Inacabable violencia oaxaqueña
Con menos precisión, activistas de la APPO señalaron a Barrita Ortiz como responsable o participante de un mecanismo letal conocido como Caravana de la Muerte.No es el primer jefe policial asesinado en los meses recientes. Han proliferado los atentados que tienen como blanco a secretarios estatales de seguridad, directores de Policía Municipal, responsables de cuerpos enteros o secciones de la Policía Ministerial o jefes de menor rango y agentes rasos de esas corporaciones (sin contar las bajas inferidas a fuerzas federales). Difícil establecer un registro de los efectivos caídos no en enfrentamientos con la delincuencia (que eso es fenómeno aparte) sino ejecutados por quién sabe quién. Porque ese es otro rasgo en común de esos asesinatos: casi nunca, nunca en realidad, prosperan las averiguaciones destinadas a localizar a quienes disparan y a quienes les ordenan hacerlo.
Pero el caso de Alejandro Barrita Ortiz, ultimado el miércoles 30 de enero del modo en que lo fueron policías en otras ciudades, podría no ser semejante a los asesinatos a que me refiero. Por lo menos lo diferencia de ellos el contexto político y social en que ocurrió. La víctima era director de una Policía local de Oaxaca, la Auxiliar , Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), que actuó en distintos momentos sabidos (y otros supuestos) de la violencia que enfrentó en esa entidad, durante poco más de la mitad del 2006 a ciudadanos en rebeldía con las autoridades, que contaron con diversas corporaciones de seguridad en su intento fallido de imponer orden y consiguieron en cambio generar miedo.
Nacido el 18 de julio de 1964, Barrita Ortiz cursó estudios en la Escuela Militar de Educación Física y Deportes y, después de una época en que enseñó karate, defensa personal y gimnasia, fue jefe de la mesa de educación física y deportes de la 25ª. Zona Militar con sede en Puebla y luego ingresó a la Policía Preventiva estatal de Oaxaca, donde ejerció diversos cargos. Hace años fue designado director de la PABIC , en cuyo desempeño fue denunciado penalmente y ante organismos de derechos humanos por detenciones arbitrarias y hasta por homicidio.
Pero Barrita Ortiz no era sólo un jefe policial. Era un activista agrario, líder de la Confederación Nacional Campesina en su natal Ejutla de Crespo, donde pertenecía a la Unión de Productores Agropecuarios. De creer una denuncia reciente en su contra, solía combinar los dos aspectos de su personalidad, poniendo agentes a sus órdenes al servicio de intereses particulares, para invadir predios en disputa. De una conducta así lo acusó Francisco Belmont que entró en litigio con Faustino García por la posesión de tierras propiedad del primero, y de las que habría sido despojado por una brigada policíaca (ocho gendarmes camuflados y otros tantos vestidos de civil) desplegadas por Barrita a favor de García.
El director ahora muerto fue acusado de diversas actuaciones arbitrarias durante el conflicto del 2006. Por ejemplo, el 16 de diciembre de ese año tres miembros de la APPO (Florentino López, que suele ser su vocero; Macario Otalo Padilla, dirigente magisterial y Pedro García García, estudiante de derecho) fueron secuestrados más que detenidos. Denunciaron que sin causa ni orden judicial fueron llevados, golpizas y amenazas mediante, a una oficina donde se les interrogó salvajemente. Los llevaron después a la base militar número 15 y tras una nuevo interrogatorio fueron dejados en manos de la Policía Federal Preventiva, que los puso en libertad. Otalo Padilla pudo identificar entre sus captores a Barrita, a quien conoce bien pues su padre es compadre del líder magisterial.
Un año más tarde, en diciembre pasado, Barrita Ortiz figuró entre los jefes policiacos a quienes la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca recomendó sancionar por la represión contra ciudadanos -miembros o no de la APPO- ocurrida el 16 de julio pasado, durante la disputa por la celebración de la Guelaguetza. Cuarenta miembros de la asamblea popular fueron detenidos y objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, según certificó la Comisión de Derechos Humanos, que también documentó lesiones, robo, aseguramiento indebido de bienes, y empleo arbitrario de la fuerza pública.
Con menos precisión que en los casos anteriores, activistas de la APPO señalaron a Barrita Ortiz como responsable o participante de un mecanismo letal conocido como Caravana de la Muerte. Se le acusó de ordenar ataques en que murieron José Jiménez Colmenares, Lorenzo San Pablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Ermilo Alonso Fabián, Esteban Zurita López y el periodista norteamericano Brad Hill.
Se equivocaría por entero quien supusiera que miembros de la APPO cobraron venganza de este modo. Desdicen esa conjetura no sólo el talante político de los apistas, militantes de la resistencia pacífica sino, en términos más concretos, el armamento y el parque utilizados en el crimen, que no está al alcance de aficionados sino de matarifes profesionales. Podría haberse atribuido el crimen a una acción del Ejército Popular Revolucionario, pero nadie podría sostener tal acusación después del obvio truco en que presuntamente ese grupo guerrillero se adjudicó el atentado, en una pinta callejera. No es ese el modo usual de comunicación eperreista, sino la emisión de comunicados, de suerte que entre el momento de la escritura de estas líneas y su publicación podría haberse conocido la posición del EPR, negando haber cometido el homicidio. Aceptar que lo hicieron indicaría una mudanza en la estrategia terrorista, pues sus atentados contra Pemex deliberadamente evitaron causar muertes.
