Javier González Garza
14 Nov. 09
Desde el poder gubernamental se hacen las maniobras necesarias para ir debilitando instituciones que en teoría deberían ponerle límites
La tendencia autoritaria de este gobierno se manifiesta cada vez que se maniobra desde el poder para debilitar aquellas instituciones del Estado que deberían acotarlo, para definitivamente no rendir cuentas a nadie. Las luchas sociales y democráticas encabezadas por las izquierdas, partidarias y no, que se han dado en nuestro país en las últimas cuatro décadas han tenido grandes impactos en nuestra vida cotidiana, incluso algunas han generado importantes instituciones autónomas.
El movimiento estudiantil popular del 68, con sus exigencias cívicas de democracia, transparencia y restitución de los derechos ciudadanos, constituye uno de los antecedentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En los años setenta, en plena Guerra Sucia, surgieron defensores de los derechos humanos, organismos como el Frente Nacional Contra la Represión y otras organizaciones civiles, que documentaron los abusos cometidos desde el poder. Fueron frecuentes los homicidios como forma de control del régimen, que habitualmente utilizaba la violencia para "mantener el orden". También la falta de democracia electoral fue vista internacionalmente como violatoria de derechos fundamentales.
Luego de la crisis política de 1988, el gobierno, en búsqueda de legitimidad, creó una figura que supuestamente defendería a los ciudadanos de los abusos cometidos desde el poder. Absurdamente esa nueva figura dependía de la Secretaría de Gobernación. Luchas de ciudadanos, organizaciones civiles no gubernamentales y partidos de izquierda transformaron a la comisión en un organismo descentralizado, y más recientemente, en 1999, se convierte en un organismo constitucionalmente autónomo.
Desde entonces el poder ha maniobrado para controlar y someter a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fuimos testigos de la actitud solícita del ombudsman en casos como el de la anciana violada por militares en Zongolica, Veracruz, y de su devota militancia en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre continuar o no un embarazo no deseado. El ejemplo más reciente de esas maniobras es la elección de su nuevo presidente, cuando los poderosos del país se confabularon para nombrar un presidente que siga cuidando sus intereses.
La jerarquía católica, que nunca impulsó la creación de la comisión o se preocupó por los abusos del poder, tuvo ahora una influencia preponderante en el nombramiento del último presidente, vetando a un candidato que había demostrado congruencia, compromiso, conocimiento, vocación y sobre todo independencia. Así, la CNDH se está convirtiendo, poco a poco, en algo contrario a lo que se proponía en su origen.
La irrupción del movimiento cívico electoral de 1988, encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hizo patente, entre otras cosas, la necesidad de contar con un organismo autónomo que organizara las elecciones en el país. Entonces era la Secretaría de Gobernación la encargada de organizarlas, en otras palabras, el PRI.
La presión social luego del fraude de 1988 logró la creación del Instituto Federal Electoral y más adelante, mediante una reforma electoral, se transformó en un órgano autónomo del Estado, que podría garantizar el respeto al voto. La integración ciudadana de su consejo permitió entonces confiar en la imparcialidad de sus miembros.
Sin embargo, en 2003, un acuerdo entre el PRI y el PAN impuso un nuevo consejo y en especial un nuevo presidente, Luis Carlos Ugalde, y con ello iniciaron el sometimiento del IFE al poder. Su actuación durante la elección de 2006 lo llevó a un gran desprestigio, debido a su parcialidad. Otra vez una lucha ciudadana de años es frustrada por la captura de una institución esencial para nuestra democracia.
También el IFAI ha sufrido una suerte similar, tristemente antes de recorrer el camino de la autonomía. La exigencia ciudadana de información y transparencia desembocó en la creación de un órgano que ha quedado subordinado al Ejecutivo federal. Una visión autoritaria ha llevado al Ejecutivo a cerrarse y desmarcarse de la transparencia. Esto se evidencia con las designaciones de las nuevas consejeras que transforman al instituto en un aparato burocrático al servicio del Presidente.
Ni qué decir del nuevo INEGI, subordinado al Poder Ejecutivo con el nombramiento de un secretario del gabinete como el experto ciudadano encargado de generar la información del país. Así podemos intuir lo que pasará con el próximo nombramiento en el Banco de México. Pero ahí están también la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República subordinadas al Ejecutivo federal.
