México y sus guerras
Lorenzo Meyer
11 Feb. 10
Tres enfrentamientos antagónicos se viven en el país: el Estado contra el narco, la izquierda con las derechas y la Iglesia contra el laicismo
Definición
La definición clásica de guerra implica la hostilidad armada entre dos o más unidades políticas que, generalmente, son Estados; sin embargo, el concepto también se puede extender y aplicarse a una situación de hostilidad, conflicto, oposición o antagonismo entre fuerzas físicas, mentales o sociales. Pues bien, para nuestra mala fortuna ambas acepciones tienen equivalentes en México.
Según la terminología oficial, el gobierno de México está hoy en guerra contra los cárteles del narcotráfico, y tan lo está que al frente de este esfuerzo no se encuentra sólo la policía -al menos no por ahora- sino también las Fuerzas Armadas. Esta guerra "caliente" -más de 17 mil 500 muertos en tres años- se desarrolla al lado de otras dos que, sin ser de tipo armado, también tienen implicaciones muy negativas. Estas últimas se mantienen en el plano netamente político -"guerra fría"- pero ambas, en sus orígenes, también fueron guerras auténticas. Una tiene lugar en el enfrentamiento entre la izquierda y las derechas y la otra es aquella que bien se podría calificar de "neocristera" y que se libra entre los adversarios y los partidarios del Estado laico. Estas "guerras frías" se sobreponen pero son distintas.
La guerra armada
De tiempo atrás, pero particularmente desde que Felipe Calderón se hizo cargo del Poder Ejecutivo, la lucha entre las organizaciones de narcotraficantes y el gobierno mexicano asumió características que, conforme pasa el tiempo, más se ajustan a la definición clásica de la guerra. Y es que si se examina bien lo que está sucediendo en Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y otros estados, resulta que cárteles como los de Sinaloa, Golfo, Juárez, Los Zetas, La Familia o La Compañía ya muestran capacidad y voluntad de retar al Estado en sus áreas vitales.
Los cárteles no son únicamente organizaciones armadas de criminales, sino fuerzas que le disputan al Estado su monopolio de la fuerza, su control sobre partes importantes del territorio y la lealtad de sus servidores -en particular policías pero también ministerios públicos, jueces, alcaldes o gobernadores. Estos grupos ya cobran impuestos ("protección"), usan notarías para legalizar propiedades adquiridas por las buenas o las malas, intervienen en procesos electorales y, además, en ciertos casos, le ofrecen a la sociedad protección contra otras organizaciones rivales -La Familia dice actuar contra Los Zetas a nombre de la sociedad- y en contra de esa forma de delincuencia que efectivamente interfiere con la vida cotidiana del ciudadano medio: el asalto, el robo, el secuestro. Hasta cierto punto la "protección" se cumple, como lo mostró la aparición en una plaza de Zamora, Michoacán, de supuestos delincuentes comunes con señales físicas de castigo y obligados a portar pancartas donde se especificaba la causa por la cual La Familia les había castigado. Así, lo que alguna vez fue una lucha contra el narcotráfico hoy adquiere, cada vez más, las características de una guerra donde, además, ya vuelven a intervenir fuerzas paramilitares, como es el caso del municipio de Garza García, en Nuevo León, donde la autoridad dice contar ya con un grupo de "rudos" para enfrentar a la delincuencia en sus propios términos (Diego Enrique Osorno, Gatopardo, diciembre 2009-enero 2010).
La nueva guerra cristera
Con la restauración de la República en 1867 se supuso que el triunfo del Estado laico era un asunto resuelto, pero el Congreso Liberal de 1901 fue convocado por Camilo Arriaga justamente para recuperar el terreno que la laicidad había perdido en el Porfiriato. La derrota de la dictadura huertista en 1914 llevó a que Carranza disolviera a su aliado, el Partido Católico Nacional. Eso, más la promulgación de la Constitución de 1917, supuso que, de nuevo, el Estado laico había triunfado. Sin embargo, la guerra cristera (1926-1929) mostró que aún había disposición y fuerza para desafiar por las armas el carácter laico de la estructura política mexicana. Terminada la segunda cristiada en los 1930, se llegó a un modus vivendi que, de nuevo, se confundió con el triunfo definitivo del laicismo.
