Peña Nieto va superando a Calderón en número de muertos / Adolescentes, nueva “mercancía” de Los Zetas
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La tragedia del asesinato –a manos de un militar– de una adolescente plagiada por el crimen organizado enlutó a una familia de Ciudad Victoria, pero además llamó la atención en torno a un problema creciente en últimas fechas en la capital y ciudades fronterizas de Tamaulipas: el secuestro y “venta” de mujeres muy jóvenes, adolescentes e incluso niñas. Esta nueva actividad delictiva de Los Zetas ha impactado incluso en el sistema educativo del vecino estado de Texas, incrementando su matrícula por la alta inscripción de hijas de familias tamaulipecas.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Betzi Gabriela Rodríguez tenía 15 años y la ilusión de pertenecer a la Policía Federal. Su sueño se volvió pesadilla al ser secuestrada por el crimen organizado y terminó cuando un militar la asesinó de siete tiros.
Betzi Gabriela estudiaba tercero de secundaria; estaba becada gracias a sus buenas calificaciones, su promedio era de 9.2 y encabezaba la escolta de su escuela, cuya marcialidad fue reconocida por oficiales de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
El pasado 10 de marzo comenzó su tragedia. Ese día y frente a la mirada de asustados vecinos fue secuestrada por un grupo de presuntos zetas cuando caminaba por una calle de la colonia Horacio Terán, en esta capital.
Los testigos les contaron del secuestro a los familiares de Betzi, quienes hicieron la denuncia correspondiente en la Agencia Primera del Ministerio Público estatal.
La búsqueda de Betzi –emprendida al mismo tiempo por las autoridades y por amigos y familiares de la muchacha– concluyó 10 días después del plagio. La adolescente había permanecido todo ese tiempo en dos casas de seguridad junto con otras menores también secuestradas por el grupo del crimen organizado que controla Ciudad Victoria: Los Zetas.
La tragedia de la joven siguió cuando sus secuestradores decidieron llevarla a otra casa de seguridad, fuera de la capital tamaulipeca. Fue subida a un auto escoltada por cuatro sicarios. El vehículo iba rumbo a la carretera que va a Monterrey cuando se encontró frente a un retén militar en las afueras de la ciudad.
Los tripulantes ignoraron el alto que les marcaron los soldados y huyeron por la carretera. Fueron perseguidos por dos patrullas militares y dos más de la Policía Municipal, la cual está integrada por efectivos de la Octava Zona Militar.
La persecución se prolongó 12 kilómetros hasta que una de las patrullas embistió al auto de Los Zetas y éste terminó volcado a la orilla de la carretera frente a una procesadora de jugo de naranja, decenas de cuyos trabajadores salieron de la planta y observaron lo ocurrido después de la volcadura.
Uno de los delincuentes abandonó el vehículo y comenzó a correr. Pudo huir entre la maleza pese a que los militares le dispararon y un tiro lo alcanzó en una pierna. Entonces el teniente César Eleuterio Chávez Soto, quien encabezaba esa movilización, se acercó al auto de los delincuentes y acribilló a los tripulantes que seguían en su interior. Betzi Gabriela estaba tirada afuera pero con una pierna atrapada por el Tsuru. El oficial le disparó siete veces, una de ellas en la cabeza.
Luego los militares manipularon la escena e incluso contaminaron con pólvora la mano de la adolescente.
Después argumentaron ante las autoridades civiles que ellos sólo se habían defendido, que la polvareda levantada por la volcadura les había impedido ver si los delincuentes estaban armados.
Los 19 soldados que participaron en los hechos fueron llevados a Reynosa para rendir su declaración en la sede de la Octava Zona Militar. Sin embargo la versión contada por el teniente Chávez fue desmentida por algunos de sus compañeros y éste quedó en calidad de detenido.
Gracias a que en Tamaulipas ningún medio publica nada relacionado con el crimen organizado, los mandos del Ejército en complicidad con las autoridades civiles pudieron mantener estos asesinatos en secreto. Todo fue disfrazado como un accidente vehicular.
Un día después la familia de Betzi fue llamada al Ministerio Público para informarles del deceso de su hija. Les mostraron un teléfono celular para que reconocieran si pertenecía a la adolescente. La agente del Ministerio Público intentó encubrir lo ocurrido, pero ante la presión y las preguntas de la familia terminó por confesar que la habían asesinado los militares.
Quejas y ofertas
La familia interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) y a partir de entonces comenzó otro calvario: el acoso militar para que se desistiera de esa denuncia.
Oficiales de alto rango se apostaron frente a las casas de algunos de los familiares de Betzi. También hostigaron a las familias de los tres delincuentes ejecutados para hacerlas firmar un documento donde se desistían de presentar denuncias ante la Codhet, lo cual ya habían hecho algunas de ellas.
La queja interpuesta en la Codhet por los familiares de Betzi fue filtrada a los militares por funcionarios de dicho organismo, el cual se niega sistemáticamente a informar sobre el número de personas desaparecidas en Tamaulipas.
