Supresión de secretarías
Miguel Ángel Granados Chapa
8 Sep. 09
Hoy serán presentados los proyectos de ley que, al ser aprobados por el Congreso, determinarán los montos y modos de las finanzas públicas durante el próximo año, previsiblemente peor que el que está en curso. Parece claro que, ante el abismal agujero que padece el erario, el gobierno acudirá a las tres vías disponibles para encarar la escasez de recursos: incremento en las tasas de algunos impuestos y hasta, posiblemente, la creación de otros; el endeudamiento, y la disminución del gasto corriente, que ha crecido de manera desmesurada en los nueve años de gobierno panista, en lo que es una paradoja, pues las administraciones de Fox y Calderón doctrinalmente reniegan del Estado al que, sin embargo, han puesto en engorda.
Entre las medidas de austeridad previstas se ha mencionado la supresión de algunas secretarías de Estado. No parece que el ahorro que se consiguiera al eliminarlas redujera sustantivamente los apuros financieros del gobierno federal, pues las funciones que realizan las dependencias puestas en capilla tienen que realizarse aunque se las ubique en secretarías diferentes. Borrar del organigrama federal a las tres secretarías de que se habla (Función Pública, Reforma Agraria y Turismo) o alguna de ellas buscaría más bien un efecto político y mediático, con base en la aversión creada por los enemigos de la política hacia la burocracia en general, de la que se habla con desdén, por desgracia no siempre sin fundamento. La Secretaría de la Función Pública es la de más reciente creación en la estructura del gobierno federal. Si en efecto se propusiera suprimirla y el PRI avalara la medida con su mayoría veríamos a Francisco Rojas protagonizar el principio y el fin del ciclo vital de esa dependencia, ya que fue el primer titular de la secretaría que con otro nombre pero funciones radicalmente iguales fue creada en diciembre de 1982, apenas llegado Miguel de la Madrid a la Presidencia. Y como coordinador de los diputados priistas a Rojas correspondería organizar el voto favorable a la eliminación de esa secretaría.
Una de las banderas, o más correctamente, uno de los lemas de campaña de Miguel de la Madrid fue la "renovación moral de la sociedad", que incluía el combate a la corrupción administrativa. Para este efecto, mecanismos de control y supervisión ya existentes en las secretarías de Hacienda y de Programación y Presupuesto se concentraron en la nueva Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef). De esta dependencia en esa primera etapa surgieron los elementos para enjuiciar al senador Jorge Díaz Serrano, director de Pemex durante la administración de López Portillo. Al ahora diputado Rojas lo reemplazó Ignacio Pichardo y luego María Elena Vázquez Nava, con cuya designación se ratificó una de las debilidades de esa secretaría, el que la encabece una persona de gran cercanía con el presidente de la República, lo que incrementa la inconveniencia de que el ente supervisor sea parte del universo supervisado. Por eso Vázquez Nava fue incapaz de revisar las cuentas de Raúl Salinas de Gortari, o de extraer de esa revisión las consecuencias administrativas y penales correspondientes.
El presidente Zedillo nombró a Norma Samaniego responsable de esa dependencia que varió un poco su vocación inicial y pasó a ser Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). La notable economista fue reemplazada tras un bienio en el cargo por Arsenio Farell Cubillas, que distó de aplicar a la corrupción la rudeza que en su luengo periodo como secretario del Trabajo había asestado a algunas agrupaciones sindicales.
Francisco Barrio fue nombrado titular de la Secodam por Vicente Fox, luego de que aquel rehusara contender con éste en pos de la candidatura presidencial panista. Permaneció en el cargo menos de un trienio, pues optó por ser diputado, y coordinador de su bancada. Si bien en ese lapso la contraloría aportó información para el enjuiciamiento penal de algunos de los involucrados en el Pemexgate, ni los procedimientos administrativos ni los que emprendió el Ministerio Público cristalizaron en sanciones firmes, aunque fue tan sustantiva la malversación de fondos públicos que los órganos electorales la probaron como parte del financiamiento irregular recibido por el PRI, y aplicaron las sanciones correspondientes. Eduardo Romero reemplazó a Barrio en el cargo, con desempeño parecido al de su ex jefe, salvo porque entonces la secretaría adquirió la denominación que hoy ostenta, referida a la Función Pública, denotando con ese cambio de nombre que no pondría más el énfasis en el combate a la corrupción sino en la mejoría de la gestión gubernamental.
Los dos michoacanos a los que el presidente michoacano Calderón colocó en ese cargo mantuvieron un bajo perfil, contrastante en el caso de Germán Martínez con la enjundia con que emprendió otras misiones, y congruente con la personalidad de Salvador Vega Casillas cuyo borroso desempeño genera la diseminada inclinación a suprimir esa cartera.
Las secretarías de Turismo y de la Reforma Agraria eran departamentos administrativos (una categoría ya desaparecida) antes de que el presidente Echeverría les confiriera rango ministerial. Mucho tuvo de artificiosa y de coyuntural esa transformación, sobre todo en el caso de la SRA. Después de las modificaciones a la legislación agraria practicadas por el presidente Salinas, incluida la Constitución, que significó la cancelación de la reforma agraria, esa dependencia perdió su razón de ser.
Cajón de Sastre
De creer las palabras elogiosas con que el presidente Calderón despidió a cada uno de los tres funcionarios a los que desechó ayer, tendríamos que creer también que su buen desempeño es la causa de que se prescinda de ellos. Alberto Cárdenas, Eduardo Medina Mora y Jesús Reyes Heroles formalmente renunciaron a sus cargos como titulares de Agricultura, la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos. Los reemplazan Francisco Mayorga (que ya fue en la Sagarpa el relevo de Javier Usabiaga), Arturo Chávez Chávez (que ha de esperar su ratificación por el Senado) y Juan José Suárez Coppel. No encuentro a primera vista un denominador común, un rasgo que permita hablar de un reajuste ministerial con miras a un propósito. El mundo rural ni siquiera figuró en los 10 puntos propuestos por Calderón el miércoles pasado.
