José A. Crespo
Corto circuito sindical
Al referirnos a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, y su sindicato, solemos hablar —no sin justificación— de mala administración, números rojos, despilfarro, aviadores, ineficiencia administrativa, subsidios injustificables y privilegios sindicales. Y, por lo mismo, muchos piden y esperan que en la actual coyuntura el gobierno de Felipe Calderón se vaya al fondo para remediar dicha situación (algo que el PAN debió hacer desde su arribo al poder, en éste y otros campos). Y que imprima a la electricidad mayor racionalidad productiva, administrativa y laboral. Lo cual exige una confrontación político-laboral con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La razón formal del actual conflicto es que el gobierno ha negado la “toma de nota” al ganador formal de la elección en que se renovó el liderazgo del SME. Eso, porque prevalece la incertidumbre sobre quién ganó en dicho ejercicio de democracia sindical: Martín Esparza (que se asume como líder reelecto) o su contrincante Alejandro Muñoz.
Dentro del viejo orden corporativo mexicano —aún vigente en virtud de la lánguida democratización del país—, el gobierno cuenta con la facultad de reconocer o no al liderazgo sindical, a partir de si éste ha sido elegido en apego a los estatutos del sindicato en cuestión. En otras palabras, la “toma de nota” no se concibe sólo como un trámite obligatorio por parte del gobierno (a través de la Secretaría del Trabajo), sino como un aval y la consecuente legitimación de los comicios internos. Javier Lozano decidió no extender dicho reconocimiento a partir de irregularidades denunciadas dentro del mismo sindicato. Y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) podría declarar nulos esos comicios, a solicitud de Muñoz. Y es que se presume incertidumbre sobre quién fue el favorito de los trabajadores, derivado de anomalías que opacan el resultado.
De acuerdo a la lógica electoral, cuando hay un número de votos irregulares (es decir, que sobran o faltan respecto del número de electores) que supere la diferencia entre primero y segundo lugar, no es posible saber con certeza qué candidato fue más votado. En nuestra legislación electoral, cuando se da esa circunstancia en alguna casilla, se estipula su anulación. Por cierto, en la misma circunstancia se encontraron, tanto la elección presidencial de 2006 como la interna del PRD, para elegir dirigente nacional en 2008. Pero en ambos asuntos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo caso omiso de la incertidumbre imperante y declaró un ganador (incurriendo así en una decisión política, más que jurídica). Lo cual, desde luego, no justificaría que ahora la Secretaría del Trabajo (y la JFCA) cayeran en la misma irresponsable omisión (aunque el gobierno del que forma parte haya emanado de una circunstancia parecida).
Dice Esparza que la toma de nota por el gobierno es un mero trámite administrativo (lo mismo argüía César Nava respecto del fallo del Tribunal Electoral, en 2006), y que no extenderlo (en automático, se entiende) implica vulnerar la autonomía sindical. Quizá (sólo quizá) eso sería así si hubiera consenso de los agremiados sobre el ganador legítimo, aun con algunas irregularidades no determinantes en el resultado. Pero dicho consenso no existe. Si los votos irregulares superan la diferencia que hay entre los contendientes, no es posible saber con certidumbre quién ganó, pues no se pueden adjudicar esos votos a ningún candidato, ni lógica ni jurídicamente.
Dice Esparza, en defensa de su triunfo (lo grado por 352 votos, menos de 1% respecto de los oficialmente emitidos), que no hay incertidumbre, porque el número de sufragios no supera al de electores: maneja 55 mil 520 emitidos de un padrón de 66 mil. Por lo cual, insiste, no pudo haber la inconsistencia que esgrimen sus adversarios internos y retomada por el secretario del Trabajo. Lozano responde que, de la documentación proporcionada por Esparza, hay al menos cerca de tres mil votos de más (diez veces más que la diferencia entre los contendientes). Habrá que esperar el dictamen de la JFCA sobre la validez o nulidad de ese ejercicio de presunta democracia sindical, y su argumentación respectiva.
Dentro del viejo orden corporativo mexicano —aún vigente en virtud de la lánguida democratización del país—, el gobierno cuenta con la facultad de reconocer o no al liderazgo sindical, a partir de si éste ha sido elegido en apego a los estatutos del sindicato en cuestión. En otras palabras, la “toma de nota” no se concibe sólo como un trámite obligatorio por parte del gobierno (a través de la Secretaría del Trabajo), sino como un aval y la consecuente legitimación de los comicios internos. Javier Lozano decidió no extender dicho reconocimiento a partir de irregularidades denunciadas dentro del mismo sindicato. Y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) podría declarar nulos esos comicios, a solicitud de Muñoz. Y es que se presume incertidumbre sobre quién fue el favorito de los trabajadores, derivado de anomalías que opacan el resultado.
De acuerdo a la lógica electoral, cuando hay un número de votos irregulares (es decir, que sobran o faltan respecto del número de electores) que supere la diferencia entre primero y segundo lugar, no es posible saber con certeza qué candidato fue más votado. En nuestra legislación electoral, cuando se da esa circunstancia en alguna casilla, se estipula su anulación. Por cierto, en la misma circunstancia se encontraron, tanto la elección presidencial de 2006 como la interna del PRD, para elegir dirigente nacional en 2008. Pero en ambos asuntos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo caso omiso de la incertidumbre imperante y declaró un ganador (incurriendo así en una decisión política, más que jurídica). Lo cual, desde luego, no justificaría que ahora la Secretaría del Trabajo (y la JFCA) cayeran en la misma irresponsable omisión (aunque el gobierno del que forma parte haya emanado de una circunstancia parecida).
Dice Esparza que la toma de nota por el gobierno es un mero trámite administrativo (lo mismo argüía César Nava respecto del fallo del Tribunal Electoral, en 2006), y que no extenderlo (en automático, se entiende) implica vulnerar la autonomía sindical. Quizá (sólo quizá) eso sería así si hubiera consenso de los agremiados sobre el ganador legítimo, aun con algunas irregularidades no determinantes en el resultado. Pero dicho consenso no existe. Si los votos irregulares superan la diferencia que hay entre los contendientes, no es posible saber con certidumbre quién ganó, pues no se pueden adjudicar esos votos a ningún candidato, ni lógica ni jurídicamente.
Dice Esparza, en defensa de su triunfo (lo grado por 352 votos, menos de 1% respecto de los oficialmente emitidos), que no hay incertidumbre, porque el número de sufragios no supera al de electores: maneja 55 mil 520 emitidos de un padrón de 66 mil. Por lo cual, insiste, no pudo haber la inconsistencia que esgrimen sus adversarios internos y retomada por el secretario del Trabajo. Lozano responde que, de la documentación proporcionada por Esparza, hay al menos cerca de tres mil votos de más (diez veces más que la diferencia entre los contendientes). Habrá que esperar el dictamen de la JFCA sobre la validez o nulidad de ese ejercicio de presunta democracia sindical, y su argumentación respectiva.
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