el orden socioeconómico y la ideología dominante. Justamente la ausencia de Aristegui del aire en México se explica por su ejercicio de la crítica en casos concretos en todos los órdenes señalados por Dahl. Lo hizo al abordar asuntos como las acciones del Ejército en Zongolica, la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y sus consecuencias, el haber abierto espacios al opositor más significativo del Gobierno –Andrés Manuel López Obrador- o al analizar el contenido y forma en que se elaboró la llamada “Ley Televisa”, entre otros. Por lo que se refiere a la información, Dahl sostiene que en la democracia: “los ciudadanos tienen el derecho de buscar fuentes alternativas e independientes de información de otros ciudadanos, de expertos, periódicos, revistas, libros, telecomunicaciones y similares. Además, éstas no deben de estar bajo el control del Gobierno o de un solo grupo político que intente influir en las creencias y actitudes del público y deben de estar protegidas de manera efectiva por la ley. (página 86) Es evidente que estas condiciones no se cumplen o se cumplen mal en el caso mexicano. De acuerdo con un documento de la Comisión Federal de Competencia del 28 de noviembre del 2006, de las 457 estaciones concesionadas de televisión abierta, el Grupo Televisa controlaba 243 y el Grupo Azteca 179, es decir 422 entre ambos, lo que equivalían al 92.3% del total. De esta manera, la fuente principal de información política de los mexicanos está dominada por sólo dos empresas que en 2005 se repartían así la audiencia: 68.5% para Grupo Televisa y 28.3% Grupo Azteca. El gasto total en publicidad en televisión abierta en 2005 fue de 26 mil millones de pesos, de los cuales Televisa se llevó el 71.2%. La radio es la segunda fuente de información de los mexicanos y aunque su propiedad no está tan brutalmente concentrada como la televisión, también lo está y Televisa tampoco está ausente de este campo. En 2003 se calculó que cuatro cadenas controlaban el 47.8% de las emisoras del país. Y si se cuenta por familia, entonces apenas son 14 las que tienen en sus manos el 76% del sector comercial de la radio, (Proceso, 20 de abril, 2003).
Posibilidad y Problema. De acuerdo con lo afirmado por el ex senador Javier Corral en una reunión en El Colegio de México el 6 de febrero –Corral es uno de los personajes que encabeza el esfuerzo por modificar la estructura legal en materia de radio y televisión-, la concentración de la propiedad en televisión en México es una de las mayores del mundo sino es que la mayor. Desde luego, en ninguna otra ciudad del planeta, salvo la Ciudad de México, una sola empresa de televisión abierta tiene cuatro señales. La consolidación de la democracia, la efectividad de los derechos de información del ciudadano, el uso adecuado de un bien público como es el espectro radioeléctrico, requiere la modificación de esta situación. Cuando el año pasado la Suprema Corte de Justicia echó por tierra a la llamada “Ley Televisa” abrió, a la vez, la posibilidad de una nueva ley de radio y televisión a la altura de los tiempos. Sin embargo, en la reunión ya citada que hubo en El Colegio de México, Julio Di-Bella, secretario técnico del grupo que en el Senado está trabajando en torno al tema, advirtió que son muy fuertes las presiones de los intereses creados. Todo indica que la batalla para abrir el espectro radioeléctrico a la pluralidad que la democracia real demanda, aún está por darse. Y si se diera, bien podría ser que presenciemos “la madre de todas las batallas” en este campo.
Silenciar. El “caso Aristegui” se ha convertido en símbolo de lo que está mal en esa área tan vital para el acceso del ciudadano a una pluralidad de fuentes de información en materia política. Lo que le sucede a Carmen –su exclusión de la radio donde su independencia molestó a la empresa que la contrató, no obstante su alto rating- muestra las consecuencias de una ausencia de pluralidad en los medios electrónicos. De acuerdo con una encuesta nacional de Parametría, levantada entre el 26 y el 27 de enero, el 48% de las personas encuestadas sabía de la existencia de Carmen Aristegui, y de éstas el 71% tenía una opinión positiva de la comunicadora. No fue por razones de mercado que su contrato dejó de renovarse. De los encuestados que sabían quién era Aristegui, sólo el 9% se había enterado que “W Radio” la había dejado fuera del aire a partir del 4 del mes pasado. Y eso no es todo; a pesar de que para entonces la afectada y muchos comentaristas habían dejado en claro que el programa “Hoy por Hoy” había desaparecido de “W Radio” por una decisión de los directivos de esa organización, apenas la mitad lo sabía. La otra mitad suponía que lo había hecho por razones personales. La desinformación en torno al “caso Aristegui” que detectó esta encuesta es todo un indicador del problema que aquí se está discutiendo. Debe resaltarse que la falta de conocimiento del público en torno al caso se explica por la falta de pluralismo en la información. Quienes cerraron las puertas de la radio a Carmen son también los mismos que dominan la televisión abierta –fuente principal o única de información política para la mayoría de los mexicanos. Ninguna de las dos cadenas de televisión que constituyen el duopolio mexicano en este campo se interesó en dar al público información y análisis al respecto. El resultado final es que los censores tuvieron éxito en reducir al máximo el impacto de su historia de censura, lo que habla muy mal del estado que guarda nuestra pluralidad de información.
