Editorial
Petróleo: balance de la consulta ciudadana
La consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, Yo decido, que se realizó ayer en esta capital y en nueve entidades de la República, constituye en esencia un ejercicio ciudadano ejemplar, que transcurrió con calma y civilidad, y que arroja resultados positivos con respecto al futuro del país y a su vida democrática.
El resultado, una victoria contundente del No –superior a 80 por ciento– al proyecto de privatización parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex) elaborado por el Ejecutivo federal, es un indicador claro de la oposición ciudadana ante la eventual entrega de segmentos de la industria nacional del petróleo a manos de particulares, y confirma lo que ya se había manifestado en las calles y constatado en los debates que tuvieron lugar en Xicoténcatl del 13 de mayo al 22 de julio: la inviabilidad del conjunto de iniciativas presidenciales en los terrenos jurídico, constitucional, económico y político.
En lo inmediato, el resultado de la consulta de ayer reviste importancia porque definirá el rumbo de un movimiento ciudadano en defensa del petróleo amplio y creciente, que ya logró frenar un albazo legislativo y promover la realización de los foros de discusión en el Senado. Ambos hechos representan triunfos inequívocos de la organización ciudadana y plantean, en conjunto, un parteaguas en la historia política del país: mediante ellos se evitó la disolución de la propiedad pública más importante de la nación, se puso en evidencia la desinformación de los legisladores en torno a un tema de capital importancia y se les forzó a escuchar las diversas posturas sobre el manejo y el porvenir de la industria nacional de los hidrocarburos.
Por añadidura, la auscultación pública de ayer plasmó la articulación formal de toda una corriente de opinión ante los designios privatizadores, entreguistas y antinacionales, entre cuyas expresiones está la ya mencionada iniciativa presidencial, pero también la propuesta presentada esta misma semana por el Partido Revolucionario Institucional que es, a decir de diversos analistas, una versión edulcorada de las propuestas presidenciales.
Ciertamente, el volumen de participación que se registró en la ciudad de México –alrededor de 870 mil sufragios–, deja la impresión que el de ayer es un ejercicio perfectible, cuyos alcances pudieron haber sido mayores si se toman en cuenta las expectativas generadas y el hecho de que contó con el respaldo del Ejecutivo y el Legislativo locales, del órgano electoral del Distrito Federal y de importantes representantes de la vida intelectual, artística, académica y periodística del país.
En particular, la abstención en esta capital, cuya sociedad ha dado el respaldo durante la década pasada a una visión alternativa de país y a proyectos de gobierno de corte social y progresista, debiera ser motivo de profundo análisis por parte de los organizadores, quienes deben poner especial atención en el manoseo político que se hizo, en los días previos, de este ejercicio ciudadano, un factor que, según puede verse, acabó por mermar la confianza en torno a su imparcialidad.
Del mismo modo, no puede pasarse por alto que la consulta fue, desde su concepción, blanco de las más burdas descalificaciones, de una campaña de desinformación y de las mentiras emprendida por la cúpula político-empresarial que detenta el poder en el país. Estos factores, por lo demás, no debieran desanimar a quienes promovieron y participaron en la jornada de ayer, sobre todo porque ésta confirmó la necesidad de que la ciudadanía avance hacia una participación más activa en la vida democrática, se involucre cada vez más en las decisiones del gobierno y, en conjunto, se convierta en un factor de peso constante al momento de determinar el rumbo de la nación.
Finalmente, si bien es cierto que el sondeo público de ayer no tiene carácter vinculante, es de esperar que los legisladores tomen en cuenta, en su justa dimensión, la negativa expresada. Sería deseable y necesario, asimismo, que en aras de un auténtico espíritu democrático, el ejercicio de ayer en la ciudad de México y otras entidades pudiera realizarse a escala nacional, a fin de que quienes habrán de tomar las decisiones sobre el futuro de Pemex conocieran a cabalidad el sentir de la población sobre el tema. Sólo en esa medida los legisladores tendrían elementos de juicio suficientes para dictaminar las iniciativas de reforma petrolera de conformidad con su papel de representantes populares y con sentido de país.
