Esperanza Romero Díaz
La nueva Unidad Administrativa Municipal de Tlajomulco se edificó mediante un Proyecto de Inversión y Prestación de Servicios, de forma que la inversión inicial y ciertos riesgos corren por cuenta de empresarios privados, que a cambio se aseguran elevados beneficios durante décadas. En opinión de varios especialistas, esta modalidad de financiamiento implica una “deuda disfrazada”, pero el administrador del proyecto la ensalza porque, dice, permite construir infraestructura cuando el municipio carece de recursos. El grupo constructor Dynámica, uno de los principales desarrolladores de vivienda en Tlajomulco, se convirtió en el casero y socio de este ayuntamiento al formalizar el primer Proyecto de Inversión y Prestación de Servicios (Pps) del país, negocio que puede generarle a sus inversionistas ganancias hasta de mil 400 millones de pesos en 30 años.
Esta cantidad equivale a casi seis veces los 285 millones de pesos que, según el contrato, se invirtieron en el diseño, construcción, obras viales complementarias y equipamiento de la Unidad Administrativa Municipal, sin tomar en cuenta el terreno de tres hectáreas que aportó el municipio. El Pps fue formalizado el 24 de febrero de 2011, con vigencia hasta 2041, para la edificación, operación y mantenimiento de la citada unidad, que también tiene instalaciones para actividades comerciales.
En enero pasado el ayuntamiento recibió oficialmente el nuevo edificio y a partir de este febrero deberá pagar una renta mensual superior a los 4 millones de pesos durante 29 años. Para Jesús García Rojas, especialista en proyectos de inversión y experto en desarrollo urbano, los Pps deben considerarse como deuda contratada de largo plazo. Explica que los instrumentos de asociación pública y privada han sido exitosos en otros países, no en México, “por el factor de la corrupción”.
Así, hace un llamado a transparentar los términos del contrato, los estudios de evaluación socioeconómica y de costo-beneficio, así como los documentos base de la licitación y los anexos del contrato, ya que el proyecto sentará precedente por ser el primero de un municipio mexicano. En el contrato que firmaron el municipio y los empresarios hay dos cláusulas que limitan el acceso a la información: una de “confidencialidad” y otra de “derecho a la propiedad intelectual”. El Pps de Tlajomulco puede generar conflicto de intereses al involucrar a Dynámica, uno de los más importantes contratistas en el municipio. La constructora se instaló en 1998 en el municipio y ha sido denunciada varia veces ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el propio ayuntamiento por deficiencias en la construcción y por la mala calidad de los materiales utilizados en las viviendas.
García Rojas –quien trabajó ocho años en Banobras, donde fue asesor de la dirección nacional y delegado en Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato– estimó que, por el periodo de vigencia del Pps, Tlajomulco dará como contraprestación alrededor de mil 400 millones, es decir, cerca de seis veces más que la inversión original: “Es un gran negocio para el proveedor inversionista y están en duda los beneficios para el ayuntamiento, a reserva de corroborar que el inmueble fue construido de acuerdo con lo especificado en el contrato en cuanto a calidad, tiempo y costo”. Advierte que, cuando expire el contrato, la utilidad de la Unidad Administrativa prácticamente habrá terminado y su valor comercial estará devaluado.
Hugo Manuel Luna Vázquez, director de la Oficina de Coordinación de Proyectos Estratégicos de Tlajomulco y administración del Pps, rechaza que los Pps sean deuda disfrazada; en cambio, señala, constituyen el medio para lograr mayor eficiencia del gasto público y desarrollar infraestructura que sería difícil construir con recursos propios o con deuda. Según él, dichos proyectos son “compromiso de gasto” al igual que la nómina y el gasto corriente de un gobierno, “pero no deuda pública” y menos disfrazada. Informa que para la firma del contrato se creó una nueva empresa a la que pueden sumarse inversionistas interesados, y de hecho lo hicieron la financiera Invex y Banobras.
A partir de este año Tlajomulco contará con el edificio administrativo más moderno y funcional del estado, asegura Luna Vázquez, luego de recordar que la comuna pagaba en rentas cerca de 10 millones de pesos anuales, “que serán un ahorro importante a partir de este año”. No obstante, ahora el gasto anual en renta por el Pps será de más de 50 millones de pesos, IVA incluido, y la inversión en la construcción se recuperará en cinco años, toda vez que su costo total se estima en 60 millones de pesos.
