Dos estrellas
Lorenzo Meyer
12 Feb. 09
El asesinato y tortura del general Tello Quiñones significa un salto cualitativo en el enfrentamiento Estado-narcotráfico
Asesinato fuera de serie
El secuestro, tortura y asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones en Cancún, Quintana Roo, así como de sus dos acompañantes, el lunes 2 de febrero, representa un salto cualitativo en el desafío que el crimen organizado ha lanzado a las instituciones del Estado y a la sociedad. La lucha contra los narcotraficantes ya había cobrado en México la vida de tropa, clases, oficiales y jefes, pero hasta donde se sabe, no la de un general. Tello Quiñones, general de brigada -dos estrellas-, es el primero. Y justamente por eso su caso es particularmente inquietante.
El general en retiro no murió como mero jubilado sino como el recién nombrado responsable de dar forma a un cuerpo especial de seguridad del municipio de Benito Juárez -uno de los más ricos del país y de los más expuestos a las actividades del narcotráfico-, conformado por ex militares. Se supone que ese agrupamiento tendría un centenar de efectivos, más profesionales y mejor pagados que la policía local, y que empezaría a operar en pocos meses con el general Tello como su jefe en calidad de secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, cuando el general apenas llevaba una semana en Cancún y empezaba a conocer la plaza, el enemigo decidió adelantarse y acabar con el proyecto eliminando a su más alto responsable. Obviamente, los asesinos actuaron con base en información interna; quizá por eso el jefe de la policía de Cancún ya fue detenido en un operativo encabezado por el Ejército. Desde hace mucho y en materia de crimen organizado, el enemigo ya está dentro.
En sí mismo, el secuestro y el asesinato del general Tello significa un desafío mayúsculo a la autoridad estatal y federal en su conjunto pero particularmente al Ejército, pues el general tenía el apoyo del secretario de la Defensa para la tarea que se proponía realizar (Proceso, 8 de febrero). Pese a lo anterior, o quizá justamente por ello, el crimen organizado decidió mostrar al máximo su grado de desafío al añadir a la eliminación de tan alto mando una saña exagerada. La tortura feroz a la que fue sometido al general está condensada en los reportes de prensa: "tenía rotos los brazos y las piernas. Las fracturas estaban expuestas todas" (Reforma, 5 de febrero). Al asesinato de un militar de la más alta graduación (en retiro, a Tello le correspondía el grado de divisionario) se le añade el mensaje implícito: ya no hay institución a la que tema y respete el narcotráfico.
Hasta donde se recuerda, la última ocasión en que altos mandos del Ejército Mexicano fueron capturados por sus enemigos y torturados hasta la muerte tuvo lugar en los lejanos 1920, durante los años de la llamada "Guerra Cristera". En aquel desafortunado tiempo, la brutalidad fue mutua, pero con el paso de los años la situación se volvió unilateral, como ocurrió en la lucha antiguerrillera de los 1960 y durante los años de la "Guerra Sucia", cuando la tortura corrió básicamente a cargo de las autoridades, incluidas las militares. El propio general Tello, cuando fue comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, estuvo implicado en los sucesos del 8 de septiembre de 1997 en la colonia Buenos Aires, en la Ciudad de México, y que desembocaron en el asesinato de seis detenidos como presuntos delincuentes.
Sin embargo, e independientemente de la responsabilidad del general Tello en ese caso y de las responsabilidades de otros militares en violaciones notorias de los derechos humanos -un tema grave, con mucha historia y que sigue vivo-, lo ocurrido en Cancún permite -obliga- abordar los hechos desde otra perspectiva; una que considere sus implicaciones sobre ese tema político que hoy está entre los que encabezan la agenda mexicana lo mismo dentro que fuera de nuestras fronteras: la capacidad del Estado mexicano para recuperar el gran espacio que ha perdido frente a la extensión, fuerza y arrogancia del crimen organizado. Si el narcotráfico ya no le teme al Ejército al punto que no le importa torturar y asesinar a un general, ¿quién y cómo va a reintroducir el perdido sentido de orden y seguridad que México necesita para seguir funcionando como una sociedad viable, con objetivos que vayan más allá de sobrevivir?
