Michoacán: Los hombres del gobernador Leonel Godoy Rangel

Michoacán: Los hombres del gobernador francisco castellanos j. Morelia, Mich., 24 de marzo (apro).- Personajes con antecedentes penales y/o acusados de presuntos actos de corrupción, enemigos declarados del PRD en alguna época y exintegrantes del equipo de Lázaro Cárdenas Batel, conforman la baraja de colaboradores del actual gobernador de Michoacán, el perredista Leonel Godoy Rangel. Francisco Morelos Borja, dirigente del Partido Acción Nacional en el estado, afirma que Godoy Rangel cometió un grave error al rodearse de personas de dudosa reputación, entre las cuales se encuentran varios exfuncionarios de la pasada administración, identificados plenamente con el “clan Cárdenas”, cuya principal cabeza, Cuauhtémoc Cárenas, fue el principal impulsor de la candidatura de Leonel Godoy a la gubernatura. Uno de los nombramientos más cuestionados es el de Genoveva Figueroa Zamudio, quien repite como secretario de Turismo. En el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, desempeñó la misma función. Figueroa Zamudio fue gobernador interino de Michoacán en el periodo 1988-1992, en sustitución de Luis Martínez Villicaña, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En ese entonces, Cuauhtémoc Cárdenas y Leonel Godoy lo responsabilizaron de la muerte de 55 militantes del PRD durante su gestión. Aún así, Godoy ratificó a Figueroa Zamudio como secretario de Turismo. Otro nombramiento que sorprendió fue el de Humberto Suárez López en la secretaría de Finanzas y Administración. El funcionario desempeñó el mismo cargo en la administración de Cárdenas Batel. Más que por su trabajo, Suárez López ganó fama por pagarle a varios periodistas de la “fuente” viajes a Europa, con recursos del erario. Godoy Rangel “rescató” también a otro cardenista: Eloy Vargas Arreola, uno de los empresarios locales consentidos de la familia Cárdenas que arrastra varias acusaciones por la presunta comisión del delito de peculado. Vargas Arreola fue secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Cárdenas Batel. En 2007, renunció al cargo para buscar la candidatura del PRD a la alcaldía de Morelia, pero fracasó. Le ganó el priista Fausto Vallejo. No menos polémico fue el nombramiento de Saída Sagrera Hernández como secretaria de Educación. La causa: la ahora funcionaria del gobierno estatal estuvo presa varios años, acusada de secuestro y pandillerismo. En 2002, Sagrero Hernández fue arrestada como presunta responsable de los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad y daños en su modalidad de pandillerismo, según la averiguación previa penal 299/2002-II. En ese entonces, la agraviada fue María Sanjuana Cerda Franco. En ese mismo año, la ahora secretaria de Educación enfrentó otro proceso penal, el 121/92, en el Juzgado Primero de Uruapan, por “daño en las cosas”, en agravio de Rigoberto de la Rosa. Según la causa penal, el 17 de septiembre de 2002 Sagrero, junto con 50 profesores comandados por el exdiputado federal perredista Juan Pérez Medina, sacó por la fuerza de un canal de televisión local a dos docentes del grupo sindical antagónico. Los afectados, María Sanjuana Cerda y Lucino Soriano, fueron vejados y exhibidos por la avenida principal de Morelia, donde los obligaron a caminar descalzos. El 12 de octubre de ese año, un juez giró orden de aprehensión en contra de Sagrera y siete profesores más por la probable comisión de los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad y daños en su modalidad de pandillerismo. Sagrero Hernández fue desconocida inmediatamente por la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo líder, Artemio Ortiz Hurtado advirtió: “Godoy le dio la espalda a nuestro movimiento, no es nuestra secretaria, que la reconozca él, él la nombró.” Otro nombramiento que sorprendió a los michoacanos fue el de Ignacio Mendoza Jiménez, quien quedó a cargo de la subprocuraduría en Morelia. Y es que el funcionario, que ocupó el mismo cargo, aunque en Zamora, durante el sexenio de Cárdenas Batel, fue relacionado con bandas de extorsionadores. De acuerdo con un informe interno de la Policía Federal Preventiva (PFP) adscrita a la regiónd e Zamora, el 12 de febrero de 2005 Erick Miguel Ángel Rosas Hernández presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia en contra de Ignacio Mendoza JIménez, entonces subprocurador regional en Zamora, por el “supuesto abuso de autoridad e intento de extorsión por la cantidad de un millón de pesos, así como amenazas a su persona, entre otras delitos”. En entrevista con Apro, Ignacio Mendoza negó que haya cometido el delito de extorsión y aseguró que la acusación es falsa. Argumentó que cuando Rosas Hernández interpuso la denuncia él se encontraba en la Ciudad de México, en curso en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). En la entrevista, Mendoza Jiménez muetra un oficio de comisión SA/707/2004, firmado por el entonces procurador Daniel Arellano Pulido, para asistir a un curso en el centro de capacitación de la PGR, con fecha de 28 de octubre de 2004. También presenta copia de la declaración que rindió en la Visitaduría General de la procuraduría general de Justicia del estado, ante la licenciada María Antonieta Dueñas Bedolla, A.P.P 004/2005- V6, en la que niega haber recibido dinero alguno. Lealtad cardenista La lista de cardenistas incluidos en el gabinete de Godoy es larga: Catalina Rosas Monge, la directora de la Comisión de Pesca durante el sexenio anterior, fue colocada ahora como secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente. Desiderio Camacho Garibo, quien fungió como director de la Comisión del Transporte y coordinador de Espacios Educativos en el gobierno de Lázaro Cárdenas, fue nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Otro político cercano a la familia Cárdenas invitado al gabinete es Jaime Hernández Díaz, perredista que fungió como secretario de Cultura en la gestión de Cárdenas Batel. Ahora ocupa el mismo cargo. En el 2005 Díaz Hernández renunció a la secretaría de Cultura para asumir el cargo de rector en la Universidad Michoacana, donde, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos, el gobernador Leonel Godoy cobraba 18 mil pesos mensuales como investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En la Procuraduría quedó como titular Miguel García Hurtado, exsubprocurador en Morelia, con Lázaro Cárdenas; otro funcionario de Cárdenas Batel, Ignacio Mendoza Jiménez, exsubprocurador en Zamora, es ahora subprocurador en Morelia. Este funcionario fue acusado en la SFP (denuncia 1880069) por una presunta extorsión de un millón de pesos. Jesús Montejano Ramírez, director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de Michoacán, con Cárdenas Batel, fue designado subprocurador en Apatzingán. La actuación de Montejano estuvo sujeta al escrutinio de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán , debido a las quejas recibidas sobre presuntos actos de corrupción en la preliberación de internos y en la rotación de funcionarios de las distintas cárceles. La esposa de Montejano, Yolanda Hernández Martínez, fue nombrada subdirectora de Prevención y Readaptación Social. En el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel, se desempeñó como directora del Albergue Tutelar para Menores. Armando Machorro Arenas, jefe de prensa en el gobierno de Cuahutémoc Cárdenas (1980-1986), en el sexenio de Lázaro se desempeñó como director de Comunicación Social; ahora, con Leonel Godoy, fue ratificado como coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal. Godoy nombró como secretaria de Seguridad Pública a Citlalli Fernández, una licenciada en derecho “muy allegada” al gobernador; y ésta nombró, a su vez, a Jaime Álvarez Ramos, como titular de la Dirección y Readaptación Social del Gobierno de Michoacán. Álvarez Ramos fue investigado en el 2001 por la Contraloría General del Distrito Federal, cuando se desempeñó como director de Prevención y Readaptación Social. En ese entonces, fue acusado de presuntos daños al erario por 22 millones de pesos. De acuerdo con el expediente que se integró en su contra, Álvarez Ramos firmó varios contratos de obras y adquisiciones sin que estuviera facultado para ello. Las irregularidades que analizó la Contraloría durante la gestión de Álvarez Ramos incluyeron el otorgamiento de beneficios a los internos de mayor peligrosidad en el reclusorio Oriente mediante un permiso para operar “tiendas” paralelas a las que tenía la propia institución.

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