RICARDO MONREAL AVILA
- Monreal, Ibarra y Rojo piden comparecencia de Calderón por caso News DivineEl titular del Ejecutivo es responsable de aprobar el nombramiento del titular de la SSPDF, en este caso, de Joel Ortega, indicaron.
Corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal... El servidor público que tenga el mando directo de la fuerza pública en el Distrito Federal podrá ser removido libremente por el Presidente de la República o a solicitud del Jefe de Gobierno del Distrito Federal”. (Art. 34, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal).
El PAN, a través de su presidente nacional, ha solicitado la comparecencia del “jefe político” del secretario de Seguridad Pública del DF, por el irregular y fatídico operativo de la discoteca New’s Divine. Exige que el jefe del secretario Joel Ortega asuma sus responsabilidades, que se presente en el Senado y dé la cara por la tragedia. Que responda como un hombrecito. Pues bien, el “jefe político”, es decir, el responsable en términos constitucionales, administrativos y normativos del secretario de Seguridad Pública del DF se llama Felipe Calderón. Y sí –estamos totalmente de acuerdo con Germán Martínez–, es necesario que comparezca, que rinda cuentas. No sólo por el fallido y atroz operativo de una tarde en la Ciudad de México, sino por los otros desastrosos operativos que a diario tienen lugar, de manera sistemática y continua en el territorio nacional, con los mismos ingredientes letales de la discoteca capitalina (fuerza bruta, arbitrariedad, ineficiencia, corrupción y complicidad), pero en dimensiones “mega”.
El artículo 122 constitucional, base quinta, inciso E, señala: “en el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno”. El 115 constitucional fracción VII dispone: “El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el mando de la fuerza pública en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente”. En tanto que el artículo 34 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal norman claramente la condición de subordinado que el secretario de seguridad pública mantiene respecto de quien se ostente como Presidente de la República. No hay ni por donde evadir esa responsabilidad política o jefatura institucional.
Ahora bien, en términos de conducta política, reacción gubernamental y respuesta de las autoridades sí existe un claro contraste, una marcada diferencia entre lo sucedido en la discoteca de la Gustavo A. Madero y lo que está aconteciendo en la guerra divine contra el crimen organizado en el país. Por las 12 personas muertas en la discoteca (nueve menores y tres oficiales de la policía capitalina) hay 15 indiciados y detenidos. ¿Por los cinco mil muertos de la guerra contra el crimen en dos años (500 de ellos oficiales de la policía y el ejército), cuántos responsables están procesados?
¿Qué pasaría si el jefe de Gobierno del Distrito Federal o el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México hubiesen declarado que las 12 víctimas “son una muestra de que los operativos van por buen camino”? Estarían desahuciados y fuera de sus puestos. En cambio, por las concepciones necrofílicas que diariamente escuchamos del gobierno federal, relativas a que esas cinco mil víctimas fatales son “la mejor prueba de que vamos ganando la guerra, de que nuestra estrategia es todo un éxito”, nadie ha tenido la menor intención de presentar, no una impensable renuncia al cargo, sino una modesta disculpa a los deudos.
Por los nueve menores fallecidos en la discoteca hay un jefe de la Unipol sujeto a proceso, Guillermo Zayas. ¿Por los 19 menores caídos en enfrentamientos entre bandas o en operativos policiales en los primeros seis meses de este año, cuántos jefes Zayas tenemos detenidos? Por la responsabilidad administrativa en la operación de un antro irregular se ha separado de su cargo el delegado electo Francisco Chíguil. ¿Por la proliferación de narcotiendas protegidas a lo largo y ancho del territorio nacional, cuántos alcaldes o gobernadores han presentado su renuncia? A los familiares de las víctimas de la discoteca el gobierno local los indemnizará. ¿A los miles de huérfanos y viudas de la guerra divine contra el crimen, quién les ha enviado una condolencia?
