El peor enemigo de la democracia es la apatía ciudadana. Cuando los ciudadanos ya no encuentran sentido en acudir a las urnas o responder a las convocatorias del gobierno, la brecha entre la clase política y la sociedad se abre y el sistema pierde vitalidad. Este distanciamiento es sumamente peligroso, pues ceder el espacio público a los políticos profesionales genera mayor indiferencia entre la población y engendra un círculo vicioso que pone en riesgo la institucionalidad democrática del país.
La respuesta a la convocatoria actual para ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) constituye una clara señal de alarma. En noviembre acudieron 491 personas al llamado de la Cámara de Diputados. Hoy, al terminar el último día para recibir las solicitudes de los candidatos, el número probablemente no llegará ni a la cuarta parte de los interesados durante el proceso anterior. Una auténtica emoción ciudadana ante una inédita apertura del Congreso ha sido remplazada por el escepticismo y el desánimo de siempre.
Algunos seguramente atribuirán la reducción del interés ciudadano al incómodo proceso de interrogación a que fueron sometidos los candidatos el año pasado. En aquel momento sobraron voces que lamentaron la “falta de respeto” y las “descalificaciones” que marcaron las entrevistas a algunos participantes. Efectivamente, puede ser que estos ríspidos intercambios hayan espantado a un par de personas preocupadas por los esqueletos que guarden en el clóset.
Pero la causa principal de la falta de interés ciudadano no es el comportamiento de los diputados durante el proceso público de auscultación, sino la total opacidad de las negociaciones de la Junta de Coordinación Política, muy a pesar de los mejores esfuerzos de Javier González Garza por abrir las discusiones. En particular, la encerrona en San Lázaro la noche previa al nombramiento de los consejeros constituyó un ejemplo nítido de la permanencia de las más oscuras formas de negociación política.
Hasta la fecha, los ciudadanos no contamos con ninguna información confiable sobre el proceso de deliberación de los diputados. No sabemos quién propuso a quién, cuáles fueron los criterios de evaluación de los candidatos finalistas, cuáles fueron las diferentes opciones posibles en la mesa de negociación y bajo qué argumentos se vetó a algunos candidatos. El cotilleo y los reportes periodísticos son nuestras únicas fuentes.
En consecuencia, nos quedamos con la impresión de que la convocatoria pública fue una mera simulación. Pareciera que hubo dos caminos paralelos sin relación alguna entre sí: un proceso público diseñado para prestar legitimidad al resultado final y otra vía secreta en que los coordinadores parlamentarios pactaron para repartir el botín del Consejo General. ¿Para qué concursar ahora, si la única función de la convocatoria es legitimar una decisión previamente acordada a espaldas de la ciudadanía?
Sin embargo, tal reacción es contraproducente, pues deja libre el camino a los políticos tradicionales. Por ejemplo, ante el reducido número de candidatas, Diódoro Carrasco ya ha anunciado su intención de romper con el acuerdo formal plasmado en la convocatoria de elegir tres mujeres en esta ronda. Hoy, en lugar de replegarnos y escondernos en un caparazón de apatía e indiferencia, habría que redoblar los esfuerzos por transparentar el proceso de selección.
Además, es incorrecto que la convocatoria no hubiera influido en el proceso de selección anterior. La auscultación pública movió el tablero de la negociación de manera importante. Cayeron algunos de los candidatos más fuertes y surgieron otros que no habían sido tomados en cuenta. En esta ocasión los ciudadanos deben pugnar por tener mayor influencia que el año pasado.
Tal como propusimos durante el proceso anterior, debemos exigir que las discusiones en el seno de la Comisión de Gobernación y la Junta de Coordinación Política sean públicas y se transmitan por el Canal del Congreso. Habría que ver hasta qué punto los legisladores realmente toman en cuenta las trayectorias y el conocimiento de los candidatos o simplemente se guían por filias y fobias. De otra forma se fortalecerá el escepticismo y llevará a graves repercusiones en la participación ciudadana tanto para la siguiente selección de consejeros como en las próximas elecciones federales. Este esparcimiento de la apatía podría poner en riesgo la vigencia del mismo sistema democrático que tanto nos ha costado construir.
