Miguel Ángel Granados Chapa

Los Sosa presos

Plaza Pública

Hace ya seis meses que los hermanos Érick, Flavio y Horacio Sosa permanecen presos en penales de alta seguridad, los de Almoloya de Juárez en el Estado de México y Matamoros, Tamaulipas, no obstante que se les procesa por delitos presuntamente cometidos en el estado de Oaxaca, de donde son oriundos y a pesar de que sus juicios están radicados en juzgados oaxaqueños.

Érick Sosa Villanueva fue detenido el 28 de noviembre pasado. Tres días antes se habían cometido tropelías contra edificios públicos en la capital oaxaqueña, probablemente perpetrados por provocadores al servicio del Gobierno de Ulises Ruiz para culpar de ellas a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ajeno a los actos de sus hermanos Flavio y Horacio, Érick corrió la suerte de muchas personas a las que se detuvo sin siquiera formar parte de las movilizaciones contrarias al gobernador. Fortalecido éste con la llegada de la Policía Federal Preventiva el 29 de octubre, Ruiz debía aprovechar el último mes de la Administración de Fox, con la que había llegado a un entendimiento, para poner punto final a la rebelión civil que desde junio anterior demandaba su renuncia. Por eso acudió a la provocación y a las redadas en que decenas de ciudadanos fueron detenidos por el simple hecho de toparse con la Policía, o por apellidarse Sosa Villanueva. Muchos de los aprehendidos sin órdenes judiciales fueron remitidos a un penal de mediana seguridad en Nayarit.

En cambio, a Érick se le trasladó a Matamoros, calificado por el Gobierno como delincuente de alta peligrosidad. Había ordenado su captura un juez de Ocotlán de Morelos, por los delitos de secuestro, lesiones y robo con violencia en perjuicio de ¡dos agentes de la Policía Ministerial!

En los días siguientes se percibió que Ruiz había refrendado su trato con el Gobierno Federal, en trance de relevo. La presencia de los legisladores priistas para asegurar el quórum y el rito de asunción del sucesor de Vicente Fox era parte del arreglo que, por lo que concernía a Oaxaca, incluía sostener a Ruiz a todo costo, pese a la prolongada protesta popular, que la intervención federal había conseguido delibilitar. La directiva de la APPO, que había mantenido un errático trato con el secretario de Gobernación Carlos Abascal y su equipo, se aprestó a continuar la tentativa de diálogo con el nuevo huésped principal de Bucareli, Francisco Ramírez Acuña.

En parte con ese propósito y también para eludir el riesgo de su detención (que se percibía inminente, tras la de su hermano Érick) Flavio y Horacio Villavicencio se trasladaron al Distrito Federal. Dado el carácter de dirigencia colectiva de la APPO, Flavio no era “el líder” de sus movilizaciones, pero se le había identificado como tal debido a la frecuencia con que él expresaba públicamente las posiciones de la Asamblea. Al mismo tiempo, como estrategia on gubernamental se procuraba presentarlo como el dirigente principal a fin de desprestigiar al movimiento, dada la sinuosa trayectoria política de Flavio Sosa.

En vez de tener contacto con la nueva autoridad política federal, los delegados de la APPO lo tuvieron con las policías federales (AFI y PFP), un grupo de cuyos agentes los aprehendió el cuatro de diciembre en la Ciudad de México. Junto a los hermanos Sosa fueron detenidos Marcelino Coache e Ignacio García Maldonado. Con la misma solícita atención con que remitió a Matamoros a Érick, el Órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social (largo y complicado nombre de la dirección de penitenciarías de la Secretaría de Seguridad Pública) recibió en Almoloya (La Palma, luego Altiplano) a Flavio, en quien se concentró la intención de castigar políticamente la insurgencia civil oaxaqueña.

Se han abierto en su contra seis procesos penales, que se ventilan en juzgados de Etla, Ocotlán y Tecolutla. Se le ha imputado la comisión de trece delitos, presumiblemente cometidos durante la movilización civil de cuya dirección ha formado parte. Con suerte diversa, Sosa ha demandado amparo contra los autos de formal prisión. Anteayer, al cumplirse un semestre de su detención le fueron negados amparos en dos de sus causas penales. En cambio le ha sido otorgada la protección de la justicia federal respecto de otros dos procesos. La primera resolución favorable se emitió el 31 de marzo y exoneró a Flavio Sosa del delito de robo de una pipa y una excavadora que le fue imputado por autoridades municipales de Miahuatlán de Porfirio Díaz. El segundo falló lo benefició apenas el 18 de mayo pasado. Una jueza federal no encontró indicios de sus responsabilidad en la toma de la televisora estatal (lo que habría constituido despojo agravado) y el juez penal que ordenó su detención no acreditó su competencia para ocuparse del caso.

La aberrante práctica de juicios a distancia contra los Sosa, pues sus juzgadores están en Oaxaca y ellos presos a cientos de kilómetros, genera daño procesal a los agraviados, a los que no se responde su exigencia de ser trasladados. Su permanencia misma en establecimientos penitenciarios de la Federación es una grave irregularidad, pues las cárceles federales sólo deben recibir procesados del fuero común en circunstancias excepcionales y tras practicarles estudios que muestren que se trata efectivamente de reos que requieran ser recluidos en penales de alta seguridad.

Ninguno de esos requisitos se cumplió en estos casos. Por lo menos debe exigirse que los Sosa vuelvan a Oaxaca.

Kikka Roja

Lorenzo Meyer

México y su dualidad histórica
Dos Estructuras y un Solo Poder Verdadero

Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA

Según Jorge Zepeda Patterson, no hace mucho la pregunta correcta era “¿Qué hacemos [los mexicanos] con Elba Esther Gordillo? [la poderosa líder del SNTE]”, pero hoy la interrogante es la contraria y más preocupante: “¿Qué va a hacer Elba Esther con todos nosotros?” (El Universal, tres de junio). Los que gobiernan desde fuera del Gobierno –los poderes fácticos- siempre han existido, pero hoy en México su poder hoy es tal y tan evidente la debilidad de nuestra democracia, que el resultado puede ser la demolición de esta última. Es verdad que la Suprema Corte le acaba de cerrar el camino a las televisoras que el año pasado manipularon al Congreso para imponer su propia Ley y perpetuar así sus privilegios duopólicos, pero esa batalla por subordinar a los poderosos al interés colectivo es sólo parte de una guerra que está lejos de haberse ganado. En el siglo XX fue Rusia el país que ofreció el caso más patente de un Estado con dos estructuras o sistemas de organización del poder y el resultado final fue muy negativo. En efecto, tras la Revolución de 1917, el Soviet Supremo, supuestamente electo por sufragio universal, se presentó como la sede de la soberanía rusa. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, pues al lado de los soviets surgió otra estructura igualmente nacional, pero no democrática, el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), que terminó por imponerse como la sede del poder real.

Y el problema no es exclusivo de sistemas autoritarios. En 1961, en su mensaje de despedida, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower, advirtió a sus conciudadanos sobre la existencia de un “complejo industrial-militar” que era capaz de imponer sus prioridades a un Gobierno que, en principio aparecía como democrático y fuerte. Desde su independencia y hasta la fecha México es otro ejemplo de la contradicción y el problema de tener dos estructuras de poder político, una formal y otra real. En realidad, el analista político no podría entenderse un buen número de decisiones o procesos del último par de siglos, si sólo pone la mirada en el espacio del Gobierno formal y no toma en cuenta la existencia de ese otro, cerrado a la observación y a la participación ciudadana -caciques, empresarios, Gobiernos extranjeros, medios de difusión, jerarcas eclesiásticos, líderes sindicales, crimen organizado, etcétera- y que suele ser la verdadera fuente de muchas de las decisiones de la autoridad.

El Inicio

Un hecho fundamental en el siglo XVI novohispano fue el choque directo entre el Gobierno virreinal y los herederos de los conquistadores. Esa colisión desembocó en un castigo ejemplar: la ejecución pública de un grupo de notables y el triunfo definitivo de la autoridad del rey. Lo anterior no significó la desaparición de los “hombres fuertes” de la Colonia sino su subordinación. Cuando en el siglo XVIII las reformas borbónicas –la primera gran reforma fiscal- afectaron el patrimonio de las clases altas, éstas apretaron los dientes, pero al final desembolsaron lo exigido por la Corona para seguir sus absurdas guerras en Europa.

La Independencia

En 1821 la Nueva España reclamó con éxito su soberanía, pero no logró construir un Gobierno efectivo. En su novela histórica y costumbrista Astucia (1865), Luis G. Inclán pinta de manera muy vívida a un México desarticulado, donde los contrabandistas desafían sin problema a la autoridad y donde el personaje central pudo por sí y ante sí transformarse por un tiempo en un (buen) gobernador sin que el poder central se percatara de ello. En ese ambiente de autoridad sin fuerza, divisiones sociales y políticas agudas, economía anémica y falta de comunicaciones, en la débil autoridad formal compartía su poder con caciques, militares, grandes propietarios, curas y bandidos. A mediados del siglo XIX las grandes empresas privadas extranjeras como Barron, Forbes y Cía., Manning y Marshall o Ewen C. Mackintosh, controlaban no sólo el comercio al mayoreo, el crédito y parte de los procesos productivos, sino que influían y financiaban al Gobierno, acuñaban moneda e incluso cobraban impuestos a la vez que defraudaban al fisco exportando plata de contrabando. En suma, se puede concluir que en ese entonces a México lo gobernaba menos Santa Anna y más una red de intereses privados y por eso fue el desastre que fue.

El “Estado Fuerte” que no lo fue tanto

A partir de 1867, con el fin de la intervención extranjera y de la guerra civil, el Gobierno formal recuperó poder, pero la estructura informal no desapareció. Andrés Molina Enríquez, en su clásico “Los grandes problemas nacionales” (1906) concluyó que en la cúspide de la pirámide real de poder mexicana no se encontraba el dictador Díaz y los suyos, sino un pequeño pero poderoso grupo de propietarios extranjeros. Uno de los resultados del triunfo de la Revolución Mexicana fue la creación de un sistema donde el poder real no obedeció al esquema de división de poderes consagrado en la Constitución de 1917 sino en una coalición de militares, caciques y líderes de organizaciones partidistas y de masas, encabezada por el presidente de la República. Fue con Miguel Alemán (1946-1952) cuando alrededor de la Presidencia se fue tejiendo una red de intereses empresariales -nacionales y extranjeros-, sindicales, caciquiles, partidistas y religiosos que, subordinados en lo sustancial al jefe del Gobierno, usaron esa cercanía y favor con la institución central de la política mexicana para acumular poder propio. Pronto, esos favoritos del presidencialismo se convirtieron parte del proceso real de toma de decisiones políticas, (véanse al respecto, entre otros, a Pablo González Casanova, “La democracia en México”, Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico, cap. o Stephen Niblo, Mexico in the 1940s : modernity, politics, and corruption).