El monopolio de la violencia
Hoy, como pocas veces, en México se recuerda la definición de Estado propuesta en 1915 por Max Weber al abordar el tema de la distribución del poder. Ahí el sociólogo alemán tomó uno de los atributos para definir al todo: "El Estado es una asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de otra manera" (H. H. Gerth y C. Wright Mills, eds. From Max Weber, Londres, 1948).
Desde esta perspectiva -excesivamente formal, pero útil-, la única violencia organizada que puede reclamar legitimidad social es, por definición, la del Estado si la ejerce dentro de los cauces legales que se ha dado a sí mismo. Sin embargo, en la práctica esa "legitimidad por definición" pierde sentido cuando coexiste con organizaciones armadas no estatales que en la práctica actúan como un "Estado en las sombras", y que ejercen una violencia extrema, cotidiana y masiva, como es hoy el caso en México: el año pasado hubo más de 5 mil asesinatos atribuidos al narcotráfico y en lo que va de este año ya se han producido más de 700. Cualquier monopolio, incluido el de la violencia, por legítimo que se diga, cuando se ve obligado a convivir con una competencia que en la práctica lo desborda, ya perdió su razón de ser. Y en este caso se trata nada menos que la razón de ser del Estado.
Weber, con un realismo que raya en lo brutal, señaló que la esencia de ese Estado que tiene a su disposición el aparato de la violencia legítima, tiene "como finalidad absoluta salvaguardar (o cambiar) la distribución interna y externa de poder". Pues bien, en el aquí y ahora, el Estado mexicano está mostrando cotidianamente que es incapaz de impedir que el crimen organizado siga avanzando en su proyecto de cambiar la distribución de poder a su favor y en contra de los intereses de la sociedad.
La razón de Estado
Desde la perspectiva adoptada por Weber, la "razón de Estado" es esencialmente pragmática. En la realidad de la política, los "fines trascendentes" no son substituto de la eficacia. En nuestro caso, no tiene mucho sentido, por ejemplo, conmemorar la Constitución ni estar preparando los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia o del centenario de la Revolución Mexicana y su esfuerzo por construir una patria justa si, mientras tanto, en Rosarito, Baja California, un pequeño empresario que invirtió todos sus ahorros en un establecimiento de comida rápida tuvo que cerrar su negocio tras apenas una semana de actividades, y no por causas económicas o por la mano invisible del mercado, sino porque alguien se presentó en su local y le exigió, so pena de violencia extrema, un pago mensual para permitirle operar. En este caso y en muchos ejemplos análogos más, el ciudadano quedó atrapado entre el Estado formal pero impotente y el "Estado en las sombras", efectivo y prepotente.
El Ejército
Volvamos a Quintana Roo. Independientemente de la responsabilidad del general Tello por lo ocurrido hace 12 años en la colonia Buenos Aires, desde un punto de vista moral es inaceptable lo ocurrido en Cancún, pero también resulta inaceptable desde la perspectiva política e incluso de la dura "razón de Estado".
A estas alturas ya pasó el tiempo en que tenía sentido teórico e incluso práctico discutir si era apropiado o no encomendar al Ejército y la Armada tareas de policía. El general Ramón Mota Sánchez ha pedido que se acelere la creación de una policía confiable para que el Ejército retorne a sus cuarteles (Reforma, 5 de febrero). Es una demanda razonable pero irreal en el corto plazo, ya que en la práctica las policías que existen son inútiles.
En estas condiciones, la responsabilidad política de las Fuerzas Armadas es hoy tan grande como intransferible. Deben responder con efectividad al reto que implican hechos como el asesinato del general Tello Quiñones para impedir que avance el "Estado en las sombras" pero debe hacerlo dentro de la legalidad, sin repetir los errores del pasado.
