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| CFE : COBROS, ABUSO, LADRONES |
La comisión especial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que revisa los altos cobros realizados por la Comisión Federal de Electricidad, instancia legislativa encabezada por Aleida Alavez, informó ayer que sólo entre enero y marzo de este año se presentaron unas 30 mil denuncias contra la CFE. En forma paralela, dijo la diputada Alavez, en días recientes se han intensificado las amenazas e intimidaciones contra usuarios que interponen quejas ante la comisión que preside.
En efecto, desde la semana pasada han cobrado fuerza, en diversas regiones del país, las protestas contra los cobros desmesurados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las medidas de fuerza y coerción, de dudosa legalidad, adoptadas por esa entidad paraestatal contra usuarios que intentan recursos legales para defenderse y la persecución judicial contra quienes buscan organizar el descontento ciudadano, como es el caso de Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, quienes permanecieron encarcelados 11 meses en Campeche en 2009 y 2010, el de Lucila Bettina Cruz en Oaxaca, o el de Francisco Hernández Ochoa en Chihuahua.
En el centro del país la masiva inconformidad –que se expresa, entre otras formas, en unos 60 mil recursos de inconformidad presentados el año pasado contra la CFE ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)– se origina en el asalto policial a a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), ordenado por Felipe Calderón, la extinción de esa paraestatal y la transferencia masiva de usuarios y contratos a la CFE, con lo cual los consumidores no sólo sufrieron la multiplicación exponencial de las fallas en el suministro eléctrico, sino empezaron a recibir cobros con incrementos disparatados de la tarifa y, en no pocos casos, impagables. Muchos de quienes han recurrido a las instancias legales para evitar los pagos que se les exigen han debido enfrentar cortes eléctricos improcedentes y hasta ilegales, realizados, con frecuencia, con participación policial y hasta militar.
Por añadidura, el remplazo de LFC por la CFE conllevó apagones inusualmente prolongados que significaron pérdidas económicas mayúsculas para decenas de miles de pequeños y medianos negocios, así como bruscas variaciones de voltaje que causaron desperfectos incuantificables en hogares, oficinas, talleres, expendios y locales de servicios. Ninguno de esos costos, con cargo a la sociedad, se incluye en los altísimos recursos que el gobierno federal admite haber invertido en la liquidación del organismo paraestatal que distribuía electricidad en el centro del país. Tampoco se registra, claro, el costo del desempleo –unos 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron lanzados a la calle de golpe–, ni de la exasperación social causada por el designio de destruir a LFC y a su sindicato.
Estos descontentos por la arbitrariedad y los abusos de la CFE vienen de mucho atrás en otras regiones, como es el caso de la franja fronteriza, donde esa entidad paraestatal coloca a muchos suscriptores –usuarios obligados de aire acondicionado, por las características climáticas de la región– en la alternativa de pagar la electricidad o comer; otro tanto ocurre con miles de productores agrarios, para quienes las altas tarifas eléctricas hacen inviable su actividad.
Se ha señalado en reiteradas ocasiones que los incrementos de las tarifas eléctricas se explican, entre otras razones, porque la paraestatal se ve obligada a invertir sumas crecientes de dinero en la contratación –por lineamientos procedentes de las más altas esferas gubernamentales– de productores particulares de electricidad, aunque con ello no sólo se encarece artificialmente el costo de la energía, sino se contraviene el espíritu del artículo 27 constitucional.
Por las razones que fuera, es de obvia necesidad que el próximo gobierno enmiende la catástrofe social y financiera causada por el actual con su decisión de destruir LFC y de manejar el sector energético con criterios de depredación nacional y social. Es pertinente, asimisimo, poner sobre la mesa la adopción de una tarifa social para la electricidad, como ha venido proponiendo el SME, así como incluir el abasto eléctrico entre los servicios básicos que han de ser considerados un derecho. En lo inmediato, la administración calderonista debe cesar de inmediato el acoso contra los consumidores de electricidad y permitir que las quejas de éstos sean resueltas en forma legal y sin presiones ni amenazas policiales y legales.