La Era Neoliberal

Con la gran crisis económica y política de los 1980, en combinación con el fin de la Guerra Fría, el triunfo a nivel mundial de la doctrina de la privatización y la globalización, la posición del Estado autoritario mexicano sufrió un debilitamiento relativo. Parte del poder que entonces perdió el Estado se fue a acumular con el que ya tenían esos actores fuertes, pero externos al sistema formal de Gobierno. Con el paso a la democracia política por vía del triunfo electoral de la derecha en 2000 y 2006, la dualidad de sistemas de poder se hizo más clara y más importante como fuente de políticas.

El “Otro Sistema”

Al declarar inconstitucional la “Ley Televisa”, la Suprema Corte abrió una vía para restituir poder al Gobierno restándoselo a un poder fáctico. Sin embargo, nada similar se está haciendo para neutralizar el enorme poder acumulado por Elba Esther Gordillo y su sindicato, el SNTE (en cifras y según el citado Zepeda Patterson, ese poder asciende a 25 mil millones de dólares anuales, lo que en la práctica pone a la maestra en la liga de Carlos Slim y los otros miembros del club de súper ricos mexicanos que aparecen en Forbes). La líder del SNTE ejerce poderes presidenciales al poner a algunos de sus colaboradores en altos puestos del Gobierno Federal y además, es el interés creado que impide la gran reforma que México necesita en su educación básica si se busca salir de la mediocridad económica en que ha caído desde hace 25 años. Por si fuera poco, la Señora Gordillo es “la dueña” de un pequeño partido político que le permite tener a algunos de sus cuadros en el Poder Legislativo y para colmo, fue capaz de interferir abiertamente y con éxito en el último proceso electoral federal. Al ejemplo anterior se puede añadir otros similares, como las acciones de propaganda política ilegal pero efectiva e impune del Consejo Coordinador Empresarial en la etapa final de la pasada campaña electoral, la existencia y acción de organizaciones políticas secretas como “El Yunque” -de cuya existencia, finalmente, ya no dudan ni los panistas-, un crimen organizado que es capaz no sólo de retar con violencia al Estado sino de utilizar a las instituciones públicas en su beneficio, como es la policía y las aduanas, según lo acaba de admitir el propio secretario de Hacienda, la actividad política abierta de la Iglesia Católica, etcétera.

En suma

Pese al revés jurídico que acaba de sufrir el duopolio televisivo, hay razones para seguir sosteniendo que en México se está fortaleciendo, de nuevo, la histórica dualidad de estructuras de poder, dualidad que es política, legal y moralmente, incompatible con la esencia de la democracia.

Kikka Roja

En Santa Maria la Ratera : Nuevos desalojos

• Tres están ubicados en la calle Sor Juana Inés de la Cruz y dos en la de Eligio Ancona
• Expropia el GDF otros 5 predios utilizados en la comisión de delitos
• El operativo fue realizado entrada la madrugada de hoy
• Destaca el cuidado en las acciones

MIRNA SERVIN, ALEJANDRO CRUZ

Policías de los agrupamientos de Granaderos, Montada y Fuerza de Tarea, acompañados de agentes del Ministerio Público, funcionarios del gobierno de la ciudad y notarios públicos empezaron el operativo de expropiación de cinco predios en la colonia Santa María la Ribera en la madrugada de este jueves Foto: Carlos Cisneros

El Gobierno del Distrito Federal expropió la madrugada de este jueves cinco predios marcados con los números 108, 110 y 112 de la calle Sor Juana Inés de la Cruz, y 243 y 245 de la de Eligio Ancona, en la colonia Santa María la Ribera, delegación Cuauhtémoc, debido a que estos domicilios eran utilizados en la comisión de distintos ilícitos. El decreto de expropiación correspondiente a este hecho se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en los primeros minutos de hoy. El operativo fue realizado por policías de los agrupamientos de Granaderos, Montada y Fuerza de Tarea, agentes del Ministerio Público, funcionarios del gobierno de la ciudad de México y notarios públicos. La colonia Santa María la Ribera es considerada una de las 10 colonias con más índice delictivo en la ciudad. Particularmente, el predio ubicado en el número 112 de la calle Sor Juana Inés de la Cruz era conocido por los vecinos como "la ciudad perdida", en la cual habitaban jóvenes dedicados al robo de autopartes y venta de droga.

Apenas el 21 de mayo pasado, el secretario de Seguridad Pública de la capital, Joel Ortega Cuevas, anunció que el Gobierno del Distrito Federal expropiaría casas particulares que fueran utilizadas para cometer delitos como el resguardo de personas secuestradas, la remarcación o almacenaje de partes robadas y la falsificación de documentos. En esa ocasión advirtió que está administración quiere enviar mensajes claros sobre como se actuará frente al delito, ya que es necesario cambiar la forma de combate al crimen y transformar las medidas de reacción, por las de prevención. Cabe recordar que las expropiaciones en el Distrito Federal se iniciaron el 14 de febrero pasado, cuando la policía capitalina entró en dos predios ubicados en las calles Tenochtitlán número 40, y Jesús Carranza 30, en la colonia Morelos, para expropiar ambos domicilios como estrategia para iniciar el "saneamiento" del popular barrio de Tepito. Posteriormente, el 20 de marzo del año en curso, fueron expropiadas 247 bodegas y locales en la zona conocida como La Ford, en la colonia Reforma Política, de la delegación Iztapalapa, que era conocido como "el punto emblemático de comercialización de autopartes robadas" en todo el país, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública capitalina, Joel Ortega Cuevas. Cabe destacar que en esta ocasión el acto de expropiación se llevó a cabo de manera cuidadosa con elementos de las poli cía preventiva y judicial y funcion del GDF. Alrededor de la una de la mañana se permitió la salida a las familias con hijos pequeños, quienes abandonaron el predio con algunas algunos enseres y bolsas con sus pertenencias.

Las acciones empezaron media hora después de la medianoche en la "ciudad perdida" y a las dos de la mañana vecinos de otras calles intentaron traspasar las vallas para ver a amigos y familiares que habitan en esta vecindad. En Sor Juana no hubo detenidos y en Eligio Ancona se habla de 12. Los elementos llegaron a la zona en por lo menos una docena de camiones y comenzaron a instalar vallas para cercar la zona, auxiliados por un helicóptero Cóndor de la SSP capitalina que durante todo el operativo sobrevoló la zona.

.. La verdad, la verdad... Estuvo bien chingón el operativo, ni color se dieron hasta que tuvieron encima al helicóptero

VIDEO el universal


Kikka Roja

Investigaciones : Fox y Marta

• Sólo se mantendrán reservados datos de las investigaciones que aún no concluyen
• Ordenan desclasificar información de averiguaciones contra Fox y Sahagún
• Intenso debate en el IFAI en torno al caso del ex presidente y los hermanos Bribiesca

ELIZABETH VELASCO C.

La Procuraduría General de la República (PGR) sufrió de nueva cuenta un revés, luego que el Instituto Federal de Acceso a la información (IFAI) aprobó por unanimidad desclasificar la información relacionada con las averiguaciones previas y actas circunstanciadas interpuestas -y ya concluidas- contra Vicente Fox, Marta Sahagún y sus hijos, Jorge y Manuel Bribiesca, así como contra los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Se mantienen en reserva las indagatorias y actas circunstanciadas que aún no han concluido. Sin embargo, es pública la información de las averiguaciones previas que estén en trámite si la propia PGR ya la ha difundido, como en el caso de las denuncias interpuestas por diputados de la 59 Legislatura, hechas del dominio público en el sexenio pasado, luego que presentaron diversas demandas en contra de Vicente Fox y los hermanos Bribiesca Sahagún.

El comisionado ponente de la resolución, Juan Pablo Guerrero Amparán, propuso la desclasificación con base en los artículos 13, fracción V, y 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia. Si bien confirmó la clasificación que por 12 años hizo previamente la PGR, precisó que deja de tener efecto a partir de que concluyan o causen estado las pesquisas. De acuerdo con la resolución del recurso 319/07, propuesto por Guerrero, la PGR tiene que informar, para cada uno de los casos referidos, lo siguiente: el número de denuncias penales interpuestas, cuántas derivaron en averiguaciones previas y/o en actas circunstanciadas, los delitos por los que fueron denunciados, las fechas en que se interpusieron los recursos, el número de expediente (en actas circunstanciadas y averiguaciones) y el estado en que se encuentran las indagatorias.

Sobre los hermanos Bribiesca Sahagún, la PGR tiene que informar específicamente acerca de la cantidad de denuncias interpuestas en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico, el estado en que se encuentran las pesquisas, los criminales con los que se les vinculó, así como las unidades administrativas que sustanciaron las averiguaciones. La resolución de ese recurso se dio después de casi una hora de intenso debate, durante el cual el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, se pronunció por mantener en la confidencialidad el nombre de los personajes referidos, con el argumento de proteger el "honor y el buen nombre" de los ex presidentes, así como de Marta Sahagún y de sus hijos Jorge y Manuel.

De hecho, por ese motivo Lujambio emitió un "voto particular" en el recurso referido, aunque en entrevista con La Jornada aseguró que "no es un voto disidente, porque estoy en favor en el sentido general de la resolución, en cuanto a que el caso se abra, aunque debe de abrirse por otra razón. Creo que el nombre de los denunciados es, en principio, información reservada de acuerdo con el artículo 18, fracción II (protección de datos personales)". Pero en este caso, dijo, dado el interés público que existe en torno de estas personas, se da el principio de máxima publicidad. Lo particular, añadió, "es que llego a la misma conclusión del comisionado Guerrero, pero por otra ruta".

