Miguel Colorado González, “El Viejito de los Cielos” (450 mil dólares mensuales) SIEDO estaba infiltrada desde hace 11 años

SIEDO estaba infiltrada desde hace 11 años

Miguel Colorado González, “El Viejito del Cielo”, quien hasta hace unos días era el coordinador técnico de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ha trabajado para el narcotráfico desde 1997, afirma el Gobierno de Estados Unidos.

Por: El Universal
28-Octubre-2008
Los hermanos Beltrán Leyva lo tuvieron comprado por 11 años.

De acuerdo con la nota diplomática número 3149 entregada por el Gobierno de Washington al de México el pasado jueves 23, “Colorado González siendo funcionario de la SIEDO estuvo vinculado al cártel de Sinaloa desde 1997 hasta el 13 de agosto de 2008” entregando información secreta sobre “operaciones policíacas y militares” contra la organización. Estados Unidos inició el pasado jueves un proceso en contra del ex funcionario mexicano al que acusa del delito de “asociación delictuosa para producir y distribuir cocaína”. Ante tales acusaciones, solicitó de inmediato al Gobierno mexicano la detención de Colorado con fines de extradición, petición que formalizará en los próximos 60 días. Un juez federal mexicano libró el viernes una orden de detención con fin de extradición en contra de Colorado, quien ya se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, luego de que la Procuraduría General de la República lo acusó de filtrar “información confidencial a diversas organizaciones criminales.

Pago de 450 mil dólares

El cártel de los Beltrán Leyva no tuvo que caminar mucho. A sólo unas calles de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), sobre la misma avenida Reforma, realizó la entrega de una maleta con 450 mil dólares para el hoy ex director de inteligencia de esa dependencia antimafia, Fernando Rivera Hernández. De acuerdo con testimonios contenidos en la investigación anticorrupción que realiza la Procuraduría General de la República, denominada “Operación Limpieza”, un agente federal, bajo el mando de Fernando Rivera, recibió de manos de un enviado de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva una maleta marca Samsonite que contenía casi medio millón de dólares.
Editorial

Ilegalidad y corrupción

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer ayer la detención de Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de inteligencia en la coordinación técnica de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y de Miguel Colorado González, coordinador técnico de la misma dependencia. Los funcionarios, según la Procuraduría General de la República (PGR), recibieron sobornos hasta de 450 mil dólares mensuales del cártel de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de informes operativos, allanamientos, órdenes de aprehensión y demás datos clasificados. Al mismo tiempo, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, informó sobre la separación de su cargo de 35 agentes del Ministerio Público involucrados en esas pesquisas, y anunció que la subsecretaría será sometida a un “proceso de limpieza y revisión de personal y procedimiento, (que) continuará y se hará de manera permanente”.

Desde el comienzo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” del gobierno federal, hace casi dos años, no obstante la proliferación de anuncios sobre “golpes demoledores” a la estructura de los cárteles de la droga, no ha podido percibirse una reducción en el margen de maniobra y en el poderío de las organizaciones delictivas. Ello se debe, en parte, a la persistencia de redes de complicidades entre éstas y las instancias del poder público, desde donde se brinda protección e información a los delincuentes. En ese sentido, si bien es necesario poner al descubierto la podredumbre de las dependencias encargadas de la seguridad pública en el país, es de suponer que se requiere ir más allá para emprender medidas de fondo con el fin de frenar esa descomposición.

Ello cobra especial relevancia en un momento en que se analiza, a iniciativa del Ejecutivo federal, la posibilidad de crear una nueva corporación policiaca de carácter nacional, que operaría bajo un mando único y dependería de la Secretaría de Seguridad Pública federal. En la circunstancia presente nada garantiza que ésta o cualquier otra instancia de la fuerza pública –incluido el Ejército– se encuentre blindada contra la corrupción. Para ello sería necesario que el gobierno emprendiera un combate frontal y efectivo a ese flagelo en todos los niveles de la administración pública, habida cuenta de que las corporaciones criminales no sólo mantienen complicidades en el ámbito policial, sino también en el aduanal, fiscal, judicial y otros, y la red de corrupción e infiltración de corporaciones públicas no se limita al narcotráfico, sino incluye a otros protagonistas delictivos, como secuestradores, empresarios evasores, contrabandistas, traficantes de influencias o contratistas que ofrecen –o a los que se exigen– comisiones ilegales.

En nuestro país, por desgracia, prevalece en la ciudadanía el sentir de que las autoridades son las primeras en violar la legalidad o en emplearla de manera facciosa, según sus intereses. En ese contexto se inscriben, entre otros muchos hechos, las vejaciones cometidas, en el contexto de un supuesto operativo contra la delincuencia organizada, por una veintena de agentes de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, de lo que se dio cuenta el pasado domingo en este diario. A fuerza de repetirse, estos episodios, que debieran ser motivo de escándalo y conducir a la investigación, la captura y el castigo de los responsables, tienden a permanecer impunes y, lo que es peor, a ser vistos por la sociedad como hechos cotidianos y hasta “normales”; otro tanto ocurre con los conocidos vínculos entre funcionarios públicos y las organizaciones criminales.

