Fallido
Lorenzo Meyer
18 Jun. 09
Lo que ha fallado no es sólo el Estado, sino el régimen y el proyecto mismo que da sentido a la comunidad nacional
Indicadores
Es obvio que han estado fallando de manera sistemática muchas cosas en México. De seguir por donde vamos, el resultado es tan predecible como inaceptable: una nueva pérdida de la oportunidad histórica, al estilo de lo ocurrido entre los 1810 y los 1870. Indicadores del mal camino que llevamos sobran.
La guerra contra el crimen organizado es hoy el centro de la agenda del gobierno pero cada vez más el conflicto se parece en su desarrollo al que hace 80 años tuvieron el gobierno y los cristeros: ninguno de los bandos pudo imponerse de manera contundente y al final todo quedó como al inicio sólo que con un montón de horrores y vidas segadas.
A partir de 1994, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte aumentó notablemente las exportaciones mexicanas pero no hizo crecer mucho la economía en su conjunto y finalmente no pudo evitar la desindustrialización del país: hoy México es, en términos relativos, un país menos industrializado de lo que era hace 20 años. Y lo que es peor, en el último cuarto de siglo el crecimiento real del PIB es de los más bajos en América Latina y este año puede caer entre 6 y 8 por ciento. Desde fines de los 1970 el país dejó de reservar para sí su petróleo y volvió a ser proveedor para el exterior de un recurso natural estratégico y no renovable. Pero esa exportación sólo se ha traducido en gasto burocrático, en paliativos de los efectos de la pobreza y, sobre todo, en sustituto de una reforma fiscal auténtica. La renta petrolera no ha dejado inversiones significativas para el bienestar futuro del grueso de los mexicanos. La privatización y subrogación de los servicios del Estado han desembocado en monopolización o disminución de la calidad de esos servicios a la vez que la supuesta lógica del mercado -objetivo teórico del proceso- se ha visto distorsionada por los efectos de la corrupción.
La democracia electoral tiene apenas nueve años de funcionar, consume recursos fiscales excesivos y ya está sumida en una crisis de credibilidad. Existe un sistema de partidos pero sus componentes, hinchados de dinero público, naufragan en un mar de ilegitimidad proveniente de su ineficacia, alto costo y falta de representatividad. La importancia que ha adquirido en las últimas semanas una campaña a favor del voto en blanco, nulo o por candidatos sin registro es la medida de la desilusión ciudadana, en particular de los jóvenes, con los partidos y la clase política. Y la lista de indicadores del mal rumbo que lleva el país se puede alargar.
La guerra contra el crimen organizado es hoy el centro de la agenda del gobierno pero cada vez más el conflicto se parece en su desarrollo al que hace 80 años tuvieron el gobierno y los cristeros: ninguno de los bandos pudo imponerse de manera contundente y al final todo quedó como al inicio sólo que con un montón de horrores y vidas segadas.
A partir de 1994, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte aumentó notablemente las exportaciones mexicanas pero no hizo crecer mucho la economía en su conjunto y finalmente no pudo evitar la desindustrialización del país: hoy México es, en términos relativos, un país menos industrializado de lo que era hace 20 años. Y lo que es peor, en el último cuarto de siglo el crecimiento real del PIB es de los más bajos en América Latina y este año puede caer entre 6 y 8 por ciento. Desde fines de los 1970 el país dejó de reservar para sí su petróleo y volvió a ser proveedor para el exterior de un recurso natural estratégico y no renovable. Pero esa exportación sólo se ha traducido en gasto burocrático, en paliativos de los efectos de la pobreza y, sobre todo, en sustituto de una reforma fiscal auténtica. La renta petrolera no ha dejado inversiones significativas para el bienestar futuro del grueso de los mexicanos. La privatización y subrogación de los servicios del Estado han desembocado en monopolización o disminución de la calidad de esos servicios a la vez que la supuesta lógica del mercado -objetivo teórico del proceso- se ha visto distorsionada por los efectos de la corrupción.