Durante el debate, Lujambio se pronunció por que "no se conozca el nombre (de los denunciados) hasta que el asunto tenga conclusión y no sea declarado el ejercicio de la acción penal". Por su lado, el comisionado Alonso Gómez Robledo argumentó que aun cuando el buen nombre y el honor son un derecho humano internacional, "lo que nunca he visto en el derecho internacional es que la simple denuncia sea un acto que cause deshonra", por lo cual recomendó "tener mucho cuidado" en distinguir lo que es el inicio de una averiguación previa y el que se presente una denuncia "calumniosa o difamatoria. En ese caso, el que denuncia en forma difamatoria se genera una responsabilidad penal". El pleno del IFAI ordenó también a la Secretaría de Marina entregar a un ciudadano los resultados de las pruebas físicas que anualmente efectúa a su personal, sin identificar a los trabajadores, con lo cual revocó la clasificación previa que había establecido esa dependencia.

Kikka Roja

Juan Camilo Mouriño, panista Ladrón, Español y vende patrias

• Defiende Lujambio que Mouriño no diga su nacionalidad

ELIZABETH VELASCO C.

Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia Foto: José Carlo González

El recurso sobre información relativa a la nacionalidad del jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño -quien nació en Madrid-, se pospuso ayer en el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), luego de un polémico debate entre los comisionados Juan Pablo Guerrero y Alonso Lujambio quien, como ponente de ese recurso, propuso clasificar como confidencial ese dato, e incluso desaparecerlo de la página electrónica de la Presidencia de la República. Guerrero advirtió que mantener en la opacidad la nacionalidad de un funcionario, pasando por alto la Constitución y otras leyes, sería un "exceso", más aún cuando ésta es requisito legal en el país para acceder a algún cargo de representación popular o público.

"Camilo Mouriño -señaló Guerrero- nació en España, pero sabemos que es mexicano, porque fue diputado local (por Campeche) y federal. Sin embargo, "tuvo que renunciar a la nacionalidad española para acceder al cargo de legislador federal", que ocupó de 2000 a 2003. La comisionada Jacqueline Peschard, ex consejera del Instituto Federal Electoral, confirmó que de acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es "requisito de elegibilidad para ser candidato (a un cargo de elección federal) el que se tenga sólo la nacionalidad mexicana". El debate surgió a partir de que un ciudadano interpuso un recurso de inconformidad ante el IFAI, porque la Presidencia no respondió a su pregunta: ¿Es español Juan Camilo Mouriño Terrazo? Lujambio, como ponente del recurso 1205/07, informó que Los Pinos remitió a su página web, donde informa que su nacionalidad es mexicana, pero con lugar de nacimiento en España. El comisionado presidente del IFAI aceptó incluso que la Presidencia no atendió a la pregunta del ciudadano, pero "independientemente de ello -dijo-, la nacionalidad de una persona es un dato personal y confidencial". Hasta propuso dar instrucciones a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal del IFAI para que, "de acuerdo con sus atribuciones, esta información deje de encontrarse en los sitios de Internet". No obstante, y ante la contundencia de los argumentos de Guerrero y Peschard, Lujambio optó por diferir la resolución de dicho recurso.

Kikka Roja

Más chingaderas Panistas : Vende Patrias

El gobierno de QR cuestiona la legalidad de operación y solicitaría cancelarla
Vendió Fonatur parte de la playa pública más grande de Cancún
Por sólo 28 millones de dólares, el grupo BI & Di Real State se apoderará de cinco hectáreas
El ayuntamiento pide que le concesionen zonas de libre acceso para evitar que siga su venta

HUGO MARTOCCIA

Vista de la playa Delfines, la más concurrida de Cancún. Las autoridades de Quintana Roo investigan si el Fonatur vendió en 2005 cinco hectáreas de esta zona Foto: José Luis López Soto
La privatización de los accesos a las playas prácticamente las ha convertido en zonas exclusivas Foto: José Luis López Soto

Cancún, QR, 5 de junio. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) vendió en 2005, cuando John McCarthy era su director general, cinco hectáreas de la principal playa pública de Cancún para que se construyan dos clubes privados.

La playa Delfines, también conocida como El Mirador, es la más grande de Cancún y uno de los pocos espacios a los cuales aún pueden entrar en forma gratuita los ciudadanos porque el resto de la zona hotelera está prácticamente privatizada. El gobierno del estado anunció que pedirá a Fonatur la revocación de dicha transacción; mientras el ayuntamiento de Benito Juárez (donde se encuentra Cancún) solicitará que se le otorgue la concesión del resto de la playa para salvaguardar el espacio público. Desde el domingo circuló la versión de que la playa Delfines habís sido vendida, lo que provocó que un grupo de estudiantes universitarios se manifestaran en la zona hotelera. Se dijo que el ayuntamiento estaba haciendo la transacción, por lo cual las autoridades municipales y Fonatur tuvieron que dar una explicación. El director de Fonatur Cancún, Manuel Conde Canto, informó que casi cinco hectáreas de playa fueron vendidas a fines de 2005 al grupo BI & Di Real State por 28 millones de dólares para la realización del proyecto La Herradura. La mayoría de esos predios están detrás de la carretera, hacia la laguna Bojórquez, pero la parte más importante es una porción menor de ese terreno que se encuentra en la playa Delfines. El funcionario sostuvo que los terrenos que se vendieron no son parte de la playa pública, sino que están a un lado de ésta, y que como estaban ''desocupados'' parecían formar parte de ese espacio desde hacía 30 años. La población de Cancún siempre se ha bañado en El Mirador, y ahora se pretende convencerla de que en realidad la playa pública es más pequeña, pero parecía grande porque nadie había comprado los lotes adjuntos que se usaban como espacio público y que ya se vendieron.

La playa Delfines tiene más de 300 metros de largo, pero, según Fonatur, sólo 233 metros son espacio público y el resto son parte de los lotes vendidos. Según esa versión, la playa pública tiene alrededor de 19 mil metros cuadrados y a un costado hay cuatro predios, tres de ellos vendidos por el entonces director del Fonatur, John McCarthy, y el otro ya era propiedad de la empresa hotelera Solaris. El Fonatur afirma que la playa pública está en el lote 56, en el kilómetro 18 de la zona hotelera, y tiene 233 metros de frente, mientras que los lotes 56K y 56L están a ambos lados de éste y se vendieron para crear clubes de playa. Conde Canto dijo que los centros de playa serán para sus residentes y para aquellas personas que paguen por los servicios que ofrecerá, como baños, regaderas, camastros, bar y restaurante. El fideicomiso turístico no vende la playa propiamente dicha, porque hay 20 metros de ésta que son zona federal, pero al comercializar los espacios que están detrás de esos 20 metros y permitir que se hagan clubes de playa, en los hechos limita la entrada y propicia una pérdida de espacios públicos. Durante 30 años esto sucedió con los hoteles, que si bien no son dueños de las playas que tienen frente a ellos, para los ciudadanos es prácticamente imposible utilizar esos espacios.

Sin embargo, la versión del Fonatur no satisfizo a las autoridades estatales. El gobernador Félix González Canto advirtió que si se vendió parte de la playa pública se pedirá dar marcha atrás a la transacción. ''Si estas áreas que Fonatur vendió afectan las áreas de recreación vamos a pedirle que retire esta operación por el daño que le puede causar a los cancunenses.'' El alcalde de Benito Juárez, Francisco Alor, también dijo estar preocupado por la venta de la playa, pero aclaró que el ayuntamiento no ha recibido solicitudes de licencia de construcción en esa zona y aseguró que las rechazará si se las presentan. El presidente municipal consideró que la creación de clubes de playa no garantiza el acceso libre, por lo cual se comprometió a revisar los proyectos. Además dijo que el municipio pedirá la concesión de lo que quede de la playa pública para asegurarse de que no se venda. Actualmente existen en Cancún 10 playas públicas, y Delfines es la más grande y concurrida. La noticia de la venta generó molestia en Quintana Roo, pues la comercialización paulatina de esos espacios públicos ha sido la causa de que el acceso de los ciudadanos a esas playas sea cada vez más difícil.

Kikka Roja

Guadalupe Loaeza

Parejas disparejas

Guadalupe Loaeza
Casarse con alguien fuera de su confesión religiosa ya no es gran cosa en los Estados Unidos, tampoco lo es hacerlo con una persona de otra generación. Cerca del 4% de los matrimonios es interracial, ni siquiera los abuelos se sentirán abrumados si un estadounidense se casa con alguien de otro color. Mientras las viejas prohibiciones se desvanecen, una nueva ocupa su lugar. Es una discriminación extendida aunque poco comentada que provoca dolor y estrés a las parejas afectadas, a quienes habitualmente se les dificulta hablar acerca del asunto aún entre ellos mismos. Nos referimos, a casarse con alguien totalmente alejado en lo que se refiere al “look” o al aspecto físico, es decir formar una pareja dispareja, tan opuesta físicamente, como resultaba La Bella y la Bestia o Agustín Lara y María Félix, quien muchos años después confesara en relación al físico del músico poeta: “Seguro que nunca ganaría un concurso de belleza, pero yo lo veo guapo. Y todos los que me cortejaron en vano deberían envidiarle. La belleza no está solo en el aspecto físico, en tener una cara atractiva. Un hombre guapo es un macho con palabras de amor… Y además Agustín, como amante, es una maravilla…”

Belinda Luscombe, autora del artículo titulado, “El Ultimo tabú” publicado en la revista Time (mayo 28, 2007), confiesa formar parte de un matrimonio “de belleza mixta” por cerca de una década y media; igualmente confiesa que se ha acostumbrado a las miradas y muecas de la gente que los rodea. Belinda, que está muy lejos de ser considerada como a una Venus, ha desarrollado incluso, una serie de respuestas despreocupadas para los inevitables comentarios proferidos por compañeras de trabajo y amigas, del tipo de: “Oye, tu marido está guapísimo” A veces contesta con cierta ironía: “No es mi marido, es mi hermano gemelo”, o en otras ocasiones dice: “Pues sí, aunque en el interior de Australia yo soy considerada un gran belleza y es Nicole Kidman la fea” Según cada vez, le duele un poco menos este tipo de comentarios.

