Miguel Angel Granados Chapa : En Pasta de Conchos, rescate

En Pasta de Conchos, rescate

A dos años de la tragedia de Pasta de Conchos, en que perdieron la vida 65 trabajadores, 650 miembros de las familias de 63 de ellos -pues fue posible recuperar los cadáveres de dos de las víctimas- insisten en su demanda de que los cuerpos sean rescatados. No se contentan con la decisión empresarial, avalada como si fuera propia por la Secretaría del Trabajo, de cancelar los trabajos de remoción de escombros para llegar a la zona donde yacen las víctimas, que lo fueron no del azar o el infortunio, sino de la negligencia criminal de todos los que debieron proveer a los mineros normas de seguridad e higiene industrial que no se cumplieron.

La exigencia de rescate ha buscado ser combatida por el Grupo México (propietario de Industrial Minera México, concesionaria de la mina siniestrada) a golpes de dinero, aunque no siempre ha accedido a cumplir los términos de ley en ese aspecto, que para algunas de las familias no es esencial. Lo que quieren son los cuerpos de las víctimas, para darles sepultura e impedir que simplemente queden en esa tumba colectiva en que se convirtió la mina en que muchos de ellos trabajaron durante largo tiempo.

Unilateralmente, el año pasado la empresa decidió dar por concluidas las labores de rescate, argumentando la existencia de gas y de agua contaminada, que pondrían en riesgo la vida de los rescatistas. Ante la indignación de los deudos por esa actitud desdeñosa, la Secretaría del Trabajo contrató al Foro Consultivo Científico y Tecnológico para que emitiera un dictamen imparcial susceptible de ser contrastado con el que pidió realizar la empresa. Ambos peritajes coincidieron en describir el cúmulo de los factores adversos al rescate, y también en sus conclusiones: no es posible continuar el rescate. Pero el dictamen de los expertos contratados por la Secretaría no se limitó a esa frase escueta, sino que la completó con una que no ha sido tenida en cuenta. El dictamen del Foro precisó que la imposibilidad del rescate se mantendrá mientras no cambien las circunstancias. La Secretaría del Trabajo, pasando por alto ese condicionamiento, no ha dado un solo paso, o demandado que la empresa lo haga, para que cambien las circunstancias. Con su omisión ha hecho que el dictamen tecnológico pase de provisional a definitivo, pues si nadie hace nada por cambiar las circunstancias seguirá siendo verdad que es imposible el rescate.

Pretendiendo que la codicia de los deudos es superior a su afán de recuperar los cuerpos de los suyos, las autoridades han buscado trocar por numerario aquella aspiración moral. Por un lado, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que representa para ese efecto a 55 de las 65 familias afectadas, demandó que las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia se pagaran con base en los 300 pesos diarios que ganaban en promedio los trabajadores fallecidos, y no con los 80 con que fueron registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El caso fue fallado a favor de los deudos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero la empresa solicitó amparo y obtuvo la suspensión para no pagar ese monto, y espera que la sentencia definitiva la exima de ese deber, que parece oneroso a una empresa que obtiene millones de dólares de utilidad.

Ante la previsible intensificación del reclamo por el cumplimiento del segundo aniversario, la Secretaría del Trabajo, cuyo titular no oculta su inclinación ante la empresa y supone que todo es comprable, arregló que las empresas Industrial Minera México y General de Hulla -que realizaba trabajos en el interior de la mina empleando trabajadores no sindicalizados, pero aceptados por el Sindicato Nacional Minero mediante una compensación económica- aceptaran pagar poco más de 5 millones a los familiares. Obrando de manera oficiosa, la STPS actuó sin consultar, sin detenerse a conocer el punto de vista de las familias, algunas de las cuales no han recibido de la empresa un solo centavo de los que ha regateado o cacareado desde hace dos años. Con el ánimo de que afloje la demanda de rescate de los cuerpos, amén de una primera “ayuda humanitaria” al margen de los procedimientos laborales, de 750 mil pesos, la empresa pagó a un cierto número de viudas salarios como si continuaran trabajando para ella sus maridos, y lo hicieran en tres turnos, pero se cansó de hacerlo en mayo pasado.

La injusticia que comenzó con la muerte evitable de 65 personas -que no habrían perecido de observarse las medidas previstas en la ley- ha continuado en todos los frentes. Sentenciados por homicidio culposo, cinco ejecutivos de la empresa en Pasta de Conchos -el gerente Rubén Escudero, y los superintendentes e ingenieros Sergio Rico Pérez, Fermín González Bermea, Antonio Campos González y Emiliano Rodríguez Díaz- no pisaron jamás la cárcel porque sus abogados (es decir, los del Grupo México) pusieron a disposición de los deudos sumas que contaran para la indemnización. Con sólo hacer disponible el dinero quedaron absueltos.

La Procuraduría de Coahuila remitió a la General de la República el expediente en que señalaba la responsabilidad de los miembros de la delegación de la Secretaría del Trabajo en aquel estado. La PGR no emprendió su propia averiguación, aunque ahora está obligada a hacerlo porque esos funcionarios fueron inhabilitados y/o cesados por la Secretaría de la Función Pública , que se ocupó del caso a instancias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Kikka Roja