La actual ofensiva neocristera contra el Estado laico involucra a los actores de siempre pero con diferente alineamiento. Hoy el gobierno panista tomó ya abiertamente el lado de la iglesia (o iglesias) e incluso cuenta con el apoyo no muy entusiasta, pero apoyo al fin, de la parte oportunista del PRI, que es siempre la mayoría en ese partido. Este conjunto está intentando movilizar de nuevo a una parte de la sociedad mexicana -que en general es conservadora- para lanzar lo que le gustaría que fuera su "ofensiva final", al menos eso se desprende, entre otras cosas, de documentos como el que acaba de publicar un "Movimiento Guadalupano Mexicano", titulado "Declaración de Guerra" y que busca poner fin a una "descomposición social" que permite "Que se asesine a los no nacidos. Que se les quite a los niños por adoptar la oportunidad de tener Padre y Madre... Que se corrompan a Empresarios... Que se solapen a sindicatos nocivos... Que confundamos la Libertad con el Libertinaje... Que sigamos con el populismo y la doble moral", etcétera (Reforma, 26 de enero).
La actual etapa de la ofensiva de las iglesias contra el Estado laico se inició cuando el gobierno de Carlos Salinas, necesitado de apoyos tras su dudoso triunfo electoral, decidió, en 1992, reformar los artículos 27 y 130 constitucionales como el PAN y la Iglesia Católica demandan. El resultado fue que se reconoció personalidad jurídica a las iglesias y se establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano.
La lucha siguió en el campo del aborto. En agosto del 2008 la SCJN reafirmó la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, pues se aceptó que dentro de las 12 primeras semanas de gestación el feto aún no tiene ninguna característica propiamente humana. Sin embargo, en los dos últimos años, y por iniciativa del PAN y del PRI, 17 constituciones de otros tantos estados de la República han sido modificadas en sentido contrario, es decir, que establecen, como lo demanda la Iglesia Católica, que en cualquier caso el aborto es inaceptable pues la vida humana se inicia en el momento mismo de la concepción.
Un paso más en este camino de imponer legalmente la visión particular sostenida por las iglesias, lo ha dado la Procuraduría General de la República, es decir, Felipe Calderón, al demandar que la Suprema Corte declare constitucional una definición de matrimonio que no lo caracterice como "la unión de dos personas" sino como "la unión de un hombre y una mujer". De tener éxito Calderón, también habría logrado echar por tierra la posibilidad de que esas uniones entre personas del mismo sexo puedan tener el derecho que ahora les otorga la legislación de 2007 del Distrito Federal, y que les permite recibir legalmente a menores en adopción.
Hoy, conscientes de lo que está en juego, los defensores del Estado laico se han propuesto lograr una enmienda al artículo 40 de la Constitución para que se deje en claro que México se define explícitamente como una República representativa, democrática, federal y también laica. Y es que se teme que con el argumento de la libertad de enseñanza se introduzcan cursos de religión en las escuelas públicas, como ocurre en España.
Derecha vs. izquierda
Desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2004-2005 y después, cuando se le calificó de "peligro para México" en el 2006, se sesgó en su contra el proceso electoral presidencial. Con ello las derechas mexicanas demostraron que si bien estaban dispuestas a aceptar que una izquierda burocrática e inofensiva -como la que hoy domina al PRD- mantuviera un nicho en la estructura formal del poder, lo tendrá a cambio de colaborar para neutralizar a AMLO y a su movimiento social, para los que simplemente habría un "no pasarán". Y la razón del encono es clara: AMLO encabeza a la única fuerza sustantiva que busca presentar una plataforma política que implique una redistribución real del poder y los ingresos a favor de las clases populares. Esta lucha sin cuartel entre las derechas atrincheradas en los partidos y en las grandes concentraciones de capital y un movimiento social construido desde abajo es la arena donde se desarrolla una guerra sin muchas posibilidades de tregua o conciliación.