Como muchos en su situación, no fue su intención inter-casarse. No es que tuviera expectativas por encima de su realidad, sucedió simplemente que era muy joven y lo suficientemente ingenua como para pensar que el amor lo conquistaría todo. Asimismo, y siempre con esa misma franqueza, nunca pensó que él era efectivamente tan guapo. Eso es lo que hace este tipo de discriminación tan insidiosa: no resulta claro que las parejas transgreden las leyes de la igualdad de atractivo sino hasta que ya se han casado. “A nadie le importa que salga con alguien fuera de mi tribu y se aplaude la intención ambiciosa de lanzarse por el tipo guapo al otro lado del cuarto, pero -como mis amigos de la comunidad gay han llegado a la conclución- hay un mundo de diferencia entre lo que se acepta en la inocente situación de “andar juntos” y en el criticable estado de estar casados” dice Belinda. Como en otras áreas de la discriminación, la mujer enfrenta una doble amenaza. Los hombres que se casan con mujeres bellísimas por lo general son estrellas de rock, o bien son muy ricos o que tienen- “cualidades escondidas”. Las mujeres que se casan con hombres muy guapos, están perdidas: su marido debe ser gay o tener cicatrices de acné. Los estándares son ridículos: Debora-Lee Turnes es una encantadora, alegre y atractiva mujer, que está casada con el súper galán Hugh Jackman, un fenómeno de la naturaleza. ¿Y cuáles son los rumores respecto a esta pareja? Que Jackman es gay.

Son sorprendentemente escasos los estudios -evaluados por pares- que se hayan efectuado del tipo de unión como el de Belinda. “Aun no tenemos nuestro cuadrito para ser “palomeado” en el censo de población, aunque hemos existido por años”. Si Ud sospecha que está en un matrimonio “interfacial”, no le de pena, la aceptación es el primer paso para la recuperación. Hágase estas preguntas: ¿Ud y su pareja no se ponen de acuerdo en el número de espejos que debe haber en la casa, en que ángulo se deben colocar y como deben estar iluminados? ¿Es Ud la que toma todas las fotografías en las reuniones familiares? ¿Si su cónyuge le compra algunos productos de belleza, lo toma como una especie de advertencia?

Todos estos son retos que las parejas disparejas deben enfrentar para sobrevivir. Y todo esto sucede antes aun de las grandes interrogantes: ¿Educa Ud a sus hijos como feos o guapos o bien trata de encontrar un justo medio como “simpáticos” o “monos”? ¿Celebra las fiestas para la “gente bonita” como el día de San Valentín o los carnavales? Pocas parejas de “atractivo desequilibrado” logran manejar estas cuestiones por sí mismas. Lo que ellas –las feas, necesitan desesperadamente es una pareja célebre que les sirva de vocera, un matrimonio de famosos dispuestos a pararse debajo de los reflectores para explicar los retos específicos de su desigual unión. Tal vez así la gente tendría un poco de compasión por aquellos feos y aquellas feas quienes, por causas ajenas a su voluntad, tienen que despertarse cada día con un ser humano guapísimo o guapísima y quedar boquiabierto, en la otra almohada.

Me pregunto si lo mismo le sucedía a Agustín Lara cuando se despertaba y sus ojos se topaban con esa mujer hermosísima. Sin embargo y a pesar de la belleza de María Félix, el “feo” de Lara le puso los cuernos. Cuentan que su secretario particular, echó de cabeza al compositor. Para congraciarse con la Doña, le contó que Lara tenía dos novias y una “casa chica”. Era demasiado para la Félix. ¿Cómo era posible que alguien osara ponerle cuernos a una Diosa, a una mujer tan hermosa, a la inspiradora de una de las canciones más famosas de Lara? ¿Cómo era posible que un hombre tan feo se diera el lujo de engañarla con otras mujeres? No, no lo soportó. Injertada en pantera como estaba, María tomó una sábana y echó toda la ropa del músico, incluyendo sus mancuernillas, sus corbatas, zapatos, abrigos, en fin todo. En seguida llamó al chofer y le dijo: “Llévele estas chivas al compositor al Lírico”. El chofer tomó el bulto como pudo y se lo llevó. Dicen que al llegar al teatro, el chofer tenía instrucciones de llevarle “sus chivas” en medio de la escena, mientras que Agustín Lara estuviera cantando. Hasta el fondo de todas sus pertenencias había una notita de la Doña que decía: “Regrésame la sábana porque es muy fina…”

¿La suerte de la fea, la bonita la desea?

JÁJAAA Me recuerda una escena de la película la Cenicienta, salí preguntando porqué la Cenicienta metía la mano con todo y guante a la fuente cuando paseaba con su príncipe. ¡a chingar a su madre! los políticos traen los calzones cagados.

Su imagen

Sinceramente no lo creo. Es más, ni lo necesita. Así como está su imagen, creo que está muy bien. ¿Por qué necesitaría cambiarla? A mi manera de ver, hacerlo sería un error porque dejaría de ser ella. ¿A qué corresponde exactamente "la imagen" en una figura pública? La primera vez que leí el término "ima-go-lo-gía" fue en el libro La Inmortalidad de Milan Kundera. En él se refiere a los profesionales de la imagen, a los imagólogos. Mismos que existían desde hace muchos años. Hasta el mismo Hitler tuvo su ima-gó-lo-go personal, quien se ponía ante él y le enseñaba pacientemente los gestos que debía hacer durante sus discursos para fascinar a las masas. El dictador no sabía mover las manos. Fue gracias a su imagólogo que aprendió utilizarlas para reafirmar las palabras de sus discursos y así poder convencer a las multitudes. Si entonces éste hubiera incurrido en una indiscreción y le hubiera comentado a algún periodista, que era gracias a él que Hitler sabía cómo valerse de sus gestos para que sus conceptos llegaran a la gente con más eficacia, seguramente no habría sobrevivido más de medio día. Según Kundera, actualmente, el imagólogo no sólo no oculta su actividad, sino que con frecuencia habla en lugar de sus hombres de Estado, le explica al público lo que les ha enseñado y lo que ha logrado que olvidaran; cómo deberán de comportarse, de acuerdo con sus instrucciones; qué fórmulas utilizarán y qué corbata deberán llevar puesta. No hay duda, la imagología ha conquistado en las últimas décadas una victoria histórica sobre la ideología. El autor de La Insoportable levedad del ser, afirma que la imagología es más fuerte que la realidad.

Tiene razón Kundera, no dudo que la imagen sea cada vez más importante, especialmente en los últimos años. Si algo le reprochaban sus detractores a la candidata socialista a la Presidencia de la República francesa, Ségolène Royal, era la reconstrucción de su apariencia física. "Como Mitterrand, ella también tuvo que limarse los colmillos, ponerse jacquets y corregirse el mentón. Eso demuestra lo frívola que es", decían. Por su parte, a Sarkozy siempre le recriminan, el hecho de que invierta demasiado dinero en sus trajes, en sus coches y en sus relojes. "Se viste igual que sus amigos millonarios", comentan no sin sarcasmo. Pero si algo está consolidando actualmente el presidente de Francia, es proyectar, precisamente, una imagen de mandatario moderno preocupado por su silueta; de ahí que diariamente haga jogging; ahora los franceses deberán acostumbrarse a ver a su Presidente corriendo por los jardines del Elíseo con sus bermudas y sus tenis Nike, al lado de su primer ministro. Pero por lo que se refiere a Margarita Zavala, en honor a la verdad, siento que no requiere ningún tipo de "construcción" para verse más como primera dama. No lo necesita. Lo anterior viene a cuento, por el reportaje central de la revista Proceso de esta semana, (número 1596) titulado Cambio de Imagen... a Costa del Erario. Cuando compré el semanario, me encontraba con Sofía y al ver ésta, en la portada, la fotografía de Margarita Zavala, vestida de la manera más sencilla (playera negra y una falda de algodón floreada), mi amiga exclamó escandalizada: "Ay, pero qué exagerados... Qué revista tan amarillista... ¿Cuánto le podría costar al erario el cambio de imagen de una mujer que de suyo es súper sencilla y que ciertamente no tiene nada que ver con la anterior... Ésa sí que nos costaba millones y millones de pesos...

Pero, ¿Margarita? Si se arregla como la típica ex alumna del Asunción, súper clásica, es de lo más conservadora. Ella siempre está muy en su lugar, siempre tiene el mismo peinado, pero sobre todo, la misma actitud de informal, hasta podría decir que de cool. Nadie podría negar que es de lo más low profile. Y si sacan noticias de ella en el periódico no es porque ella busque las cámaras, son las cámaras las que la buscan y hasta con morbo, con ganas, exclusivamente, de encontrarle el 'prietito' en el arroz. Mira, si algo le admiro a Margarita es que no sea nada protagonista, ni arribista, ni narcisista... Ella sí que a leguas se ve que no es nada gastadora... Que nunca lo ha sido. En cambio, Mar-ti-ta, híjole, ésa sí que era consumista compulsiva... Ésa sí que cambió de look 180 grados. ¿Te acuerdas cuando se quitó el fleco y cómo de un buen día para otro apareció en las fotografías llena de botox? Yo, cada vez que la veía en la prensa, gritaba para mis adentros: '¡botox, por botox, arruga por arruga!'. Ella sí que no salía de las boutiques como Chanel, Frattina y otras más que están en Presidente Masaryk. Me acuerdo que cuando se publicó el reportaje de la revista Quien respecto a las posibles primeras damas, la más sencilla y auténtica de las tres, era precisamente Margarita. Claro que ahora como esposa del Presidente, es obvio que quiera cuidar su imagen. Está en su derecho. Además, a Margarita, le importan otras cosas, no te olvides que es una profesional, es una abogada, que ha sido diputada federal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tiene una maestría, creo que en Derecho. Dentro del PAN siempre fue muy apoyadora de las mujeres.