Los militares también acudieron a la procesadora de jugos para intimidar a los testigos y obligarlos a callar, cuentan a Proceso algunos de ellos.
Días después la Secretaría de la Defensa Nacional envío desde la Ciudad de México a un equipo para entrevistarse con la familia de Betzi Gabriela. Lo encabezaban el general Héctor Aragón Zapata y la capitana María del Carmen Bautista.
Aragón convocó a los parientes de la adolescente al cuartel del 77 Batallón, con sede en Ciudad Victoria. Ahí les ofreció apoyo y les aseguró que el daño sería reparado.
La oferta de “reparación del daño” llegó vía fax a la oficina del abogado de la familia de Betzi: los militares ofrecían 45 mil pesos en compensación por la muerte de la adolescente.
Jovencitas en riesgo
Las investigaciones realizadas por el Ejército a raíz del crimen descubrieron que Betzi no era la única muchacha plagiada en esos días. Hasta donde se sabe estuvo en dos casas de seguridad en Ciudad Victoria, en cada una de las cuales había por lo menos una decena de niñas y adolescentes secuestradas.
Una fuente oficial que pide el anonimato revela a este semanario que a lo largo del último año Los Zetas se han dedicado a plagiar mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas, a quienes “venden” sexualmente repetidas veces, sobre todo entre los transportistas de carga que circulan por las carreteras tamaulipecas.
Esa práctica se ha vuelto común en las dos principales plazas que controlan Los Zetas en Tamaulipas: Ciudad Victoria y Nuevo Laredo. En la ciudad fronteriza el problema ha alcanzado niveles tan alarmantes que los padres de familia están sacando a sus hijas de las escuelas.
Por ejemplo Guadalupe y Mario tienen dos hijas adolescentes. Originarios de Monterrey, han vivido en Nuevo Laredo desde hace más de una década.
En el anterior ciclo escolar sus hijas avanzaron un grado en la secundaria, pero Guadalupe y Mario decidieron sacarlas de la escuela y por ahora no seguirán estudiando. Se quedarán en casa y sólo saldrán a la calle en compañía de sus padres.
Ese fenómeno se repite en varias secundarias y preparatorias de clase media de Nuevo Laredo.
Las familias ahora saben que es en las escuelas donde el crimen organizado selecciona a sus víctimas con ayuda de otros estudiantes o de los halcones que vigilan las zonas aledañas a los planteles.
Diversas páginas de redes sociales –como la de Esperanza por Tamaulipas, dedicada a buscar a personas desaparecidas– reportan en promedio el plagio o levantón de cinco mujeres jóvenes cada día en la entidad, crímenes realizados ante la indiferencia de las autoridades encabezadas por el gobernador Egidio Torre Cantú, las cuales se niegan incluso a informar sobre los desaparecidos y mantienen ocultos los constantes secuestros.
Los padres con recursos o parientes en Texas envían a sus hijas a estudiar allá.
La crisis de inseguridad y violencia en las ciudades fronterizas ha hecho que en los últimos tres años aumentara 8% el número de estudiantes de origen mexicano en los distritos de nivel medio de Texas, cuando la tasa de crecimiento poblacional de Estados Unidos se ha mantenido en 0.9% anual en la última década.
Rocio G. Moore, portavoz de la Unión Independiente de Distritos Escolares de Laredo, Texas, comenta a Proceso que han tenido que construir nuevos planteles ante el aumento de las matrículas escolares.
Silencio de la Sedena
La ejecución sumaria de Betzi Gabriela Rodríguez no fue un caso aislado. En Nuevo Laredo ocurrió un hecho similar que sólo trascendió en las redes sociales. El pasado 26 de noviembre testigos publicaron en el portal Nuevo Laredo en Vivo: “En la balacera de ayer en la tarde rumbo a la carretera a Anáhuac cerca de Villas de San Miguel, (solados de) Sedena dieron muerte a los tripulantes de una Dodge Durango blanca que al ir huyendo de los efectivos, ésta choca y se voltea, ahí mismo les dieron muerte”.
Las víctimas eran tres halcones del grupo del crimen organizado que controla la plaza, quienes hicieron caso omiso a la orden de los militares de detener la marcha de la camioneta en la cual circulaban; se inició una persecución e intercambio de disparos. En este caso no hay ningún militar detenido.
En el proceso que se sigue por la muerte de los tres plagiarios de Betzi las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas rechazaron acusar a los militares. Sobre el teniente Chávez Soto lo único que se sabe es que fue trasladado al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, para rendir declaración ante las autoridades militares. Según los abogados de la familia de la víctima, está por alcanzar la libertad en los próximos días.
Proceso solicitó por escrito a la Dirección de Comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre la situación actual del oficial Chávez Soto. Se les requirió conocer si la persona aludida está detenida y si hay cargos en su contra. La dependencia que dirige el general brigadier diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario simplemente se negó a responder.