El resultado, una victoria contundente del No –superior a 80 por ciento– al proyecto de privatización parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex) elaborado por el Ejecutivo federal, es un indicador claro de la oposición ciudadana ante la eventual entrega de segmentos de la industria nacional del petróleo a manos de particulares, y confirma lo que ya se había manifestado en las calles y constatado en los debates que tuvieron lugar en Xicoténcatl del 13 de mayo al 22 de julio: la inviabilidad del conjunto de iniciativas presidenciales en los terrenos jurídico, constitucional, económico y político.
En lo inmediato, el resultado de la consulta de ayer reviste importancia porque definirá el rumbo de un movimiento ciudadano en defensa del petróleo amplio y creciente, que ya logró frenar un albazo legislativo y promover la realización de los foros de discusión en el Senado. Ambos hechos representan triunfos inequívocos de la organización ciudadana y plantean, en conjunto, un parteaguas en la historia política del país: mediante ellos se evitó la disolución de la propiedad pública más importante de la nación, se puso en evidencia la desinformación de los legisladores en torno a un tema de capital importancia y se les forzó a escuchar las diversas posturas sobre el manejo y el porvenir de la industria nacional de los hidrocarburos.
Por añadidura, la auscultación pública de ayer plasmó la articulación formal de toda una corriente de opinión ante los designios privatizadores, entreguistas y antinacionales, entre cuyas expresiones está la ya mencionada iniciativa presidencial, pero también la propuesta presentada esta misma semana por el Partido Revolucionario Institucional que es, a decir de diversos analistas, una versión edulcorada de las propuestas presidenciales.
Ciertamente, el volumen de participación que se registró en la ciudad de México –alrededor de 870 mil sufragios–, deja la impresión que el de ayer es un ejercicio perfectible, cuyos alcances pudieron haber sido mayores si se toman en cuenta las expectativas generadas y el hecho de que contó con el respaldo del Ejecutivo y el Legislativo locales, del órgano electoral del Distrito Federal y de importantes representantes de la vida intelectual, artística, académica y periodística del país.
En particular, la abstención en esta capital, cuya sociedad ha dado el respaldo durante la década pasada a una visión alternativa de país y a proyectos de gobierno de corte social y progresista, debiera ser motivo de profundo análisis por parte de los organizadores, quienes deben poner especial atención en el manoseo político que se hizo, en los días previos, de este ejercicio ciudadano, un factor que, según puede verse, acabó por mermar la confianza en torno a su imparcialidad.
Del mismo modo, no puede pasarse por alto que la consulta fue, desde su concepción, blanco de las más burdas descalificaciones, de una campaña de desinformación y de las mentiras emprendida por la cúpula político-empresarial que detenta el poder en el país. Estos factores, por lo demás, no debieran desanimar a quienes promovieron y participaron en la jornada de ayer, sobre todo porque ésta confirmó la necesidad de que la ciudadanía avance hacia una participación más activa en la vida democrática, se involucre cada vez más en las decisiones del gobierno y, en conjunto, se convierta en un factor de peso constante al momento de determinar el rumbo de la nación.
Finalmente, si bien es cierto que el sondeo público de ayer no tiene carácter vinculante, es de esperar que los legisladores tomen en cuenta, en su justa dimensión, la negativa expresada. Sería deseable y necesario, asimismo, que en aras de un auténtico espíritu democrático, el ejercicio de ayer en la ciudad de México y otras entidades pudiera realizarse a escala nacional, a fin de que quienes habrán de tomar las decisiones sobre el futuro de Pemex conocieran a cabalidad el sentir de la población sobre el tema. Sólo en esa medida los legisladores tendrían elementos de juicio suficientes para dictaminar las iniciativas de reforma petrolera de conformidad con su papel de representantes populares y con sentido de país.
TENEMOS EL TRIUNFO SOBRE LOS HIPÓCRITAS QUE ESCONDIERON EL FRAUDE ELECTORAL DEL 2006, FELIPE CALDERON SE ROBÓ LA PRESIDENCIA DE MÉXICO, PARA ENTREGAR A LOS EXTRANJEROS EL PETRÓLEO DE LA NACIÓN.
