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SARA LOVERA
MEXICO, D.F., 21 de mayo (apro).- De acuerdo con la Constitución del estado de Guanajuato, se ha conformado un crimen de Estado contra las mujeres.
En contravención al derecho humano de interrumpir legalmente un embarazo (ILE) como producto de una violación, médicos, autoridades y los servicios de salud de Guanajuato han enviado a la cárcel a 130 mujeres. El Congreso local pretende promulgar una modificación constitucional local, que propone penalizar al aborto en cualquier circunstancia, aunque falta la ratificación de 46 municipios.
Es decir, en Guanajuato, desde 2000, la extrema derecha, entronizada en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobernante Partido Acción Nacional, (PAN) han pretendido echar abajo el origen laico y liberal del Estado mexicano.
Es verdad que en la mayor parte del país el aborto es un delito, con excepciones documentadas, razonadas y vigentes desde 1929, inscritas en los códigos penales, también de todo el país. Esas excepciones se ampliaron en muchas entidades y se decretó el aborto legal hasta las primeras 12 semanas de la concepción en el Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal.
En 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la medida en la capital del país, que protege los derechos de las mujeres y la libertad para definir el número y espaciamiento de sus hijos, según el artículo 4 constitucional.
Es verdad que la interrupción del embarazo la ejercen con su libertad de conciencia miles de mujeres desde tiempos inmemoriales en México y en el mundo. Se trata, en el caso de México, además de un problema de salud pública, porque el aborto clandestino cobra cada año al menos mil 500 vidas de mujeres productivas.
Sabemos, hace mucho tiempo, que el aborto clandestino es el recurso de las mujeres más pobres. Por eso es un problema de salud pública. Habemos quienes defendemos claramente el derecho humano de las mujeres a realizarse un aborto en condiciones higiénicas y seguras, por el sólo hecho de su voluntad. Ésta una responsabilidad del Estado.
Es en Guanajuato donde se ha extremado la criminalización de las mujeres, con cárcel y malos tratos. Como no imaginé en mi vida terrenal, lo que expresa es una de las más importantes disputas culturales del mundo occidental. La tentación de los poderes legales y fácticos para controlar el cuerpo de las mujeres o reconocer su libertad.
En Guanajuato, en estos días, junto con otras 11 entidades del país, ha saltado a la discusión pública esa tentación del poder que tiene militarizado al país, donde reina la impunidad y la injusticia; ese sello inhumano propio de caciques regionales y dictaduras; rasgos de la conciencia fascista y depredadora, que en las mujeres, botín de guerra o botín electoral, encuentran la manera de controlar a la población, siendo ellas, las madres y, cómo se ha querido asegurar, las que mantienen la supervivencia de la familia tradicional.
No es casual que en Guanajuato sucedan estas cosas. Fue ahí donde nació la derecha más extrema de nuestra historia; fue ahí donde se dio la lucha Cristera al final de los años veinte; el lugar donde nació y se desarrolló la Unión Nacional Sinarquista, y el sitio del nacimiento y desarrollo del Yunque, grupo neofascista que ha escalado poder en los últimos años.
Lo que extraña es la complacencia del partido gobernante, de cuño conservador que no reacciona ante este desatino, que ya está afectando a las mujeres, atropelladas y oprimidas por la violencia que se ejerce contra ellas, por la violación sexual que las aniquila y amenaza; que sufren la ferocidad con que se les niega su derecho legal y humano a interrumpir el embarazo producto de una violación.
La andanada contra el aborto legal en México, ese instaurado en nuestras leyes con excepciones al delito, perfectamente legales, contraviene, por otro lado, los discursos populistas a favor de los derechos de la mitad de la población. Mujeres a las que se llama a votar, campaña en la que se han instalado los poderes fácticos.
Ahí esta el concurso de Televisa y el Instituto Nacional de las Mujeres, con soportes de organizaciones no gubernamentales liberales, para premiar a Mujeres de Valor en momentos electorales. La demagogia con que el Congreso de Guanajuato aprueba una ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, pretendiendo burlar la inteligencia de todas las personas y quita su derecho humano a interrumpir un embarazo producto de la violencia.
Yo tengo preguntas que formular. ¿Cuál es el trasfondo? Los escándalos políticos de estos días desnudaron plenamente a la clase política, la han puesto en la picota con todas sus arbitrariedades y prepotencias, con todo lo que ello significa para la población. Sin duda.
Se ha despejado la verdad. Más de un sector partidario e institucional forma parte del entramado del crimen organizado, que dice el impropio de Felipe Calderón, amenaza nuestra seguridad. ¿Y la de las mujeres? Me pregunto. ¿Quién protege la seguridad de las mujeres, las que abortan, pero también las que pagan con su sangre la militarización y los enfrentamientos en todo el territorio nacional?
Me temo lo peor.
El aborto clandestino deja mucho dinero. Se trata de una industria que está a la sombra de la salud pública. De acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas, esta industria genera alrededor de mil millones de pesos de ganancias anuales en nuestro país. ¿Quién tiene invertidos ahí sus ahorros? ¿Desde cuándo el temor a legalizar el aborto amenaza esas inversiones?
La cifra podría ser mucho más abultada si consideramos que en el país suceden abortos clandestinos, estimados hasta cien mil cada año. Y los costos en clínicas y hospitales, algunas propiedades de cadenas multimillonarias, podríamos estar hablando de muchos intereses entramado en algo horrendo.
La doble moral y el bolsillo de unos cuantos. ¿Qué hay detrás? ¿Sólo una visión conservadora y retrógrada? O se trata, como suele suceder, de intereses inconfesables. Me pregunto si esos que quieren mantener a las mujeres, bajo la bota, aplastadas, son los mismos que juegan en la bolsa.
Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx
kikka-roja.blogspot.com/
En contravención al derecho humano de interrumpir legalmente un embarazo (ILE) como producto de una violación, médicos, autoridades y los servicios de salud de Guanajuato han enviado a la cárcel a 130 mujeres. El Congreso local pretende promulgar una modificación constitucional local, que propone penalizar al aborto en cualquier circunstancia, aunque falta la ratificación de 46 municipios.
Es decir, en Guanajuato, desde 2000, la extrema derecha, entronizada en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobernante Partido Acción Nacional, (PAN) han pretendido echar abajo el origen laico y liberal del Estado mexicano.
Es verdad que en la mayor parte del país el aborto es un delito, con excepciones documentadas, razonadas y vigentes desde 1929, inscritas en los códigos penales, también de todo el país. Esas excepciones se ampliaron en muchas entidades y se decretó el aborto legal hasta las primeras 12 semanas de la concepción en el Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal.
En 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la medida en la capital del país, que protege los derechos de las mujeres y la libertad para definir el número y espaciamiento de sus hijos, según el artículo 4 constitucional.
Es verdad que la interrupción del embarazo la ejercen con su libertad de conciencia miles de mujeres desde tiempos inmemoriales en México y en el mundo. Se trata, en el caso de México, además de un problema de salud pública, porque el aborto clandestino cobra cada año al menos mil 500 vidas de mujeres productivas.
Sabemos, hace mucho tiempo, que el aborto clandestino es el recurso de las mujeres más pobres. Por eso es un problema de salud pública. Habemos quienes defendemos claramente el derecho humano de las mujeres a realizarse un aborto en condiciones higiénicas y seguras, por el sólo hecho de su voluntad. Ésta una responsabilidad del Estado.
Es en Guanajuato donde se ha extremado la criminalización de las mujeres, con cárcel y malos tratos. Como no imaginé en mi vida terrenal, lo que expresa es una de las más importantes disputas culturales del mundo occidental. La tentación de los poderes legales y fácticos para controlar el cuerpo de las mujeres o reconocer su libertad.
En Guanajuato, en estos días, junto con otras 11 entidades del país, ha saltado a la discusión pública esa tentación del poder que tiene militarizado al país, donde reina la impunidad y la injusticia; ese sello inhumano propio de caciques regionales y dictaduras; rasgos de la conciencia fascista y depredadora, que en las mujeres, botín de guerra o botín electoral, encuentran la manera de controlar a la población, siendo ellas, las madres y, cómo se ha querido asegurar, las que mantienen la supervivencia de la familia tradicional.
No es casual que en Guanajuato sucedan estas cosas. Fue ahí donde nació la derecha más extrema de nuestra historia; fue ahí donde se dio la lucha Cristera al final de los años veinte; el lugar donde nació y se desarrolló la Unión Nacional Sinarquista, y el sitio del nacimiento y desarrollo del Yunque, grupo neofascista que ha escalado poder en los últimos años.
Lo que extraña es la complacencia del partido gobernante, de cuño conservador que no reacciona ante este desatino, que ya está afectando a las mujeres, atropelladas y oprimidas por la violencia que se ejerce contra ellas, por la violación sexual que las aniquila y amenaza; que sufren la ferocidad con que se les niega su derecho legal y humano a interrumpir el embarazo producto de una violación.
La andanada contra el aborto legal en México, ese instaurado en nuestras leyes con excepciones al delito, perfectamente legales, contraviene, por otro lado, los discursos populistas a favor de los derechos de la mitad de la población. Mujeres a las que se llama a votar, campaña en la que se han instalado los poderes fácticos.
Ahí esta el concurso de Televisa y el Instituto Nacional de las Mujeres, con soportes de organizaciones no gubernamentales liberales, para premiar a Mujeres de Valor en momentos electorales. La demagogia con que el Congreso de Guanajuato aprueba una ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, pretendiendo burlar la inteligencia de todas las personas y quita su derecho humano a interrumpir un embarazo producto de la violencia.
Yo tengo preguntas que formular. ¿Cuál es el trasfondo? Los escándalos políticos de estos días desnudaron plenamente a la clase política, la han puesto en la picota con todas sus arbitrariedades y prepotencias, con todo lo que ello significa para la población. Sin duda.
Se ha despejado la verdad. Más de un sector partidario e institucional forma parte del entramado del crimen organizado, que dice el impropio de Felipe Calderón, amenaza nuestra seguridad. ¿Y la de las mujeres? Me pregunto. ¿Quién protege la seguridad de las mujeres, las que abortan, pero también las que pagan con su sangre la militarización y los enfrentamientos en todo el territorio nacional?
Me temo lo peor.
El aborto clandestino deja mucho dinero. Se trata de una industria que está a la sombra de la salud pública. De acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas, esta industria genera alrededor de mil millones de pesos de ganancias anuales en nuestro país. ¿Quién tiene invertidos ahí sus ahorros? ¿Desde cuándo el temor a legalizar el aborto amenaza esas inversiones?
La cifra podría ser mucho más abultada si consideramos que en el país suceden abortos clandestinos, estimados hasta cien mil cada año. Y los costos en clínicas y hospitales, algunas propiedades de cadenas multimillonarias, podríamos estar hablando de muchos intereses entramado en algo horrendo.
La doble moral y el bolsillo de unos cuantos. ¿Qué hay detrás? ¿Sólo una visión conservadora y retrógrada? O se trata, como suele suceder, de intereses inconfesables. Me pregunto si esos que quieren mantener a las mujeres, bajo la bota, aplastadas, son los mismos que juegan en la bolsa.
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