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Peña Nieto va superando a Calderón en número de muertos
En este análisis sobre las cifras de muertes violentas en el país durante los primeros 11 meses del gobierno de Peña Nieto, por rubro y por estado, el semanario Zeta demuestra que pese a la pretendida “baja en la incidencia delictiva” que pregona el gobierno federal, el número de asesinatos dolosos aumentó respecto de los últimos meses del sexenio calderonista. En el informe que el medio tijuanense publica este domingo 8 y comparte con Proceso se evidencia la manipulación de números con que el Sistema Nacional de Seguridad Pública intenta ocultar la terrible realidad, a falta de resultados reales.
Ni la política de desinformación ni la estrategia mediática de ocultar información e investigaciones ni el discurso triunfalista, tampoco la manipulación sistemática de estadísticas implementada en los primeros 11 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, pudieron ocultar las narcofosas llenas de cadáveres como en Jalisco y Michoacán, los decapitados, los desmembrados, los colgados, los incinerados, los ejecutados con tiro de gracia y otras matanzas ocurridas en el país, producto de
vendettas y enfrentamientos del crimen organizado y el narcotráfico.
Afortunadamente, institutos de ciencias forenses en los estados, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones de derechos humanos independientes, medios locales de las entidades federativas, comunidades religiosas –como la Arquidiócesis de Apatzingán en Michoacán– y familiares de víctimas que han fundado asociaciones civiles se dieron a la tarea de registrar las ejecuciones luego que el gobierno de Enrique Peña Nieto optó desde los primeros días por el trillado discurso de la “incidencia delictiva a la baja”.
La metodología implementada por Zeta desde el sexenio de Felipe Calderón, aplicada ahora en la administración de Enrique Peña Nieto, consiste, como todo trabajo periodístico de investigación, en confrontar la versión oficial publicada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y las procuradurías locales, incluidos los dichos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el vocero Eduardo Sánchez, con los registros de ejecuciones que reportan mensualmente las instituciones no gubernamentales en cada uno de los estados.
A diferencia de las 17 mil 68 ejecuciones que contabilizó el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, basado en igual número de averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos, Zeta registró, en los primeros 11 meses de gobierno de Peña Nieto, 19 mil 16 ejecuciones hasta el 30 de octubre de 2013.
EPN supera a Calderón
Luego de un minucioso recuento de las ejecuciones, mes por mes, en cada una de las entidades federativas, la conclusión más importante a la que se llegó en este semanario es que el primer tramo del gobierno de Peña Nieto es ya más cruento que el último de Calderón Hinojosa.
Para empezar, el primer año de gobierno de Felipe Calderón, 2007, Zeta documentó 2 mil 826 muertes producto de “ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones” y homicidios dolosos a consecuencia del narcomenudeo.
En los últimos 11 meses de gobierno de Calderón, las ejecuciones alcanzaron la cifra de 18 mil 161, mientras que datos duros documentados en este semanario arrojan la cantidad de 19 mil 16 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013. Este rubro el gobierno peñista empezó clasificándolo como “homicidios dolosos relacionados a delitos federales”, pero son saldos de la guerra que mantiene el gobierno federal contra algunos cárteles de la droga y de la confrontación entre éstos, que se disputan el control de la producción, tráfico y distribución de sustancias ilegales.
Pero el Secretariado Ejecutivo sólo reconoce 17 mil 68 “averiguaciones previas” por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013.
Más aún, en la cifra de 19 mil 16 ejecuciones obtenida por Zeta lamentablemente no se incluye los que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido clasificar como homicidios culposos o “accidentes” en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que dirige Monte Alejandro Rubido.
Tristemente, en la suma de 19 mil 16 tampoco se encuentran registrados los homicidios dolosos que no cuentan con denuncia o averiguación previa: de manera ilustrativa de la gravedad del problema, recientemente un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, del gobierno de Javier Duarte, confesó a Zeta que en aquella entidad no se están contabilizando todos los homicidios dolosos “porque no denuncian” los familiares, y por lo tanto no hay registros oficiales en la propia PGJE ni en el SNSP:
“En Veracruz hay muertos no reportados a las autoridades; de muertos no se habla y de desaparecidos tampoco, y no los dan a conocer pero siguen desapareciendo. Todo se esconde, en la prensa no sale.”
Hay que recordar que en 2012 Zeta registró 20 mil 571 ejecuciones de un total de 26 mil 37 autopsias por homicidios dolosos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); es decir, 79% de los homicidios dolosos correspondió a ejecuciones que el gobierno federal clasifica como “homicidios dolosos relacionados a delitos federales”.
Por si fuera poco, los homicidios culposos, es decir, las muertes por “accidentes” (sobre todo de Michoacán), también aumentaron en los primeros 11 meses de gestión de Enrique Peña Nieto, en relación con los últimos 11 meses de la administración calderonista: 15 mil 59 averiguaciones previas por “accidentes” en el gobierno peñista por 14 mil 767 en la gestión de Calderón, según datos del SNSP.
