Narcotráfico y democracia
Miércoles, 18 de Febrero de 2009
Crece la preocupación de las agencias norteamericanas de inteligencia y seguridad, al percibir que la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga está fuera de control. Asegura por ejemplo el informe presentado por Denise Blair, director de Inteligencia Nacional del gobierno de Barak Obama, que "la influencia de corrupción y creciente violencia de los cárteles de droga mexicanos, los cuales están entre los grupos de crimen organizado más poderosos en el mundo, impiden la habilidad de las autoridades federales de gobernar partes de su territorio y construir instituciones democráticas efectivas" (13/Feb/09). Por su parte, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, formada por ex políticos y escritores, también refiere que las frágiles democracias latinoamericanas peligran, entre otras cosas, porque la estrategia de combate policíaco-militar contra los capos de la droga ha fracasado, por lo cual recomienda buscar rutas alternativas. Mientras tanto, Calderón se ufanó en Davos de que su gobierno le ha puesto a los capos "unas patadas bien puestas". Es cierto. La mala noticia es que los cárteles responden a esas patadas con balazos, decapitaciones y granadas.
Y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, se refirió también al tema en Ginebra, afirmando que no se puede dudar de que el gobierno mexicano está ganando la guerra contra el narco, cuando nueve de cada diez fallecidos pertenecen a los cárteles. Una forma absolutamente simplista de abordar el problema, pues no estamos en una guerra convencional, sino ante un fenómeno sumamente complejo del que, por lo visto, el secretario de Gobernación no tiene mucha idea. Y es que bajo esa misma lógica, el gobierno norteamericano podría decir también que va ganando en Irak, pues frente a los cerca de seis mil muertos del Ejército norteamericano, hay cientos de miles de víctimas irakíes. ¿Eso significa que Estados Unidos va ganando esa costosa e irracional guerra? Es evidente que no. Si sólo se tratara de muertos de un lado u otro, entonces habría sido mejor que el gobierno mexicano no interviniera en el conflicto entre cárteles, que sólo arrojaba víctimas entre ellos, sin caídos del Estado (y menos aun, daños colaterales de ciudadanos no involucrados).
Pero el objetivo de los operativos militares era, se supone, recuperar los territorios controlados por los cárteles, y reducir la violencia intercárteles que de cualquier manera generaba inseguridad pública. La guerra no es contra el narco sin más; es sobre todo contra la inseguridad y la violencia callejera, y ese debe ser el medidor del éxito o fracaso. Por lo pronto, mientras más pasa el tiempo la violencia crece y la inseguridad se profundiza (aunque el marcador sea de 9 a 1). A menos que en relativamente poco tiempo viéramos que bajan la inseguridad y la violencia (en lugar de incrementarse), tendremos que concluir que esa no era la opción menos mala (no hay opciones buenas), sino una demasiado costosa socialmente, que además pone en riesgo la viabilidad de la democracia (y, desde luego la del mismo Estado). Cabe destacar que no es el consumo de la droga lo que hace peligrar la democracia. Si así fuera, Estados Unidos y la Unión Europea ya hubieran dejado de serlo. Es la prohibición y el combate a la oferta de drogas lo que obstruye la construcción democrática.
Esa conclusión no es nueva. Por ejemplo, un Diagnóstico del Grupo de Contacto de Alto Nivel México-Estados Unidos, afirmaba en 1997: "El narcotráfico se transforma con sorprendente rapidez, rebasando en muchos casos la capacidad institucional para contrarrestarlo; el lavado de dinero, el tráfico de armas y, principalmente, la infiltración en las estructuras de poder son los efectos nocivos más visibles". En general, se puede afirmar que algunos de los principales obstáculos a la democracia derivados del narcotráfico, son:
1) El dinero con que cuentan los cárteles es tan cuantioso que fácilmente puede penetrar e influir sobre muchos de los actores clave en la transición democrática; Ejército, aparatos de seguridad, empresarios, guerrillas, partidos políticos, jueces y legisladores, por señalar los más importantes. Dicha influencia puede modificar radicalmente la racionalidad y el comportamiento de dichos actores, en un sentido distinto e incluso antagónico al que exige un proceso de transición democrática.
2) La democratización exige el compromiso de los actores con un ordenamiento legal básico para dirimir sus respectivas diferencias de manera pacífica, pero por definición en ese esquema no entran los cárteles de la droga. Sin duda, lo mismo ocurre con otras organizaciones delictuosas sin que ello afecte mayormente la democracia, pero es que no disponen el poder económico, político y militar de los narcotraficantes como para constituir un gran obstáculo a democratización. El consecuente desafío de los capos al Estado tiende a propiciar un ambiente de desorden e ilegalidad que puede inclinar la balanza del proceso de transición hacia la inestabilidad.
