Cinismo presidencial Proceso Jesús Cantú Mexico es un pais sinvergüenza
Cinismo presidencial
Proceso Jesús Cantú
México vive su peor crisis de los últimos 80 años. Si bien estalló a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace poco más de dos meses, empezó a forjarse el siglo pasado, en los ochenta, con el cambio del modelo de desarrollo y su consiguiente impacto sobre el sistema político.
En esas últimas ocho décadas los dos momentos comparables son el de 1968, con las demandas del movimiento estudiantil acompañadas de las manifestaciones masivas y la matanza del 2 de octubre; y el de los acontecimientos de 1994, que inició con el alzamiento zapatista el 1 de enero, siguió con los asesinatos del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio y de quien estaba llamado a liderar el PRI en la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu, y terminó con el “error de diciembre” y la subsecuente crisis económica.
En 1968 México estaba en el periodo del llamado Milagro Mexicano, que le permitió sostener durante décadas un crecimiento anual promedio superior a 5%. Aunque la riqueza no se distribuyó equitativamente y, en lugar de mitigar la pobreza y sus manifestaciones, ensanchó las desigualdades y provocó descontento social, la fortaleza del Estado mexicano le permitió sortear el momento, aun cuando haya recurrido a la represión.
Por otra parte los medios de comunicación masiva, salvo contadas excepciones, estaban sometidos totalmente al control gubernamental, lo cual permitió que la mayor parte de la ciudadanía únicamente conociera la versión oficial de los hechos; la sociedad civil era prácticamente inexistente y, por si fuera poco, el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz llegaba a su último tercio.
En 1994 –y si bien ya se habían sorteado tres graves crisis económicas (las de 1976, 1982 y 1987)– el crecimiento de los últimos años, el ingreso a la OCDE y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio permitían acariciar la ilusión de que volvería el crecimiento sostenido y en poco tiempo México podría formar parte del Primer Mundo.
Aun cuando la sacudida fue mayor, con un decrecimiento económico severo y con Ernesto Zedillo en los primeros meses de su mandato, no había cuestionamientos sobre la legalidad de la elección presidencial ni sobre la honestidad personal del priista. Él era un tecnócrata a quien se le reconocía competencia en el ámbito económico, no obstante que se dudaba de su capacidad política.
Sin embargo, en los dos casos la presencia del Estado autoritario todavía permitía mantener el control en casi todo el territorio nacional (en el caso de Chiapas, el zapatismo controlaba la sierra chiapaneca) y desde luego someter a los distintos grupos de presión.
Ahora la situación es distinta: Se arrastra un crecimiento de apenas 2.5% del PIB en promedio anual desde hace tres décadas, lo que, aunado a las recurrentes crisis económicas, ha provocado el crecimiento de la pobreza; la alternancia en el Poder Ejecutivo en 2000 detonó el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, pero no logró consolidar un régimen democrático, lo cual evidenció la debilidad del Estado, que perdió el control de extensas partes del territorio nacional y sucumbió ante las presiones de los poderes fácticos. Este contexto adverso llevó a varios analistas a calificar a México como un “Estado fallido”, fenómeno que conllevó un deterioro institucional que impactó negativamente en la calidad de los servicios públicos de educación y salud, entre los más importantes.
La incapacidad del Estado para combatir la delincuencia organizada se evidenció con el crecimiento de la inseguridad y la violencia a partir de diciembre de 2006, cuando se decidió recurrir al Ejército y la Marina para realizar tareas de seguridad pública. La consecuencia: multiplicación de los crímenes de Estado y las violaciones de los derechos humanos.
En este contexto la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso, el evento que despertó la solidaridad ciudadana, desató la inconformidad social e impulsó las movilizaciones masivas. Y en medio de esta crisis se difunde la información de que el contratista del sexenio, Juan Armando Hinojosa, había vendido (en condiciones muy favorables) una lujosa residencia en las Lomas de Chapultepec a la familia presidencial, dejando al descubierto el conflicto de interés y el franco desprecio a la legalidad por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
La secuencia multiplicó las protestas con motivo de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana y obligó a la reacción del gobierno federal. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció desde el lunes 24 que el presidente anunciaría una nueva estrategia para restituir el estado de derecho. El jueves 27 Peña Nieto presentó ante la opinión pública su respuesta.
El nuevo programa es, por decir lo menos, insuficiente y evidencia la incapacidad y el cinismo del gobierno federal. Insuficiente pues vuelve a recurrir a respuestas focalizadas, parciales y limitadas, producto de diagnósticos intencionalmente sesgados, para tratar de centrar toda la responsabilidad en la instancia municipal, cuando la infiltración del crimen organizado, la corrupción y la debilidad se extiende a los tres órdenes de gobierno.
Evidencia asimismo la incapacidad del gobierno para proponer una estrategia integral, que permita la construcción de instituciones estatales democráticas capaces de responder a la realidad nacional, donde desde luego la vigencia del estado de derecho y el combate a la inseguridad, la pobreza y las desigualdades deben tener una especial importancia.
Prevalece la intención de ocultar la gravedad de la crisis y la debilidad del Estado.
Y finalmente irrita el cinismo con el cual el presidente anuncia su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho, cuando sus acciones evidencian su absoluto desprecio por los mismos. La compra de la Casa Blanca dejó al descubierto la violación de varias disposiciones legales; por lo tanto, para restituir el estado de derecho el primer sujeto a los procedimientos sancionatorios tiene que ser él, a lo cual no está dispuesto.
