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ALOS INDIGENAS DE LOS 400 PUEBLOS LOS DESPOJARON CUANDO ERA GOBERNADOR DE VERACRUZ DANTE DELGADO, LES ROBARON SUS TIERRITAS Y LOS REPRIMIERONDespropósito, racismo y demagogia
QUE POCA MADRE, LOS POBRES SON SAQUEADOS,
¡¡MONDRAGON CHINGAS A TU MADRE!!
APOYO TOTAL A LOS 400 PUEBLOS EN SU LUCHA.
■ La conclusión del instituto fue “incorrecta” al no acreditar responsabilidad a esos partidos, dice
Ampliar la imagen Los magistrados electorales Alejandro Luna Ramos, Salvador Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos, en sesión de trabajo Foto: Carlos Cisneros/Archivo
Dentro de este paquete de medios de impugnación, los magistrados refrendaron también varios casos en los que se ratifica como válidos los resolutivos de la Comisión Nacional de Garantías del PRD, aun cuando éstos ocurran sólo con el voto de dos de los tres integrantes de este órgano partidista.
MEXICO, D.F., 28 de octubre (apro).- Sin duda, una de las grandes empresas petroleras que respiraron tranquilas tras la aprobación de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos fue la poderosa trasnacional norteamericana Halliburton. Entre los principales accionistas de dicha empresa se encuentran George W. Bush y el vicepresidente Dick Cheney, quien posee 433 mil acciones del corporativo que llegó a presidir antes del año 2000, y a la cual retornará tras la previsible derrota de los republicanos en las elecciones presidenciales de este año. Entre las razones de la tranquilidad de los grandes y poderosos accionistas de Halliburton está el hecho de que las reformas aprobadas en el Senado y en la Cámara de Diputados no afectan en lo mínimo los 81 contratos que esta corporación ha recibido de Pemex de 2000 a la fecha, por un valor total de cuatro mil millones de dólares. De los 81 contratos que tiene Halliburton con Pemex, un total de 37 fueron adjudicados directamente, sin licitación alguna, 42 a través de licitación internacional y dos por invitación directa. El último gran contrato recibido por Halliburton fue el 18575069-012-07, asignado por Pemex en enero de 2008 por 683 millones de dólares. La característica fundamental de este contrato es que, gracias a él, Halliburton perforará y terminará 58 pozos petroleros en una misma zona; es decir, en un solo bloque de pozos que se ubican en el sur del país y que poseen el 16% del total de la producción nacional de crudo, de acuerdo con la propia información de Pemex Exploración y Producción (PEP). Los 58 pozos que perfora y explota Halliburton desde enero de 2008 se ubican en la zona Cinco Presidentes, Bellota-Jujo, Samaria-Luna, Muspac y Macuspana, todos ubicados en la zona de Tabasco, el sur de Veracruz y parte de Chiapas. Halliburton ya tiene experiencia en los contratos por bloques. El gobierno de George W. Bush le otorgó los más jugosos contratos en Irak, por 16 mil millones de dólares, asignándole el control de áreas completas del territorio invadido por Estados Unidos. En 2003, en la zona de Reforma, Chiapas, Halliburton obtuvo contratos por 20 millones de dólares para expandir la infraestructura de gas natural en esta zona. El Frente de Trabajadores de Energía informó que, gracias a esta "alianza" con Pemex, Halliburton ha contratado en esta zona a 1,250 trabajadores y subcontrata a miles más. Tiene oficinas en Ciudad del Carmen, Reynosa, Poza Rica, Villahermosa y en la Ciudad de México. En 2004, cuando el actual presidente Felipe Calderón estaba al frente de la Secretaría de Energía, Halliburton obtuvo un contrato por mil 953 millones de pesos por realizar trabajos de perforación y terminación de pozos para proyectos con presupuesto Pidiregas en la Región Sur, otro bloque que se le entregó a la poderosa empresa. Al darse a conocer este reciente contrato de enero de 2008, Cris Gaut, presidente de la división de perforación y evaluación de Halliburton, expresó en un comunicado lo siguiente: "Por los próximos tres años el grupo de manejo de proyectos de Halliburton proveerá a Pemex con soluciones integrales de perforación y finalización, que utilizarán nuestra fuerza y experiencia en tecnología e infraestructura para ayudar a Pemex a superar una serie de dificultades en el campo de perforación". El optimismo de Halliburton llegó a tal grado que pronosticó, en marzo de 2007, que ellos participarían en la refinación privada del petróleo mexicano, uno de los puntos que se desecharon de la reforma original de Felipe Calderón. El 19 de marzo de ese año, la empresa anunció que