Nada los detiene. Lo mismo están en la nómina del gobierno de Sonora que al frente de empresas que se expanden rápidamente. Se trata del clan Bours, en el que figuran por lo menos tres hermanos del mandatario estatal: Ricardo, Javier y Gerardo, así como varios primos. Sus tropelías son múltiples: despojos, negocios ilícitos, amenazas… terror. Todo ello con la venia de su pariente, el gobernador Eduardo Bours Castelo.Al amparo del gobierno de Sonora, en sólo tres años el clan Bours –que incluye a hermanos y primos del mandatario Eduardo Bours Castelo– ha multiplicado su poder económico y político, tarea que a sus antecesores les llevó 50 años. Y es que todo lo han obtenido mediante el terror, el tráfico de influencias, la violación sistemática de la ley, así como por el despojo de tierras a ejidatarios. Si bien la familia Bours se inició en los negocios a principios de la década de los cincuenta con Bachoco, una compañía productora y comercializadora de productos avícolas, muchos de los giros comerciales en los que ha incursionado el clan familiar despegaron desde que Eduardo Bours –El Chapo, como lo llaman en la entidad– asumió la gubernatura. Una de esas empresas, Edificadora Pibo –acrónimo de Pineda-Bours–, por ejemplo, es la encargada de construir los tramos carreteros al gobierno estatal; otras, como Boza –Bours-Zarazoza–, aprovechan los apoyos crediticios que les otorga Nacional Financiera (Nafinsa), mientras que algunos familiares se beneficiaron con la venta de unidades de transporte urbano cuando el gobierno ordenó cambiar el parque vehicular; otros vendieron al gobierno grandes extensiones de tierra en condiciones ventajosas. Lo más escandaloso: varios de los hermanos del mandatario ganaron el concurso de licitación para operar la empresa exportadora de camarón más importante del país: Ocean Garden. Así mismo obtuvieron la autorización para crear una intermediaria financiera.
El caso más notorio es el de Ricardo Bours Castelo, a quien el mandatario colocó en la paraestatal Operadora de Proyectos Estratégicos, constituida como fideicomiso público ante el banco J. P. Morgan, S.A., que se encarga de aprobar todo tipo de obra pública en la entidad. Ese “fideicomiso impulsor” –que a pesar de ser público se maneja como si fuera privado y nunca rinde cuentas–, maneja los millonarios depósitos que le entregan los gobiernos federal y estatal y los canaliza a los trabajos de reparación de tramos carreteros o al pago por los predios expropiados o comprados. Ricardo es el vicepresidente de dicho fideicomiso creado hace dos años. En su comité técnico incluye a connotados empresarios sonorenses, cercanos a Eduardo Bours desde que éste era titular de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE), antecesor del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Uno de ellos es Ricardo Mazón Lizárraga, dueño de concesiones de telecomunicaciones en Chihuahua y exvicepresidente del Banco del Atlántico, una de las instituciones crediticias intervenidas por el gobierno en la década de los noventa. Según el auditor canadiense Michael Mackey –contratado por el Congreso de la Unión para revisar las operaciones del Fobaproa– al banco de Mazón Lizárraga se le detectaron autopréstamos y créditos cruzados. Otro es Carlos Alberto Zaragoza de Cima, quien, según la auditoría de Mackey, se benefició con 25.2 millones de pesos, y actualmente es dueño de varios hoteles.
Los demás integrantes del comité son: Arturo Ortega Molina, exportador de productos bovinos; Germán Tapia Mejía; Humberto Swarbeck Noriega, empresario agrícola y directivo de Bachoco, la reconocida empresa de la familia Bours; Nikita Kyriakis Georgouses, constructor residencial, quien ha formado parte de los consejos consultivos de Nafinsa en el estado; Mario Laborín Gómez, director de Nafinsa desde el sexenio foxista. Además, Laborín es cuñado del gobernador, pues su hermana Lourdes está casada con Eduardo Bours. Otro de los controvertidos empresarios del consejo técnico del “fideicomiso impulsor” es Sergio Mazón Rubio, quien a su vez está asociado en varios negocios con Javier Bours Castelo, otro de los hermanos del mandatario, y Miguel Khoury Simman, el socio de Manuel Bribiesca Sahagún. En 2004, por ejemplo, Sergio, Javier y Miguel crearon Finpatria, una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) y obtuvieron del gobierno federal la autorización para gestionar créditos de Nafinsa para la construcción de viviendas.