Claro, que yo no estuve nada de acuerdo con ella cuando se pronunció contra la despenalización del aborto. No creo que hubiera sido su papel como primera dama al hacer una declaración tan en contra de la opinión mayoritaria de las mujeres del Distrito Federal (ahora veo con preocupación, y más aún con la modificación, al dictamen, que una niña o niño que tienen 12 semanas en el vientre de la mamá, y que ya es posible verlo en la pantalla que tiene corazón, pulmones, cabeza y brazos, no se le considere persona y se le niegue el derecho a vivir). Bueno, pero independientemente de su ideología con la que no estoy nada de acuerdo, lo bueno es que ella no va a estorbar a su marido. Tengo la impresión de que le queda muy claro que la gente no votó por ella, sino por su marido. Te apuesto lo que quieras que Margarita sí sabe quién es 'la escritora india, Rabina Gran Tagora' (já, já, já...). Y otra cosa que tiene nuestra primera dama a su favor, es que afortunadamente sus hijos están todavía muy, muy pequeños como para hacer negocios chuecos... You know what I mean...". ¡Ah, cómo estaba exaltada Sofía cuando descubrió la portada del semanario por eso no dejaba de hablar y de hablar y de hablar... Bien dice la frase que "donde no hay publicidad resplandece la verdad".
gloaeza@yahoo.com

¡Qué tijerota! jájaja

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

El método de Krauze

sergioaguayo@infosel.net.mx
www.sergioaguayo.org

¿Tiene límites la libertad de expresión? Sí, cuando se difama o se viola la intimidad. La arbitrariedad a la hora de castigar este delito, como en el caso de Lidia Cacho, comienza a quedar atrás y los jueces trazan límites como ocurre en las democracias consolidadas. Una costumbre muy mexicana es la de hablar quedito y sacarle la vuelta a la confrontación pública de las ideas. La dejadez malacostumbró a medios de comunicación y periodistas que, salvo algunas excepciones, dedican poca atención a la veracidad de lo difundido. Hubo excepciones a la pasividad; Enrique Krauze siempre siguió el método de responder en los medios con rapidez y fuerza a las críticas para, de esa manera, defender sus ideas en los medios. Rara vez dejaba pasar una y con sus polémicas podría armarse un volumen de regular tamaño. Esa fórmula ha ido complementándose con demandas interpuestas ante un Poder Judicial cada vez más autónomo. El preámbulo viene a cuento porque no respondí con la claridad, rapidez y contundencia requerida a las versiones que, a partir de 1997, aseguraron en diferentes medios que mi actuación como académico o integrante de organismos civiles como Alianza Cívica era el resultado de instrucciones emitidas por el Gobierno de Estados Unidos. En algunos círculos empecé a ser acusado de “agente del Gobierno de Estados Unidos”, de “colaborador y empleado de la CIA”, de “mercenario, cipayo y traidor a la patria”, de “farsante”, de “policía”, de “opaco”...

Rechacé las acusaciones mediante cartas al director, que en ocasiones publicaban, pero nunca con la misma notoriedad que la calumnia. Eran escritos inútiles porque ya había sido manchado por la difamación que es un líquido tan viscoso y pegajoso como esas humedades que destrozan construcciones. Ante el limitado efecto de mi defensa interpuse una demanda civil en 2005. Tras recorrer la instancia local y federal, el asunto llegó a los ministros de la Suprema Corte que el pasado 23 de mayo determinaron que la libertad de expresión acaba donde empieza el derecho al honor, a la vida privada, a la intimidad. El fallo define con mayor precisión conceptos clave para la construcción de un marco jurídico y eso orientará las decisiones futuras de otros juzgadores. Concluyeron, por ejemplo, que el honor es “un bien objetivo que hace que la persona sea merecedora de estimación y confianza en el medio social donde se desenvuelve”. En mi demanda, la decisión de los ministros respaldó los fallos alcanzados por un juzgado capitalino (3 de julio del 2006) y uno federal (9 de febrero del 2007). Este último concluyó que “el contenido de 29 publicaciones” incluía “acusaciones maliciosas, malintencionadas o dolosas” que afectaban mi honor y que el demandado había hecho “afirmaciones categóricas” como si fueran una “noticia completamente veraz” lo que “jamás se probó durante el juicio”.

Los criterios definitivos todavía están en fermentación. En la única opinión divergente de la Primera Sala de la Suprema Corte, el ministro José Ramón Cossío mencionó ángulos que requieren de mayor desarrollo. ¿Debe tratarse de manera diferenciada la intimidad de los personajes públicos y de las personas privadas? ¿existen categorías de “personaje público” y en consecuencia, debe distinguirse entre un columnista y un político profesional? Por ahora, una tesis del juez federal Víctor Mota Cienfuegos merece resaltarse porque marca un método para resolver el conflicto entre derechos. La información transmitida –escribió— no debe deformar la realidad, ni dañar derechos de terceros. El periodismo, agrega, debe sujetarse a la “veracidad de los hechos sobre los que informa” y esto supone ante todo que el periodista se asegure de que lo transmitido como “hecho” fue contrastado con datos objetivos. Ésa es una de las claves para conciliar la libertad de expresión con el derecho de la sociedad a la información, al honor y a la intimidad. Desde esta perspectiva, la Constitución no debe ser utilizada por los negligentes que presentan como hechos incontrovertibles simples rumores, meras invenciones o insinuaciones insidiosas. Los jueces consideraron que sólo debe ampararse la “información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible”. En otras palabras, en la medida en la que los medios de comunicación se apeguen a los criterios imperantes en el periodismo profesional serán bastante más espaciadas las demandas por difamación que tanto están floreciendo en México.

Consideraciones de este tipo han llevado a los medios de otros países a establecer códigos de ética que incluyen la obligación de verificar la veracidad de lo difundido y a establecer la figura del defensor de los derechos del lector para que quienes se sienten agraviados tengan un método de apelación más inmediato y sin la lentitud y el costo inherentes a una demanda judicial. Pero eso forma parte del futuro. Ante la persistencia de hábitos perniciosos considero bastante útil el método empleado por Krauze: responder con rapidez y claridad a las críticas injustificadas. Cuando éstas rebasen los límites y propaguen infundios y mentiras el difamado tiene a su disposición recursos legales que, con todas sus limitaciones e imprecisiones son, ya, una alternativa realista para quienes se decidan a defender el honor de esa manera.

La miscelánea

Más allá de consignas o simpatías el hecho es que con la desaparición de Radio Caracas Televisión (RCTV) el Gobierno venezolano atacó la libertad de expresión. En marzo, el régimen de Hugo Chávez publicó un “Libro Blanco” en el que acusó a RCTV de “incitar a la rebelión” y de otros delitos igualmente graves. En caso de que así hubiese sido las autoridades pudieron haber llevado a la televisora ante los tribunales. Unas líneas de un comunicado de Human Rights Watch (22 de mayo) sintetizan lo sucedido: “No se estableció ningún procedimiento para que RCTV formule sus argumentos y presente evidencias a su favor. La decisión final tampoco estuvo basada en ningún criterio previamente establecido y no hubo ningún proceso de selección que le permitiera a RCTV presentar una solicitud para continuar con la concesión”. Aunque el Ejecutivo tuviera la facultad para negar la concesión tenía que respetar el debido proceso incluido en cualquier catálogo de los derechos humanos. Sigue entonces que estamos ante un ejercicio arbitrario de un Gobierno decidido a silenciar a un medio de comunicación crítico.

Kikka Roja

SCJN : Televisa Tv azteca Ladrones sin Calzones

Monero Rapé

• Sin licitación, las grandes televisoras no podrán acceder a servicios de telecomunicación
• Golpe contundente a la ley Televisa; la SCJN anula cuatro artículos más
• La subasta pública origina que los medios electrónicos se entreguen al mejor postor, señala

JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL

Los ex senadores Nohemí Guzmán, Dulce María Sauri, Javier Corral y Manuel Bartlett, luego de la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: Francisco Olvera

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó ayer un golpe definitivo a la ley Televisa, al invalidar cuatro artículos que permitían a las dos grandes televisoras incrementar su poder económico al acceder a servicios adicionales en telecomunicaciones sin licitación y sin el pago obligado al Estado por el uso del espectro radioeléctrico, además de obtener concesiones por 20 años, con la posibilidad de refrendarlas de manera automática. Por unanimidad, los nueve ministros declararon inconstitucional el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), ya que vulnera seis preceptos de la Carta Magna que tienen que ver con los principios de libertad de expresión, igualdad, rectoría económica del Estado sobre un bien público, utilización social de los medios de comunicación y la prohibición de monopolios.

El Congreso, en evidencia

Invalidaron también el artículo 17-G, por considerar que la subasta pública, como elemento determinante para el otorgamiento de concesiones, origina que los medios de comunicación se entreguen al mejor postor. Hubo coincidencia entre los ministros en que la concentración de los medios en pocas manos distorsiona el derecho a la información. Durante el debate, varios magistrados pusieron en evidencia la mala actuación del Congreso al otorgar, a través de la llamada ley Televisa, privilegios indebidos al duopolio televisivo. El ministro Genaro Góngora Pimentel incluso se preguntó ''hasta qué punto es válido'' que en una nación pluricultural, con 103 millones de habitantes, el Poder Legislativo impulse que los empresarios de la televisión abierta ''maximicen sus ganancias'' y con ello impidan el acceso efectivo de los diversos grupos sociales a los medios de comunicación. ''La renuncia del Estado al espacio radioeléctrico necesario para concretar los derechos fundamentales de expresión, información y prensa, a través de un acuerdo secretarial y su elevación a rango legal en el artículo 28 impugnado, es inconcebible en una democracia'', recalcó Góngora Pimentel. Se refirió a la ''multiplicación de los panes y los peces'' en las reformas a la LFRT y la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como ley Televisa, toda vez que con el pretexto de la reconversión tecnológica digital los legisladores permitieron que, además del negocio original de la radiodifusión, los dueños de las dos grandes cadenas televisoras tendrán hasta 65 por ciento del espectro para utilizarlo en otros servicios de telecomunicaciones, como Internet, telefonía móvil, transmisión de datos y voz, entre otros. Ello, ''gracias a los avances tecnológicos, a la visión del secretario de Comunicaciones y Transportes (Pedro Cerisola, quien expidió el sexenio pasado el acuerdo de convergencia) y a la actuación del legislador que acorazó el acuerdo y lo llevó a nivel legal a través del artículo 28 impugnado''. Insistió: ''Dado que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y finito, y los medios masivos de comunicación son una actividad de interés público, el Congreso debe vigilarla y proteger el debido cumplimiento de su función social con miras a que haya los máximos elementos posibles de difusión de ideas, lo cual debe prevalecer sobre la conveniencia mercantil de los concesionarios''.