- Aún no se ha dicho la última palabra sobre el destino del petróleo: Enrique Semo
- La consulta, ejercicio de total democracia, aseguran intelectuales observadores
- Un gran logro, que los ciudadanos fueran a las urnas a opinar: Guadalupe Rivera
Ampliar la imagen Encabezados por el secretario de Gobierno del GDF, José Ángel Ávila Pérez, y Carlos Payán, los observadores dieron las primeras cifras de la consulta ciudadana Foto: Crédito
Alrededor de 350 observadores, entre artistas, intelectuales y personajes del medio cultural mexicano, realizaron continuos recorridos este domingo por los diversos distritos y zonas en los que se instalaron las casillas para la consulta ciudadana sobre la reforma energética.Desde muy temprano varios intelectuales, como Guadalupe Rivera Marín, Enrique Semo, Carlos Payán, Julieta Fierro, así como la periodista Blanche Petrich y el caricaturista Antonio Helguera comenzaron su recorrido por la delegación Coyoacán para recabar información sobre cómo se llevó a cabo la participación ciudadana en la consulta.Luego del cierre de casillas, ocurrido a las 18 horas, y a la espera de resultados, el grupo de observadores se mantuvo atento a la información de los medios vía Internet y a los resultados que llegarían después de las 21 horas.
Algunos de los observadores de la consulta ciudadana ofrecieron a La Jornada los siguientes comentarios: Enrique Semo, historiador: “Este ejercicio fue de una total democracia, que se realizó en la paz más absoluta, y los ciudadanos aprendieron a darle importancia a sus leyes y a la toma de decisiones. Los observadores constatamos que no se registró ningún problema y podemos afirmar que el destino del petróleo aún no está decidido ni se ha dicho la última palabra y no se habrá de resolver ni con el acoso del Congreso, porque la gente está tomando conciencia de lo que esto significa.”Julieta Fierro, investigadora: “Me da mucho gusto que esta consulta se haya realizado. Es muy importante para mí, que nací en un época en la que las mujeres no teníamos libertad de decir ni pensar como hoy lo hacemos. Me duele la propuesta de Calderón porque me parece que es de miras muy estrechas y necesitamos un proyecto de nación, sobre todo en el tema energético, porque es demasiado valioso para malbaratarlo. México tiene muchos talentos jóvenes, los cuales pueden resolver problemas con miras al futuro y a las necesidades de esta nación”.Guadalupe Rivera Marín, presidenta de la Fundación Diego Rivera: “Fue un orgullo que me invitaran a esta consulta, porque considero que fue un gran paso de la democracia mexicana. El hecho de que los ciudadanos se acercaran a las urnas libremente por primera vez a un ejercicio como éste, es un gran logro. Durante la jornada sobresalió la organización de las casillas y la capacitación de las personas. Lo único que lamento es que en Coyoacán no hubo la respuesta que esperábamos para ese acto político de primera importancia. De manera preliminar nos han informado que las diferencias entre el Sí y el No son contundentes. El máximo para el sí fue de 17 por ciento, y eso nos revela que la votación por el no fue arrolladora”.
John M. Ackerman
- El principio de legalidad
El principio de legalidad reza que mientras los ciudadanos deben ser libres para hacer todo lo que no esté explícitamente prohibido por la norma, los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que está permitido por la ley. Este concepto es fundamental para el establecimiento del estado de derecho en un contexto democrático. Un gobierno que no se subordina a la ley rápidamente cae en el autoritarismo y la arbitrariedad.
Pero existen dos formas de interpretar este principio. Por un lado, está la lógica “letrista” del proverbial burócrata de ventanilla que se niega a atender alguna solicitud o trámite porque su manual supuestamente no se lo permite. Ésta es la filosofía del viejo servidor público indolente y cachazudo, formado a la sombra del sistema político autoritario. Es también la perfecta coartada para la corrupción, ya que alienta al ciudadano a entrar al círculo vicioso de los sobornos para completar su trámite.