abriría una fábrica en Monterrey, Nuevo León, para satisfacer la creciente demanda de productos refinados y equipo para la exploración, producción y transportación de petróleos. Halliburton fue uno de los consorcios que más cabildearon en torno de la reforma petrolera. Sus estrechos vínculos con el poder político en Estados Unidos le permitieron ser una de las grandes beneficiadas de la invasión a Irak, y de la "reconstrucción de ese país", con contratos por 16 mil millones de dólares sin licitación y de manera privada. No sólo eso. La geopolítica de Halliburton la ha convertido en la aliada más firme de la estrategia de "guerra contra el terrorismo" que encabezó el gobierno de George W. Bush. En 2007, su división Kellogg Brown Root (KRB) construyó en Guantánamo, Cuba, 207 celdas destinadas a los "combatientes enemigos" y, en marzo del mismo año, abrió oficinas en Dubai, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Tras los resultados de la reforma petrolera en México, Halliburton ha comenzado a revisar los recovecos que le permitirá expandir lo ya logrado desde el gobierno de Vicente Fox en territorio mexicano. jenarovi@yahoo.com.mx |
MÉXICO, D.F., 27 de octubre (apro).- Detrás del feroz rostro de la tropa disfrazada de "Policía Federal" que Genaro García Luna encabeza de facto, porque legalmente ese cuerpo no existe, están muchos de los vicios del gobierno de Felipe Calderón, entre ellos la ineptitud y la improvisación, como quedó de manifiesto en el operativo para evitar la aprobación de la reforma energética en el Senado. Ese jueves por la mañana, cuando era generalizada la impresión de que Andrés Manuel López Obrador tiraba a la basura el triunfo de su movimiento --porque el proyecto privatizador de Calderón quedó hecho añicos--, en la Secretaría de Gobernación se reunieron su titular, Juan Camilo Mouriño, el subsecretario Daniel Cabeza de Vaca y el propio García Luna, secretario de Seguridad Pública. Desde ahí se disponían a seguir el debate, por el Canal del Congreso, que se celebraría en la sede del Senado, en el edificio de Xicotécatl, que para entonces era resguardado por centenares de soldados disfrazados de policías, colocados detrás de granaderos capitalinos, que hacían las veces de contención de los manifestantes. La víspera, López Obrador convocó a sus seguidores a concentrarse en el Hemiciclo a Juárez, para de ahí marchar al Senado, supuestamente para evitar la aprobación de la reforma que deja abierta una "rendija" para la cesión territorial a empresas privadas, y así lo hicieron. Cualquiera que hubiera visto la movilización en las inmediaciones del Senado no habría dudado que no sería posible ingresar al recinto sin un choque entre gendarmería y manifestantes, tal como lo apreciaron los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) que iban a bordo de un autobús. Con los senadores iba el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Cuauhtémoc Cardona, a quien le reclamaron la falta de seguridad a su integridad. Se alarmaron porque, para hacer retroceder el autobús, el chofer debió abrir la puerta para que su auxiliar bajara a "echarle aguas" para la maniobra. Sólo hasta entonces, y cuando ya era un hecho que la sesión se celebraría en el recinto alterno de la Torre del Caballito, Cardona se comunicó con García Luna, quien todavía estaba en la Secretaría de Gobernación, para manifestarle la molestia de los senadores y la exigencia de que dispusiera un operativo de seguridad más eficaz. Fue así que García Luna se apareció en la Torre del Caballito, acompañado del coordinador de asesores de Mouriño, el expriista Ulises Ramírez, senador con licencia. La presencia del jefe policiaco produjo un caos: Sin conocimiento del personal de seguridad ni con la logística habitual del edificio --y en específico del quinto piso donde se celebraría la sesión senatorial--, el aparatoso operativo que involucró a mil 500 elementos barrió con todo, al grado que el empuje de los gorilas estuvo a punto de enviar al vacío a un grupo de periodistas, de haberse vencido los vidrios a sus espaldas. Fue tan obvia la improvisación de García Luna en el recinto alterno del Senado, a punto de la tragedia, que el operativo de resguardo de la Cámara de Diputados por la "Policía Federal" comenzó desde el propio viernes, con la presencia del mismo funcionario, aunque ahora bajo la supervisión del Ejército. Apuntes Otra noticia extraordinaria: El secretario del Trabajo, Javier Lozano, reconoció que en México no se podrán crear más de 300 mil