La democracia electoral tiene apenas nueve años de funcionar, consume recursos fiscales excesivos y ya está sumida en una crisis de credibilidad. Existe un sistema de partidos pero sus componentes, hinchados de dinero público, naufragan en un mar de ilegitimidad proveniente de su ineficacia, alto costo y falta de representatividad. La importancia que ha adquirido en las últimas semanas una campaña a favor del voto en blanco, nulo o por candidatos sin registro es la medida de la desilusión ciudadana, en particular de los jóvenes, con los partidos y la clase política. Y la lista de indicadores del mal rumbo que lleva el país se puede alargar.
Nivel
¿En qué plano se encuentra la acumulación de elementos que componen lo fallido del México actual? ¿En el de la clase política, del gobierno, del régimen, del Estado o de plano del proyecto nacional mismo? En realidad, todo apunta a una bancarrota sistémica que, por tanto, abarca todos los niveles mencionados.
El proyecto nacional, es decir el conjunto de grandes ideas motrices que le dan sentido histórico a la comunidad nacional, a la acción cotidiana de ciudadanos, líderes e instituciones, simplemente no existe. Nadie lo ha reformulado de manera efectiva después del rápido fracaso del neoliberalismo salinista que, a su vez, no fue otra cosa que diluir y subordinar el proyecto mexicano al norteamericano. El dejar que, en una sociedad terriblemente desigual, las supuestas fuerzas impersonales del mercado global decidan quién, dónde, cuándo y cómo se distribuyan, se inviertan o se consuman los recursos económicos ha sido el equivalente a abandonar, en beneficio de unos cuantos, la aspiración histórica colectiva de un desarrollo justo y con autonomía.
Sin un proyecto propio y efectivo de largo plazo, el régimen político ha quedado un tanto a la deriva. Por régimen se entiende aquí el conjunto de valores e instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder. Se supone que vivimos en un régimen presidencial y democrático. Sin embargo, un poder caciquil sindical como el de Elba Esther Gordillo y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hace cargo lo mismo de la Secretaría de Educación y de su política educativa, que del ISSSTE o de la Lotería Nacional. Justamente por transferencias de poder como ésta queda claro que son poderes fácticos y no la Presidencia quienes definen al régimen. Igualmente, al declarar Felipe Calderón en 2006 que "haiga sido como haiga sido" él ganó la contienda presidencial, se hace patente que no son ya los valores democráticos los que hacen latir el corazón del régimen. Y qué decir de las instituciones y la democracia si en una elección tan cerrada como la de 2006 el IFE se negó a recontar los votos a pesar de que las inconsistencias en las boletas electorales arrojaron un número mayor que la diferencia oficial de votos recibidos por Calderón y su rival, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que también entra en esta descomposición institucional el Tribunal Electoral, que por un lado reconoció la falta grave en materia de imparcialidad del presidente Vicente Fox en 2006, pero acto seguido se declaró incapaz de encontrar remedio a una falla que reconoció mayúscula.
La situación está igualmente malograda por lo que se refiere al Estado mismo, es decir, al conjunto de instituciones que dentro de un territorio delimitado organizan la dominación, en nombre del interés general, y con el respaldo que les da su control sobre los medios de la violencia. Por un lado, el Ejército -el centro del monopolio estatal de la supuesta "violencia legítima"- se encuentra una y otra vez en lucha abierta con policías locales como resultado del enorme poder de corrupción que ejerce el crimen organizado. Un resultado de ésa y otras contradicciones que impiden al Estado enfrentar con eficacia a los productores de la "renta criminal" es que un líder político del municipio más rico del país y miembro de la elite del poder de Nuevo León -Mauricio Fernández Garza, candidato panista a la alcaldía de San Pedro Garza García- admitió hace poco ante un grupo de sus pares que la clave para mantener la tranquilidad en zonas como la que él pretende gobernar no está en la acción de las instituciones del Estado, sino en llegar a un acuerdo con los grupos criminales que, de tiempo atrás, ya viven en medio de las clases poderosas y también demandan zonas de tranquilidad para sus familias: los narcotraficantes (El Universal con datos de Reporte Índigo, 12 de junio).