Para completar el cuadro de impunidad actual, en el tema de secuestro también Enrique Peña Nieto rebasó a Felipe Calderón: mil 196 averiguaciones previas por plagios sucedidos en los últimos 11 meses de administración calderonista, por mil 546 en los primeros 11 meses del peñato, según el mencionado sistema.
Feudos de la muerte
Al igual que a Felipe Calderón, los muertos ya se le empiezan a amontonar a Enrique Peña Nieto por miles.
Mientras en el gobierno de Calderón fueron Chihuahua, Sinaloa y Guerrero las entidades que registraron más ejecuciones en el sexenio, en la administración de Enrique Peña Nieto el estado de Guerrero, gobernado por Ángel Aguirre Rivero (antiguo priista que ganó la gubernatura mediante la alianza PAN-PRD), se ubica en primer lugar con mil 942 ejecuciones.
El segundo lugar es para el Estado de México, con mil 846 ejecuciones. Por cierto es la entidad natal de Peña Nieto, que éste gobernó entre 2005 y 2011 y que actualmente administra el también priista Eruviel Ávila.
El tercer lugar lo ocupa, con mil 633 ejecuciones, Chihuahua, gobernada por el priista César Duarte.
Michoacán y Jalisco se localizan en cuarto y quinto escaño en cuanto a ejecuciones, con un total de mil 416 y mil 406, respectivamente; en ambas entidades federativas se libra una guerra principalmente entre el Cártel de Sinaloa, a través del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y los autonombrados Caballeros Templarios.
Estas cinco entidades concentran 8 mil 243 ejecuciones, es decir, 43% de las ejecuciones cometidas en todo el país durante los primeros 11 meses del actual gobierno.
Y en cuanto a ciudades, si en el calderonato Juárez fue la más violenta, en los primeros 11 meses del peñato Acapulco es la que tuvo más homicidios dolosos (835 averiguaciones previas), de acuerdo con la información oficial de procuradurías y fiscalías estatales.
El Distrito Federal se había mantenido alejado de los primeros lugares en cuanto a homicidios dolosos durante el sexenio de Felipe Calderón, pero con la actual administración federal se ubica ya en segundo escaño, con 708 “averiguaciones previas” por homicidio doloso.
Declarada por los tres niveles de gobierno como “modelo” de seguridad, Tijuana se encuentra en tercer lugar con 502 homicidios dolosos en el periodo inicial de esta administración federal, de acuerdo con información del gobierno de Baja California y registros periodísticos de Zeta.
Los siguientes datos también son oficiales, según las procuradurías y fiscalías estatales, además de institutos forenses en el lapso estudiado: Culiacán en cuarto escaño, con 410 averiguaciones previas por homicidio doloso; en quinto lugar Ciudad Juárez, con 363; y en sexto Guadalajara, con 284. Le siguen Monterrey con 262, Zapopan con 233, Chihuahua con 213 y Torreón con 209.
Las citadas 10 ciudades concentran 4 mil 19 averiguaciones previas por homicidio doloso.
El sexenio de los “accidentes”
Una forma de manipular sistemáticamente las estadísticas en el gobierno de Enrique Peña Nieto es arrojar a las víctimas por homicidio doloso en la categoría de “accidentes”, es decir homicidios culposos.
Valga recordar que de las 19 mil 16 ejecuciones registradas por Zeta, el Secretariado Ejecutivo sólo reconoce 17 mil 68 “averiguaciones previas” por homicidio doloso, de acuerdo con el SNSP, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013.
Un dato revelador: mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto clasifica a 17 mil 68 en la categoría de averiguaciones previas por homicidio doloso, en el rubro de homicidios culposos, es decir, “accidentes”, la suma llega a 15 mil 59 averiguaciones previas en sus primeros 11 meses.
Michoacán es la principal entidad donde abundan misteriosamente los “accidentes”.
Mientras entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013, el SNSP reporta 832 averiguaciones previas por homicidio doloso, en el rubro de averiguaciones previas por homicidio culposo o accidentes la cifra alcanza mil 512. Se trata de una evidente manipulación de las estadísticas por el gobierno federal, porque a nivel nacional las averiguaciones previas por homicidio doloso en los primeros 11 meses de administración peñista no son más que los accidentes: 17 mil 68 por 15 mil 59, respectivamente.
Zeta cuestionó a Monte Alejandro Rubido, titular del SNSP, en su reciente visita a Tijuana, si es normal que en Michoacán existan más “accidentes” que asesinatos intencionales, a diferencia de otras entidades, donde la cifra de accidentes nunca supera a la de homicidios dolosos. Esta fue su respuesta:
“No rehúyo la responsabilidad ni la respuesta, pero son los datos que nos manda la procuraduría michoacana. Así como a usted le brinca este dato, así como brincó en algunos diarios el día de hoy, a nosotros también nos brinca, y estamos en comunicación constante con la procuraduría michoacana tratando de hacer las precisiones pertinentes en la materia. ¿Qué nos sucede? Y hacia allá podemos atribuir este hecho: a que muchas veces las personas que tienen que estar llenando las cifras no se apegan al protocolo de llenado y se pueden generar este tipo de distorsiones, pero lo estamos revisando, lo estamos trabajando con Michoacán. Yo espero que en un periodo breve podamos hacer las aclaraciones conducentes en el caso.”