empleos por año hasta 2010, debido a la crisis económica que supuestamente jamás nos afectaría. La oferta de Calderón, quien se vendió como el "candidato del empleo", fue de generar al menos un millón de empleos cada año. Ahora, Lozano anticipa que a finales del 2008 habrá una "fuerte caída" en el mercado laboral, y que no se tendrán ni siquiera los 340 mil empleos que se registraron hasta septiembre. Recomendó a los trabajadores, además, no pedir aumento salarial, porque "traería una presión inflacionaria muy grave"... Qué curioso: Los enemigos de López Obrador deberían estar felices y son los más indignados. ¡Cómo es que López Obrador arroja a la basura la victoria que consiguió con la reforma energética! ¡Cómo, si el gran perdedor fue Calderón! ¡Debería estar celebrando el triunfo! ¡Es "don contreras"! ¡Da tristeza, caray! Y uno recuerda: ¿No había perdido todo el capital político y estaba políticamente muerto desde que tomó la infame decisión de establecer un gigantesco plantón en el Paseo de la Reforma? Y después, pasados unos meses, ¿no volvió a morir cuando hizo tomar la tribuna del Senado? Más aún: ¿No estaba loco cuando hablaba de que Calderón enviaría una iniciativa de reforma para promover la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno --amanuenses incluidos-- decía que no había tal? Ahora que exige la incorporación de las famosas 12 palabras --"no se suscribirán contratos de exploración y producción que contemplen el otorgamiento de bloque en áreas exclusivas"-- se vuelve a la cantaleta. Quizá por lo que dice el diputado panista Juan José Rodríguez Prats: Incluir el párrafo propuesto por el político tabasqueño a la Ley de Adquisiciones, Arredamientos y Servicios del Sector Público sería "atar" a Pemex y condenarla al fracaso, porque la empresa ya no podría desarrollar sus tareas. "Ceder en la inclusión de las 12 palabras que propone López Obrador sería matar a la empresa pública". Comentarios: delgado@proceso.com.mx |
Ampliar la imagen Miles de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se plantaron afuera de San Lázaro, mientras aquél planteaba en el salón de protocolo los riesgos de la reforma energética aprobada ayer Foto: Jesús Villaseca
Operación Limpieza Miguel Ángel Granados Chapa 29 Oct. 08 El proceso a los funcionarios de la PGR que se vendieron al enemigo no puede prescindir de la información que sobre la conducta de los infidentes tengan los ex subprocuradores Santiago Vasconcelos y Ramírez Mandujano, que fueron sus jefes durante muchos años Asegura el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos que durante su estancia al frente de la SIEDO "implementó una vigilancia extrema a sus subordinados con información de Inteligencia Militar y de la DEA para evitar la infiltración del narco" (Reforma, 28 de octubre). Y sin embargo no reparó en la creciente fortuna de Miguel Colorado González, coordinador general técnico de dicha Subprocuraduría, próximo a él en la escala jerárquica, quien sin embozo expresaba en sus declaraciones patrimoniales sus compras de automóviles lujosos, inmuebles bien situados y ahorros que saltaron de 90 mil pesos en 2004 a un millón 200 mil pesos al año siguiente. Colorado González está ahora preso en el penal de alta seguridad de occidente, en Puente Grande, Jalisco. Estuvo sujeto a arraigo desde el comienzo de agosto y puede ser extraditado a Estados Unidos, pues la justicia norteamericana lo ha requerido para que responda a cargos que se formalizaron el jueves pasado, en que el funcionario pasó en México del arraigo a la prisión. Siguió la misma suerte su subordinado Fernando Rivera Hernández, director general adjunto en la coordinación que encabezaba Colorado González. También están presos en el penal jalisciense dos miembros de la Agencia Federal de Investigación, uno más está arraigado y dos se hallan prófugos. Se les acusa de recibir copiosas cantidades de dinero a cambio de información entregada a la banda de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva. Fueron señalados por autoridades norteamericanas que en éste como en otros casos se anticiparon a eventuales acusaciones mexicanas. El propio procurador Eduardo Medina Mora informó de la conversión de esos funcionarios en delincuentes. La incluyó en la presentación de una Operación Limpieza de que forma parte la separación de sus cargos de 35 agentes del Ministerio Público adscritos a la SIEDO. En la conferencia de prensa respectiva fue inevitable que se le preguntara sobre la actitud de los titulares de esa