Conclusión
Hasta ahora, en las tres zonas de conflicto aquí examinadas, pareciera que las cosas seguirán igual o se pondrán peor antes de que puedan empezar a mejorar. Obviamente eso no es lo deseable y estamos obligados a buscar, a exigir, un cambio en su dinámica, pues tres guerras son muchas para una sociedad en nuestras condiciones.
kikka-roja.blogspot.com/
Según la terminología oficial, el gobierno de México está hoy en guerra contra los cárteles del narcotráfico, y tan lo está que al frente de este esfuerzo no se encuentra sólo la policía -al menos no por ahora- sino también las Fuerzas Armadas. Esta guerra "caliente" -más de 17 mil 500 muertos en tres años- se desarrolla al lado de otras dos que, sin ser de tipo armado, también tienen implicaciones muy negativas. Estas últimas se mantienen en el plano netamente político -"guerra fría"- pero ambas, en sus orígenes, también fueron guerras auténticas. Una tiene lugar en el enfrentamiento entre la izquierda y las derechas y la otra es aquella que bien se podría calificar de "neocristera" y que se libra entre los adversarios y los partidarios del Estado laico. Estas "guerras frías" se sobreponen pero son distintas.
La guerra armada
De tiempo atrás, pero particularmente desde que Felipe Calderón se hizo cargo del Poder Ejecutivo, la lucha entre las organizaciones de narcotraficantes y el gobierno mexicano asumió características que, conforme pasa el tiempo, más se ajustan a la definición clásica de la guerra. Y es que si se examina bien lo que está sucediendo en Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y otros estados, resulta que cárteles como los de Sinaloa, Golfo, Juárez, Los Zetas, La Familia o La Compañía ya muestran capacidad y voluntad de retar al Estado en sus áreas vitales.
Los cárteles no son únicamente organizaciones armadas de criminales, sino fuerzas que le disputan al Estado su monopolio de la fuerza, su control sobre partes importantes del territorio y la lealtad de sus servidores -en particular policías pero también ministerios públicos, jueces, alcaldes o gobernadores. Estos grupos ya cobran impuestos ("protección"), usan notarías para legalizar propiedades adquiridas por las buenas o las malas, intervienen en procesos electorales y, además, en ciertos casos, le ofrecen a la sociedad protección contra otras organizaciones rivales -La Familia dice actuar contra Los Zetas a nombre de la sociedad- y en contra de esa forma de delincuencia que efectivamente interfiere con la vida cotidiana del ciudadano medio: el asalto, el robo, el secuestro. Hasta cierto punto la "protección" se cumple, como lo mostró la aparición en una plaza de Zamora, Michoacán, de supuestos delincuentes comunes con señales físicas de castigo y obligados a portar pancartas donde se especificaba la causa por la cual La Familia les había castigado. Así, lo que alguna vez fue una lucha contra el narcotráfico hoy adquiere, cada vez más, las características de una guerra donde, además, ya vuelven a intervenir fuerzas paramilitares, como es el caso del municipio de Garza García, en Nuevo León, donde la autoridad dice contar ya con un grupo de "rudos" para enfrentar a la delincuencia en sus propios términos (Diego Enrique Osorno, Gatopardo, diciembre 2009-enero 2010).
La nueva guerra cristera
Con la restauración de la República en 1867 se supuso que el triunfo del Estado laico era un asunto resuelto, pero el Congreso Liberal de 1901 fue convocado por Camilo Arriaga justamente para recuperar el terreno que la laicidad había perdido en el Porfiriato. La derrota de la dictadura huertista en 1914 llevó a que Carranza disolviera a su aliado, el Partido Católico Nacional. Eso, más la promulgación de la Constitución de 1917, supuso que, de nuevo, el Estado laico había triunfado. Sin embargo, la guerra cristera (1926-1929) mostró que aún había disposición y fuerza para desafiar por las armas el carácter laico de la estructura política mexicana. Terminada la segunda cristiada en los 1930, se llegó a un modus vivendi que, de nuevo, se confundió con el triunfo definitivo del laicismo.