P.D. Hoy a las 18 horas en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se inaugura un importante seminario internacional, que continuará hasta el miércoles, organizado por el laboratorio anticorrupción del IIS-UNAM y FUNDAR, que será fundamental para la comprensión del futuro de la transparencia en el país. Asimismo, el próximo martes 27 y miércoles 28 de mayo tendrá lugar el seminario El futuro del derecho electoral: los retos de la reforma, organizado por un servidor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La respuesta a la convocatoria actual para ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) constituye una clara señal de alarma. En noviembre acudieron 491 personas al llamado de la Cámara de Diputados. Hoy, al terminar el último día para recibir las solicitudes de los candidatos, el número probablemente no llegará ni a la cuarta parte de los interesados durante el proceso anterior. Una auténtica emoción ciudadana ante una inédita apertura del Congreso ha sido remplazada por el escepticismo y el desánimo de siempre.
Algunos seguramente atribuirán la reducción del interés ciudadano al incómodo proceso de interrogación a que fueron sometidos los candidatos el año pasado. En aquel momento sobraron voces que lamentaron la “falta de respeto” y las “descalificaciones” que marcaron las entrevistas a algunos participantes. Efectivamente, puede ser que estos ríspidos intercambios hayan espantado a un par de personas preocupadas por los esqueletos que guarden en el clóset.
Pero la causa principal de la falta de interés ciudadano no es el comportamiento de los diputados durante el proceso público de auscultación, sino la total opacidad de las negociaciones de la Junta de Coordinación Política, muy a pesar de los mejores esfuerzos de Javier González Garza por abrir las discusiones. En particular, la encerrona en San Lázaro la noche previa al nombramiento de los consejeros constituyó un ejemplo nítido de la permanencia de las más oscuras formas de negociación política.
Hasta la fecha, los ciudadanos no contamos con ninguna información confiable sobre el proceso de deliberación de los diputados. No sabemos quién propuso a quién, cuáles fueron los criterios de evaluación de los candidatos finalistas, cuáles fueron las diferentes opciones posibles en la mesa de negociación y bajo qué argumentos se vetó a algunos candidatos. El cotilleo y los reportes periodísticos son nuestras únicas fuentes.
En consecuencia, nos quedamos con la impresión de que la convocatoria pública fue una mera simulación. Pareciera que hubo dos caminos paralelos sin relación alguna entre sí: un proceso público diseñado para prestar legitimidad al resultado final y otra vía secreta en que los coordinadores parlamentarios pactaron para repartir el botín del Consejo General. ¿Para qué concursar ahora, si la única función de la convocatoria es legitimar una decisión previamente acordada a espaldas de la ciudadanía?
Sin embargo, tal reacción es contraproducente, pues deja libre el camino a los políticos tradicionales. Por ejemplo, ante el reducido número de candidatas, Diódoro Carrasco ya ha anunciado su intención de romper con el acuerdo formal plasmado en la convocatoria de elegir tres mujeres en esta ronda. Hoy, en lugar de replegarnos y escondernos en un caparazón de apatía e indiferencia, habría que redoblar los esfuerzos por transparentar el proceso de selección.
Además, es incorrecto que la convocatoria no hubiera influido en el proceso de selección anterior. La auscultación pública movió el tablero de la negociación de manera importante. Cayeron algunos de los candidatos más fuertes y surgieron otros que no habían sido tomados en cuenta. En esta ocasión los ciudadanos deben pugnar por tener mayor influencia que el año pasado.
Tal como propusimos durante el proceso anterior, debemos exigir que las discusiones en el seno de la Comisión de Gobernación y la Junta de Coordinación Política sean públicas y se transmitan por el Canal del Congreso. Habría que ver hasta qué punto los legisladores realmente toman en cuenta las trayectorias y el conocimiento de los candidatos o simplemente se guían por filias y fobias. De otra forma se fortalecerá el escepticismo y llevará a graves repercusiones en la participación ciudadana tanto para la siguiente selección de consejeros como en las próximas elecciones federales. Este esparcimiento de la apatía podría poner en riesgo la vigencia del mismo sistema democrático que tanto nos ha costado construir.
P.D. Hoy a las 18 horas en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se inaugura un importante seminario internacional, que continuará hasta el miércoles, organizado por el laboratorio anticorrupción del IIS-UNAM y FUNDAR, que será fundamental para la comprensión del futuro de la transparencia en el país. Asimismo, el próximo martes 27 y miércoles 28 de mayo tendrá lugar el seminario El futuro del derecho electoral: los retos de la reforma, organizado por un servidor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Kikka Roja
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comentarios. HOLA! deja tu mensaje ...