Hummers para el SNTE
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El pasado fin de semana en Hermosillo, Sonora, y cuando el país empieza a enfrentar los embates más severos de la crisis económica mundial, la lideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, repartió decenas de camionetas de lujo (modelo Hummer) entre sus incondicionales. En ese mismo cónclave, la jefa de la cúpula charra que se ha adueñado de la organización gremial exigió al Legislativo que incluya en el presupuesto de 2009 un monto adicional de alrededor de 8 mil millones de pesos y amenazó con ordenar movilizaciones de los afiliados para lograrlo. Por añadidura, Gordillo Morales lanzó una amenaza velada contra los maestros disidentes de Morelos, cuya representación sindical no asistió a la reunión de la capital sonorense: “Si no han querido venir, tendremos que actuar de otra manera”, deslizó la sucesora de Carlos Jonguitud Barrios, cuyas “maneras” de sujeción y control son harto conocidas.
Por si hiciera falta recordarlas, la propia cúpula del SNTE dio, la semana pasada, muestras fehacientes: por una parte ha sido partícipe, mediante su alianza con autoridades federales y estatales, de una represión injustificable y bárbara de la disidencia magisterial, represión de la que dieron cuenta organizaciones de derechos humanos que reportaron la comisión, en varias localidades de Morelos, de torturas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra pobladores y maestros que participan en las movilizaciones de rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE); por la otra, ha creado en el interior del organismo sindical una corrupta red de dominación mediante el reparto de prebendas, cargos y regalos diversos, como los vehículos de lujo distribuidos el fin de semana en Hermosillo entre los dirigentes seccionales.
Ante el exasperante panorama de descomposición, patrimonialismo y clientelismo con el que opera el grupo controlador del SNTE, resulta paradójica la campaña de opinión orquestada contra los profesores que se oponen a la ACE y el empeño por presentarlos como corruptos y obsesionados por mantener prácticas ciertamente indebidas, como la venta de plazas. Tras esa campaña hay el claro propósito de ocultar que el pacto firmado por la dirigencia gordillista y la presidencia calderonista, lejos de impulsar la calidad educativa y la transparencia en la relación entre la Secretaría de Educación Pública y el SNTE, constituye una manera de retribuir al liderazgo charro, con impunidad, control, dinero y cargos públicos, los favores electorales recibidos por Acción Nacional en los comicios de 2006. Por ello, lejos de combatir la corrupción imperante en el sector educativo, la ACE tiende a potenciarla, y a perpetuar al grupo de Gordillo Morales en la dirección del sindicato.
Es en el contexto del acuerdo entre el Ejecutivo federal a cargo de Felipe Calderón y la dirigencia ex priísta del SNTE que tuvo lugar la entrega de camionetas Hummer a los operadores de la lideresa, la cual, sobra decirlo, no pagó los vehículos con fondos personales: la cuenta corrió a cargo de los dineros que el gobierno transfiere a la cúpula sindical –que no al conjunto de los maestros–, es decir, del erario.
Es posible que ese dispendio no haya significado, en estricto sentido, una infracción de la legalidad. Pero la frivolidad con el que el liderazgo gordillista dispone de recursos que provienen de las arcas públicas, y para colmo en momentos en que el grueso de la población sufre el agravamiento de su pobreza a consecuencia de la crisis económica, constituye un abuso flagrante y una completa carencia de decoro y de pudor. Tales señalamientos corresponden también a la autoridad federal y exhiben, de manera inequívoca, la verdadera condición moral del grupo en el poder.
Por si hiciera falta recordarlas, la propia cúpula del SNTE dio, la semana pasada, muestras fehacientes: por una parte ha sido partícipe, mediante su alianza con autoridades federales y estatales, de una represión injustificable y bárbara de la disidencia magisterial, represión de la que dieron cuenta organizaciones de derechos humanos que reportaron la comisión, en varias localidades de Morelos, de torturas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra pobladores y maestros que participan en las movilizaciones de rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE); por la otra, ha creado en el interior del organismo sindical una corrupta red de dominación mediante el reparto de prebendas, cargos y regalos diversos, como los vehículos de lujo distribuidos el fin de semana en Hermosillo entre los dirigentes seccionales.
Ante el exasperante panorama de descomposición, patrimonialismo y clientelismo con el que opera el grupo controlador del SNTE, resulta paradójica la campaña de opinión orquestada contra los profesores que se oponen a la ACE y el empeño por presentarlos como corruptos y obsesionados por mantener prácticas ciertamente indebidas, como la venta de plazas. Tras esa campaña hay el claro propósito de ocultar que el pacto firmado por la dirigencia gordillista y la presidencia calderonista, lejos de impulsar la calidad educativa y la transparencia en la relación entre la Secretaría de Educación Pública y el SNTE, constituye una manera de retribuir al liderazgo charro, con impunidad, control, dinero y cargos públicos, los favores electorales recibidos por Acción Nacional en los comicios de 2006. Por ello, lejos de combatir la corrupción imperante en el sector educativo, la ACE tiende a potenciarla, y a perpetuar al grupo de Gordillo Morales en la dirección del sindicato.
Es en el contexto del acuerdo entre el Ejecutivo federal a cargo de Felipe Calderón y la dirigencia ex priísta del SNTE que tuvo lugar la entrega de camionetas Hummer a los operadores de la lideresa, la cual, sobra decirlo, no pagó los vehículos con fondos personales: la cuenta corrió a cargo de los dineros que el gobierno transfiere a la cúpula sindical –que no al conjunto de los maestros–, es decir, del erario.
Es posible que ese dispendio no haya significado, en estricto sentido, una infracción de la legalidad. Pero la frivolidad con el que el liderazgo gordillista dispone de recursos que provienen de las arcas públicas, y para colmo en momentos en que el grueso de la población sufre el agravamiento de su pobreza a consecuencia de la crisis económica, constituye un abuso flagrante y una completa carencia de decoro y de pudor. Tales señalamientos corresponden también a la autoridad federal y exhiben, de manera inequívoca, la verdadera condición moral del grupo en el poder.
Kikka Roja
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