Al continuar la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa, la ministra Olga Sánchez Cordero recalcó que el artículo 28 referido vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo primero de la Constitución, al establecer un trato de privilegio a los concesionarios actuales en relación con los permisionarios de estaciones oficiales y quienes prestan servicios de telecomunicaciones, y respecto de cualquier interesado en incursionar en el mercado de la radiodifusión. Ello debido a que, añadió, los concesionarios pueden acceder a las telecomunicaciones mediante la simple presentación de una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública que se establece en la Ley Federal de Telecomunicaciones para quienes, por el contrario, pretenden incursionar en la radio y la televisión. Aunado a ello, los concesionarios no necesariamente deberán cubrir una contraprestación al Estado por los servicios adicionales de telecomunicaciones, dado que el pago de ésta se establece como mera posibilidad. Sánchez Cordero coincidió con el proyecto de su compañero Sergio Salvador Aguirre Anguiano e inclusive citó partes del documento, entre éstas aquella que establece que el trato discriminatorio pone en riesgo la rectoría económica del Estado y dificulta su papel como garante frente a la sociedad entera de los derechos a la libertad de expresión e información. Discriminación, agregó, que no solamente supone una ventaja netamente económica para los concesionarios de los servicios de radiodifusión y que de manera por demás evidente repercutirá en la determinación de todo aquello que debe entenderse como mercado relevante y poder sustancial en ese sector, sino que, además, perturba la libre concurrencia y la sana competencia. Lo establecido en el artículo 28, reiteró, incide en la función que el Estado tiene encomendada como guardián de la libertad de expresión y del derecho a la información, función que supone el fomento de la pluralidad y diversidad en la conformación de los medios de comunicación masiva, con el objetivo irrenunciable de generar una sociedad más integrada, más educada y sobre todo más justa. Juan N. Silva Meza, por su parte, consideró que el citado artículo también atenta contra la garantía de seguridad jurídica, pues no establece con claridad la regulación en la prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones.

A su vez, Mariano Azuela también puso énfasis en los privilegios que el Congreso dio a las dos televisoras y subrayó que la Constitución tiene ''un centro'' y es el ser humano; en este sentido, ''el gran compromiso del cuerpo legislativo'' es crear condiciones propicias para el pleno desarrollo de la persona, lo que no se cumple en la ley impugnada. Igualmente, el ministro Sergio Valls hizo un reproche velado a los diputados y senadores que avalaron la ley Televisa, al preguntar si el argumento de que se fomentará la convergencia tecnológica es suficiente para pasar por alto el principio constitucional de igualdad, para que ''aquellos sujetos no contemplados en el artículo 28, soporten un trato discriminatorio al tener que someterse a reglas distintas en situaciones iguales''. Al momento de la votación hubo unanimidad en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 28 de la LFRT, pero Góngora Pimentel anunció que hará un voto concurrente, toda vez que, a su juicio, debe considerarse que con la digitalización se ''va a liberar espacio radioeléctrico'' que sería aprovechado por los concesionarios sin haber tenido necesidad de licitar el uso de éste. Sergio Salvador Aguirre Anguiano le contestó que no coincidía, ya que no se necesita comprometer un criterio técnico de la Suprema Corte, y explicó que en su proyecto el enfoque es que lo que se ''libera'' es el uso del espacio y que éste para ser concesionado requiere de licitación.

Al inicio de la sesión los ministros confirmaron su intención de declarar inconstitucional el artículo 17-G de la LFRT, que preveía la subasta pública como el mecanismo preferente para el otorgamiento de concesiones. Sobre este tema, Valls recalcó que si el criterio económico es el que prevalece, ya que accederían a los medios los que tengan más dinero, esto lleva a la concentración de la radio y la televisión en pocas manos, y ello permite a quienes tienen el control de los mismos ''manipular, moldear a la opinión pública en función de sus intereses e impedir que el público pueda contribuir de manera significativa al debate político''. Por ello, precisó que el argumento toral para invalidar el 17-G es evitar los monopolios. Aquí también hubo unanimidad de nueve votos para declarar la inconstitucionalidad de este precepto. Después, el pleno pasó a la discusión de otro de los artículos de la ley Televisa, que garantiza a las televisoras el predominio en el mercado; se trata del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que permite concesiones por 20 años. Ahí, Azuela reveló otra irregularidad legislativa, dentro de lo que el ex senador Manuel Bartlett considera ''las marrullerías de la mayoría que aprobó por consigna la ley''. Destacó que en la iniciativa original que Vicente Fox envió al Congreso en 2005, se precisaba que las concesiones serían ''hasta por 20 años'', pero en el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, con el pretexto de que se harían sólo cambios de técnica legislativa y ortográficos, resulta que se hizo una modificación y quedó finalmente que las concesiones serían ''por 20 años''.

Azuela resaltó que no fue ningún cambio menor, y que además, cuando el Estado dice ''hasta, todavía ejerce autoridad'', pero al comprometerse a un plazo de 20 años pierde el control sobre el bien público. Góngora Pimentel hizo por su lado un análisis detallado sobre legislaciones de otros países en materia de concesiones y concluyó que el promedio mundial de éstas es de 10 años, periodo que tendría que ser referente para el caso de México. Valls argumentó que la inversión que lleven a cabo los concesionarios para entrar a la tecnología digital no es pretexto para que el Estado pierda el control sobre un bien del dominio público. La única que se manifestó en contra del proyecto fue Margarita Luna Ramos, quien sostuvo que no encontró razones por las cuales una concesión de 20 años sea inconstitucional, además de que, a su juicio, se pone en riesgo la inversión que ya realizó el concesionario y las fuentes de empleo creadas. Azuela le contestó que, para empezar, en esos niveles no se hacen ''inversiones a la aventura'', y luego en forma didáctica le hizo notar que es algo similar al ejemplo de un papá que le dice a su hijo: ''te voy a dar 100 pesos'', lo que es diferente a decirle: ''te voy a dar hasta 100 pesos'', y el vocablo ''hasta'' condiciona que el hijo demuestre que estudió, tuvo respeto a sus padres, etcétera. En ese ejemplo, agregó, el ''Estado papá, cuando dice hasta, todavía ejerce autoridad'' que puede decidir si la inversión es por ocho, diez o 20 años por los que tiene la concesión. Al invalidar el artículo 28, los ministros también declararon inconstitucional el 28-A, en el que se establecían disposiciones referentes al primero. Luego de discusiones, cambios al proyecto y adiciones no contempladas originalmente, el ministro ponente, Aguirre Anguiano, comentó que a su propuesta original le ocurrió lo mismo que al ''aparato destructor de bombas, de los que se manejan a control remoto'', y que le tocó observar en París, luego de que se hizo estallar un artefacto: ''Salió el aparatejo maltrecho, con las ruedas deshechas, pero caminando por sí mismo''.

Los ministros discutirán hoy temas relacionados con la integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y las radios comunitarias, pero lo medular de la ley Televisa ya quedó fuera.

Los ministros impidieron un despojo a la nación, celebran Corral, Bartlett y Sauri
ANDREA BECERRIL, JESUS ARANDA

No pudieron contener la emoción y al concluir el debate en la Suprema Corte, Javier Corral, Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y otros ex legisladores aplaudieron la decisión de los ministros de prácticamente echar abajo la ley Televisa.

Revés a la indecencia
www.jornada.unam.mx

La inmoralidad ha sido frenada: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un fallo que la reivindica de cara a la nación, por unanimidad declaró inconstitucionales los artículos 28 y 28-A de la llamada ley Televisa, oficialmente Ley Federal de Radio y Televisión, por medio de los cuales la pasada legislatura pretendía regalar -u otorgar a cambio de favores aún no revelados- concesiones de telecomunicaciones a los grandes consorcios televisivos y radiales, marginar a empresas medianas y pequeñas y a entidades públicas, sociales, culturales y educativas, y transferir a manos privadas cuantiosos recursos públicos. Asimismo, el máximo tribunal del país rechazó el artículo 17-G de la también denominada "ley de medios", en el que se estipulaba el otorgamiento de concesiones por subasta pública y que, de haber entrado en vigor, habría condicionado el derecho universal a la libertad de expresión al pequeño grupo de magnates que cuenta con los recursos suficientes para concentrar en sus manos la totalidad de las señales que fueran rematadas al mejor postor.

La resolución de la SCJN no sólo es positiva y reconfortante en la medida en que abre la perspectiva de restituir el sentido republicano a las leyes del país, preservar el dominio público y evitar el despojo a los derechos de los mexicanos y un saqueo a las arcas nacionales, sino también porque representa un paso en la dirección correcta para devolver al Poder Judicial la credibilidad y la autoridad que sus propios fallos recientes le han restado.

El vergonzoso capítulo que se inició con la aprobación unánime del engendro legislativo referido por la Cámara de Diputados y que culminó con la votación en el Senado, el 30 de marzo del año pasado, en la que fue avalado por dos terceras partes de esa cámara, no sólo fue una injustificable agresión de los legisladores contra derechos irrenunciables de la población, contra los principios republicanos de igualdad y libertad y contra los intereses nacionales de México; representó también un momento particularmente oscuro en la vida institucional del país, por cuanto evidenció el sometimiento de uno de los Poderes de la Unión al poder de facto del duopolio televisivo y el avasallamiento de las instituciones por parte del grupo político-empresarial que aún se mantiene en el gobierno.

En la circunstancia actual es pertinente reiterar el reconocimiento que se manifestó en su momento en este mismo espacio (31/03/2006) a los entonces senadores que resistieron las presiones procedentes de los consorcios de telecomunicaciones y de la propia Presidencia de la República, como Javier Corral (panista), Dulce María Sauri y Manuel Bartlett (priístas) y César Ojeda (perredista); varios de ellos perseveraron en el rechazo a la legislación depredadora y antinacional, pese a que fueron sometidos a un exasperante linchamiento mediático por parte de los concesionarios que ya se veían dueños de todo el espectro radioeléctrico sin desembolsar un centavo a cambio; sin embargo, han desempeñado papeles clave en el recurso de inconstitucionalidad que ahora desahoga la SCJN. Al mismo tiempo, resulta inevitable asentar que el más reciente fallo de este organismo exhibe la deplorable falta de decoro de los promotores de la ley Televisa, como Emilio Gamboa, Fauzi Hamdan, Diego Fernández de Cevallos, Enrique Jackson, Héctor Larios, César Camacho, José Antonio Aguilar Bodegas y demás legisladores que se desempeñaron no como representantes de la ciudadanía, sino como empleados de los magnates televisivos y radiofónicos. Es claro que los segundos, al promover y votar una ley que contravenía diversos ordenamientos constitucionales, faltaron a su juramento y que, quienes de entre ellos siguen ocupando escaños en órganos legislativos, debieran, por elemental vergüenza, renunciar a sus posiciones. Porque, una vez que culmine el trabajo de la SCJN, el engendro será devuelto a las cámaras para su adecuación y depuración, y sería alarmante que los mismos operadores de los consorcios volvieran a introducir, en el proceso de relaboración de la ley, los intereses espurios a los cuales sirven.