Quienes hoy ocupan el gobierno no quieren contrapesos ni controles. Al poder le molesta la independencia de criterios, por ello encamina al país a un Estado autoritario de carácter policiaco. Pero, como acostumbran, desprecian la capacidad de respuesta de la gente. Las izquierdas partidarias, las sociales, organizadas o no, debemos caracterizar bien la situación actual para impedir que en México se dé una insurgencia sin dirección y para ello las izquierdas deben ser capaces de estar al frente de la protesta social.
kikka-roja.blogspot.com/
La tendencia autoritaria de este gobierno se manifiesta cada vez que se maniobra desde el poder para debilitar aquellas instituciones del Estado que deberían acotarlo, para definitivamente no rendir cuentas a nadie. Las luchas sociales y democráticas encabezadas por las izquierdas, partidarias y no, que se han dado en nuestro país en las últimas cuatro décadas han tenido grandes impactos en nuestra vida cotidiana, incluso algunas han generado importantes instituciones autónomas.
El movimiento estudiantil popular del 68, con sus exigencias cívicas de democracia, transparencia y restitución de los derechos ciudadanos, constituye uno de los antecedentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En los años setenta, en plena Guerra Sucia, surgieron defensores de los derechos humanos, organismos como el Frente Nacional Contra la Represión y otras organizaciones civiles, que documentaron los abusos cometidos desde el poder. Fueron frecuentes los homicidios como forma de control del régimen, que habitualmente utilizaba la violencia para "mantener el orden". También la falta de democracia electoral fue vista internacionalmente como violatoria de derechos fundamentales.
Luego de la crisis política de 1988, el gobierno, en búsqueda de legitimidad, creó una figura que supuestamente defendería a los ciudadanos de los abusos cometidos desde el poder. Absurdamente esa nueva figura dependía de la Secretaría de Gobernación. Luchas de ciudadanos, organizaciones civiles no gubernamentales y partidos de izquierda transformaron a la comisión en un organismo descentralizado, y más recientemente, en 1999, se convierte en un organismo constitucionalmente autónomo.
Desde entonces el poder ha maniobrado para controlar y someter a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fuimos testigos de la actitud solícita del ombudsman en casos como el de la anciana violada por militares en Zongolica, Veracruz, y de su devota militancia en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre continuar o no un embarazo no deseado. El ejemplo más reciente de esas maniobras es la elección de su nuevo presidente, cuando los poderosos del país se confabularon para nombrar un presidente que siga cuidando sus intereses.
La jerarquía católica, que nunca impulsó la creación de la comisión o se preocupó por los abusos del poder, tuvo ahora una influencia preponderante en el nombramiento del último presidente, vetando a un candidato que había demostrado congruencia, compromiso, conocimiento, vocación y sobre todo independencia. Así, la CNDH se está convirtiendo, poco a poco, en algo contrario a lo que se proponía en su origen.
La irrupción del movimiento cívico electoral de 1988, encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hizo patente, entre otras cosas, la necesidad de contar con un organismo autónomo que organizara las elecciones en el país. Entonces era la Secretaría de Gobernación la encargada de organizarlas, en otras palabras, el PRI.
La presión social luego del fraude de 1988 logró la creación del Instituto Federal Electoral y más adelante, mediante una reforma electoral, se transformó en un órgano autónomo del Estado, que podría garantizar el respeto al voto. La integración ciudadana de su consejo permitió entonces confiar en la imparcialidad de sus miembros.
Sin embargo, en 2003, un acuerdo entre el PRI y el PAN impuso un nuevo consejo y en especial un nuevo presidente, Luis Carlos Ugalde, y con ello iniciaron el sometimiento del IFE al poder. Su actuación durante la elección de 2006 lo llevó a un gran desprestigio, debido a su parcialidad. Otra vez una lucha ciudadana de años es frustrada por la captura de una institución esencial para nuestra democracia.
También el IFAI ha sufrido una suerte similar, tristemente antes de recorrer el camino de la autonomía. La exigencia ciudadana de información y transparencia desembocó en la creación de un órgano que ha quedado subordinado al Ejecutivo federal. Una visión autoritaria ha llevado al Ejecutivo a cerrarse y desmarcarse de la transparencia. Esto se evidencia con las designaciones de las nuevas consejeras que transforman al instituto en un aparato burocrático al servicio del Presidente.
Ni qué decir del nuevo INEGI, subordinado al Poder Ejecutivo con el nombramiento de un secretario del gabinete como el experto ciudadano encargado de generar la información del país. Así podemos intuir lo que pasará con el próximo nombramiento en el Banco de México. Pero ahí están también la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República subordinadas al Ejecutivo federal.
Quienes hoy ocupan el gobierno no quieren contrapesos ni controles. Al poder le molesta la independencia de criterios, por ello encamina al país a un Estado autoritario de carácter policiaco. Pero, como acostumbran, desprecian la capacidad de respuesta de la gente. Las izquierdas partidarias, las sociales, organizadas o no, debemos caracterizar bien la situación actual para impedir que en México se dé una insurgencia sin dirección y para ello las izquierdas deben ser capaces de estar al frente de la protesta social.
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