Subprocuraduría en cuya gestión sus colaboradores se vendieron al enemigo. Sin eludir la interrogación Medina Mora no la respondió, diciendo sólo que se habían formulado cargos contra aquellos respecto de los cuales había evidencia de su conducta delictiva. Los sucesivos jefes de los funcionarios recluidos en Jalisco dejaron de ser subprocuradores casi simultáneamente con el comienzo del arraigo de Colorado González y Rivera Hernández, este último ex militar formado ex profeso para combatir a los delincuentes de los que a la postre se hizo cómplice. Se dijo entonces que su salida obedecía a un proyecto de reestructuración de la Procuraduría General de la República, aunque se barruntaba que se les despidió para mejorar la imagen de la PGR, exhibida para mal en una reunión del gabinete de seguridad en que el secretario Genaro García Luna y el procurador Medina Mora se enfrentaron con acritud. A la luz de la información reciente podemos preguntarnos si la remoción de Santiago Vasconcelos y Ramírez Mandujano estuvo relacionada con la moción norteamericana que dio lugar a la Operación Limpieza. Acaso se precisaba que estuvieran fuera de la PGR para llevar adelante las pesquisas sobre sus colaboradores. Santiago Vasconcelos fue designado subprocurador a cargo de la SIEDO por el general procurador general Rafael Macedo de la Concha y se mantuvo en el cargo bajo Daniel Cabeza de Vaca. Había ingresado a la Procuraduría federal en 1993, y al concluir el gobierno de Fox permaneció en ella, trasladado a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales. Ahí causó baja el 3 de agosto y durante tres semanas quedó al margen de la actividad pública, hasta que se le encargó una responsabilidad menor y pasajera, la secretaría técnica para la implantación de la reforma de seguridad aprobada en junio anterior. Ramírez Mandujano, a su turno, sustituyó a Santiago Vasconcelos en la SIEDO en enero de 2007, y se marchó de ella el 4 de agosto pasado. A diferencia de su antecesor, no quedó ni un día en el limbo, pues junto con la de su despido se dio noticia de su nueva encomienda: la representación de la PGR en la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, con sede en Viena. Preguntar sobre la actitud y las acciones de los subprocuradores ante la ahora sabida corrupción de sus subordinados no implica en modo alguno ni la más tenue insinuación de que estuvieran coludidos con ellos. Eso se sabría sólo al cabo de una pesquisa que es inevitable pero de la que pueden salir exonerados. No se les puede condonar, en cambio, la falta de controles que hizo posible que de oficinas a su cargo brotara durante años información valiosísima para los narcotraficantes que pagaban con gran liberalidad a sus compinches. Como dijo Medina Mora, "esta investigación aún no concluye y es necesario seguir más líneas de trabajo... y conocer más ramificaciones y limpiar de tajo (quizá quiso decir cortar) cualquier manifestación de tolerancia a la corrupción vinculada a la delincuencia organizada". Además de indagar la conducta de las personas, se revisarán los sistemas de control en la SIEDO, ahora a cargo de una mujer, la maestra Marisela Morales, a quien el procurador "ordenó realizar nuevos y más rigurosos exámenes de control de confianza a todo el personal de la SIEDO". Convendrá saber si los acusados de hoy aprobaron esos exámenes en su tiempo o se les eximió de sujetarse a ellos. No basta sólo mejorar los procedimientos sino aplicarlos sin excepción. Cajón de Sastre Concluida la reforma petrolera con la aprobación de la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador se orienta a cambiar el eje de la movilización que encabeza hacia la defensa de la economía popular. Ello no quita, sin embargo, que continúe su impugnación a las modificaciones practicadas en el Congreso a la legislación petrolera. Mañana jueves detallará en una nueva asamblea informativa los pasos a seguir ahora, que incluyen la presentación masiva de demandas de amparo, la advertencia a las empresas eventualmente interesadas en obtener contratos sobre los riesgos jurídicos de hacerlo y un acto de presencia -"visita", lo llamó- ante la residencia presidencial cuando se anuncie la promulgación de la reforma. |