Kikka Roja

La Verdad sea Dicha : 22

Programa episodio 22
La derecha quiere vender al pais entero con todo y su gente

Andrés Manuel López Obrador www.amlo.org.mx
E MAIL : laverdadseadicha@gobiernolegitimo.org.mx
laverdadseadicha.org.mx, laverdadseadicha.org
gobiernolegitimo.org.mx

AMLO Tv, Martes 1 de la madrugada 1 a.m. por tv azteca canal 13

SONRIE LA LUCHA SIGUE

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Muerte en el retén

Plaza Pública

Hasta el mediodía del lunes cuatro, la Secretaría de la Defensa Nacional no había emitido información sobre un episodio muy confuso ocurrido el viernes primero de junio por la noche en el municipio de Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, que dejó un saldo inequívoco: una mujer y cuatro menores de edad, todos miembros de una familia, fueron muertos a tiros, disparados por integrantes de un puesto de inspección militar. Murieron Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, y los hijos de la primera Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años. Resultaron heridos el chofer del vehículo, Adán Abel Esparza Parra, de 29 años, Teresa Flores, de 16, y José Carrillo Esparza, de 5 años. Priva la confusión en torno a los hechos. No está claro si la familia, que viajaba en una camioneta pick up, volvía de un funeral o de un curso de actualización educativa, puesto que ambas versiones han circulado. No se sabe con precisión si el conductor del vehículo no logró frenar a tiempo, tan pronto como lo pidieron los soldados del retén, y por ello los militares dispararon, o uno de los tiradores salió inesperadamente a la carretera "y al tiempo que le marcaba el alto a sus ocupantes abrió fuego" (Noroeste.com, 2 de junio). Por otro lado, mientras que una "fuente cercana a la Novena Zona Militar indicó que en el vehículo se localizaron armas y drogas" (Reforma, 3 de junio), los deudos de las víctimas lo niegan: "Cómo se les ocurre que unas mujeres y un niño van a traer armas, quieren justificarse a toda costa", dijo Faustino Esparza Parra, hermano del conductor quien "se bajó de la camioneta con una mano herida y con la mano buena les hacía señas y les gritaba que no dispararan por favor, que venían señoras y niños.

Pero los militares le dispararon a la mano buena, y siguieron disparando contra la camioneta". Otros familiares, sobrevivientes de la balacera, dijeron que "los militares les hicieron perder mucho tiempo y no los dejaban mover a los heridos... Explicaron que en el camino se encontraron más camiones llenos de soldados que se dirigían al lugar de los hechos, y nuevamente perdieron mucho tiempo, porque los revisaron a pesar de que ellos les explicaron que llevaban heridos... Con todo el tiempo perdido, en lugar de hacer cinco horas hasta el hospital general (de Badiraguato) se hicieron ocho, lamentaron" (Noroeste.com, 2 de junio). Los familiares de las víctimas, según el parte de la Policía Ministerial, dijeron que "los elementos del Ejército sembraron un costal de mariguana a tres metros de la camioneta". De ser verdad ese dicho, acaso lo hicieron los militares para ocultar su responsabilidad, no sólo por disparar sino por la circunstancia en que se hallaban: Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que los afectados ocurrieron en queja el sábado dijo el domingo: "Tenemos información que indica que presuntamente los militares que participaron en los hechos que culminaron en una desgracia se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes; ... se nos indicó también que podría haber consumo de algún tipo de droga" (Reforma, cuatro de junio). El propio ombudsman estatal había informado de quejas de los familiares porque "al momento de querer levantar el vehículo donde venía la familia", se opusieron soldados, lo que provocó forcejeos. "Al parecer, no permitieron que se la trajeran (la camioneta), manifestó". (Noroeste.com, 2 de junio).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se apersonó en el lugar de los hechos, mediante tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos, para "conocer directamente las quejas por probables violaciones a derechos fundamentales por parte de elementos militares destacamentados en el retén, así como iniciar las investigaciones que comprenden inspecciones oculares, entrevistas y la solicitud de información a las autoridades sobre los operativos realizados". Como parte de la estrategia de conjuntar las fuerzas federales en determinadas entidades y regiones, el 7 de enero comenzó el Operativo Triángulo Dorado en la confluencia de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. A esa operación corresponde el retén instalado cerca del poblado Los Alamillos, cerca de la comunidad La Joya de los Martínez. En otro sitio del propio municipio de Sinaloa de Leyva, en Ocorahui, el propio viernes en que se produjo la matanza fue asesinado José Lucio Juárez Pérez, por un grupo de matones que al mismo tiempo secuestró a Ebodio Soto Domínguez de quince años. "Del jovencito no se sabía nada hasta ayer en la mañana cuando fue encontrado su cuerpo tirado a la orilla del camino, a un costado de las casas del poblado Ciénega de los Parra" (Debate.com, 4 de junio). El 21 de mayo la presencia del Ejército se había extendido a Culiacán, donde no ha cesado la violencia delincuencial. El dos de febrero, cerca del palacio de gobierno de la capital fueron asesinados dos militares.

A pesar de que al retén de Los Alamillos acudieron agentes del Ministerio Público estatal, federal y militar, no se ha producido ninguna detención. El rumor de posesión de armas y drogas atribuida a las víctimas no se formalizó en acusación, y los heridos permanecen sin custodia en el hospital de Badiraguato, donde la familia sufre ahora la pena de conseguir recursos para la atención médica. Tampoco se responsabilizó a nadie de los homicidios y las lesiones, que inequívocamente ocurrieron, aunque no se precise cómo.

Kikka Roja

Alvaro Cepeda Neri

La Guadalupana y el Cardenal

Conjeturas

Escribe Max Weber, como una de sus conclusiones tras minuciosas investigaciones sobre el capitalismo, que éste hunde sus raíces desde que, sobre todo, aparecieron los comerciantes (verbigracia: los célebres, por defenestrados, mercaderes del templo). “El capitalismo del comerciante y del proveedor del Estado y todas aquellas modalidades del capitalismo prerracionalista conocidas en el mundo desde hace cuatro milenios”.

Y así hemos llegado al capitalismo salvaje, alias el neoliberalismo económico, que en palabras de Weber es “el capitalismo de aventureros y de rapiña enraizado sobre todo como tal en la política”. Nada, pues, escapa al capitalismo, verbigracia: el matrimonio político del comunismo chino y su actual política económica a toda marcha sobre los rieles del capitalismo. Todo está a la venta, dentro y fuera del mercado (la piratería y el contrabando merodean sus fronteras). Pues bien, en los tribunales se ventila la propiedad y comercialización de la imagen digitalizada de La Guadalupana. El litigio ha pasado ya por esas instancias y en ellas las resoluciones favorecen a un particular que (“¡Eureka!”, como exclamó Arquímedes tras la creación de su hipótesis y comprobación en la experiencia científica) tuvo la idea de registrar la digitalización de esa imagen y por tanto es el propietario.

En la disputa judicial-religiosa la contraparte es el protector de pederastas, enemigo del aborto (y muy amigo-consultor, ayer de los Foxes y, ahora, de los Calderón y la derecha en el poder presidencial) nada menos que el cardenal Rivera Carrera. éste, además de su cita en los tribunales estadounidenses, ha estado apelando para rescatar, para propiedad de la Iglesia Católica, apostólica, romana y guadalupana, esa imagen cuya venta, por su gran éxito, deja millones de pesos. El actual propietario, cuentan, está más que dispuesto a una transacción con el representante de esa Iglesia, pero Rivera Carrera, con tantos fierros en la lumbre no se ha dado tiempo para la negociación. El asunto del pederasta y su lucha perdida contra el aborto (el 70 por ciento de las mujeres católicas lo aprueban y celebran tenerlo como un derecho) lo tienen ocupado y está a punto de perder, definitivamente, la propiedad de la imagen digitalizada de La Guadalupana.

El fondo del asunto litigioso es que de perder, en la tercera y última instancia, la Iglesia citada se quedaría sin una imagen que le acarrearía una constante fuente de ingresos. Pero el cardenal está más interesado en cultivar sus relaciones políticas, su asistencia a grandes comilonas (como su par el obispo Onésimo de Ecatepec) y en darle amparo a quienes, desde los altares, en lugar de oficiar sus ritos, abusan sexualmente de niños. Así que la imagen digitalizada de La Guadalupana lleva visos de quedarse como propiedad privada de un particular, a pesar y muy a pesar de que éste ha tocado en vano a las puertas de la residencia cardenalicia, para tratar de llegar a un arreglo que beneficiaría a la Iglesia para su venta a quienes, con la nueva tecnología, adquieren digitalizada esa imagen. Ya veremos qué pasa en la última instancia, pero no hay duda de que el particular obtendrá la victoria judicial.

cepedaneri@prodigy.net.mx

JAJAJAA otra vez se chingó la Iglesia, já jaa y orita que recuerdo, los del Yunque se inician rezando a la virgen de Guadalupe

Kikka Roja

Mal hecha y con mala leche Ley Televisa

• Declara inconstitucional que el Senado objete nombramientos de integrantes de la Cofetel
• Invalida la Suprema Corte dos artículos más de la ley Televisa
• Echa atrás disposiciones que abren la puerta a prácticas monopólicas de televisoras y radiodifusoras

JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL

El ministro Mariano Azuela saluda a los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett Foto: María Meléndrez Parada

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer más artículos de la llamada ley Televisa, al declarar inconstitucional que el Senado objete los nombramientos de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como disposiciones que abren la posibilidad a prácticas monopólicas de televisoras y radiodifusoras. El debate se intensificó sobre temas torales en una discusión en la que el ministro Genaro David Góngora Pimentel planteó que la inconstitucionalidad de los artículos impugnados se determine no sólo con base en criterios económicos, sino desde la perspectiva de que se afectan los derechos de prensa, información y acceso equitativo a los medios de comunicación.

''¡Yo ya no entendí!''