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CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Betzi Gabriela Rodríguez tenía 15 años y la ilusión de pertenecer a la Policía Federal. Su sueño se volvió pesadilla al ser secuestrada por el crimen organizado y terminó cuando un militar la asesinó de siete tiros.
Betzi Gabriela estudiaba tercero de secundaria; estaba becada gracias a sus buenas calificaciones, su promedio era de 9.2 y encabezaba la escolta de su escuela, cuya marcialidad fue reconocida por oficiales de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
El pasado 10 de marzo comenzó su tragedia. Ese día y frente a la mirada de asustados vecinos fue secuestrada por un grupo de presuntos zetas cuando caminaba por una calle de la colonia Horacio Terán, en esta capital.
Los testigos les contaron del secuestro a los familiares de Betzi, quienes hicieron la denuncia correspondiente en la Agencia Primera del Ministerio Público estatal.
La búsqueda de Betzi –emprendida al mismo tiempo por las autoridades y por amigos y familiares de la muchacha– concluyó 10 días después del plagio. La adolescente había permanecido todo ese tiempo en dos casas de seguridad junto con otras menores también secuestradas por el grupo del crimen organizado que controla Ciudad Victoria: Los Zetas.
La tragedia de la joven siguió cuando sus secuestradores decidieron llevarla a otra casa de seguridad, fuera de la capital tamaulipeca. Fue subida a un auto escoltada por cuatro sicarios. El vehículo iba rumbo a la carretera que va a Monterrey cuando se encontró frente a un retén militar en las afueras de la ciudad.
Los tripulantes ignoraron el alto que les marcaron los soldados y huyeron por la carretera. Fueron perseguidos por dos patrullas militares y dos más de la Policía Municipal, la cual está integrada por efectivos de la Octava Zona Militar.
La persecución se prolongó 12 kilómetros hasta que una de las patrullas embistió al auto de Los Zetas y éste terminó volcado a la orilla de la carretera frente a una procesadora de jugo de naranja, decenas de cuyos trabajadores salieron de la planta y observaron lo ocurrido después de la volcadura.
Uno de los delincuentes abandonó el vehículo y comenzó a correr. Pudo huir entre la maleza pese a que los militares le dispararon y un tiro lo alcanzó en una pierna. Entonces el teniente César Eleuterio Chávez Soto, quien encabezaba esa movilización, se acercó al auto de los delincuentes y acribilló a los tripulantes que seguían en su interior. Betzi Gabriela estaba tirada afuera pero con una pierna atrapada por el Tsuru. El oficial le disparó siete veces, una de ellas en la cabeza.
Luego los militares manipularon la escena e incluso contaminaron con pólvora la mano de la adolescente.
Después argumentaron ante las autoridades civiles que ellos sólo se habían defendido, que la polvareda levantada por la volcadura les había impedido ver si los delincuentes estaban armados.
Los 19 soldados que participaron en los hechos fueron llevados a Reynosa para rendir su declaración en la sede de la Octava Zona Militar. Sin embargo la versión contada por el teniente Chávez fue desmentida por algunos de sus compañeros y éste quedó en calidad de detenido.
Gracias a que en Tamaulipas ningún medio publica nada relacionado con el crimen organizado, los mandos del Ejército en complicidad con las autoridades civiles pudieron mantener estos asesinatos en secreto. Todo fue disfrazado como un accidente vehicular.
Un día después la familia de Betzi fue llamada al Ministerio Público para informarles del deceso de su hija. Les mostraron un teléfono celular para que reconocieran si pertenecía a la adolescente. La agente del Ministerio Público intentó encubrir lo ocurrido, pero ante la presión y las preguntas de la familia terminó por confesar que la habían asesinado los militares.
Quejas y ofertas
La familia interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) y a partir de entonces comenzó otro calvario: el acoso militar para que se desistiera de esa denuncia.
Oficiales de alto rango se apostaron frente a las casas de algunos de los familiares de Betzi. También hostigaron a las familias de los tres delincuentes ejecutados para hacerlas firmar un documento donde se desistían de presentar denuncias ante la Codhet, lo cual ya habían hecho algunas de ellas.
La queja interpuesta en la Codhet por los familiares de Betzi fue filtrada a los militares por funcionarios de dicho organismo, el cual se niega sistemáticamente a informar sobre el número de personas desaparecidas en Tamaulipas.
Los militares también acudieron a la procesadora de jugos para intimidar a los testigos y obligarlos a callar, cuentan a Proceso algunos de ellos.
Días después la Secretaría de la Defensa Nacional envío desde la Ciudad de México a un equipo para entrevistarse con la familia de Betzi Gabriela. Lo encabezaban el general Héctor Aragón Zapata y la capitana María del Carmen Bautista.