Leyes pisoteadasEntre las obras que tiene a su cargo el fideicomiso destacan la construcción de la carretera costera, cuya inversión es de 200 millones de dólares, así como todas las vialidades de Hermosillo, la redefinición de uso de suelo en el Vado de Sonora, el desarrollo de proyectos turísticos millonarios como el de la Bahía de Kino, el desarrollo de la marina en Guaymas que cuenta con bulevar costero, club de pesca, villas comerciales y terminal de cruceros o los desarrollos turísticos en Puerto Peñasco, donde el clan Bours invierte en el Spa Resort, Sonoran Sun Resort y Sonoran Sea Resort (Proceso 1565). En la inversión del desarrollo de Puerto Peñasco participa también el Grupo Mazón junto con el clan Bours de Ciudad Obregón, según reveló el reportero José Gil Olmos en Proceso 1565. Ricardo Bours es quien otorgó la autorización del desarrollo turístico mediante el fideicomiso impulsor. Un negocio redondo. Aunque las decisiones las toman Ricardo Bours y sus colaboradores, algunas veces participan funcionarios estatales, sobre todo cuando algún proyecto afecta terrenos ejidales o tierras de alguna comunidad indígena. Entonces, el comité técnico instruye a uno de sus miembros para que “gestione” los trámites ante las autoridades estatales. El diputado local del Partido del Trabajo (PT) Mónico Castillo se muestra indignado porque, dice, la creación de ese fideicomiso contraviene las leyes locales que prohíben la participación de familiares del gobernador –hasta en cuarto grado de consanguinidad– en proyectos de la administración pública.
Y enumera las leyes que limitan esta participación: la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y de los municipios, en su artículo 63, fracción XVII; la de Obras Públicas del estado de Sonora, en el artículo 30, fracción I; la de Adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal, artículos 19, 33 y 39. En entrevista, Castillo truena: “La excusa de Eduardo Bours es que su hermano no está en la nómina y que por lo tanto no es empleado del gobierno. Lo que sí es cierto es que Ricardo tiene en sus manos todos los proyectos detonadores del estado. “Todavía peor, todos los grandes empresarios o por los menos los allegados al gobernador están en ese fideicomiso y deciden. Cualquiera que tiene una empresa puede concursar pero no estar en la toma de decisiones. ¡Eso es inmoral!”. El panista Carlos Villalobos Organista, quien fue senador en la pasada legislatura, asegura que el 25 de mayo de 2005 presentó un punto de acuerdo en el que exhortaba al gobernador Eduardo Bours a reconsiderar el nombramiento de su hermano. En su intervención en tribuna Villalobos criticó el nombramiento de Ricardo Bours y explicó que los integrantes del Comité Técnico del fideicomiso en realidad eran las mismas personas del Comité de Financiamiento de la campaña del actual gobernador de Sonora. “Lo anterior se presta a confusiones y suspicacias, pareciera que a través de este fideicomiso se están devolviendo los favores”, expuso el legislador.
Los negocios de los primos Los ejemplos de la impunidad con la que se manejan los integrantes del clan Bours desde que su pariente llegó al gobierno son innumerables, dicen algunos de los empresarios que han tomado distancia del gobierno. Uno de los pleitos más recientes es el de las empresas Wacove Construcciones, S.A. de C.V. y Constructora Industrial de Cajeme, S.A de C.V., a las cuales se les negó la concesión del gobierno para construir un puente peatonal con valor de 30 millones de pesos, a pesar de que ganaron la licitación el año pasado. Su caso ya se encuentra en la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Ciudad de México en el expediente 637/2006. Proceso tuvo acceso al documento y, según las autoridades federales, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora violentó su propio proceso interno al descalificar a las citadas empresas y otorgar el contrato de obra a otra compañía. El 9 de noviembre de 2006, la SFP ordenó al gobierno de Sonora reponer la licitación y evaluar “únicamente” la propuesta de los denunciantes por considerar que tenían razón en sus alegatos. Así mismo, le solicitó a la Contraloría estatal implementar medidas que eviten inconsistencias en futuras licitaciones. El gobierno de Bours Castelo repuso el proceso, pero volvió a descalificar a los constructores. Los representantes de ambas compañías interpusieron una nueva queja ante la SFP. Sin embargo el martes 6, empleados del gobierno estatal advirtieron a los denunciantes “que más les vale que ganen el juicio en México o de lo contrario se van a tener que ir del estado”, comentó uno de los afectados, quien se negó a dar su nombre por temor a represalias.