Entre las medidas de austeridad previstas se ha mencionado la supresión de algunas secretarías de Estado. No parece que el ahorro que se consiguiera al eliminarlas redujera sustantivamente los apuros financieros del gobierno federal, pues las funciones que realizan las dependencias puestas en capilla tienen que realizarse aunque se las ubique en secretarías diferentes. Borrar del organigrama federal a las tres secretarías de que se habla (Función Pública, Reforma Agraria y Turismo) o alguna de ellas buscaría más bien un efecto político y mediático, con base en la aversión creada por los enemigos de la política hacia la burocracia en general, de la que se habla con desdén, por desgracia no siempre sin fundamento. La Secretaría de la Función Pública es la de más reciente creación en la estructura del gobierno federal. Si en efecto se propusiera suprimirla y el PRI avalara la medida con su mayoría veríamos a Francisco Rojas protagonizar el principio y el fin del ciclo vital de esa dependencia, ya que fue el primer titular de la secretaría que con otro nombre pero funciones radicalmente iguales fue creada en diciembre de 1982, apenas llegado Miguel de la Madrid a la Presidencia. Y como coordinador de los diputados priistas a Rojas correspondería organizar el voto favorable a la eliminación de esa secretaría.
Una de las banderas, o más correctamente, uno de los lemas de campaña de Miguel de la Madrid fue la "renovación moral de la sociedad", que incluía el combate a la corrupción administrativa. Para este efecto, mecanismos de control y supervisión ya existentes en las secretarías de Hacienda y de Programación y Presupuesto se concentraron en la nueva Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef). De esta dependencia en esa primera etapa surgieron los elementos para enjuiciar al senador Jorge Díaz Serrano, director de Pemex durante la administración de López Portillo. Al ahora diputado Rojas lo reemplazó Ignacio Pichardo y luego María Elena Vázquez Nava, con cuya designación se ratificó una de las debilidades de esa secretaría, el que la encabece una persona de gran cercanía con el presidente de la República, lo que incrementa la inconveniencia de que el ente supervisor sea parte del universo supervisado. Por eso Vázquez Nava fue incapaz de revisar las cuentas de Raúl Salinas de Gortari, o de extraer de esa revisión las consecuencias administrativas y penales correspondientes.
El presidente Zedillo nombró a Norma Samaniego responsable de esa dependencia que varió un poco su vocación inicial y pasó a ser Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). La notable economista fue reemplazada tras un bienio en el cargo por Arsenio Farell Cubillas, que distó de aplicar a la corrupción la rudeza que en su luengo periodo como secretario del Trabajo había asestado a algunas agrupaciones sindicales.
Francisco Barrio fue nombrado titular de la Secodam por Vicente Fox, luego de que aquel rehusara contender con éste en pos de la candidatura presidencial panista. Permaneció en el cargo menos de un trienio, pues optó por ser diputado, y coordinador de su bancada. Si bien en ese lapso la contraloría aportó información para el enjuiciamiento penal de algunos de los involucrados en el Pemexgate, ni los procedimientos administrativos ni los que emprendió el Ministerio Público cristalizaron en sanciones firmes, aunque fue tan sustantiva la malversación de fondos públicos que los órganos electorales la probaron como parte del financiamiento irregular recibido por el PRI, y aplicaron las sanciones correspondientes. Eduardo Romero reemplazó a Barrio en el cargo, con desempeño parecido al de su ex jefe, salvo porque entonces la secretaría adquirió la denominación que hoy ostenta, referida a la Función Pública, denotando con ese cambio de nombre que no pondría más el énfasis en el combate a la corrupción sino en la mejoría de la gestión gubernamental.
Los dos michoacanos a los que el presidente michoacano Calderón colocó en ese cargo mantuvieron un bajo perfil, contrastante en el caso de Germán Martínez con la enjundia con que emprendió otras misiones, y congruente con la personalidad de Salvador Vega Casillas cuyo borroso desempeño genera la diseminada inclinación a suprimir esa cartera.
Las secretarías de Turismo y de la Reforma Agraria eran departamentos administrativos (una categoría ya desaparecida) antes de que el presidente Echeverría les confiriera rango ministerial. Mucho tuvo de artificiosa y de coyuntural esa transformación, sobre todo en el caso de la SRA. Después de las modificaciones a la legislación agraria practicadas por el presidente Salinas, incluida la Constitución, que significó la cancelación de la reforma agraria, esa dependencia perdió su razón de ser.
Cajón de Sastre
De creer las palabras elogiosas con que el presidente Calderón despidió a cada uno de los tres funcionarios a los que desechó ayer, tendríamos que creer también que su buen desempeño es la causa de que se prescinda de ellos. Alberto Cárdenas, Eduardo Medina Mora y Jesús Reyes Heroles formalmente renunciaron a sus cargos como titulares de Agricultura, la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos. Los reemplazan Francisco Mayorga (que ya fue en la Sagarpa el relevo de Javier Usabiaga), Arturo Chávez Chávez (que ha de esperar su ratificación por el Senado) y Juan José Suárez Coppel. No encuentro a primera vista un denominador común, un rasgo que permita hablar de un reajuste ministerial con miras a un propósito. El mundo rural ni siquiera figuró en los 10 puntos propuestos por Calderón el miércoles pasado.
miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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