Álvaro delgado
México, D.F., 18 de febrero (apro).- La conmemoración del Día del Ejército y su superlativa presencia en las calles no debe opacar un acontecimiento de vergüenza para la nación, que se cumple también este martes 19 de febrero: El segundo aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde perecieron 65 mexicanos, condenados al olvido y, junto con sus deudos, a la injusticia de un sistema político degradado.
Mientras Felipe Calderón ratifica una y otra vez su vocación militarista, condenado como está a atrincherarse en la tropa el resto de su existencia, las familias de los 65 trabajadores mineros padecen no sólo la abulia de las autoridades federales y estatales, la complicidad gubernamental con la Minera México, y aun la represión abierta y soterrada contra quienes las apoyan, sino la burla. Porque es una burla la actuación del gobierno de Calderón, a través de la Secretaría de la Función Pública --la que encubre la corrupción gubernamental y privada, como la de Vicente Fox y su mujer--, la sanción impuesta a un puñado de funcionarios responsables de evitar la tragedia en Pasta de Conchos: Apenas un año de inhabilitación en el servicio público a cuatro de ellos.
Ni siquiera se incluye en el procedimiento al delegado estatal de la Secretaría del Trabajo, Pedro Camarillo Adame, el inmediato responsable de supervisar la aplicación de la norma en la mina y en cualquier otro ámbito de su competencia en el estado de Coahuila, cosa que evidentemente no hizo por corrupción. La razón es sencilla: Camarillo Adame forma parte del circuito de impunidad en este caso emblemático de la derecha gobernante y que iguala a Calderón y Vicente Fox en el encubrimiento de ese funcionario menor que se pasea muy campante por las calles Torreón, protegido de Jorge Zermeño, el frívolo embajador en España. En este circuito de impunidad se encuentran, además, el jefe inmediato de Camarillo Adame, Gerardo Mosqueda Martínez, coordinador general de delegaciones de la Secretaría del Trabajo cuando Carlos Abascal era el secretario; con Francisco Salazar Sáenz fue ascendió a subsecretario.
Mosqueda Martínez, prominente miembro de El Yunque, es actualmente secretario de Gobierno en Guanajuato, donde persigue a periodistas, se burla de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su más reciente gracia –que debería ser un escándalo nacional-- fue mandar imprimir miles de ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los colores del Partido Acción Nacional (PAN), azul y naranja. Sí, este funcionario que en los hechos gobierna Guanajuato, da una muestra más del sentido patrimonialista de la derecha foxista y calderoniana, que en Guanajuato, como en todo el país, impone una identidad cromática desde los postes y las patrullas hasta avenidas, puentes y el distribuidor vial denominado Juan Pablo II.
Mientras tanto, Salazar Sáenz, miembro también de El Yunque, se prepara para ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, mientras que su hijo, Francisco Salazar Diez de Sollano, le hace el trabajo a Calderón para ampliar la privatización energética en la Comisión Reguladora de Energía, que encabeza. Pero la colusión de la derecha gobernante con la Minera México ha dado lugar a otro episodio de burla para los deudos de los obreros muertos, uno semejante a la sanción impuesta a los cuatro funcionarios de la Secretaría del Trabajo: Resulta que otra secretaría del gobierno de Calderón, la del Trabajo, anunció la víspera del aniversario de la tragedia un extraordinario logro: La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó modificar el cálculo de pensiones de viudez y orfandad: En vez de 110 pesos, la Minera México deberá pagar 300 pesos.
Según un boletín de la secretaría que encabeza Javier Lozano Alarcón, el expriista también habilitado como interlocutor con las organizaciones campesinas, con esta determinación de la Junta --que, claro está, actúa por la consigna-- se benefician 55 de las 65 familias afectadas por el multihomicidio de Pasta de Conchos. Pero, además hacer patente su “solidaridad” con los deudos de las víctimas, Lozano Alarcón mandó anotar en el boletín un párrafo que podrá reproducirse en el siguiente informe de gobierno: Con estos resultados la Secretaría del Trabajo “cumple con la instrucción recibida” de Calderón “de otorgar la debida atención a los familiares de las víctimas en cuanto a sus legítimas demandas y al pago puntual de las indemnizaciones que correspondan”.
Lozano Alarcón, uno de los numerosísimos ejemplares de la derecha priista que se ha mudado al PAN, no sólo miente cuando presenta el fallo de la Junta como un triunfo suyo y en beneficio de los deudos, porque muchos de los trabajadores muertos cotizaban con mucha mayor cantidad a los 110 pesos --algunos lo hacían hasta en 700 pesos--, sino que no entiende --quizá porque no está en su coeficiente-- que los familiares sólo tienen como el objetivo la recuperación de los cadáveres. En efecto, la sanción de la Secretaría de la Función Pública a funcionarios menores y el fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje para aumentar el cálculo de las pensiones son episodios insignificantes ante la demanda fundamental de recuperar los cuerpos y también conocer las verdaderas causas del accidente, ocurrido el 19 de febrero del 2006.