Las negaciones Sergio Aguayo Quezada 29 Oct. 08 A la memoria de Gustavo Iruegas y Antonio Villalba. Crece el número de víctimas buscando en el extranjero la justicia regateada en México. Consecuencia lógica de ese pantano de negaciones en el cual chapotea la política nacional. En el sistema interamericano de derechos humanos (Comisión y Corte) siguen acumulándose los casos presentados por ciudadanos mexicanos en busca de justicia. Ya suman 395 y atestiguan las debilidades e insuficiencias de nuestro sistema jurídico y político. Entre estos casos se encuentra el litigio por acceder a las boletas de la elección presidencial del 2006. El jueves pasado, la Comisión (CIDH) escuchó en Washington los razonamientos de Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, y de sus abogados, quienes respondieron a los argumentos del Estado mexicano que solicita a la CIDH rechazar la petición de Rodríguez Castañeda y levantar las medidas cautelares que ayudaron a frenar la destrucción de las boletas. La lectura del alegato de 95 cuartillas presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la CIDH fue un paseo por la sociología de la negación. ¡Cuánto virtuosismo en la prosa de ampuloso formalismo! ¡Cuántas mañas desplegadas para encubrir o distorsionar la realidad! ¡Qué rápido regresaron a las mañas del viejo régimen! Nuestros diplomáticos se dividen las tareas. Algunos son como fieros cadeneros que frenan el acceso; otros se comportan como los sofisticados maquillistas que medio tapan las cicatrices. Un trabajo ingrato y estéril que engaña a muy pocos porque la realidad se escapa por los resquicios de un país abierto al mundo. Dejo a los abogados dar respuesta puntual a las falacias y medias verdades utilizadas por el gobierno mexicano. Me concentro en la esencia del problema: triunfa la opacidad pero el Estado mexicano se encuentra dividido sobre qué hacer con las boletas. El reconocimiento más explícito aparece en la obra de Luis Carlos Ugalde (Así lo viví, Random House). En ella cuenta cómo se dividió el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el asunto; aclara que Eduardo Guerrero, director del Servicio Profesional, y los consejeros Andrés Albo y Teresa González estuvieron a favor de la transparencia. Cuando los escuchaba, confía Ugalde, se convencía de que "dar acceso a las boletas podría ayudar a restituir la confianza en el IFE". Más adelante reconoce que le entraron las dudas y se tambaleó su compromiso con la transparencia: "me di cuenta de que bastaba un puñado de errores para que la apertura generalizada, lejos de erradicar las sospechas, pudiera ser usada para fortalecer la acusación del 'cochinero'" (pp. 292-4). El resultado es que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negaron el acceso. El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información, Juan Pablo Guerrero, revisó el asunto desde la óptica de la transparencia en un trabajo todavía inédito (Las boletas de la elección presidencial de Felipe Calderón). Su opinión es clara: "El IFE primero y el TEPJF después no estuvieron dispuestos a permitir [la apertura], por razones que no se pueden encontrar en la Ley Federal de Transparencia". Entre las justificaciones de la opacidad empleadas por el IFE estuvo el daño que podía causarse a la "seguridad nacional". El TEPJF también hizo malabares: "dispuso que las boletas son documentación pública pero no pertenecen al dominio público, porque no se prevé su conservación en archivos, sino su destrucción". En otras palabras y por contradictorio que parezca, concluye Guerrero, la resolución del TEPJF "garantiza el derecho a la información... pero niega el acceso a los documentos solicitados". Esto se relaciona con un ángulo muchísimo más peligroso y riesgoso para el país: la negación del otro. Andrés Manuel López Obrador tiene pocos defensores y cosecha condenas por la obcecación con la cual se enfrenta al régimen. Para comprenderlo debe recordarse la negación que le endilgaron Vicente Fox y Felipe Calderón quienes, al calificarlo como "peligro para México", hicieron jirones su derecho a competir. Lo grave es que todavía mantienen esa línea de pensamiento como lo demuestra el folclórico e irresponsable llamado de Fox a "partirle el queso" a AMLO. La negación engendra negaciones y López Obrador encabeza a quienes rechazan la legitimidad de los otros. En un carril separado transcurre la insistencia de quienes deseamos tener acceso a las boletas del 2006 y a otra información sobre el pasado. Una y otra vez hemos chocado con la política de sistemática negación seguida por los gobiernos del Partido Acción Nacional. Desde el gobierno parecieran increparnos con preguntas como las siguientes: "¿para qué se empeñan en saber quiénes torturaron, dónde están los desaparecidos o qué dicen las boletas? Denle vuelta