Aragón convocó a los parientes de la adolescente al cuartel del 77 Batallón, con sede en Ciudad Victoria. Ahí les ofreció apoyo y les aseguró que el daño sería reparado.
La oferta de “reparación del daño” llegó vía fax a la oficina del abogado de la familia de Betzi: los militares ofrecían 45 mil pesos en compensación por la muerte de la adolescente.
Jovencitas en riesgo
Las investigaciones realizadas por el Ejército a raíz del crimen descubrieron que Betzi no era la única muchacha plagiada en esos días. Hasta donde se sabe estuvo en dos casas de seguridad en Ciudad Victoria, en cada una de las cuales había por lo menos una decena de niñas y adolescentes secuestradas.
Una fuente oficial que pide el anonimato revela a este semanario que a lo largo del último año Los Zetas se han dedicado a plagiar mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas, a quienes “venden” sexualmente repetidas veces, sobre todo entre los transportistas de carga que circulan por las carreteras tamaulipecas.
Esa práctica se ha vuelto común en las dos principales plazas que controlan Los Zetas en Tamaulipas: Ciudad Victoria y Nuevo Laredo. En la ciudad fronteriza el problema ha alcanzado niveles tan alarmantes que los padres de familia están sacando a sus hijas de las escuelas.
Por ejemplo Guadalupe y Mario tienen dos hijas adolescentes. Originarios de Monterrey, han vivido en Nuevo Laredo desde hace más de una década.
En el anterior ciclo escolar sus hijas avanzaron un grado en la secundaria, pero Guadalupe y Mario decidieron sacarlas de la escuela y por ahora no seguirán estudiando. Se quedarán en casa y sólo saldrán a la calle en compañía de sus padres.
Ese fenómeno se repite en varias secundarias y preparatorias de clase media de Nuevo Laredo.
Las familias ahora saben que es en las escuelas donde el crimen organizado selecciona a sus víctimas con ayuda de otros estudiantes o de los halcones que vigilan las zonas aledañas a los planteles.
Diversas páginas de redes sociales –como la de Esperanza por Tamaulipas, dedicada a buscar a personas desaparecidas– reportan en promedio el plagio o levantón de cinco mujeres jóvenes cada día en la entidad, crímenes realizados ante la indiferencia de las autoridades encabezadas por el gobernador Egidio Torre Cantú, las cuales se niegan incluso a informar sobre los desaparecidos y mantienen ocultos los constantes secuestros.
Los padres con recursos o parientes en Texas envían a sus hijas a estudiar allá.
La crisis de inseguridad y violencia en las ciudades fronterizas ha hecho que en los últimos tres años aumentara 8% el número de estudiantes de origen mexicano en los distritos de nivel medio de Texas, cuando la tasa de crecimiento poblacional de Estados Unidos se ha mantenido en 0.9% anual en la última década.
Rocio G. Moore, portavoz de la Unión Independiente de Distritos Escolares de Laredo, Texas, comenta a Proceso que han tenido que construir nuevos planteles ante el aumento de las matrículas escolares.
Silencio de la Sedena
La ejecución sumaria de Betzi Gabriela Rodríguez no fue un caso aislado. En Nuevo Laredo ocurrió un hecho similar que sólo trascendió en las redes sociales. El pasado 26 de noviembre testigos publicaron en el portal Nuevo Laredo en Vivo: “En la balacera de ayer en la tarde rumbo a la carretera a Anáhuac cerca de Villas de San Miguel, (solados de) Sedena dieron muerte a los tripulantes de una Dodge Durango blanca que al ir huyendo de los efectivos, ésta choca y se voltea, ahí mismo les dieron muerte”.
Las víctimas eran tres halcones del grupo del crimen organizado que controla la plaza, quienes hicieron caso omiso a la orden de los militares de detener la marcha de la camioneta en la cual circulaban; se inició una persecución e intercambio de disparos. En este caso no hay ningún militar detenido.
En el proceso que se sigue por la muerte de los tres plagiarios de Betzi las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas rechazaron acusar a los militares. Sobre el teniente Chávez Soto lo único que se sabe es que fue trasladado al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, para rendir declaración ante las autoridades militares. Según los abogados de la familia de la víctima, está por alcanzar la libertad en los próximos días.
Proceso solicitó por escrito a la Dirección de Comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre la situación actual del oficial Chávez Soto. Se les requirió conocer si la persona aludida está detenida y si hay cargos en su contra. La dependencia que dirige el general brigadier diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario simplemente se negó a responder.
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- Peña va superando a Calderón… en número de muertos
En este análisis sobre las cifras de muertes violentas en el país durante los primeros 11 meses del gobierno de Peña Nieto, por rubro y por estado, el semanario Zeta demuestra que pese a la pretendida “baja en la incidencia delictiva” que pregona el gobierno federal, el número de asesinatos dolosos aumentó respecto de los últimos meses del sexenio calderonista. En el informe que el medio tijuanense publica este domingo 8 y comparte con Proceso se evidencia la manipulación de números con que el Sistema Nacional de Seguridad Pública intenta ocultar la terrible realidad, a falta de resultados reales.