El Significado de Fondo. Al abordar el tema de la censura y la información o cualquiera otro de igual importancia política, conviene empezar recurriendo a los clásicos. En este caso, es particularmente apropiado echar mano de Robert A. Dahl, un notable politólogo norteamericano, autor del libro On Democracy, (New Have, Yale University Press, 2000). Dahl, al examinar los requisitos para el buen funcionamiento de una democracia contemporánea, encuentra que son seis los momentos e instituciones indispensables: 1) la elección de los responsables de la toma de decisiones del Estado, 2) que esas elecciones sean libres, equitativas y frecuentes, 3) libertad y autonomía de asociación de los ciudadanos, 4) un concepto de ciudadanía incluyente, 5) libertad de expresión y 6) fuentes alternativas de información. Estas dos últimas instancias son las que interesan para el caso que nos ocupa. Resulta que, en la práctica, la libertad de expresión está condicionada precisamente por el sexto elemento de la lista: las fuentes alternativas de información. Justamente por lo cerrado del círculo que domina los medios de información, es que Carmen hoy no puede ejercer su libertad de seleccionar, analizar y difundir las noticias –libertad que le ha permitido lograr el alto grado de popularidad que revela la encuesta citada- para los ciudadanos que la habían preferido a ella por sobre otros. Por tanto, también fue vulnerado el derecho de los ciudadanos a tener la información que buscan.
Volvamos a Dahl. Para él, la libertad de expresión tiene que ver con el derecho de cualquier ciudadano a emitir sin represalias opiniones políticas críticas tanto de funcionarios públicos como del Gobierno, el régimen, el orden socioeconómico y la ideología dominante. Justamente la ausencia de Aristegui del aire en México se explica por su ejercicio de la crítica en casos concretos en todos los órdenes señalados por Dahl. Lo hizo al abordar asuntos como las acciones del Ejército en Zongolica, la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y sus consecuencias, el haber abierto espacios al opositor más significativo del Gobierno –Andrés Manuel López Obrador- o al analizar el contenido y forma en que se elaboró la llamada “Ley Televisa”, entre otros. Por lo que se refiere a la información, Dahl sostiene que en la democracia: “los ciudadanos tienen el derecho de buscar fuentes alternativas e independientes de información de otros ciudadanos, de expertos, periódicos, revistas, libros, telecomunicaciones y similares. Además, éstas no deben de estar bajo el control del Gobierno o de un solo grupo político que intente influir en las creencias y actitudes del público y deben de estar protegidas de manera efectiva por la ley. (página 86) Es evidente que estas condiciones no se cumplen o se cumplen mal en el caso mexicano. De acuerdo con un documento de la Comisión Federal de Competencia del 28 de noviembre del 2006, de las 457 estaciones concesionadas de televisión abierta, el Grupo Televisa controlaba 243 y el Grupo Azteca 179, es decir 422 entre ambos, lo que equivalían al 92.3% del total. De esta manera, la fuente principal de información política de los mexicanos está dominada por sólo dos empresas que en 2005 se repartían así la audiencia: 68.5% para Grupo Televisa y 28.3% Grupo Azteca. El gasto total en publicidad en televisión abierta en 2005 fue de 26 mil millones de pesos, de los cuales Televisa se llevó el 71.2%. La radio es la segunda fuente de información de los mexicanos y aunque su propiedad no está tan brutalmente concentrada como la televisión, también lo está y Televisa tampoco está ausente de este campo. En 2003 se calculó que cuatro cadenas controlaban el 47.8% de las emisoras del país. Y si se cuenta por familia, entonces apenas son 14 las que tienen en sus manos el 76% del sector comercial de la radio, (Proceso, 20 de abril, 2003).
Posibilidad y Problema. De acuerdo con lo afirmado por el ex senador Javier Corral en una reunión en El Colegio de México el 6 de febrero –Corral es uno de los personajes que encabeza el esfuerzo por modificar la estructura legal en materia de radio y televisión-, la concentración de la propiedad en televisión en México es una de las mayores del mundo sino es que la mayor. Desde luego, en ninguna otra ciudad del planeta, salvo la Ciudad de México, una sola empresa de televisión abierta tiene cuatro señales. La consolidación de la democracia, la efectividad de los derechos de información del ciudadano, el uso adecuado de un bien público como es el espectro radioeléctrico, requiere la modificación de esta situación. Cuando el año pasado la Suprema Corte de Justicia echó por tierra a la llamada “Ley Televisa” abrió, a la vez, la posibilidad de una nueva ley de radio y televisión a la altura de los tiempos. Sin embargo, en la reunión ya citada que hubo en El Colegio de México, Julio Di-Bella, secretario técnico del grupo que en el Senado está trabajando en torno al tema, advirtió que son muy fuertes las presiones de los intereses creados. Todo indica que la batalla para abrir el espectro radioeléctrico a la pluralidad que la democracia real demanda, aún está por darse. Y si se diera, bien podría ser que presenciemos “la madre de todas las batallas” en este campo.
Kikka Roja
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