a la hoja, den la espalda a lo desagradable, pongan su mirada en el horizonte donde se eleva, muy bonito, el arco iris del futuro mejor". Si se recuerda su historia es notable la postura. Un profesor de filosofía, Thomas Nigel, dio una respuesta a por qué se quiere saber (citado en Lawrence Weschler, A miracle, a universe. Settling Accounts with Torturers). Confrontar el pasado y conocer la verdad supone establecer una "diferencia entre el conocimiento y el reconocimiento". Cuando se reconoce el "conocimiento es sancionado oficialmente" y se "transforma en parte del conocimiento público". Décadas antes, y en sus escritos desde la cárcel fascista, el filósofo italiano Antonio Gramsci lo calificaría como la modificación del "sentido común". Cuando se confronta la realidad pueden derrotarse las negaciones y surge la esperanza de que tal vez, a lo mejor, no volveremos a repetir los mismos errores. Tener acceso a esas boletas no corregirá la verdad jurídica (Calderón será Presidente hasta el 2012), pero nos permitirá entender mejor lo que realmente sucedió en el fatídico 2006. Se trata de una petición bien elemental que por ahora pende de la decisión que adopten, en Washington, los siete comisionados de la CIDH. Agradezco las sugerencias y materiales proporcionados por Javier Treviño Rangel de la London School of Economics sobre la sociología de las negaciones. La Miscelánea Soy parte del litigio. En representación de Fundar, Centro de Análisis e Investigación presenté un recurso que tal vez atraiga la Suprema Corte. Por ese motivo fui invitado por la CIDH a la reunión privada sobre el caso de Rafael Rodríguez Castañeda. Correo electrónico: saguayo@colmex.mx |
QUE HACER: Por LONJHO, REANIMANDO RCP es experto en salvamento CRUZ ROJAlonjho.blogspot.com/2008/05/reanimando-sin-miedo-rcp-solo-con-manos
depts.washington.edu/learncpr/spanish/videodemo/choking-child-video
■ Promovió “sin derecho jurídico” un amparo para mantener en secreto respuesta de España La PGR ocultó información sobre el padre de Mouriño, dice el IFAI ■ El organismo califica de “inusitada y grave acción” las “artimañas” en el caso de la presunta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes en operaciones con recursos de procedencia ilícita En una “inusitada, delicada y muy grave acción”, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió, “sin derecho jurídico”, un juicio de amparo para mantener en secreto la respuesta del gobierno de España sobre la supuesta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes (padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo) en operaciones con recursos de procedencia ilícita.En la sesión de ayer del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), los cinco comisionados expresaron lo anterior tras denunciar “las artimañas” usadas por la PGR para evitar la entrega de los documentos al organismo.Adrián Franco, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la PGR, fue quien promovió el amparo ante la juez cuarta de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, quien le otorgó la suspensión. A pesar de que la Ley Federal de Transparencia (LFT) ordena a todas las dependencias y entidades federales abrir sus archivos a los comisionados del IFAI, para que éstos verifiquen si es válida o no la clasificación de documentos, la procuraduría se negó en dos ocasiones a presentar la información a ese instituto, y después Franco promovió el amparo para evitar la revisión de los documentos.Así, mientras el Poder Judicial entrega una sentencia definitiva corre el plazo que la ley otorga al IFAI para resolver el recurso. La “estrategia dilatoria” puso en una encrucijada jurídica al instituto, que se vio imposibilitado a dictaminar el recurso 2832/08.Durante la sesión, el comisionado Alonso Lujambio consideró “inaceptable la conducta de la PGR, por expresar absoluta desconfianza hacia el IFAI”. Es, enfatizó, “una estrategia dilatoria para que los plazos corran y el instituto no pueda resolver. Ostentosamente se trata de una chicanada”.El también consejero del IFAI Juan Pablo Guerrero, ponente del caso, advirtió que “más allá de la desconfianza de la PGR, ésta es la primera vez que ocurre una situación así y en qué caso: nada más y nada menos que en una supuesta investigación de blanqueo de capitales de un señor de nombre Manuel Carlos Mouriño Atanes”.Ante ello, Guerrero mencionó su decisión de revocar la clasificación como reserva y ordenar a la procuraduría la entrega de una versión pública del documento que el gobierno