La actual ofensiva neocristera contra el Estado laico involucra a los actores de siempre pero con diferente alineamiento. Hoy el gobierno panista tomó ya abiertamente el lado de la iglesia (o iglesias) e incluso cuenta con el apoyo no muy entusiasta, pero apoyo al fin, de la parte oportunista del PRI, que es siempre la mayoría en ese partido. Este conjunto está intentando movilizar de nuevo a una parte de la sociedad mexicana -que en general es conservadora- para lanzar lo que le gustaría que fuera su "ofensiva final", al menos eso se desprende, entre otras cosas, de documentos como el que acaba de publicar un "Movimiento Guadalupano Mexicano", titulado "Declaración de Guerra" y que busca poner fin a una "descomposición social" que permite "Que se asesine a los no nacidos. Que se les quite a los niños por adoptar la oportunidad de tener Padre y Madre... Que se corrompan a Empresarios... Que se solapen a sindicatos nocivos... Que confundamos la Libertad con el Libertinaje... Que sigamos con el populismo y la doble moral", etcétera (Reforma, 26 de enero).
La actual etapa de la ofensiva de las iglesias contra el Estado laico se inició cuando el gobierno de Carlos Salinas, necesitado de apoyos tras su dudoso triunfo electoral, decidió, en 1992, reformar los artículos 27 y 130 constitucionales como el PAN y la Iglesia Católica demandan. El resultado fue que se reconoció personalidad jurídica a las iglesias y se establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano.
La lucha siguió en el campo del aborto. En agosto del 2008 la SCJN reafirmó la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, pues se aceptó que dentro de las 12 primeras semanas de gestación el feto aún no tiene ninguna característica propiamente humana. Sin embargo, en los dos últimos años, y por iniciativa del PAN y del PRI, 17 constituciones de otros tantos estados de la República han sido modificadas en sentido contrario, es decir, que establecen, como lo demanda la Iglesia Católica, que en cualquier caso el aborto es inaceptable pues la vida humana se inicia en el momento mismo de la concepción.
Un paso más en este camino de imponer legalmente la visión particular sostenida por las iglesias, lo ha dado la Procuraduría General de la República, es decir, Felipe Calderón, al demandar que la Suprema Corte declare constitucional una definición de matrimonio que no lo caracterice como "la unión de dos personas" sino como "la unión de un hombre y una mujer". De tener éxito Calderón, también habría logrado echar por tierra la posibilidad de que esas uniones entre personas del mismo sexo puedan tener el derecho que ahora les otorga la legislación de 2007 del Distrito Federal, y que les permite recibir legalmente a menores en adopción.
Hoy, conscientes de lo que está en juego, los defensores del Estado laico se han propuesto lograr una enmienda al artículo 40 de la Constitución para que se deje en claro que México se define explícitamente como una República representativa, democrática, federal y también laica. Y es que se teme que con el argumento de la libertad de enseñanza se introduzcan cursos de religión en las escuelas públicas, como ocurre en España.
Derecha vs. izquierda
Desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2004-2005 y después, cuando se le calificó de "peligro para México" en el 2006, se sesgó en su contra el proceso electoral presidencial. Con ello las derechas mexicanas demostraron que si bien estaban dispuestas a aceptar que una izquierda burocrática e inofensiva -como la que hoy domina al PRD- mantuviera un nicho en la estructura formal del poder, lo tendrá a cambio de colaborar para neutralizar a AMLO y a su movimiento social, para los que simplemente habría un "no pasarán". Y la razón del encono es clara: AMLO encabeza a la única fuerza sustantiva que busca presentar una plataforma política que implique una redistribución real del poder y los ingresos a favor de las clases populares. Esta lucha sin cuartel entre las derechas atrincheradas en los partidos y en las grandes concentraciones de capital y un movimiento social construido desde abajo es la arena donde se desarrolla una guerra sin muchas posibilidades de tregua o conciliación.
Conclusión
Hasta ahora, en las tres zonas de conflicto aquí examinadas, pareciera que las cosas seguirán igual o se pondrán peor antes de que puedan empezar a mejorar. Obviamente eso no es lo deseable y estamos obligados a buscar, a exigir, un cambio en su dinámica, pues tres guerras son muchas para una sociedad en nuestras condiciones.
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