La solución eficiente al reto que presenta el crimen organizado nunca ha estado en manos de la policía o el Ejército sino de la política social. Sin embargo, cuando el resultado de la corrupción e irresponsabilidad sistemáticas de las clases dirigentes lleva a una crisis de seguridad como la que hoy experimenta México, sólo la acción efectiva de las Fuerzas Armadas podría ganar el tiempo y el espacio necesarios para intentar la solución de fondo.
El general en retiro no murió como mero jubilado sino como el recién nombrado responsable de dar forma a un cuerpo especial de seguridad del municipio de Benito Juárez -uno de los más ricos del país y de los más expuestos a las actividades del narcotráfico-, conformado por ex militares. Se supone que ese agrupamiento tendría un centenar de efectivos, más profesionales y mejor pagados que la policía local, y que empezaría a operar en pocos meses con el general Tello como su jefe en calidad de secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, cuando el general apenas llevaba una semana en Cancún y empezaba a conocer la plaza, el enemigo decidió adelantarse y acabar con el proyecto eliminando a su más alto responsable. Obviamente, los asesinos actuaron con base en información interna; quizá por eso el jefe de la policía de Cancún ya fue detenido en un operativo encabezado por el Ejército. Desde hace mucho y en materia de crimen organizado, el enemigo ya está dentro.
En sí mismo, el secuestro y el asesinato del general Tello significa un desafío mayúsculo a la autoridad estatal y federal en su conjunto pero particularmente al Ejército, pues el general tenía el apoyo del secretario de la Defensa para la tarea que se proponía realizar (Proceso, 8 de febrero). Pese a lo anterior, o quizá justamente por ello, el crimen organizado decidió mostrar al máximo su grado de desafío al añadir a la eliminación de tan alto mando una saña exagerada. La tortura feroz a la que fue sometido al general está condensada en los reportes de prensa: "tenía rotos los brazos y las piernas. Las fracturas estaban expuestas todas" (Reforma, 5 de febrero). Al asesinato de un militar de la más alta graduación (en retiro, a Tello le correspondía el grado de divisionario) se le añade el mensaje implícito: ya no hay institución a la que tema y respete el narcotráfico.
Hasta donde se recuerda, la última ocasión en que altos mandos del Ejército Mexicano fueron capturados por sus enemigos y torturados hasta la muerte tuvo lugar en los lejanos 1920, durante los años de la llamada "Guerra Cristera". En aquel desafortunado tiempo, la brutalidad fue mutua, pero con el paso de los años la situación se volvió unilateral, como ocurrió en la lucha antiguerrillera de los 1960 y durante los años de la "Guerra Sucia", cuando la tortura corrió básicamente a cargo de las autoridades, incluidas las militares. El propio general Tello, cuando fue comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, estuvo implicado en los sucesos del 8 de septiembre de 1997 en la colonia Buenos Aires, en la Ciudad de México, y que desembocaron en el asesinato de seis detenidos como presuntos delincuentes.
Sin embargo, e independientemente de la responsabilidad del general Tello en ese caso y de las responsabilidades de otros militares en violaciones notorias de los derechos humanos -un tema grave, con mucha historia y que sigue vivo-, lo ocurrido en Cancún permite -obliga- abordar los hechos desde otra perspectiva; una que considere sus implicaciones sobre ese tema político que hoy está entre los que encabezan la agenda mexicana lo mismo dentro que fuera de nuestras fronteras: la capacidad del Estado mexicano para recuperar el gran espacio que ha perdido frente a la extensión, fuerza y arrogancia del crimen organizado. Si el narcotráfico ya no le teme al Ejército al punto que no le importa torturar y asesinar a un general, ¿quién y cómo va a reintroducir el perdido sentido de orden y seguridad que México necesita para seguir funcionando como una sociedad viable, con objetivos que vayan más allá de sobrevivir?
El monopolio de la violencia
Hoy, como pocas veces, en México se recuerda la definición de Estado propuesta en 1915 por Max Weber al abordar el tema de la distribución del poder. Ahí el sociólogo alemán tomó uno de los atributos para definir al todo: "El Estado es una asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de otra manera" (H. H. Gerth y C. Wright Mills, eds. From Max Weber, Londres, 1948).