Tiene razón el presidente del PAN. Es necesaria una comparecencia del “jefe político” (es decir constitucional e institucional) de las fuerzas policiacas en la Ciudad de México. Es urgente que Felipe Calderón responda por qué el país se ha convertido, en materia de seguridad y procuración de justicia, en un megaantro, en un New’s Divine de dimensiones nacionales.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mxEl PAN, a través de su presidente nacional, ha solicitado la comparecencia del “jefe político” del secretario de Seguridad Pública del DF, por el irregular y fatídico operativo de la discoteca New’s Divine. Exige que el jefe del secretario Joel Ortega asuma sus responsabilidades, que se presente en el Senado y dé la cara por la tragedia. Que responda como un hombrecito. Pues bien, el “jefe político”, es decir, el responsable en términos constitucionales, administrativos y normativos del secretario de Seguridad Pública del DF se llama Felipe Calderón. Y sí –estamos totalmente de acuerdo con Germán Martínez–, es necesario que comparezca, que rinda cuentas. No sólo por el fallido y atroz operativo de una tarde en la Ciudad de México, sino por los otros desastrosos operativos que a diario tienen lugar, de manera sistemática y continua en el territorio nacional, con los mismos ingredientes letales de la discoteca capitalina (fuerza bruta, arbitrariedad, ineficiencia, corrupción y complicidad), pero en dimensiones “mega”.
El artículo 122 constitucional, base quinta, inciso E, señala: “en el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno”. El 115 constitucional fracción VII dispone: “El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el mando de la fuerza pública en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente”. En tanto que el artículo 34 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal norman claramente la condición de subordinado que el secretario de seguridad pública mantiene respecto de quien se ostente como Presidente de la República. No hay ni por donde evadir esa responsabilidad política o jefatura institucional.
Ahora bien, en términos de conducta política, reacción gubernamental y respuesta de las autoridades sí existe un claro contraste, una marcada diferencia entre lo sucedido en la discoteca de la Gustavo A. Madero y lo que está aconteciendo en la guerra divine contra el crimen organizado en el país. Por las 12 personas muertas en la discoteca (nueve menores y tres oficiales de la policía capitalina) hay 15 indiciados y detenidos. ¿Por los cinco mil muertos de la guerra contra el crimen en dos años (500 de ellos oficiales de la policía y el ejército), cuántos responsables están procesados?
¿Qué pasaría si el jefe de Gobierno del Distrito Federal o el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México hubiesen declarado que las 12 víctimas “son una muestra de que los operativos van por buen camino”? Estarían desahuciados y fuera de sus puestos. En cambio, por las concepciones necrofílicas que diariamente escuchamos del gobierno federal, relativas a que esas cinco mil víctimas fatales son “la mejor prueba de que vamos ganando la guerra, de que nuestra estrategia es todo un éxito”, nadie ha tenido la menor intención de presentar, no una impensable renuncia al cargo, sino una modesta disculpa a los deudos.
Por los nueve menores fallecidos en la discoteca hay un jefe de la Unipol sujeto a proceso, Guillermo Zayas. ¿Por los 19 menores caídos en enfrentamientos entre bandas o en operativos policiales en los primeros seis meses de este año, cuántos jefes Zayas tenemos detenidos? Por la responsabilidad administrativa en la operación de un antro irregular se ha separado de su cargo el delegado electo Francisco Chíguil. ¿Por la proliferación de narcotiendas protegidas a lo largo y ancho del territorio nacional, cuántos alcaldes o gobernadores han presentado su renuncia? A los familiares de las víctimas de la discoteca el gobierno local los indemnizará. ¿A los miles de huérfanos y viudas de la guerra divine contra el crimen, quién les ha enviado una condolencia?
Tiene razón el presidente del PAN. Es necesaria una comparecencia del “jefe político” (es decir constitucional e institucional) de las fuerzas policiacas en la Ciudad de México. Es urgente que Felipe Calderón responda por qué el país se ha convertido, en materia de seguridad y procuración de justicia, en un megaantro, en un New’s Divine de dimensiones nacionales.
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