de España giró a esa dependencia. Indicó que la versión pública sería revisada por el IFAI y con ello se evitaría que ese instituto resultara responsable por dejar correr el plazo máximo para dictaminar.Sin embargo, los comisionados Lujambio, María Marván Laborde, Alonso Gómez Robledo y Jacqueline Peschard se manifestaron por postergar el caso hasta que se resuelva en definitiva el amparo, aun cuando la PGR “no pudo comprobar ni acreditar las razones que motivaron la clasificación de la indagatoria” que involucra al padre del secretario de Gobernación.Al respecto, Marván Laborde destacó que aun cuando no procede la causal por la cual la PGR clasificó como reserva el documento (artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia), “estamos ante una trampa jurídica; no podemos resolver hasta que concluya el amparo”.Por su parte, Gómez Robledo añadió que “aunque jurídicamente la PGR no tiene derecho a promover el amparo (…) no podemos hacer nada hasta que exista una sentencia del juez, porque el caso está subjudice”. Incluso, calificó la acción de la PGR como “inusitada, delicada y muy grave”. Trampa jurídica A su vez, Alonso Lujambio reiteró que no podían incurrir en un desacato a la orden de un juez, y se pronunció por que la Dirección de Asuntos Jurídicos del IFAI analice una “estrategia que nos permita salir fortalecidos y no debilitados”. Además, los consejeros acordaron notificar al órgano interno de control (OIC) de la PGR el desacato en que incurrió el titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de esa dependencia, Adrián Franco, presunto responsable.Durante el debate, todos los comisionados expresaron su indignación por la “trampa jurídica” que les tendió la PGR, con su “aberrante argumento” que expresa “una extraordinaria desconfianza política hacia el IFAI”, y por su recurrente actitud de “incumplimiento”.En entrevista, el comisionado Juan Pablo Guerrero señaló que “la Procuraduría General de la República ha venido buscando toda clase de recursos legales para eludir el cumplimiento de la Ley de Transparencia y éste fue uno más con el agravante de que, por un lado, impide al IFAI resolver en tiempo y forma con la integración completa y la sustentación satisfactoria del expediente y, por otro, es evidente del caso que se trata”. El padre del titular de la SG habría sido investigado por lavado Analiza IFAI reserva de datos de Carlos Mouriño Atanés La PGR argumenta motivos de “confidencialidad” internacional Elizabeth Velasco C. El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) evaluará hoy si procede la clasificación que por 12 años estableció la Procuraduría General de la República (PGR) sobre una investigación contra Manuel Carlos Mouriño Atanés, padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, por el supuesto delito de operación con recursos de procedencia ilícita. En respuesta a la solicitud 0001700077208, la PGR indica que específicamente se mantendrá en reserva la respuesta que le envió el gobierno de España al agregado policial de esa dependencia en la Unión Europea y Suiza, Carlos Miguel López Torres, sobre una supuesta indagatoria a Mouriño Atañes por el delito de blanqueo de capitales. Según el Ministerio Público Federal, difundir o dar a conocer dicha información “generaría menoscabo en la conducción de las relaciones internacionales entre las naciones involucradas, ya que se estarían dando a conocer datos que otros estados u organismos internacionales entregan con carácter confidencial al Estado mexicano”. La PGR alega también que si el Estado mexicano incumple la observancia de la confidencialidad que “recíprocamente se deriva de los acuerdos a que se sujeta en materia internacional, afectaría su relación con quienes interactúa, lo que dificultaría, en el presente y en el futuro, alcanzar acuerdos que le beneficien. De ahí que la publicidad de la información puede generar perjuicios a las relaciones internacionales, en demérito del Estado”. El IFAI también evaluará la clasificación que por un año estableció Petróleos Mexicanos sobre los reportes y el análisis de la causa de la colisión entre las plataformas Usumacinta y Kab-101 y 121, estudio que se encargó al Batelle Memorial Institute. Dicha clasificación la instauró desde enero pasado. Además, declaró la inexistencia de la investigación que sobre el mismo accidente se encargó al comité de expertos encabezados por el Premio Nobel Mario Molina, la cual –supuestamente– se entregará al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón.
