Cuevas violó derechos de seis ex empleados de la Miguel Hidalgo
Sin exhibir pruebas los acusó de incurrir en actos de corrupción y de manera ilegal les aplicó un examen poligráfico
La prueba atacó su vida privada, su dignidad y su honra, concluye
Agustín Salgado
ORA!! QUÉ LE PASÓ A LA VIEJA DERECHOSAAA!!?? PARECE HORMIGA!!
Ampliar la imagen La jefa delegacional, Gabriela Cuevas, violó las garantías individuales de seis ex trabajadores de la Miguel Hidalgo, tras acusarlos de corrupción y aplicarles el detector de mentiras Foto: Víctor Camacho
La jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, violó los derechos a la seguridad jurídica, a la honra y a la dignidad de seis ex trabajadores de la demarcación, ya que les aplicó sin sustento una examen poligráfico y aseguró, sin elementos de prueba suficientes, que habían incurrido en actos de corrupción.
De esta manera concluye la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la recomendación 22/2008, referente a un caso que se dio a conocer hace dos años, es decir, tres meses después de que la panista asumió la jefatura delegacional, y durante el cual fueron señalados como corruptos los ex servidores públicos Tania Pérez Navarro, Claudia Oseguera Balbuena, Adriana García Calderón, Karla Román Ramírez, Mario Selvas Carrola y otra persona más que solicitó a la CDHDF que su nombre permaneciera en el anonimato.
Después de realizar las indagatorias correspondientes, el organismo presidido por Emilio Álvarez Icaza determinó que la jefa delegacional no respetó las garantías individuales de los peticionarios, por lo cual la exhorta a ofrecerles una disculpa pública y recular en las aseveraciones que realizó en contra de los seis agraviados.
La recomendación 22/2008 también advierte que la aplicación de la prueba poligráfica trae consigo injerencias y ataques a la vida privada, a la intimidad, a la dignidad y a la honra de las personas, pues quienes son sometidos a ella se “les obliga a revelar parte de su vida íntima”.
Esta última consideración derivó en el segundo punto recomendatorio del exhorto referido, el cual señala que se incluya “en los manuales de procedimientos de selección de personal para ingresar a laborar” a la demarcación “una disposición que prohíba expresamente” dicho examen.
El organismo público también aseguró que durante el proceso de investigación que realizó su equipo de visitadores “la autoridad delegacional mostró restricciones y contradicciones en la información” que le fue solicitada, e incluso se aseveró que el director general de Jurídico y Gobierno “inicialmente negó tener conocimiento sobre la aplicación de la prueba poligráfica y posteriormente cambió su versión al afirmar, mediante un oficio, que sí fue aplicada”.
Por último, en el tercer punto recomendatorio se solicita que se dé vista de los hechos al órgano de control interno de la demarcación, “a fin de que se investigue” y se determinen las responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
Por otra parte, la CDHDF también emitió las recomendaciones 23/2008 y 24/2008. La primera dirigida a la jefatura de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Transportes y Vialidad, a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, al DIF y a la Secretaría de Finanzas, todas del Distrito Federal.
La segunda está dirigida a la delegación Tlalpan. Estas dos recomendaciones documentan el incumplimiento por parte de las autoridades de laudos y sentencias emitidos por el Tribunal de la Contencioso Administrativo del Distrito Federal y las juntas de conciliación y arbitraje tanto local como federal.
De esta manera concluye la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la recomendación 22/2008, referente a un caso que se dio a conocer hace dos años, es decir, tres meses después de que la panista asumió la jefatura delegacional, y durante el cual fueron señalados como corruptos los ex servidores públicos Tania Pérez Navarro, Claudia Oseguera Balbuena, Adriana García Calderón, Karla Román Ramírez, Mario Selvas Carrola y otra persona más que solicitó a la CDHDF que su nombre permaneciera en el anonimato.
Después de realizar las indagatorias correspondientes, el organismo presidido por Emilio Álvarez Icaza determinó que la jefa delegacional no respetó las garantías individuales de los peticionarios, por lo cual la exhorta a ofrecerles una disculpa pública y recular en las aseveraciones que realizó en contra de los seis agraviados.
La recomendación 22/2008 también advierte que la aplicación de la prueba poligráfica trae consigo injerencias y ataques a la vida privada, a la intimidad, a la dignidad y a la honra de las personas, pues quienes son sometidos a ella se “les obliga a revelar parte de su vida íntima”.
Esta última consideración derivó en el segundo punto recomendatorio del exhorto referido, el cual señala que se incluya “en los manuales de procedimientos de selección de personal para ingresar a laborar” a la demarcación “una disposición que prohíba expresamente” dicho examen.
El organismo público también aseguró que durante el proceso de investigación que realizó su equipo de visitadores “la autoridad delegacional mostró restricciones y contradicciones en la información” que le fue solicitada, e incluso se aseveró que el director general de Jurídico y Gobierno “inicialmente negó tener conocimiento sobre la aplicación de la prueba poligráfica y posteriormente cambió su versión al afirmar, mediante un oficio, que sí fue aplicada”.
Por último, en el tercer punto recomendatorio se solicita que se dé vista de los hechos al órgano de control interno de la demarcación, “a fin de que se investigue” y se determinen las responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
Por otra parte, la CDHDF también emitió las recomendaciones 23/2008 y 24/2008. La primera dirigida a la jefatura de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Transportes y Vialidad, a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, al DIF y a la Secretaría de Finanzas, todas del Distrito Federal.
La segunda está dirigida a la delegación Tlalpan. Estas dos recomendaciones documentan el incumplimiento por parte de las autoridades de laudos y sentencias emitidos por el Tribunal de la Contencioso Administrativo del Distrito Federal y las juntas de conciliación y arbitraje tanto local como federal.
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