Pero el gobierno de Bours no sólo viola los concursos de licitación, también trasgrede las leyes locales que prohíben la contratación de familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad en cargos públicos. Es el caso de Edificaciones Boza –acrónimo de los apellidos Bours-Zaragoza, de Navojoa–, según se desprende de las cédulas de registro del propio gobierno sonorense, en las que figura dicha compañía como “proveedora del gobierno” en los rubros de “desarrollo, promoción y vivienda”. Edificadora Boza se benefició, en 2005, con dos contratos de licitación pública, adjudicados por la Junta de Caminos del estado de Sonora. Los tipos de obra van desde reconstrucción de “calles a tramos en algunos municipios”. El dueño de Edificaciones Boza, Ángel Bours Zaragoza, es primo del gobernador e hijo del expresidente municipal de Navojoa, Ángel Bours Urrea. Boza, al igual que la empresa Pibo (de la familia Pineda-Bours, asentada en Obregón), construye casas de Infonavit –según el propio padrón del instituto–, y ambas reciben también apoyos de Nafinsa, donde por lo menos Boza cuenta con registro. Actualmente Nafinsa es encabezada por Mario Laborín Gómez.
Intimidaciones y despojosEl ejidatario de Navojoa Mario Duarte Godoy acusa de despojo a Ángel Bours. Dice que el empresario intenta quitarle sus terrenos para construir en ellos una zona residencial. Exagricultor –“pues eso ya no sirve para sembrar”– y pensionado del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), del que recibe 2 mil pesos mensuales, Duarte Godoy exhibe documentos expedidos por el comisariado ejidal de Navojoa fechados en 1974, en los que se le otorga el certificado de derecho agrario número 2685286 que lo ampara como propietario de las parcelas 149, 417, cuya superficie es de 9-65-00 hectáreas. Asegura que cuando la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) escrituró los predios, funcionarios de este organismo “se juntaron con otras personas” que no vivían ahí ni tenían la posesión y a pesar de todo les entregaron el terreno. “Esa gente (de Corett) otorgó un poder a otra persona –dice Duarte Godoy–, quien pidió un préstamo bancario, con la idea de no pagarlo, y así el banco se quedó con mi propiedad, que inmediatamente compró Boza”. Y a pesar de que el banco Santander, institución encargada de rematar el predio, advirtió a los Bours que no podía hacer la entrega física del terreno, pues “ahí vive gente desde hace tiempo”, Ángel Bours respondió: “Yo los saco”. Al principio, dice Duarte Godoy, le ofreció de 30 mil a 40 mil pesos por sus terrenos. “Pero no me dejé –recuerda–. Le dije: nos vamos a juicio porque el terreno es mío”.