Desde esta perspectiva -excesivamente formal, pero útil-, la única violencia organizada que puede reclamar legitimidad social es, por definición, la del Estado si la ejerce dentro de los cauces legales que se ha dado a sí mismo. Sin embargo, en la práctica esa "legitimidad por definición" pierde sentido cuando coexiste con organizaciones armadas no estatales que en la práctica actúan como un "Estado en las sombras", y que ejercen una violencia extrema, cotidiana y masiva, como es hoy el caso en México: el año pasado hubo más de 5 mil asesinatos atribuidos al narcotráfico y en lo que va de este año ya se han producido más de 700. Cualquier monopolio, incluido el de la violencia, por legítimo que se diga, cuando se ve obligado a convivir con una competencia que en la práctica lo desborda, ya perdió su razón de ser. Y en este caso se trata nada menos que la razón de ser del Estado.
Weber, con un realismo que raya en lo brutal, señaló que la esencia de ese Estado que tiene a su disposición el aparato de la violencia legítima, tiene "como finalidad absoluta salvaguardar (o cambiar) la distribución interna y externa de poder". Pues bien, en el aquí y ahora, el Estado mexicano está mostrando cotidianamente que es incapaz de impedir que el crimen organizado siga avanzando en su proyecto de cambiar la distribución de poder a su favor y en contra de los intereses de la sociedad.
La razón de Estado
Desde la perspectiva adoptada por Weber, la "razón de Estado" es esencialmente pragmática. En la realidad de la política, los "fines trascendentes" no son substituto de la eficacia. En nuestro caso, no tiene mucho sentido, por ejemplo, conmemorar la Constitución ni estar preparando los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia o del centenario de la Revolución Mexicana y su esfuerzo por construir una patria justa si, mientras tanto, en Rosarito, Baja California, un pequeño empresario que invirtió todos sus ahorros en un establecimiento de comida rápida tuvo que cerrar su negocio tras apenas una semana de actividades, y no por causas económicas o por la mano invisible del mercado, sino porque alguien se presentó en su local y le exigió, so pena de violencia extrema, un pago mensual para permitirle operar. En este caso y en muchos ejemplos análogos más, el ciudadano quedó atrapado entre el Estado formal pero impotente y el "Estado en las sombras", efectivo y prepotente.
El Ejército
Volvamos a Quintana Roo. Independientemente de la responsabilidad del general Tello por lo ocurrido hace 12 años en la colonia Buenos Aires, desde un punto de vista moral es inaceptable lo ocurrido en Cancún, pero también resulta inaceptable desde la perspectiva política e incluso de la dura "razón de Estado".
A estas alturas ya pasó el tiempo en que tenía sentido teórico e incluso práctico discutir si era apropiado o no encomendar al Ejército y la Armada tareas de policía. El general Ramón Mota Sánchez ha pedido que se acelere la creación de una policía confiable para que el Ejército retorne a sus cuarteles (Reforma, 5 de febrero). Es una demanda razonable pero irreal en el corto plazo, ya que en la práctica las policías que existen son inútiles.
En estas condiciones, la responsabilidad política de las Fuerzas Armadas es hoy tan grande como intransferible. Deben responder con efectividad al reto que implican hechos como el asesinato del general Tello Quiñones para impedir que avance el "Estado en las sombras" pero debe hacerlo dentro de la legalidad, sin repetir los errores del pasado.
La solución eficiente al reto que presenta el crimen organizado nunca ha estado en manos de la policía o el Ejército sino de la política social. Sin embargo, cuando el resultado de la corrupción e irresponsabilidad sistemáticas de las clases dirigentes lleva a una crisis de seguridad como la que hoy experimenta México, sólo la acción efectiva de las Fuerzas Armadas podría ganar el tiempo y el espacio necesarios para intentar la solución de fondo.
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