Abel Barajas Ciudad de México (29 de octubre de 2008).- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) debatirá hoy si debe ser conocida públicamente una investigación en contra de Manuel Carlos Mouriño, padre del Secretario de Gobernación. La Procuraduría General de la República (PGR) determinó reservar por 12 años documentos que presuntamente le entregó España vinculados con una investigación hecha al padre de Juan Camilo Mouriño por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mediante la ley de transparencia, un ciudadano solicitó a la Procuraduría la respuesta que dio España a una petición la Agregaduría de la PGR en Madrid sobre una supuesta indagatoria a Mouriño Atanes por "blanqueo de capitales". En su respuesta, la dependencia federal no desmintió la existencia de dichos documentos; por el contrario, sostuvo que difundir esta documentación afectaría las relaciones internacionales y la confianza que debe tener un Estado con otro para garantizar la confidencialidad de ciertas informaciones. La respuesta de la Procuraduría no es definitiva, ya que el peticionario decidió impugnarla y llevar este caso al IFAI. El asunto fue turnado al comisionado Juan Pablo Guerrero. La sesión del pleno de hoy decidirá si la PGR debe reservar dicha información o debe ser publicitada. Cabe destacar que dicho accidente ocurrió en octubre de 2007 en la sonda de Campeche, luego de que la plataforma Usumacinta chocó con el pozo Kab-101 y 121, lo cual generó fugas de gas y aceite, así como la muerte de 22 trabajadores.
Abel Barajas reforma.com Ciudad de México (29 de octubre de 2008).- En un hecho insólito, la Procuraduría General de la República promovió un amparo que logró impedir al IFAI tener acceso a documentos del Reino de España, relacionados con una supuesta investigación por lavado de dinero contra el padre de Juan Camilo Mouriño. Adrián Franco Zebada, coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica de la PGR, consiguió que una juez federal suspendiera la entrega de dichos documentos al IFAI, quien sólo quería revisarlos para determinar su reserva o publicidad. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información señala que las instituciones del Gobierno Federal deben proporcionarle a los comisionados del IFAI toda información que sea solicitada, por lo menos para que revisen si es factible o no su difusión. La decisión de la PGR hizo estallar la paciencia de los comisionados, ya que incluso el propio presidente del instituto, Alonso Lujambio, acusó a la Procuraduría de "chicanear" la Ley Federal de Transparencia mediante un amparo que calificó de "aberrante". "Es aberrante, porque se aleja subrayadamente del margen de la ley, la ley es clarísima cuando dice que los comisionados del IFAI pueden tener acceso a la documentación para tener elementos para emitir un juicio. "Decir que si le enseño al comisionado el documento, acto seguido se estará perdiendo el carácter de reservado, es una tontería del tamaño de una catedral", expresó Lujambio, no sin disimular la irritación. El comisionado ponente de este asunto, Juan Pablo Guerrero, hizo énfasis en que esta es la primera vez que la PGR presenta un amparo contra el sólo hecho de exhibir esos documentos al IFAI, lo cual no implica que esa información deba ser pública. "Esta es la primera vez que ocurre ¿en qué caso ocurre? nada más y nada menos que en el de una supuesta investigación por blanqueo de capitales de un señor de nombre Manuel Carlos Mouriño Atanes", dijo Guerrero. Los comisionados externaron su molestia por el hecho de que la actitud de la PGR sólo expresa "una profunda desconfianza a este instituto que definitivamente no merece" y recordaron que nunca un comisionado ha filtrado a terceros información. Lo que también les causó preocupación es que, después de 5 años de criterios judiciales sobre la materia, la Juez Cuarto del Distrito Administrativa en el DF, María Guadalupe Rivera González, otorgara la suspensión provisional y luego la definitiva al funcionario de la PGR. Guerrero originalmente planteó en su ponencia ordenarle a la PGR hacer pública la información sobre el padre de Juan Camilo Mouriño. Pero debido a que el IFAI no pudo conocer la documentación y, por tanto, tampoco tuvo elementos de juicio para resolver la publicidad o reserva de la información, decidió aplazar la votación de este asunto. El caso hoy deliberado en el pleno del IFAI, deriva de una solicitud de información donde se requirió a la PGR los documentos que le entregó España a Carlos Miguel López Torres, de la Agregaduría de la PGR en Madrid, sobre una supuesta investigación a Manuel Carlos Mouriño Atanes por "blanqueo de capitales". |
Para los que pidieron el archivo del 2007, los tamales oaxaqueños ugaldeños grabado por Jorge Arvizu El Tata. Buen Provecho ARDAN PRIANISTAS...