En ese momento empezó el tormento para Mario Duarte, quien desde 2002 fue demandado por el empresario Ángel Bours para desalojarlo de un terreno. Boza solicitó un juicio “reivindicatorio” pero las leyes que rigen esta figura establecen que quien es primero en tiempo es primero en derecho, por lo que el señor Duarte exige que se le respete su posesión. Sin embargo, los juzgados por los que ha pasado el proceso lo rechazan porque –dice el propietario del predio en litigio–, los querellantes tienen influencias, Ángel Bours es primo del gobernador y al igual que sus familiares es gente que se dedica a comprar tierras baratas para luego construir ahí sus fraccionamientos. Durante el proceso, Duarte Godoy ha sido amenazado para que se desista y entregue las tierras que legalmente le pertenecen. El 25 de enero pasado, dice, recibió un mensaje telefónico intimidatorio: “deja en paz a los Bours”. No sólo eso, autos con vidrios polarizados comenzaron a merodear por el predio donde vive y cuenta que varias veces ha sido derribada la cerca que delimita su terreno. Otro intento de despojo es el de la familia Bours Griffith, según denunció a TV Azteca el 5 de octubre pasado el dirigente estatal de El Barzón, Francisco Mitre. Éste relató que los Bours Griffith han comprado juicios a Banamex por 463 mil pesos, cuando el valor real de la tierra agrícola es de 10 millones de pesos. “Tenemos conocimiento de que este señor ha comprado otras tres propiedades en esas condiciones. Eso es tráfico de influencias, porque él (Bours Griffith) argumenta que con el poder del dinero se puede todo”. Jaime Caracho, otro de los afectados, dijo a la televisora que “las resoluciones de los tribunales son infantiles, violan las leyes en primera, segunda y tercera instancia; todo a favor de los Bours”.
El poder de la familia
El propio gobernador violó la ley del estado al comprar a unos primos, los Bours Muñoz, una extensión de 8 millones 473 mil 88 metros cuadrados. El monto: 9.5 millones de pesos, según consta en el folio 164091 del registro público ubicado en Obregón. Entre los dueños del predio figuraba también Guillermo Pineda Cruz, otro de los directivos de Bachoco y emparentado con Eduardo Bours Castelo, además es socio de la empresa Pibo. El diputado Mónico Castillo propuso al Congreso local el pasado 21 de noviembre la creación de una comisión plural que investigue “la compra y adquisición de terrenos en Ciudad Obregón, presuntamente hecha a familiares consanguíneos del gobernador de Sonora”. De igual manera, demandó que se indagara la adquisición de más de 200 unidades que concesionarios del transporte urbano hicieron a Camiones y Tracto Camiones de Sonora, S.A. de C.V., empresa distribuidora de vehículos Mercedes Benz, de la cual es director Gerardo Bours Castelo, otro hermano del gobernador. Los concesionarios fueron obligados por el gobierno estatal a realizar el cambio vehicular al crear el llamado programa SUBA para la sustitución de camiones, pero sólo 25 de los 330 concesionarios compraron las unidades a Gerardo Bours.
El pasado 28 de diciembre, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso local exoneró al gobernador con el argumento de que la compra se realizó entre particulares y no con el gobierno. Pero aún queda pendiente el caso del terreno familiar, lo cual como lo prueban los documentos, sí hubo una adquisición de terrenos a los primos del gobernador. Para corroborar que la familia Bours ha adquirido decenas de propiedades y empresas, Proceso solicitó varios registros públicos, pero las autoridades alegaron que esa información no se puede difundir. Además, el consorcio Fertilizantes Tepeyac, que posee la familia del gobernador desde principios de la década de los cincuenta, ha sido sometida a nueve auditorías sanitarias por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que maneja productos de alto riesgo. A pesar de que a mediados de los noventa el gobierno federal implementó un programa para que este tipo de empresas se sumen de manera voluntaria a las auditorías, Fertilizantes Tepeyac se ha negado sistemáticamente. Y es que utiliza sustancias prohibidas en Estados Unidos, como paratión, endosulfán y asodrín.
Proceso No. 01581, 18 febrero 2007, pág 42. 
En la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006, hoy hace un año, se produjo un estallido en la mina número ocho de la Unidad Pasta de Conchos, explotada por Industrial Minera México, que forma parte del Grupo México encabezado por Germán Larrea. Quedaron atrapados en los socavones y túneles 65 personas. Sólo se han podido recuperar dos cuerpos, pues los escombros siguen sin ser removidos, por la presencia de altos niveles de gas grisú, cuya concentración en el interior del establecimiento provocó la explosión. A decir verdad, la causa de la tragedia no fue tanto el elemento explosivo natural indisolublemente ligado a la explotación carbonífera, sino la irresponsabilidad de funcionarios de la Federación y ejecutivos de la empresa minera, puestos de acuerdo para incumplir las disposiciones de seguridad e higiene que son indispensables en toda instalación industrial pero que en las minas son asunto de vida o muerte.
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