Ni la política de desinformación ni la estrategia mediática de ocultar información e investigaciones ni el discurso triunfalista, tampoco la manipulación sistemática de estadísticas implementada en los primeros 11 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, pudieron ocultar las narcofosas llenas de cadáveres como en Jalisco y Michoacán, los decapitados, los desmembrados, los colgados, los incinerados, los ejecutados con tiro de gracia y otras matanzas ocurridas en el país, producto de
vendettas y enfrentamientos del crimen organizado y el narcotráfico.
Afortunadamente, institutos de ciencias forenses en los estados, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones de derechos humanos independientes, medios locales de las entidades federativas, comunidades religiosas –como la Arquidiócesis de Apatzingán en Michoacán– y familiares de víctimas que han fundado asociaciones civiles se dieron a la tarea de registrar las ejecuciones luego que el gobierno de Enrique Peña Nieto optó desde los primeros días por el trillado discurso de la “incidencia delictiva a la baja”.
La metodología implementada por Zeta desde el sexenio de Felipe Calderón, aplicada ahora en la administración de Enrique Peña Nieto, consiste, como todo trabajo periodístico de investigación, en confrontar la versión oficial publicada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y las procuradurías locales, incluidos los dichos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el vocero Eduardo Sánchez, con los registros de ejecuciones que reportan mensualmente las instituciones no gubernamentales en cada uno de los estados.
A diferencia de las 17 mil 68 ejecuciones que contabilizó el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, basado en igual número de averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos, Zeta registró, en los primeros 11 meses de gobierno de Peña Nieto, 19 mil 16 ejecuciones hasta el 30 de octubre de 2013.
EPN supera a Calderón
Luego de un minucioso recuento de las ejecuciones, mes por mes, en cada una de las entidades federativas, la conclusión más importante a la que se llegó en este semanario es que el primer tramo del gobierno de Peña Nieto es ya más cruento que el último de Calderón Hinojosa.
Para empezar, el primer año de gobierno de Felipe Calderón, 2007, Zeta documentó 2 mil 826 muertes producto de “ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones” y homicidios dolosos a consecuencia del narcomenudeo.
En los últimos 11 meses de gobierno de Calderón, las ejecuciones alcanzaron la cifra de 18 mil 161, mientras que datos duros documentados en este semanario arrojan la cantidad de 19 mil 16 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013. Este rubro el gobierno peñista empezó clasificándolo como “homicidios dolosos relacionados a delitos federales”, pero son saldos de la guerra que mantiene el gobierno federal contra algunos cárteles de la droga y de la confrontación entre éstos, que se disputan el control de la producción, tráfico y distribución de sustancias ilegales.
Pero el Secretariado Ejecutivo sólo reconoce 17 mil 68 “averiguaciones previas” por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013.
Más aún, en la cifra de 19 mil 16 ejecuciones obtenida por Zeta lamentablemente no se incluye los que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido clasificar como homicidios culposos o “accidentes” en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que dirige Monte Alejandro Rubido.
Tristemente, en la suma de 19 mil 16 tampoco se encuentran registrados los homicidios dolosos que no cuentan con denuncia o averiguación previa: de manera ilustrativa de la gravedad del problema, recientemente un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, del gobierno de Javier Duarte, confesó a Zeta que en aquella entidad no se están contabilizando todos los homicidios dolosos “porque no denuncian” los familiares, y por lo tanto no hay registros oficiales en la propia PGJE ni en el SNSP:
“En Veracruz hay muertos no reportados a las autoridades; de muertos no se habla y de desaparecidos tampoco, y no los dan a conocer pero siguen desapareciendo. Todo se esconde, en la prensa no sale.”
Hay que recordar que en 2012 Zeta registró 20 mil 571 ejecuciones de un total de 26 mil 37 autopsias por homicidios dolosos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); es decir, 79% de los homicidios dolosos correspondió a ejecuciones que el gobierno federal clasifica como “homicidios dolosos relacionados a delitos federales”.
Por si fuera poco, los homicidios culposos, es decir, las muertes por “accidentes” (sobre todo de Michoacán), también aumentaron en los primeros 11 meses de gestión de Enrique Peña Nieto, en relación con los últimos 11 meses de la administración calderonista: 15 mil 59 averiguaciones previas por “accidentes” en el gobierno peñista por 14 mil 767 en la gestión de Calderón, según datos del SNSP.
Para completar el cuadro de impunidad actual, en el tema de secuestro también Enrique Peña Nieto rebasó a Felipe Calderón: mil 196 averiguaciones previas por plagios sucedidos en los últimos 11 meses de administración calderonista, por mil 546 en los primeros 11 meses del peñato, según el mencionado sistema.