Otra forma más “garantista” de entender el principio de legalidad sería a partir de un firme compromiso con la supremacía constitucional, así como una comprensión del carácter siempre abierto y dinámico del derecho. Pocas leyes funcionan como programas de computadora al ordenar comportamientos específicos ante situaciones concretas. Hacen falta funcionarios públicos inteligentes, dispuestos a hacer todo lo necesario para cumplir con el ciudadano dentro del marco del estado de derecho.
En teoría, ambas formas de entender la legalidad son perfectamente legítimas, siempre y cuando se apliquen consistentemente y sin criterios políticos. Se vale ser un buen “letrista” o “garantista”. Lo que no se vale es seguir el ejemplo de Porfirio Díaz: ser garantista con los amigos y letrista con los adversarios.
Por ejemplo, en su descalificación de la consulta petrolera José Woldenberg hoy se enorgullece de ser un “formalista” (“Superliga y consulta”, Reforma, 24/7/08). Pero cuando se trató de temas en los que él tenía más afinidad ideológica, el antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) no dudó en aplicar un criterio diferente. Por ejemplo, fue uno de los principales promotores de la consulta infantil y juvenil realizada por primera ocasión el 2 de julio del año 2000. Para ese ejercicio el IFE instaló 15 mil casillas en todo el país, donde niños y niñas entre seis y 17 años pudieran expresar sus opiniones.
También en 2000, Woldenberg fue uno de los impulsores del exhorto a las autoridades para suspender la difusión de sus obras 30 días antes de las elecciones. Ni la consulta juvenil ni el exhorto respondían a un mandato explícito de la ley. De hecho, en el caso del exhorto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había declarado su ilegalidad por no encontrarse dentro de las funciones del IFE. Llama la atención que ahora el antiguo consejero presidente esconda en el discurso del “formalismo” su animadversión ideológica a la consulta, cuando antes apoyó iniciativas parecidas que, como la de hoy, se orientaban a fortalecer el sistema democrático.
Lo mismo se aplica a los actuales consejeros del IFE. En su respuesta a la solicitud del Frente Amplio Progresista (FAP) para que participara en la consulta, el IFE se amparó en un supuesto respeto a la legalidad que no le permite “extralimitarse” en sus funciones.
En este contexto, habría que recordar el orgullo con el cual la autoridad electoral llamó a la “tregua navideña” antes de las últimas elecciones federales, así como la realización de la tercera edición de la consulta infantil el 2 de julio de 2006. De nuevo, “letrismo” selectivo para los adversarios. El reciente fallo del TEPJF sobre la participación del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en la consulta comprueba el trasfondo político de la decisión de los consejeros federales.
Al poner tanto énfasis en el principio de legalidad, los personajes que se lanzan contra la consulta petrolera revelan que lo que realmente les molesta es la llegada de la izquierda al poder. Según ellos, no habría ningún problema si la consulta la organizara el PRD o una agrupación de organismos civiles (ver, por ejemplo, Jorge Alcocer, “Consulta”, Reforma, 22 de julio de 2008). Claro, como están acostumbrados a simplemente ignorar este tipo de expresiones sociales, les saca de quicio que el Gobierno del Distrito Federal, el IEDF y los legisladores federales busquen romper las reglas históricas del autoritarismo desde el mismo poder público.
El asunto que más preocupa a los detractores de la consulta es que la izquierda quiera meterse adonde supuestamente no le corresponde. “Mejor en las calles, donde estamos acostumbrados a lidiar con ellos”, parecen pensar; “eso es mejor que verlos ejerciendo el poder, donde representan una verdadera amenaza para los intereses creados.”
Pero como reza el antiguo aforismo chino: “Cuidado con lo que deseas, que podría hacerse realidad”. Sería mucho mejor aceptar y aprender de las novedades democratizadoras de los gobiernos de izquierda, que rechazarlas y con ello provocar una verdadera crisis política que nos deje al borde de la violencia.
Pero existen dos formas de interpretar este principio. Por un lado, está la lógica “letrista” del proverbial burócrata de ventanilla que se niega a atender alguna solicitud o trámite porque su manual supuestamente no se lo permite. Ésta es la filosofía del viejo servidor público indolente y cachazudo, formado a la sombra del sistema político autoritario. Es también la perfecta coartada para la corrupción, ya que alienta al ciudadano a entrar al círculo vicioso de los sobornos para completar su trámite.