Para superar la crisis se requiere de la estricta aplicación de la ley absolutamente para todos (incluyendo primero al presidente) y el diseño y aplicación de políticas públicas eficaces, no de más histrionismo y anuncios mediáticos.
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kikka-roja.blogspot.com
Cinismo presidencial
Proceso Jesús Cantú
En esas últimas ocho décadas los dos momentos comparables son el de 1968, con las demandas del movimiento estudiantil acompañadas de las manifestaciones masivas y la matanza del 2 de octubre; y el de los acontecimientos de 1994, que inició con el alzamiento zapatista el 1 de enero, siguió con los asesinatos del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio y de quien estaba llamado a liderar el PRI en la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu, y terminó con el “error de diciembre” y la subsecuente crisis económica.
En 1968 México estaba en el periodo del llamado Milagro Mexicano, que le permitió sostener durante décadas un crecimiento anual promedio superior a 5%. Aunque la riqueza no se distribuyó equitativamente y, en lugar de mitigar la pobreza y sus manifestaciones, ensanchó las desigualdades y provocó descontento social, la fortaleza del Estado mexicano le permitió sortear el momento, aun cuando haya recurrido a la represión.
Por otra parte los medios de comunicación masiva, salvo contadas excepciones, estaban sometidos totalmente al control gubernamental, lo cual permitió que la mayor parte de la ciudadanía únicamente conociera la versión oficial de los hechos; la sociedad civil era prácticamente inexistente y, por si fuera poco, el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz llegaba a su último tercio.
En 1994 –y si bien ya se habían sorteado tres graves crisis económicas (las de 1976, 1982 y 1987)– el crecimiento de los últimos años, el ingreso a la OCDE y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio permitían acariciar la ilusión de que volvería el crecimiento sostenido y en poco tiempo México podría formar parte del Primer Mundo.
Aun cuando la sacudida fue mayor, con un decrecimiento económico severo y con Ernesto Zedillo en los primeros meses de su mandato, no había cuestionamientos sobre la legalidad de la elección presidencial ni sobre la honestidad personal del priista. Él era un tecnócrata a quien se le reconocía competencia en el ámbito económico, no obstante que se dudaba de su capacidad política.
Sin embargo, en los dos casos la presencia del Estado autoritario todavía permitía mantener el control en casi todo el territorio nacional (en el caso de Chiapas, el zapatismo controlaba la sierra chiapaneca) y desde luego someter a los distintos grupos de presión.
Ahora la situación es distinta: Se arrastra un crecimiento de apenas 2.5% del PIB en promedio anual desde hace tres décadas, lo que, aunado a las recurrentes crisis económicas, ha provocado el crecimiento de la pobreza; la alternancia en el Poder Ejecutivo en 2000 detonó el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, pero no logró consolidar un régimen democrático, lo cual evidenció la debilidad del Estado, que perdió el control de extensas partes del territorio nacional y sucumbió ante las presiones de los poderes fácticos. Este contexto adverso llevó a varios analistas a calificar a México como un “Estado fallido”, fenómeno que conllevó un deterioro institucional que impactó negativamente en la calidad de los servicios públicos de educación y salud, entre los más importantes.
La incapacidad del Estado para combatir la delincuencia organizada se evidenció con el crecimiento de la inseguridad y la violencia a partir de diciembre de 2006, cuando se decidió recurrir al Ejército y la Marina para realizar tareas de seguridad pública. La consecuencia: multiplicación de los crímenes de Estado y las violaciones de los derechos humanos.
En este contexto la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso, el evento que despertó la solidaridad ciudadana, desató la inconformidad social e impulsó las movilizaciones masivas. Y en medio de esta crisis se difunde la información de que el contratista del sexenio, Juan Armando Hinojosa, había vendido (en condiciones muy favorables) una lujosa residencia en las Lomas de Chapultepec a la familia presidencial, dejando al descubierto el conflicto de interés y el franco desprecio a la legalidad por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
La secuencia multiplicó las protestas con motivo de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana y obligó a la reacción del gobierno federal. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció desde el lunes 24 que el presidente anunciaría una nueva estrategia para restituir el estado de derecho. El jueves 27 Peña Nieto presentó ante la opinión pública su respuesta.
El nuevo programa es, por decir lo menos, insuficiente y evidencia la incapacidad y el cinismo del gobierno federal. Insuficiente pues vuelve a recurrir a respuestas focalizadas, parciales y limitadas, producto de diagnósticos intencionalmente sesgados, para tratar de centrar toda la responsabilidad en la instancia municipal, cuando la infiltración del crimen organizado, la corrupción y la debilidad se extiende a los tres órdenes de gobierno.
Evidencia asimismo la incapacidad del gobierno para proponer una estrategia integral, que permita la construcción de instituciones estatales democráticas capaces de responder a la realidad nacional, donde desde luego la vigencia del estado de derecho y el combate a la inseguridad, la pobreza y las desigualdades deben tener una especial importancia.
Prevalece la intención de ocultar la gravedad de la crisis y la debilidad del Estado.
Y finalmente irrita el cinismo con el cual el presidente anuncia su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho, cuando sus acciones evidencian su absoluto desprecio por los mismos. La compra de la Casa Blanca dejó al descubierto la violación de varias disposiciones legales; por lo tanto, para restituir el estado de derecho el primer sujeto a los procedimientos sancionatorios tiene que ser él, a lo cual no está dispuesto.
Para superar la crisis se requiere de la estricta aplicación de la ley absolutamente para todos (incluyendo primero al presidente) y el diseño y aplicación de políticas públicas eficaces, no de más histrionismo y anuncios mediáticos.
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