En un largo reportaje aparecido en Le Monde diplomatique, México (junio), David González y Jean-François Boyer documentan la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de los periodistas de Tamaulipas, los cuales simplemente no pueden publicar nada que disguste a los dirigentes del cártel del Golfo, al punto que la prensa local ha eliminado de su vocabulario términos como "cártel del Golfo", "Zetas" o "crimen organizado" para no irritar a los aludidos. La ley que impera en ese estado ya no es la del Estado Mexicano ni la del "Estado Libre y Soberano de Tamaulipas", sino aquella impuesta por los narcotraficantes que, entre el 2000 y el 2009 han asesinado entre nueve y 11 comunicadores, dependiendo de la fuente consultada. Como sea, actualmente el crimen organizado es tan organizado en Tamaulipas que ya cuenta con un representante dentro de casi todos los periódicos locales y ese personaje es consultado por el editor al momento de decidir si una noticia se debe o no publicar. En temas de narcotráfico, la censura sobre la prensa tamaulipeca es hoy tan o más efectiva que esa que ejercía Gobernación o los gobernadores en materia política en la época del supuesto "antiguo régimen", el autoritario priista. Como bien lo señalara en Nuevo León Mauricio Fernández, si se quiere vivir en paz en Tamaulipas, el ciudadano no debe obedecer tanto a la autoridad formal sino a esa que cada vez gana más espacios: a "La Compañía", que es como los narcos exigen que se les llame en ese estado.
El proyecto nacional, es decir el conjunto de grandes ideas motrices que le dan sentido histórico a la comunidad nacional, a la acción cotidiana de ciudadanos, líderes e instituciones, simplemente no existe. Nadie lo ha reformulado de manera efectiva después del rápido fracaso del neoliberalismo salinista que, a su vez, no fue otra cosa que diluir y subordinar el proyecto mexicano al norteamericano. El dejar que, en una sociedad terriblemente desigual, las supuestas fuerzas impersonales del mercado global decidan quién, dónde, cuándo y cómo se distribuyan, se inviertan o se consuman los recursos económicos ha sido el equivalente a abandonar, en beneficio de unos cuantos, la aspiración histórica colectiva de un desarrollo justo y con autonomía.
Sin un proyecto propio y efectivo de largo plazo, el régimen político ha quedado un tanto a la deriva. Por régimen se entiende aquí el conjunto de valores e instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder. Se supone que vivimos en un régimen presidencial y democrático. Sin embargo, un poder caciquil sindical como el de Elba Esther Gordillo y su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hace cargo lo mismo de la Secretaría de Educación y de su política educativa, que del ISSSTE o de la Lotería Nacional. Justamente por transferencias de poder como ésta queda claro que son poderes fácticos y no la Presidencia quienes definen al régimen. Igualmente, al declarar Felipe Calderón en 2006 que "haiga sido como haiga sido" él ganó la contienda presidencial, se hace patente que no son ya los valores democráticos los que hacen latir el corazón del régimen. Y qué decir de las instituciones y la democracia si en una elección tan cerrada como la de 2006 el IFE se negó a recontar los votos a pesar de que las inconsistencias en las boletas electorales arrojaron un número mayor que la diferencia oficial de votos recibidos por Calderón y su rival, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que también entra en esta descomposición institucional el Tribunal Electoral, que por un lado reconoció la falta grave en materia de imparcialidad del presidente Vicente Fox en 2006, pero acto seguido se declaró incapaz de encontrar remedio a una falla que reconoció mayúscula.