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Denuncia diputada acoso y amenazas contra usuarios que han señalado abusos
En tres meses, 30 mil denuncias contra CFE por cobros excesivos
La paraestatal sólo estima el consumo de energía, acusa la legisladora Aleida Alavez
Es factible que se condonen adeudos, como ha sucedido en otros estados del país
En el primer trimestre del año fueron interpuestas 30 mil denuncias contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por altos cobros y cortes, aseguró ayer Aleida Alavez, presidenta de la comisión especial sobre servicios, suministros y altos cobros de energía eléctrica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Hace 10 días, abundó, se intensificaron las amenazas e intimidaciones contra usuarios que presentaron quejas ante la comisión por incrementos de hasta 12 mil por ciento. La mayoría son costos estimados, pese a que en las mesas técnicas realizadas con la paraestatal se acordó que los clientes no serían molestados hasta que concluyeran las revisiones.
La situación ha llegado a extremos de insensibilidad e inconsciencia. Por ejemplo, con un adulto mayor, pensionado, y con una mujer enferma que está conectada a varios aparatos, a quien se amenazó con cortarle la luz. Se pudo parar la acción porque acudió a un módulo de un diputado, pero necesitamos un lineamiento, porque la comisión no ha terminado. La acción no es electoral, como se ha dicho. Permanecerá en la siguiente legislatura, ante el nulo avance.
Los integrantes de la comisión, explicó, “solicitamos una reunión con el secretario de la junta de gobierno de la CFE, Iván Alemán Loza, pues seis meses después de que se instaló dicha mesa no hemos logrado desahogar el tema de los cobros excesivos, porque no tiene facultades de actuar. Es posible que se condonen adeudos, como ha sucedido en otros estados de la República.
Sabemos que la junta tiene esa facultad y por ello apelamos a su sensibilidad, pues miles de usuarios no tienen la capacidad económica para pagar las elevadas sumas que les marcan en sus recibos. Sigue estimándose el consumo de energía, por lo cual los recibos no corresponden con la realidad, argumentó.
Sólo el año pasado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 60 mil denuncias por esa situación. A éstas se suman las 30 mil de este año que fueron recibidas en los módulos de atención de los diputados. Por esa razón se firmará un protocolo con la CFE y la Secretaría de Gobernación, lo cual no es otra cosa que cumplir la atención con los usuarios, pues las mesas técnicas han sido tortuosas y ya sumamos dos cancelaciones, subrayó.
Mencionó que menos de una tercera parte de los casos recibidos en dichos módulos han sido resueltos.
Ni siquiera hay alternativas reales; por ejemplo, obligar a pagar a dos años para liberarse de la deuda, sin reconocer que el monto puede disminuir. Es una forma muy perversa y arbitraria, pues se obliga a la gente a pagar algo que no puede cubrir. No hay condiciones, pues o cubren luz o comen y compran gas, agregó.
Por ello la determinación de comenzar esta semana las pruebas técnicas para ingresar y remitir las quejas e inconformidades a la CFE del portal de la ALDF, con el objetivo de que se habilite un candado para evitar el corte de luz. El proceso ha tardado más de lo esperado, porque estamos cumpliendo toda la normatividad sobre protección de datos personales y seguridad. Por esa razón se pedirá únicamente el número de cuenta de la boleta, expresó.
Confió en que con dichas acciones se podrá avanzar en la resolución de los casos.
De no ser así, advirtió, continuarán las movilizaciones, porque el gobierno federal no puede tratarnos así, ya que se trata de un bien público que corresponde al Estado proporcionar a los ciudadanos. Así, continuaremos por el camino de la denuncia pública.
Laura Gómez Flores
Periódico La Jornada
Martes 3 de abril de 2012, p. 30
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