El gobierno de Calderón, en abierta connivencia con la Minera propiedad de Germán Larrea, se opone al rescate de los cuerpos y una de las argucias para ello es la suspensión, a través de la Secretaría de Economía, de la explotación de carbón en la mina, que paradójicamente beneficia a Minera México. Esto implicará no rescatar los cadáveres de 63 de los 65 trabajadores mineros, cuyos estudios forenses acreditarían que no murieron por la explosión, sino atrapados por las nulas medidas de seguridad. Por si algo faltara en el esquema de injusticia e impunidad que representa Pasta de Conchos, los organismos que han apoyado a los deudos, sobre todo el Equipo Nacional de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano y específicamente el obispo Raúl Vera, han padecido persecución y hostigamiento por parte de criminales anónimos que operan gracias a la impunidad que ha prohijado Calderón.
La postura asumida por el obispo y el equipo pastoral, encabezado por Cristina Auerbach, obviamente contrasta con la conducta hasta criminal de servidores públicos que se ostentan como católicos y que sólo exhiben el gigantesco tamaño de su hipocresía. Un caso así, tan parecido en la impunidad al asesinado de 17 campesinos en Coyuca de Benítez, Guerrero, en junio de 1995, acredita otra vez cómo el país avanza en una espiral de degradación.
Apuntes
Otra muestra de la hipocresía de la derecha mexicana, la formal (que se asume como panista y priista) y la encubierta (que se atrinchera en la opinocracia de prensa, radio y televisión): Cuando Germán Martínez fue impuesto en la presidencia del PAN, mediante el uso del aparato gubernamental, el coro aplaudía que Calderón tomaba por fin el “control” de su partido. El sometimiento del PAN a Calderón no era deleznable, como lo fue en la era priista, sino una virtud de estadista. Pero resulta que siempre no: Cómo se atreve Andrés Manuel López Obrador a darle su apoyo político a Alejandro Encinas en la contienda interna perredista. Es parte de la esquizofrenia de la derecha --la formal y la encubierta--, que ha entrado el pánico porque la propia secretaria de Energía, Georgina Kessel, confirma lo que había costado tanto trabajo ocultar: La privatización de los recursos energéticos de México. Por eso Calderón, a través del ciudadano español Juan Camilo Mouriño, ya la mandó callarse la boca. Pero el compromiso privatizador del PAN está en la Plataforma Electoral 2006: “Impulsaremos alianzas público-privadas en los sectores de petroquímica y refinación, así como la participación del sector privado en el transporte, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos con el propósito de garantizar recursos suficientes para incrementar la capacidad de producción instalada en el país, producir gasolinas limpias, reducir las importaciones y mejorar la eficiencia productiva del sector”… Saldos del IFE partidizado, ahora con la anuencia de los Chuchos: Borrar las huellas del 2006, incluidas las boletas electorales que acreditan las acciones de defraudación electoral.
Mientras Felipe Calderón ratifica una y otra vez su vocación militarista, condenado como está a atrincherarse en la tropa el resto de su existencia, las familias de los 65 trabajadores mineros padecen no sólo la abulia de las autoridades federales y estatales, la complicidad gubernamental con la Minera México, y aun la represión abierta y soterrada contra quienes las apoyan, sino la burla. Porque es una burla la actuación del gobierno de Calderón, a través de la Secretaría de la Función Pública --la que encubre la corrupción gubernamental y privada, como la de Vicente Fox y su mujer--, la sanción impuesta a un puñado de funcionarios responsables de evitar la tragedia en Pasta de Conchos: Apenas un año de inhabilitación en el servicio público a cuatro de ellos.
Ni siquiera se incluye en el procedimiento al delegado estatal de la Secretaría del Trabajo, Pedro Camarillo Adame, el inmediato responsable de supervisar la aplicación de la norma en la mina y en cualquier otro ámbito de su competencia en el estado de Coahuila, cosa que evidentemente no hizo por corrupción. La razón es sencilla: Camarillo Adame forma parte del circuito de impunidad en este caso emblemático de la derecha gobernante y que iguala a Calderón y Vicente Fox en el encubrimiento de ese funcionario menor que se pasea muy campante por las calles Torreón, protegido de Jorge Zermeño, el frívolo embajador en España. En este circuito de impunidad se encuentran, además, el jefe inmediato de Camarillo Adame, Gerardo Mosqueda Martínez, coordinador general de delegaciones de la Secretaría del Trabajo cuando Carlos Abascal era el secretario; con Francisco Salazar Sáenz fue ascendió a subsecretario.
Mosqueda Martínez, prominente miembro de El Yunque, es actualmente secretario de Gobierno en Guanajuato, donde persigue a periodistas, se burla de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su más reciente gracia –que debería ser un escándalo nacional-- fue mandar imprimir miles de ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los colores del Partido Acción Nacional (PAN), azul y naranja. Sí, este funcionario que en los hechos gobierna Guanajuato, da una muestra más del sentido patrimonialista de la derecha foxista y calderoniana, que en Guanajuato, como en todo el país, impone una identidad cromática desde los postes y las patrullas hasta avenidas, puentes y el distribuidor vial denominado Juan Pablo II.