La situación está igualmente malograda por lo que se refiere al Estado mismo, es decir, al conjunto de instituciones que dentro de un territorio delimitado organizan la dominación, en nombre del interés general, y con el respaldo que les da su control sobre los medios de la violencia. Por un lado, el Ejército -el centro del monopolio estatal de la supuesta "violencia legítima"- se encuentra una y otra vez en lucha abierta con policías locales como resultado del enorme poder de corrupción que ejerce el crimen organizado. Un resultado de ésa y otras contradicciones que impiden al Estado enfrentar con eficacia a los productores de la "renta criminal" es que un líder político del municipio más rico del país y miembro de la elite del poder de Nuevo León -Mauricio Fernández Garza, candidato panista a la alcaldía de San Pedro Garza García- admitió hace poco ante un grupo de sus pares que la clave para mantener la tranquilidad en zonas como la que él pretende gobernar no está en la acción de las instituciones del Estado, sino en llegar a un acuerdo con los grupos criminales que, de tiempo atrás, ya viven en medio de las clases poderosas y también demandan zonas de tranquilidad para sus familias: los narcotraficantes (El Universal con datos de Reporte Índigo, 12 de junio).
En un largo reportaje aparecido en Le Monde diplomatique, México (junio), David González y Jean-François Boyer documentan la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de los periodistas de Tamaulipas, los cuales simplemente no pueden publicar nada que disguste a los dirigentes del cártel del Golfo, al punto que la prensa local ha eliminado de su vocabulario términos como "cártel del Golfo", "Zetas" o "crimen organizado" para no irritar a los aludidos. La ley que impera en ese estado ya no es la del Estado Mexicano ni la del "Estado Libre y Soberano de Tamaulipas", sino aquella impuesta por los narcotraficantes que, entre el 2000 y el 2009 han asesinado entre nueve y 11 comunicadores, dependiendo de la fuente consultada. Como sea, actualmente el crimen organizado es tan organizado en Tamaulipas que ya cuenta con un representante dentro de casi todos los periódicos locales y ese personaje es consultado por el editor al momento de decidir si una noticia se debe o no publicar. En temas de narcotráfico, la censura sobre la prensa tamaulipeca es hoy tan o más efectiva que esa que ejercía Gobernación o los gobernadores en materia política en la época del supuesto "antiguo régimen", el autoritario priista. Como bien lo señalara en Nuevo León Mauricio Fernández, si se quiere vivir en paz en Tamaulipas, el ciudadano no debe obedecer tanto a la autoridad formal sino a esa que cada vez gana más espacios: a "La Compañía", que es como los narcos exigen que se les llame en ese estado.
Desánimo
La mediocridad material y espiritual que hoy caracteriza a nuestro país es lo que le da el tono de marcado desánimo a la época.
La cortedad de miras y corrupción de la clase política, la mediocridad de la elite del poder nos hicieron perder la oportunidad de renovación que se abrió con el cambio político del 2000, y eso condujo al desánimo de hoy. Ningún dedo de Dios escribió nuestro destino. Estamos obligados a demostrarnos que no nos merecemos el sistema de autoridad que tenemos, a repensar de manera radical nuestro modelo de desarrollo y hacer de nuestro siguiente encuentro fundamental con las urnas, que ya no puede ser el de ahora sino el del 2012, la nueva gran oportunidad de cambiar de dirigentes y rumbo. De lo contrario el fracaso se convertirá en crónico.
kikka-roja.blogspot.com/
La cortedad de miras y corrupción de la clase política, la mediocridad de la elite del poder nos hicieron perder la oportunidad de renovación que se abrió con el cambio político del 2000, y eso condujo al desánimo de hoy. Ningún dedo de Dios escribió nuestro destino. Estamos obligados a demostrarnos que no nos merecemos el sistema de autoridad que tenemos, a repensar de manera radical nuestro modelo de desarrollo y hacer de nuestro siguiente encuentro fundamental con las urnas, que ya no puede ser el de ahora sino el del 2012, la nueva gran oportunidad de cambiar de dirigentes y rumbo. De lo contrario el fracaso se convertirá en crónico.
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