Durante la sesión, los ministros advirtieron errores, ambigüedad e incongruencias en la ley, particularmente en el tema de la subasta pública como criterio para otorgar concesiones. ''¡Yo ya no entendí!'', exclamó la ministra Margarita Luna Ramos, después de tratar de traducir el artículo 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), cuya discusión continuará este martes. En relación con el tema de la subasta pública, el proyecto del ministro instructor, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, plantea declarar dicho artículo inconstitucional en razón de que el dinero es el único criterio para otorgar una concesión, con lo que se violenta el artículo 28 de la Carta Magna, ya que se asegura el acceso a los medios de comunicación sólo a los grupos más poderosos y se fomenta la concentración en pocas manos de un bien público, como es el espectro radioeléctrico. Si bien hay coincidencia de la mayoría en invalidar ese ordenamiento, el ministro Góngora pidió se determine que se violan también los artículos 6 y 7 constitucionales, relativos a la libertad de expresión, de información y de prensa. ''No he recibido un argumento que me indique razones para dar prioridad a aspectos patrimoniales del Estado o de libertad de mercado sobre el derecho fundamental a la información y el acceso equitativo a los medios de comunicación''.

Agregó que otorgar las concesiones al mejor postor asegura el acceso a la radio y la televisión sólo a los grupos más poderosos, que inclusive ya tienen posiciones relevantes en el mercado, y se excluye la participación de otras personas, ''con lo que se impide una visión auténticamente pluralista que responda a la complejidad de nuestro país''. El problema de la subasta pública, insistió, no se puede abordar sólo por el acaparamiento de las estaciones de radio y televisión por los grandes grupos de poder económico, como dice el proyecto, ''sino mucho más grave aún es que los medios masivos de comunicación dejen de ser recursos comunitarios al servicio de los intereses genuinos de la libertad, para convertirse en instrumento del dominio de los grandes capitales sobre la sociedad, su cultura y la vida política''. Ante la negativa de Aguirre Anguiano de incorporar estos criterios a su proyecto de resolución, se decidió aplazar el tema para la sesión de hoy, en la que, trascendió, la mayoría de ministros se inclinan por declarar inconstitucional el citado artículo y que, en caso de no aceptarse la propuesta de Góngora, éste presentará un ''voto concurrente'', lo que significa que apoya la inconstitucionalidad, pero por razones diferentes a las de sus compañeros.

Durante la sesión, el pleno resolvió tres artículos impugnados, dos de los cuales declaró inconstitucionales. El primero en ser analizado fue la fracción quinta del artículo 17-E de la LFRT, que establece que uno de los requisitos para obtener una concesión es presentar ''solicitud de opinión favorable'' a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

Una trampa

Los demandantes argumentaron en la acción de inconstitucionalidad que era una trampa para burlar las reglas de competencia económica, toda vez que con la sola solicitud ante Cofeco se llena el requisito sin importar la respuesta de este órgano encargado de evitar prácticas monopólicas. A excepción del ministro ponente, Aguirre Anguiano, la mayoría validó esa interpretación. Juan N. Silva Meza coincidió en que la redacción de ese artículo da pie a una simulación en el cumplimiento del contenido fundamental, que implica la opinión calificada de la Cofeco. Mariano Azuela, a su vez, hizo notar que se trata de una norma ''muy ambigua'', y su compañero Sergio Valls resumió: ''Para que algún agente económico pueda participar en el procedimiento de licitación, debe acompañar la opinión favorable de la Cofeco, y no una simple solicitud, pues sólo a través de la resolución que dicte ese organismo se podrá determinar si tal agente es apto o no para participar''. Esa fracción quinta del artículo 17-G de la LFRT, se invalidó por ocho votos a uno, al eliminarse el término ''solicitud de''. La redacción quedó entonces en que la ''opinión favorable'' de la Cofeco es uno de los requisitos para obtener la concesión de redes de readiodifusión.

Posteriormente el pleno discutió el artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que el Congreso decidió dar al Senado la facultad de objetar los nombramientos presidenciales de los integrantes de la Cofetel. En la discusión se recordó que en el tema de organismos desconcentrados, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Corte definió un criterio sobre la integración de la Cofeco, el pasado 10 de mayo, en el sentido de que éstos se encuentran supeditados jerárquicamente al Ejecutivo federal y por tanto otro poder no puede interferir. Azuela hizo una extensa intervención para demostrar que desde la aprobación de la Constitución de 1917 se establecieron las facultades exclusivas del Presidente de la República y del Congreso, en los artículos 89 y 76 de la Carta Magna. Hizo notar que desde aquel entonces ''se veía con verdadera alarma que el Congreso pudiera tener más atribuciones que el Presidente''.

El artículo se invalidó con votación de ocho votos contra uno, ya que la ministra Olga Sánchez Cordero consideró que la objeción del Senado es ''un veto de censura'' que no invade las facultades del Ejecutivo. En lo que sí hubo unanimidad fue en declarar constitucional el artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, por considerar que no prevé ninguna autorización para que candidatos a puestos de elección popular contraten directamente publicidad en los medios electrónicos. Lo que señala, aclaró la ministra Luna Ramos, es simplemente la obligación para los concesionarios de informar quiénes han contratado el servicio de radiodifusión. Al término de la sesión, que duró poco más de cuatro horas, los ex senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri se veían satisfechos. ''Hoy se ha avanzado en aspectos que son fundamentales; se avanza hacia la desarticulación de la ley Televisa; la Corte sienta precedentes muy importantes para el legislador'', recalcó el panista.

-¿Van ganando?

-Lo que podría decir es que el país está recuperando soberanía, espectro, criterios constitucionales. Creo que va ganando la nación.

Kikka Roja

FRAUDE ELECTORAL : PROTESTAS ISSSTE : LEY TELEVISA AL CAÑO

El 1º de julio, las pruebas del fraude electoral, dice Cota

Villahermosa, Tab., 3 de junio. El presidente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, anunció que el próximo 1º de julio presentará en el Zócalo de la ciudad de México pruebas "contundentes" del fraude electoral que, aseguró, se perpetró en las elecciones presidenciales del año pasado.Acusó que el 2 de julio de 2006 hubo "todo tipo de anomalías" en Guanajuato, y adelantó que "en una grabación que tenemos, el secretario de Gobierno del estado dice que el PAN esperaba en esa entidad 700 mil votos, pero que ellos le metieron un millón más".Agregó que en Sonora y Nuevo León, los gobernadores priístas Eduardo Bours y Natividad González, respectivamente, trabajaron para el PAN, porque ambos partidos siguen el proyecto neoliberal "que ha gobernado al país, y no quieren cambios"."Este gobierno panista usurpador nos quiere convencer con propaganda, con espots de 20 segundos con costo de 600 mil pesos. Para eso utilizan el presupuesto, para convencer al pueblo, con espots por cierto bastante ridículos", afirmó.
En su intervención durante un encuentro del Frente Amplio Progresista realizado en esta capital, también dijo que, como ocurrió con el PAN en el pasado, "ahora es el PRI el que le hace el trabajo sucio al blanquiazul".

A la capital, 7 mil maestros de Oaxaca para sumarse a protestas contra Ley del ISSSTE

KARINA AVILES

En el contexto de las protestas contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) anunció que el próximo 18 de junio estallará la huelga en esa casa de estudios, mientras los maestros disidentes de Oaxaca advirtieron que tomarán el zócalo en aquella capital y bloquearán la "Guelaguetza oficial", como hicieron el año pasado.

Intensifica la SCJN el examen de la ley Televisa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intensificará trabajos a fin de avanzar la próxima semana al fallo definitivo en torno a la ley Televisa. Los ministros sesionarán todos los días de la semana, con jornadas más largas, a fin de concluir la discusión, ya que les falta aún decidir sobre la eventual inconstitucionalidad de ocho apartados de la legislación impugnada, entre ellos el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), en el que, según se argumenta en la acción interpuesta por 47 ex senadores, se concentra el régimen de privilegio a los dos televisoras, en especial para Televisa, empresa a la que se dan todas las facilidades para apropiarse del espectro radioeléctrico. Es uno de los cinco artículos de la LFRT y de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que el ministro ponente, Sergio Aguirre Anguiano, sostiene que son inconstitucionales, en su proyecto de resolución, argumentando que violentan diversas disposiciones de la Carta Magna. "Nada justifica", resalta, que el legislador haya dado tanto "privilegio" a los actuales concesionarios de radio y televisión. Advierte también que si ese artículo 28 de la LFRT se mantiene, los concesionarios de televisión abierta, que acaparan 96.5 por ciento del espectro radioeléctrico, concentrarán también los servicios adicionales de telecomunicaciones, por el fácil acceso que se les otorga.

Ello, destaca, se traduce en una hegemonía en el mercado que podrá ser ejercida por grupos de poder, en detrimento de la rectoría del Estado en materia económica y en su función de "guardián de la libertad de expresión y del derecho a la información". El ministro Aguirre Anguiano sostiene que ese artículo no establece como obligatorio el pago de una contraprestación a los concesionarios de radio y tv por los servicios adicionales de telecomunicaciones que prestarán, "lo que significa que el Estado no obtendrá beneficio alguno por el uso de un bien del dominio público de la nación escaso y de alta cotización", en trasgresión de lo dispuesto por los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales. Hace notar que es necesaria la reconversión tecnológica, pero "los sistemas y mecanismos implementados para su logro deben respetar los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, que son precisamente los que el artículo 28 transgrede".

Previsiones para la votación próxima

La votación de ocho a uno que se dio el jueves pasado durante la sesión del pleno en torno al refrendo automático y a perpetuidad de las concesiones, contenida en el artículo 16 de la LFRT, es un referente sobre cómo podrían votar los ministros en torno al artículo 28 de la misma ley, ya que ambos temas están muy ligados y son parte de la trama que se construyó en la legislación para beneficiar al duopolio televisivo. Es el mismo caso de la primera parte del artículo 16 de la LFRT, en el que se estableció que las concesiones serán por 20 años y se obtendrán por subasta pública. A los ministros les falta además por discutir el artículo 17 de la LFRT, en el que, argumentan los demandantes, no se establecieron normas para permitir a los pueblos y comunidades indígenas operar y administrar frecuencias de radio y televisión. El ponente lo consideró inconstitucional por discriminar a ese sector de la población.

Kikka Roja