Mientras tanto, Salazar Sáenz, miembro también de El Yunque, se prepara para ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, mientras que su hijo, Francisco Salazar Diez de Sollano, le hace el trabajo a Calderón para ampliar la privatización energética en la Comisión Reguladora de Energía, que encabeza. Pero la colusión de la derecha gobernante con la Minera México ha dado lugar a otro episodio de burla para los deudos de los obreros muertos, uno semejante a la sanción impuesta a los cuatro funcionarios de la Secretaría del Trabajo: Resulta que otra secretaría del gobierno de Calderón, la del Trabajo, anunció la víspera del aniversario de la tragedia un extraordinario logro: La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó modificar el cálculo de pensiones de viudez y orfandad: En vez de 110 pesos, la Minera México deberá pagar 300 pesos.
Según un boletín de la secretaría que encabeza Javier Lozano Alarcón, el expriista también habilitado como interlocutor con las organizaciones campesinas, con esta determinación de la Junta --que, claro está, actúa por la consigna-- se benefician 55 de las 65 familias afectadas por el multihomicidio de Pasta de Conchos. Pero, además hacer patente su “solidaridad” con los deudos de las víctimas, Lozano Alarcón mandó anotar en el boletín un párrafo que podrá reproducirse en el siguiente informe de gobierno: Con estos resultados la Secretaría del Trabajo “cumple con la instrucción recibida” de Calderón “de otorgar la debida atención a los familiares de las víctimas en cuanto a sus legítimas demandas y al pago puntual de las indemnizaciones que correspondan”.
Lozano Alarcón, uno de los numerosísimos ejemplares de la derecha priista que se ha mudado al PAN, no sólo miente cuando presenta el fallo de la Junta como un triunfo suyo y en beneficio de los deudos, porque muchos de los trabajadores muertos cotizaban con mucha mayor cantidad a los 110 pesos --algunos lo hacían hasta en 700 pesos--, sino que no entiende --quizá porque no está en su coeficiente-- que los familiares sólo tienen como el objetivo la recuperación de los cadáveres. En efecto, la sanción de la Secretaría de la Función Pública a funcionarios menores y el fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje para aumentar el cálculo de las pensiones son episodios insignificantes ante la demanda fundamental de recuperar los cuerpos y también conocer las verdaderas causas del accidente, ocurrido el 19 de febrero del 2006.
El gobierno de Calderón, en abierta connivencia con la Minera propiedad de Germán Larrea, se opone al rescate de los cuerpos y una de las argucias para ello es la suspensión, a través de la Secretaría de Economía, de la explotación de carbón en la mina, que paradójicamente beneficia a Minera México. Esto implicará no rescatar los cadáveres de 63 de los 65 trabajadores mineros, cuyos estudios forenses acreditarían que no murieron por la explosión, sino atrapados por las nulas medidas de seguridad. Por si algo faltara en el esquema de injusticia e impunidad que representa Pasta de Conchos, los organismos que han apoyado a los deudos, sobre todo el Equipo Nacional de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano y específicamente el obispo Raúl Vera, han padecido persecución y hostigamiento por parte de criminales anónimos que operan gracias a la impunidad que ha prohijado Calderón.
La postura asumida por el obispo y el equipo pastoral, encabezado por Cristina Auerbach, obviamente contrasta con la conducta hasta criminal de servidores públicos que se ostentan como católicos y que sólo exhiben el gigantesco tamaño de su hipocresía. Un caso así, tan parecido en la impunidad al asesinado de 17 campesinos en Coyuca de Benítez, Guerrero, en junio de 1995, acredita otra vez cómo el país avanza en una espiral de degradación.
Apuntes
Otra muestra de la hipocresía de la derecha mexicana, la formal (que se asume como panista y priista) y la encubierta (que se atrinchera en la opinocracia de prensa, radio y televisión): Cuando Germán Martínez fue impuesto en la presidencia del PAN, mediante el uso del aparato gubernamental, el coro aplaudía que Calderón tomaba por fin el “control” de su partido. El sometimiento del PAN a Calderón no era deleznable, como lo fue en la era priista, sino una virtud de estadista. Pero resulta que siempre no: Cómo se atreve Andrés Manuel López Obrador a darle su apoyo político a Alejandro Encinas en la contienda interna perredista. Es parte de la esquizofrenia de la derecha --la formal y la encubierta--, que ha entrado el pánico porque la propia secretaria de Energía, Georgina Kessel, confirma lo que había costado tanto trabajo ocultar: La privatización de los recursos energéticos de México. Por eso Calderón, a través del ciudadano español Juan Camilo Mouriño, ya la mandó callarse la boca. Pero el compromiso privatizador del PAN está en la Plataforma Electoral 2006: “Impulsaremos alianzas público-privadas en los sectores de petroquímica y refinación, así como la participación del sector privado en el transporte, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos con el propósito de garantizar recursos suficientes para incrementar la capacidad de producción instalada en el país, producir gasolinas limpias, reducir las importaciones y mejorar la eficiencia productiva del sector”… Saldos del IFE partidizado, ahora con la anuencia de los Chuchos: Borrar las huellas del 2006, incluidas las boletas electorales que acreditan las acciones de defraudación electoral.
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