Pero el caso de Alejandro Barrita Ortiz, ultimado el miércoles 30 de enero del modo en que lo fueron policías en otras ciudades, podría no ser semejante a los asesinatos a que me refiero. Por lo menos lo diferencia de ellos el contexto político y social en que ocurrió. La víctima era director de una Policía local de Oaxaca, la Auxiliar , Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), que actuó en distintos momentos sabidos (y otros supuestos) de la violencia que enfrentó en esa entidad, durante poco más de la mitad del 2006 a ciudadanos en rebeldía con las autoridades, que contaron con diversas corporaciones de seguridad en su intento fallido de imponer orden y consiguieron en cambio generar miedo.
Nacido el 18 de julio de 1964, Barrita Ortiz cursó estudios en la Escuela Militar de Educación Física y Deportes y, después de una época en que enseñó karate, defensa personal y gimnasia, fue jefe de la mesa de educación física y deportes de la 25ª. Zona Militar con sede en Puebla y luego ingresó a la Policía Preventiva estatal de Oaxaca, donde ejerció diversos cargos. Hace años fue designado director de la PABIC , en cuyo desempeño fue denunciado penalmente y ante organismos de derechos humanos por detenciones arbitrarias y hasta por homicidio.
Pero Barrita Ortiz no era sólo un jefe policial. Era un activista agrario, líder de la Confederación Nacional Campesina en su natal Ejutla de Crespo, donde pertenecía a la Unión de Productores Agropecuarios. De creer una denuncia reciente en su contra, solía combinar los dos aspectos de su personalidad, poniendo agentes a sus órdenes al servicio de intereses particulares, para invadir predios en disputa. De una conducta así lo acusó Francisco Belmont que entró en litigio con Faustino García por la posesión de tierras propiedad del primero, y de las que habría sido despojado por una brigada policíaca (ocho gendarmes camuflados y otros tantos vestidos de civil) desplegadas por Barrita a favor de García.
El director ahora muerto fue acusado de diversas actuaciones arbitrarias durante el conflicto del 2006. Por ejemplo, el 16 de diciembre de ese año tres miembros de la APPO (Florentino López, que suele ser su vocero; Macario Otalo Padilla, dirigente magisterial y Pedro García García, estudiante de derecho) fueron secuestrados más que detenidos. Denunciaron que sin causa ni orden judicial fueron llevados, golpizas y amenazas mediante, a una oficina donde se les interrogó salvajemente. Los llevaron después a la base militar número 15 y tras una nuevo interrogatorio fueron dejados en manos de la Policía Federal Preventiva, que los puso en libertad. Otalo Padilla pudo identificar entre sus captores a Barrita, a quien conoce bien pues su padre es compadre del líder magisterial.
Un año más tarde, en diciembre pasado, Barrita Ortiz figuró entre los jefes policiacos a quienes la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca recomendó sancionar por la represión contra ciudadanos -miembros o no de la APPO- ocurrida el 16 de julio pasado, durante la disputa por la celebración de la Guelaguetza. Cuarenta miembros de la asamblea popular fueron detenidos y objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, según certificó la Comisión de Derechos Humanos, que también documentó lesiones, robo, aseguramiento indebido de bienes, y empleo arbitrario de la fuerza pública.
Con menos precisión que en los casos anteriores, activistas de la APPO señalaron a Barrita Ortiz como responsable o participante de un mecanismo letal conocido como Caravana de la Muerte. Se le acusó de ordenar ataques en que murieron José Jiménez Colmenares, Lorenzo San Pablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Ermilo Alonso Fabián, Esteban Zurita López y el periodista norteamericano Brad Hill.
Se equivocaría por entero quien supusiera que miembros de la APPO cobraron venganza de este modo. Desdicen esa conjetura no sólo el talante político de los apistas, militantes de la resistencia pacífica sino, en términos más concretos, el armamento y el parque utilizados en el crimen, que no está al alcance de aficionados sino de matarifes profesionales. Podría haberse atribuido el crimen a una acción del Ejército Popular Revolucionario, pero nadie podría sostener tal acusación después del obvio truco en que presuntamente ese grupo guerrillero se adjudicó el atentado, en una pinta callejera. No es ese el modo usual de comunicación eperreista, sino la emisión de comunicados, de suerte que entre el momento de la escritura de estas líneas y su publicación podría haberse conocido la posición del EPR, negando haber cometido el homicidio. Aceptar que lo hicieron indicaría una mudanza en la estrategia terrorista, pues sus atentados contra Pemex deliberadamente evitaron causar muertes.
Kikka Roja
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