Según especialistas consultados por este semanario, cada metro cuadrado de las nuevas oficinas (que abarcan en total 6 mil) costó en promedio 10 mil pesos. Explican que para equipar y darle mantenimiento al inmueble el ganador del contrato dispondrá de otra fuente jugosa de recursos, como la renta de locales comerciales. Para evitar que administraciones futuras incumplan con el pago de la renta, el ayuntamiento contrató con Banobras una línea de crédito contingente (una especie de seguro) por 20 millones de pesos, lo cual le costó 1.9 millones de pesos. Dada la falta de pago del municipio, Banobras se encargará de hacerlo en los meses siguientes, mientras la federación autoriza que se le entreguen directamente al banco las participaciones de Tlajomulco. A decir del administrador del proyecto, Luna Vázquez, una ventaja del Pps es que el inversionista absorbe el riesgo, al establecerse un plazo y un monto tope de inversión “independientemente de las variables” en los costos, como el aumento del precio del acero o la devaluación del peso.
Luna Vázquez agrega que “el edificio administrativo de Tlajomulco tendrá los muebles de oficina de mayor calidad en el mercado”, ya que el proveedor es Herman Miller, que trabaja con amplias garantías, y cada ocho años deberá remplazarlos. Sobre los materiales, comenta que al inversionista , que es también el proveedor del servicio, no le conviene construir con baja calidad, porque le pega en el costo del mantenimiento, que corre por su cuenta.
Primer Pps municipal
El 23 de noviembre de 2010 se publicó la convocatoria para la licitación pública nacional del proyecto, con un tope de 290 millones de pesos de inversión privada, IVA incluido. Cuatro empresas se interesaron, pero sólo se registraron tres y, ya en la etapa de la presentación de propuestas técnicas y económicas, solamente participó Operadora Audaz S.A. de C.V., de los hermanos Carlos Federico y Diego Valenzuela Cadena, hijos del expresidente de los banqueros del país Arcadio Valenzuela, a quien la PGR vinculó en negocios sucios en los años ochenta. La Operadora Audaz presentó una propuesta de inversión por 285 millones de pesos en 30 años. “El monto máximo total de inversión en infraestructura es de 245 millones 748 mil 098 pesos más IVA, a los que corresponde una contraprestación de 4 millones 89 mil 985 pesos más IVA… propuesta que resulta solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas”, dice el fallo de la autoridad.
Por la presidencia municipal de Tlajomulco firmaron el Pps su titular, Enrique Alfaro –ahora con licencia por su precandidatura al gobierno estatal–, el entonces síndico Alberto Uribe –ahora alcalde interino–, el secretario Ismael del Toro, el tesorero Juan Partida Morales, el director de Obras Públicas, David Zamora Bueno, y el propio Hugo Luna como administrador del proyecto. Por la Operadora Audaz firmó el contrato una Sociedad de Inversión y Prestación de Servicios (Sapi) creada exprofeso, llamada Desarrolladora Centro Administrativo Tlajomulco Sapi de C.V., representada por el apoderado legal, Diego Valenzuela. Proceso Jalisco tiene copia del acta constitutiva de la nueva Sapi, fechada el 21 de febrero de 2011 y levantada ante el notario Vidal González Durán (escritura 69,969), con la comparecencia de las empresas Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, representada por el propio Diego Valenzuela; Operadora Audaz, por Carlos Federico Valenzuela, y Promotora Vale de Vivienda, por Adrián Garza Elizondo.
En el Registro Público de la Propiedad se pueden consultar las inscripciones de dos asambleas que otorgaron poderes e incrementaron su capital de los 50 mil pesos iniciales a más de 81 millones. El periodo de ejecución de la obra se fijó de febrero de 2011 al 16 de enero de 2012. Tlajomulco indicó que se recibió el inmueble en tiempo y forma y que en febrero comenzará a pagar las mensualidades. Por la renta de espacios comerciales el ayuntamiento sólo se quedará con 20% de los ingresos y el resto será para los inversionistas. Sólo en el caso del estacionamiento público el municipio recibirá 30% y lo demás se les quedará a los empresarios. El terreno de 2.8 hectáreas que la comuna permutó por el que utilizó para sus nuevas oficinas estaba reservado para el cuartel de Bomberos y Protección Civil. La construcción de esta obra se aprobó en la pasada administración municipal, encabezada por el panista Antonio Tatengo, y el contrato se adjudicó a Azano Díaz Grupo Constructor. Esta empresa recibió de Alfaron un adelanto de 871 mil pesos, 25% de su costo.
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