En suma, para un combate efectivo de la ilegalidad en el país es necesaria la voluntad política de las autoridades para erradicar la corrupción de todos los aparatos gubernamentales –federal, estatales y municipales–, pues la vigencia del estado de derecho requiere, en primer lugar, que quienes detentan el poder público cumplan cabalmente las leyes e incentiven de esa forma la cultura de la legalidad entre los ciudadanos.

• Altos funcionarios recibían entre 150 mil y 450 mil dólares a cambio de información
• Medina Mora, obligado a admitir que la SIEDO fue infiltrada por Beltrán Leyva
• Al descubierto la corrupción en la subprocuraduría, anuncia el inicio de la Operación Limpieza
• Descarta que Santiago Vasconcelos y Ramírez Mandujano tengan relación con las anomalías

Alfredo Méndez

Ampliar la imagen El procurador Eduardo Medina Mora con la titular de la SIEDO, Marisela Morales El procurador Eduardo Medina Mora con la titular de la SIEDO, Marisela Morales Foto: Marco Peláez

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó ayer que el crimen organizado cooptó desde 2004 a altos mandos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que vendían información clasificada a narcotraficantes a cambio de pagos mensuales de entre 150 mil y 450 mil dólares. El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, sostuvo que ante estos hechos delictivos, que demuestran la vulneración de los controles de custodia de información clasificada, se puso en marcha una estrategia denominada Operación Limpieza, con el propósito de que se realice una restructura general en esa subprocuraduría, la cual incluirá la aplicación de nuevos mecanismos de control y mejores salarios para su personal ministerial.

Hasta la fecha, dijo, han sido separados de su cargo 35 agentes del Ministerio Público Federal debido a que no pasaron los exámenes de control de confianza aplicados de manera reciente a todos los funcionarios de la SIEDO. Durante una conferencia de prensa matutina, obligada por la publicación de información periodística que documentó los vínculos entre importantes capos de la droga y altos funcionarios de la SIEDO, Medina Mora expresó: “Hoy damos a conocer el relajamiento de procedimientos para regular y controlar la custodia de información de averiguaciones previas y causas penales en la SIEDO, que se traducen en responsabilidades de orden penal.” Además, sostuvo: “Vamos a limpiar a la PGR y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones”.

Precisó que “para fortalecer a fondo la operación y excelencia jurídica que debe imperar en la SIEDO, solicité al Presidente de la República su autorización para restructurar esta subprocuraduría”. La Jornada publicó en su edición de ayer que una indagatoria de la PGR abierta a partir de la denuncia que un ex directivo de Interpol-México hizo en julio pasado en la embajada mexicana en Estados Unidos puso al descubierto que altos funcionarios de la PGR vendieron información al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y a otras organizaciones criminales. El procurador precisó que el funcionario de mayor jerarquía entre los implicados en esta red de corrupción es Miguel Ángel Colorado, ex coordinador general técnico de la SIEDO. Documentos de la averiguación previa SIEDO/UETMIO/6668 –cuya copia este diario– revelan que Colorado daba cuentas sobre el resultado de las investigaciones antinarcóticos, primero a José Luis Santiago Vasconcelos, y después a Noé Ramírez Mandujano, ambos ex titulares de la SIEDO. En este caso también está implicado el capitán Fernando Rivera Hernández, ex director general de Inteligencia de la SIEDO, quien fungía como enlace entre la fiscalía antinarcóticos e inteligencia militar. Otros mandos involucrados son los tenientes Roberto García y Milton Cilia, dos ex militares que pertenecieron al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército y que fungen como testigos colaboradores de la PGR.

También están vinculados en este caso los agentes federales Antonio Mejía, Jorge Zavala Segovia, Luis Manuel Aguilar Flores y Francisco Jiménez Sánchez, El Pinocho, quienes entregaban información a los operadores de los capos de la droga. El último de estos agentes policiacos aún permanece prófugo, los otros ya están en prisión. “La información entregada era sobre anticipo de operativos, cateos, investigaciones, órdenes de aprehensión y, también, elementos informativos recogidos en las averiguaciones previas en contra de estas organizaciones”, precisó Medina Mora durante la conferencia. Finalmente, el procurador deslindó a Santiago Vasconcelos y a Ramírez Mandujano de cualquier vínculo con esta red de funcionarios que vendieron información a narcotraficantes. “Con respecto a cualquier otro servidor público, actual o anterior que, en su caso, existan indicios de su participación en conductas ilícitas, desde luego que se le citará a declarar. No hay, en este momento, indicios que permitan indicar una responsabilidad con respecto de otras personas, salvo las que han sido ya consignadas ante el juzgado federal”, puntualizó.

Kikka Roja