Feudos de la muerte
Al igual que a Felipe Calderón, los muertos ya se le empiezan a amontonar a Enrique Peña Nieto por miles.
Mientras en el gobierno de Calderón fueron Chihuahua, Sinaloa y Guerrero las entidades que registraron más ejecuciones en el sexenio, en la administración de Enrique Peña Nieto el estado de Guerrero, gobernado por Ángel Aguirre Rivero (antiguo priista que ganó la gubernatura mediante la alianza PAN-PRD), se ubica en primer lugar con mil 942 ejecuciones.
El segundo lugar es para el Estado de México, con mil 846 ejecuciones. Por cierto es la entidad natal de Peña Nieto, que éste gobernó entre 2005 y 2011 y que actualmente administra el también priista Eruviel Ávila.
El tercer lugar lo ocupa, con mil 633 ejecuciones, Chihuahua, gobernada por el priista César Duarte.
Michoacán y Jalisco se localizan en cuarto y quinto escaño en cuanto a ejecuciones, con un total de mil 416 y mil 406, respectivamente; en ambas entidades federativas se libra una guerra principalmente entre el Cártel de Sinaloa, a través del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y los autonombrados Caballeros Templarios.
Estas cinco entidades concentran 8 mil 243 ejecuciones, es decir, 43% de las ejecuciones cometidas en todo el país durante los primeros 11 meses del actual gobierno.
Y en cuanto a ciudades, si en el calderonato Juárez fue la más violenta, en los primeros 11 meses del peñato Acapulco es la que tuvo más homicidios dolosos (835 averiguaciones previas), de acuerdo con la información oficial de procuradurías y fiscalías estatales.
El Distrito Federal se había mantenido alejado de los primeros lugares en cuanto a homicidios dolosos durante el sexenio de Felipe Calderón, pero con la actual administración federal se ubica ya en segundo escaño, con 708 “averiguaciones previas” por homicidio doloso.
Declarada por los tres niveles de gobierno como “modelo” de seguridad, Tijuana se encuentra en tercer lugar con 502 homicidios dolosos en el periodo inicial de esta administración federal, de acuerdo con información del gobierno de Baja California y registros periodísticos de Zeta.
Los siguientes datos también son oficiales, según las procuradurías y fiscalías estatales, además de institutos forenses en el lapso estudiado: Culiacán en cuarto escaño, con 410 averiguaciones previas por homicidio doloso; en quinto lugar Ciudad Juárez, con 363; y en sexto Guadalajara, con 284. Le siguen Monterrey con 262, Zapopan con 233, Chihuahua con 213 y Torreón con 209.
Las citadas 10 ciudades concentran 4 mil 19 averiguaciones previas por homicidio doloso.
El sexenio de los “accidentes”
Una forma de manipular sistemáticamente las estadísticas en el gobierno de Enrique Peña Nieto es arrojar a las víctimas por homicidio doloso en la categoría de “accidentes”, es decir homicidios culposos.
Valga recordar que de las 19 mil 16 ejecuciones registradas por Zeta, el Secretariado Ejecutivo sólo reconoce 17 mil 68 “averiguaciones previas” por homicidio doloso, de acuerdo con el SNSP, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013.
Un dato revelador: mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto clasifica a 17 mil 68 en la categoría de averiguaciones previas por homicidio doloso, en el rubro de homicidios culposos, es decir, “accidentes”, la suma llega a 15 mil 59 averiguaciones previas en sus primeros 11 meses.
Michoacán es la principal entidad donde abundan misteriosamente los “accidentes”.
Mientras entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013, el SNSP reporta 832 averiguaciones previas por homicidio doloso, en el rubro de averiguaciones previas por homicidio culposo o accidentes la cifra alcanza mil 512. Se trata de una evidente manipulación de las estadísticas por el gobierno federal, porque a nivel nacional las averiguaciones previas por homicidio doloso en los primeros 11 meses de administración peñista no son más que los accidentes: 17 mil 68 por 15 mil 59, respectivamente.
Zeta cuestionó a Monte Alejandro Rubido, titular del SNSP, en su reciente visita a Tijuana, si es normal que en Michoacán existan más “accidentes” que asesinatos intencionales, a diferencia de otras entidades, donde la cifra de accidentes nunca supera a la de homicidios dolosos. Esta fue su respuesta:
“No rehúyo la responsabilidad ni la respuesta, pero son los datos que nos manda la procuraduría michoacana. Así como a usted le brinca este dato, así como brincó en algunos diarios el día de hoy, a nosotros también nos brinca, y estamos en comunicación constante con la procuraduría michoacana tratando de hacer las precisiones pertinentes en la materia. ¿Qué nos sucede? Y hacia allá podemos atribuir este hecho: a que muchas veces las personas que tienen que estar llenando las cifras no se apegan al protocolo de llenado y se pueden generar este tipo de distorsiones, pero lo estamos revisando, lo estamos trabajando con Michoacán. Yo espero que en un periodo breve podamos hacer las aclaraciones conducentes en el caso.”
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