editorial de la Jornada
Durante una ceremonia de basificación de maestros celebrada ayer en esta capital, golpeadores al servicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) agredieron a disidentes de la sección 9 de ese gremio, quienes demandan el reconocimiento de su comité ejecutivo, paralelo al oficial, y la realización de un “nuevo congreso seccional” para renovar la dirigencia.
A fin de poner este hecho en contexto, deben recordarse las anomalías que imperaron antes y durante la realización, en julio pasado, del 23 congreso extraordinario de la sección 9 del SNTE, del cual emanó la actual dirigencia encabezada por María Teresa Pérez Ramírez: a pocos días de que se llevara a cabo, los integrantes del “ala democrática” de la sección sindical desconocían la sede y denunciaban que los seguidores de Elba Esther Gordillo pretendían “evitar una participación democrática y plural” mediante la cooptación de los delegados, el condicionamiento de las prestaciones laborales y diversas acciones de hostigamiento. Las huestes del elbismo se volcaron a la capital del país y fue visible el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y el Partido Nueva Alianza, instrumento político del SNTE. La votación fue realizada a hurtadillas, en un lugar a todas luces inapropiado –una cochera acondicionada como salón de actos– y, en menos de una hora –tiempo que tomó la instalación, la sesión y la clausura del congreso–, se consumó la imposición de la planilla oficialista.
Tales irregularidades, que debieran ser motivo de invalidación del proceso referido, fueron, sin embargo, pasadas por alto por las autoridades correspondientes, quienes otorgaron la toma de nota a la nueva lideresa seccional. De tal forma, el autoritarismo y la cerrazón de la dirigencia sindical, así como la complicidad –por acción o por omisión– de las autoridades educativas y laborales del gobierno federal, han convertido la sección 9 del SNTE, como se manifestó ayer, en un nuevo polvorín.
Por lo demás, la violencia empleada en contra de los disidentes durante la ceremonia referida pone en evidencia, por si hiciera falta, que las prácticas más añejas e impresentables de control y represión sindical se han mantenido intactas en el SNTE desde que Elba Esther Gordillo fue impuesta al frente de la dirigencia gremial, en 1989.
En la circunstancia presente, sin embargo, cuando cunden expresiones de desobediencia sindical en todo el país; cuando ni siquiera el empleo de mapacherías y la compra de voluntades garantizan la supremacía de los grupos patrocinados por el elbismo –como se vio con la derrota que sufrieron en la sección 14 de Guerrero, en junio pasado–, y cuando la dirigencia del SNTE incluso ha fracasado como vehículo para imponer la denominada Alianza por la Calidad en la Educación –así lo demuestra, entre otras cosas, el anuncio de que se aplicará en Oaxaca un plan de mejoramiento educativo alterno–, acciones de represión violenta como las de ayer, más que muestras de poderío y autoridad, pueden interpretarse como signos de desesperación por parte de la ungida “dirigente vitalicia” del magisterio ante la debacle sostenida e incontenible de su liderazgo político.
A fin de poner este hecho en contexto, deben recordarse las anomalías que imperaron antes y durante la realización, en julio pasado, del 23 congreso extraordinario de la sección 9 del SNTE, del cual emanó la actual dirigencia encabezada por María Teresa Pérez Ramírez: a pocos días de que se llevara a cabo, los integrantes del “ala democrática” de la sección sindical desconocían la sede y denunciaban que los seguidores de Elba Esther Gordillo pretendían “evitar una participación democrática y plural” mediante la cooptación de los delegados, el condicionamiento de las prestaciones laborales y diversas acciones de hostigamiento. Las huestes del elbismo se volcaron a la capital del país y fue visible el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y el Partido Nueva Alianza, instrumento político del SNTE. La votación fue realizada a hurtadillas, en un lugar a todas luces inapropiado –una cochera acondicionada como salón de actos– y, en menos de una hora –tiempo que tomó la instalación, la sesión y la clausura del congreso–, se consumó la imposición de la planilla oficialista.
Tales irregularidades, que debieran ser motivo de invalidación del proceso referido, fueron, sin embargo, pasadas por alto por las autoridades correspondientes, quienes otorgaron la toma de nota a la nueva lideresa seccional. De tal forma, el autoritarismo y la cerrazón de la dirigencia sindical, así como la complicidad –por acción o por omisión– de las autoridades educativas y laborales del gobierno federal, han convertido la sección 9 del SNTE, como se manifestó ayer, en un nuevo polvorín.
Por lo demás, la violencia empleada en contra de los disidentes durante la ceremonia referida pone en evidencia, por si hiciera falta, que las prácticas más añejas e impresentables de control y represión sindical se han mantenido intactas en el SNTE desde que Elba Esther Gordillo fue impuesta al frente de la dirigencia gremial, en 1989.
En la circunstancia presente, sin embargo, cuando cunden expresiones de desobediencia sindical en todo el país; cuando ni siquiera el empleo de mapacherías y la compra de voluntades garantizan la supremacía de los grupos patrocinados por el elbismo –como se vio con la derrota que sufrieron en la sección 14 de Guerrero, en junio pasado–, y cuando la dirigencia del SNTE incluso ha fracasado como vehículo para imponer la denominada Alianza por la Calidad en la Educación –así lo demuestra, entre otras cosas, el anuncio de que se aplicará en Oaxaca un plan de mejoramiento educativo alterno–, acciones de represión violenta como las de ayer, más que muestras de poderío y autoridad, pueden interpretarse como signos de desesperación por parte de la ungida “dirigente vitalicia” del magisterio ante la debacle sostenida e incontenible de su liderazgo político.
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