3) Los cárteles de la droga escapan en buena medida a la lógica nacional, pues en muchos casos constituyen actores transnacionales. Esto les permite pasar por encima de los ordenamientos vigentes en las democracias incipientes en que operan. Dicha mundialización permite a los cárteles de la droga resistir mejor la presión del Estado que los confronta. Y todo ello porque pretendemos impedir, además inútilmente, que un pequeño grupo de personas consuma voluntariamente diversos estupefacientes. El costo social, político y económico de ese gusto o adicción lo debemos pagar todos, en lugar de avocarnos a prevenir el abuso de las drogas, y en su caso rehabilitar a los adictos. Es absurdo.
kikka-roja.blogspot.com/
Y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, se refirió también al tema en Ginebra, afirmando que no se puede dudar de que el gobierno mexicano está ganando la guerra contra el narco, cuando nueve de cada diez fallecidos pertenecen a los cárteles. Una forma absolutamente simplista de abordar el problema, pues no estamos en una guerra convencional, sino ante un fenómeno sumamente complejo del que, por lo visto, el secretario de Gobernación no tiene mucha idea. Y es que bajo esa misma lógica, el gobierno norteamericano podría decir también que va ganando en Irak, pues frente a los cerca de seis mil muertos del Ejército norteamericano, hay cientos de miles de víctimas irakíes. ¿Eso significa que Estados Unidos va ganando esa costosa e irracional guerra? Es evidente que no. Si sólo se tratara de muertos de un lado u otro, entonces habría sido mejor que el gobierno mexicano no interviniera en el conflicto entre cárteles, que sólo arrojaba víctimas entre ellos, sin caídos del Estado (y menos aun, daños colaterales de ciudadanos no involucrados).
Pero el objetivo de los operativos militares era, se supone, recuperar los territorios controlados por los cárteles, y reducir la violencia intercárteles que de cualquier manera generaba inseguridad pública. La guerra no es contra el narco sin más; es sobre todo contra la inseguridad y la violencia callejera, y ese debe ser el medidor del éxito o fracaso. Por lo pronto, mientras más pasa el tiempo la violencia crece y la inseguridad se profundiza (aunque el marcador sea de 9 a 1). A menos que en relativamente poco tiempo viéramos que bajan la inseguridad y la violencia (en lugar de incrementarse), tendremos que concluir que esa no era la opción menos mala (no hay opciones buenas), sino una demasiado costosa socialmente, que además pone en riesgo la viabilidad de la democracia (y, desde luego la del mismo Estado). Cabe destacar que no es el consumo de la droga lo que hace peligrar la democracia. Si así fuera, Estados Unidos y la Unión Europea ya hubieran dejado de serlo. Es la prohibición y el combate a la oferta de drogas lo que obstruye la construcción democrática.
Esa conclusión no es nueva. Por ejemplo, un Diagnóstico del Grupo de Contacto de Alto Nivel México-Estados Unidos, afirmaba en 1997: "El narcotráfico se transforma con sorprendente rapidez, rebasando en muchos casos la capacidad institucional para contrarrestarlo; el lavado de dinero, el tráfico de armas y, principalmente, la infiltración en las estructuras de poder son los efectos nocivos más visibles". En general, se puede afirmar que algunos de los principales obstáculos a la democracia derivados del narcotráfico, son:
1) El dinero con que cuentan los cárteles es tan cuantioso que fácilmente puede penetrar e influir sobre muchos de los actores clave en la transición democrática; Ejército, aparatos de seguridad, empresarios, guerrillas, partidos políticos, jueces y legisladores, por señalar los más importantes. Dicha influencia puede modificar radicalmente la racionalidad y el comportamiento de dichos actores, en un sentido distinto e incluso antagónico al que exige un proceso de transición democrática.
2) La democratización exige el compromiso de los actores con un ordenamiento legal básico para dirimir sus respectivas diferencias de manera pacífica, pero por definición en ese esquema no entran los cárteles de la droga. Sin duda, lo mismo ocurre con otras organizaciones delictuosas sin que ello afecte mayormente la democracia, pero es que no disponen el poder económico, político y militar de los narcotraficantes como para constituir un gran obstáculo a democratización. El consecuente desafío de los capos al Estado tiende a propiciar un ambiente de desorden e ilegalidad que puede inclinar la balanza del proceso de transición hacia la inestabilidad.
3) Los cárteles de la droga escapan en buena medida a la lógica nacional, pues en muchos casos constituyen actores transnacionales. Esto les permite pasar por encima de los ordenamientos vigentes en las democracias incipientes en que operan. Dicha mundialización permite a los cárteles de la droga resistir mejor la presión del Estado que los confronta. Y todo ello porque pretendemos impedir, además inútilmente, que un pequeño grupo de personas consuma voluntariamente diversos estupefacientes. El costo social, político y económico de ese gusto o adicción lo debemos pagar todos, en lugar de avocarnos a prevenir el abuso de las drogas, y en su caso rehabilitar a los adictos. Es absurdo.
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