Otra forma más “garantista” de entender el principio de legalidad sería a partir de un firme compromiso con la supremacía constitucional, así como una comprensión del carácter siempre abierto y dinámico del derecho. Pocas leyes funcionan como programas de computadora al ordenar comportamientos específicos ante situaciones concretas. Hacen falta funcionarios públicos inteligentes, dispuestos a hacer todo lo necesario para cumplir con el ciudadano dentro del marco del estado de derecho.
En teoría, ambas formas de entender la legalidad son perfectamente legítimas, siempre y cuando se apliquen consistentemente y sin criterios políticos. Se vale ser un buen “letrista” o “garantista”. Lo que no se vale es seguir el ejemplo de Porfirio Díaz: ser garantista con los amigos y letrista con los adversarios.
Por ejemplo, en su descalificación de la consulta petrolera José Woldenberg hoy se enorgullece de ser un “formalista” (“Superliga y consulta”, Reforma, 24/7/08). Pero cuando se trató de temas en los que él tenía más afinidad ideológica, el antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) no dudó en aplicar un criterio diferente. Por ejemplo, fue uno de los principales promotores de la consulta infantil y juvenil realizada por primera ocasión el 2 de julio del año 2000. Para ese ejercicio el IFE instaló 15 mil casillas en todo el país, donde niños y niñas entre seis y 17 años pudieran expresar sus opiniones.
También en 2000, Woldenberg fue uno de los impulsores del exhorto a las autoridades para suspender la difusión de sus obras 30 días antes de las elecciones. Ni la consulta juvenil ni el exhorto respondían a un mandato explícito de la ley. De hecho, en el caso del exhorto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había declarado su ilegalidad por no encontrarse dentro de las funciones del IFE. Llama la atención que ahora el antiguo consejero presidente esconda en el discurso del “formalismo” su animadversión ideológica a la consulta, cuando antes apoyó iniciativas parecidas que, como la de hoy, se orientaban a fortalecer el sistema democrático.
Lo mismo se aplica a los actuales consejeros del IFE. En su respuesta a la solicitud del Frente Amplio Progresista (FAP) para que participara en la consulta, el IFE se amparó en un supuesto respeto a la legalidad que no le permite “extralimitarse” en sus funciones.
En este contexto, habría que recordar el orgullo con el cual la autoridad electoral llamó a la “tregua navideña” antes de las últimas elecciones federales, así como la realización de la tercera edición de la consulta infantil el 2 de julio de 2006. De nuevo, “letrismo” selectivo para los adversarios. El reciente fallo del TEPJF sobre la participación del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en la consulta comprueba el trasfondo político de la decisión de los consejeros federales.
Al poner tanto énfasis en el principio de legalidad, los personajes que se lanzan contra la consulta petrolera revelan que lo que realmente les molesta es la llegada de la izquierda al poder. Según ellos, no habría ningún problema si la consulta la organizara el PRD o una agrupación de organismos civiles (ver, por ejemplo, Jorge Alcocer, “Consulta”, Reforma, 22 de julio de 2008). Claro, como están acostumbrados a simplemente ignorar este tipo de expresiones sociales, les saca de quicio que el Gobierno del Distrito Federal, el IEDF y los legisladores federales busquen romper las reglas históricas del autoritarismo desde el mismo poder público.
El asunto que más preocupa a los detractores de la consulta es que la izquierda quiera meterse adonde supuestamente no le corresponde. “Mejor en las calles, donde estamos acostumbrados a lidiar con ellos”, parecen pensar; “eso es mejor que verlos ejerciendo el poder, donde representan una verdadera amenaza para los intereses creados.”
Pero como reza el antiguo aforismo chino: “Cuidado con lo que deseas, que podría hacerse realidad”. Sería mucho mejor aceptar y aprender de las novedades democratizadoras de los gobiernos de izquierda, que rechazarlas y con ello provocar una verdadera crisis política que nos deje al borde de la violencia.
Kikka Roja
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